Alberto Olmos Carrasco
Expediente 72/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 72/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/02/2022
Partes del expediente
- Alberto Olmos Carrasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
De la certificación secretarial que antecede se advierte que a la fecha en que se actúa feneció el plazo de cinco días con el que contaba la parte quejosa para impugnar el auto de ocho de febrero del año en curso, que desechó la demanda origen de este juicio. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d) de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso *** por el cual, da cumplimiento a la prevención efectuada en acuerdos de diecisiete y veintiocho de enero del año en curso, pues aclaró que el precepto normativo que tilda de inconstitucional de la Ley del Transporte del Estado de Puebla, es el punto segundo transitorio y que lo reclama por su entrada en vigor; en tales condiciones, en tiempo se tiene por desahogada dicha prevención, para los efectos legales procedentes. Como punto de partida, es pertinente acotar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del numeral transcrito, en esencia, se aprecia que es procedente desechar la demanda de amparo cuando el juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Precisión de los actos reclamados En esencia, la parte quejosa reclama en el escrito de demanda: ". De las responsables ordenadoras C. Gobernador Constitucional del Estado de Puebla y C. Presidente de la Legislatura del Estado de Puebla, reclamo: a).- La inconstitucional promulgación de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día tres de diciembre de dos mil veintiuno. b).- El ilegal procedimiento seguido por las autoridades señaladas como responsables, mediante el cual se promulga la Ley de Transporte del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día tres de diciembre de dos mil veintiuno. De las responsables ejecutoras: C. Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado y C. Subsecretario de Transporte y Vías de Comunicación de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, reclamo: a).- La ilegal ejecución de la Ley de Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado el día tres de diciembre de dos mil veintiuno. De todas las responsables reclamo las consecuencias y efectos legales de sus actos, lo que deriva en una aplicación de forma retroactiva de la Ley, lo que genera una franca violación de mis derechos humanos, garantías individuales y de debido proceso, que están debidamente protegidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ." Asimismo, en el escrito aclaratorio indicó: ". 1.- Señalo como parte de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado, con fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, el punto segundo transitorio, mediante el cual se pretende abrogar la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho, por ser violatorio del artículo 14 constitucional. ." De lo que se tiene que el quejoso reclama en esencia: El artículo segundo transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el tres de diciembre de dos mil veintiuno, con motivo de su entrada en vigor. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acreditó que la norma combatida le causara perjuicio con su sola entrada en vigor. Ahora bien, para definir el carácter de la norma general reclamada, es necesario atender a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Por su parte, el artículo 5º, fracción I, de la legislación citada dispone lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." (.) De la lectura de dichos preceptos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, así como contra normas de carácter general que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al promovente (autoaplicativa), sino que se necesite de un acto posterior de aplicación que lo genere (heteroaplicativa). En ese sentido, la norma general autoaplicativa es aquella que con su simple entrada en vigor crea, modifica o extingue una situación concreta de derecho, o genera una obligación de hacer, de no hacer o dejar de hacer; a su vez, dicha situación jurídica u obligación creada por la sola vigencia de la norma vincula a personas determinadas por circunstancias concretas que las definen de manera clara, es decir, a individuos innominados, pero identificados por las condiciones, circunstancias y posición en que se encuentran. En cambio, se está ante una disposición heteroaplicativa cuando con su sola vigencia no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, sino que se requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación, ya sea que provenga de una autoridad, del propio individuo o de un diverso particular. Resulta de vital importancia distinguir la noción de perjuicio, en función de la modalidad de la normativa impugnada -autoaplicativa o heteroaplicativa-, puesto que en el primer caso, el perjuicio puede materializarse y reflejarse en un acto de aplicación que permite advertir la colocación de la parte promovente en los supuestos legales de la norma combatida; en cambio, en el caso de normas generales de carácter heteroaplicativo, el análisis de la noción de perjuicio se desplaza hacia la ponderación del agravio que produce el acto concreto de aplicación, pues es a través de este en el que se materializa el contenido de las disposiciones combatidas bajo esa modalidad. En ambos casos, la noción de perjuicio trasciende a la naturaleza jurídica de la norma, e implica el deber, por parte de quien se estima afectado, de acreditar dicho extremo, por lo que se convierte en una cuestión de prueba. En este sentido, resulta válido sostener que el carácter autoaplicativo o heteroaplicativo de una disposición es una cuestión (jurídica) diferente a la del acreditamiento del interés jurídico (cuestión de prueba) para reclamarla, pues lo primero se refiere a la obligatoriedad del mandato legal, ya sea que se actualice desde la entrada en vigor o con motivo de un acto concreto de aplicación; en cambio, el interés jurídico se vincula con la afectación que el propio mandato origina, la cual es susceptible de probarse mediante un acto de aplicación. En el caso de una norma autoaplicativa, para que se acredite la afectación que una persona resiente con motivo de la entrada en vigor de una disposición, en todo caso será suficiente demostrar que se reúnen las condiciones, circunstancias y posición de los individuos que la norma vincula para que se surta plenamente, incluso cuando la reclamación se suscite con motivo del primer acto de aplicación. En cambio, por lo que ve a las normas heteroaplicativas, el interés jurídico para acudir al juicio de amparo únicamente se acredita demostrando el acto de aplicación de las disposiciones que se pretenden impugnar. En el caso, el estándar de agravio aplicable es el de interés jurídico, ya que la parte quejosa debe demostrar que la norma reclamada incide de manera directa en su esfera de derechos; y, no así el interés legítimo, pues no reclama una afectación indirecta o abstracta; es decir, no se actualiza el interés legítimo por no reclamarse