Alberto Ortega Orozco
Expediente 1458/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1458/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alberto Ortega Orozco
Actuaciones
- Principal
"... Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte, que en la especie, en proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, donde se desechó la demanda de amparo, promovida por *******, el cual se le notificó el tres de enero de la año en curso; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo; ... se declara que dicho auto ha causado estado. ..., archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que éste expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ... Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo...."
- Principal
Se notifica mediante lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído dictado el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, que a la letra dice: "... Agréguese el escrito del quejoso Alberto Ortega Orozco, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado por este Juzgado el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno; y, al efecto manifiesta que desconoce el domicilio actual de la tercera interesada. Asimismo, bajo protesta de decir verdad, refiere que a las diez horas de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno compareció a las oficinas que ocupan la unidad de análisis táctico de unidad antisecuestros de la Fiscalía General del Estado, para que le recabaran una toma de su voz para realizar una confronta en la causa penal de origen; acto de investigación de cuya orden se duele en el presente juicio. DESECHAMIENTO. Con base en lo anterior, en principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, del contenido literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)." Del precepto transcrito se advierte, que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos consentidos de manera expresa, o bien, que se desprendan manifestaciones de voluntad por parte de la quejosa que entrañen dicho consentimiento respecto de los actos en cuestión, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. La causa de improcedencia indicada responde a un principio de seguridad jurídica, orientado a evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que él mismo haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley que pretende reclamar. En ese sentido, el consentimiento por manifestaciones de voluntad, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse cuando el promovente de amparo opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamado, y que con ello se pretenda sustraer de su propia conducta. En la especie, la parte quejosa esencialmente reclama lo siguiente: La resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 342/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca; en la cual se autorizó a la representación social la realización del acto de investigación consistente en recabar una toma de su voz para realizar una confronta; para lo cual se le ordenó presentarse a las diez horas del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en las oficinas que ocupan la unidad de análisis táctico de unidad antisecuestros de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; así como su ejecución. Ahora, en el escrito de cuenta la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad manifiesta lo siguiente: "Por otra parte, bajo protesta de decir verdad, vengo hacer de su conocimiento lo siguiente: Como se desprende de mi escrito de demanda de amparo indirecto, que fueron señaladas las 10:00 horas del día jueves 16 de diciembre del año 2021, para la realización del acto de investigación consistente recabar una toma de voz del suscrito para realizar una confronta. Por lo anterior, le hago saber que el suscrito quejoso comparecí a las oficinas que ocupan la unidad de análisis táctico de unidad de antisecuestros de la fiscalía general del estado, ubicado en el edificio Chu Rasgado primer nivel, centro Administrativo del Poder Ejecutivo Judicial "Porfirio Díaz Morí, soldado de la Patria", ubicado en la agencia de policía de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec. Oaxaca, donde se realizó el acto de investigación que, como acto reclamado, consistente en la toma de mi voz. Lo cual informo para los efectos legales que haya lugar." De lo transcrito, se desprende una manifestación de voluntad por parte del quejoso que entraña el consentimiento del acto reclamado. Ello es así, pues de forma expresa manifiesta que conscientemente acató el acto que refiere le causa agravio, esto porque compareció a las diez horas de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno a las oficinas que ocupan la unidad de análisis táctico de unidad antisecuestros de la Fiscalía General del Estado, para que le recabaran una toma de su voz para realizar una confronta en la causa penal de origen. Bajo esa tesitura, se estima que dicho acto reclamado en la presente instancia constitucional, reviste el carácter de un acto consentido. Aunado a lo anterior, en la especie también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, en relación con el diverso 77, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable (.)." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación". En efecto, los actos consumados se entienden como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza se clasifican en: a) actos consumados de modo reparable y; b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquellos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que los efectos que producen la ejecución o consumación del acto pueden ser restituidos o reparables al obtenerse una sentencia de amparo favorable en los términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, ya sea porque exista una imposibilidad física o jurídica. La primera se presenta cuando el bien jurídico tutelado en la norma ha dejado de existir, como el trascurso del tiempo; lo segundo se presenta cuando una situación jurídica haya quedado definida y no se puedan volver las cosas al estado al que se encontraban antes de cometida la violación, porque física o jurídicamente exista tal imposibilidad; es decir, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos, volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Es aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.3o.A.150 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava época, tomo XIV, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos veinticinco, que señala lo siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, debe atenderse a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así, tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni jurídicamente puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física, material o jurídica de los mismos, es decir, al hecho de que la parte quejosa pueda gozar nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, en las mismas condiciones en que se encontraba antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados), salvo que se trate de normas generales que estuvieron vigentes durante determinado período. En el caso concreto, el acto reclamado por la parte quejosa ya se materializó (consumó) jurídica y materialmente, siendo imposible retrotraer el tiempo a fin de reparar la violación reclamada, como se verá a continuación. Como se señaló la parte quejosa reclama la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 342/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca; en la cual se autorizó a la representación social la realización del acto de investigación consistente en recabar una toma de su voz para realizar una confronta; para lo cual se ordenó al quejoso presentarse a las diez horas del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en las oficinas que ocupan la unidad de análisis táctico de unidad antisecuestros de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Sin embargo, el quejoso voluntariamente compareció en dicha fecha y lugar a que le realizaran la toma de voz. En tales condiciones, se estima que al haberse realizado la toma de voz del quejoso ya no se podría obtener reparación material, ni jurídica, dado que dicha toma ya fue realizada, por lo que ya no pueden retrotraerse las cosas al estado al que se encontraban antes de su verificativo, es decir, que no se realice la toma de voz al quejoso; por ende, no puede ser juzgada constitucionalmente. Por tanto, dicho acto ya no puede ser materia de estudio en este juicio constitucional, al haberse consumado de modo irreparable, por lo cual, aun cuando quien esto resuelve pudiera advertir que la determinación reclamada que ordenó la toma de voz no fuera justificada, ya no sería posible jurídica ni materialmente volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida. Por lo que al existir obstáculos que hacen imposible restituir a la parte quejosa en sus derechos humanos transgredidos, dado que se reitera, la toma de voz ya se llevó a cabo y, por tanto, se cumplió con lo ordenado por la Juez responsable en el expediente penal de origen, de ninguna manera el amparo que se concediera dejaría las cosas en el estado en que se encontraban antes de la emisión del acto reclamado. En las relatadas consideraciones, al actualizarse las causas de improcedencia analizada, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías. Transparencia Finalmente, se reitera con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."
- Principal
...Agréguese el oficio y anexo de la Secretaria General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por instrucciones del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; mediante los cuales informa y acredita que instruyó a las autoridad responsables Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, para que cumplan con la ejecutoria de amparo y remitan las constancias respectivas. Ahora, tomando en consideración que en auto de quince de diciembre pasado, se requirió a la autoridad responsable de segunda instancia, para que de inmediato acreditara que remitió los autos de la causa penal 23/2015, al Juzgado Mixto de Primera Instancias del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, para que estuviera en aptitud de dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, para que en ejercicio de los medios a su alcance, dentro del plazo de tres días remita las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por el juez Mixto de Primera Instancias del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, de manera concreta, la determinación que compruebe haber cumplido con el deber de cerciorarse de que las personas que comparecen como defensores de la parte aquí quejosa son profesionales en derecho al momento en que ejercieron el cargo, ello dentro del plazo restante para dictar auto de plazo constitucional en el expediente 23/2015. Se reitera que los efectos impresos por el Primer Tribunal Colegiado en Materias penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito con sede en esta localidad, son: "I. Dejen insubsistente la resolución reclamada y, II. En su lugar emita una diversa en la que ordene reponer el procedimiento a partir de la diligencia que antecede al auto de bien preso reclamado, con el fin de que el juez de primera instancia cumpla con el deber de cerciorarse de que las personas que comparecieron como defensores eran profesionales en derecho al momento en que ejercieron su cargo, lo anterior dentro del plazo restante para dictar el nuevo auto de término constitucional". Apercibido que de no cumplir o informar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cien días calculados al valor inicial diario de la unidad de medida y de actualización (UMA), que asciende a un monto de OCHO MIL NOVIECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL ($ 8, 962. 00 M. N.). Además, de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables acorde con lo previsto en el numeral 194 del ordenamiento en cita, esto es, con el trámite previsto en el numeral 192, párrafo segundo, citado, que ordena la apertura del incidente de inejecución de sentencia y remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para que, de estimarlo necesario, provean sobre la separación inmediata de sus respectivos cargos y su consignación al Juez de Distrito que corresponda; por desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad, en términos del normativo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que "las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo". De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer." (Registro digital: 190902, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: P. CLXXV/2000, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Noviembre de 2000, página 5, Tipo: Aislada). "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." (Registro digital: 2005830, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Tesis: I.9o.A. J/3 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1380, Tipo: Jurisprudencia). NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
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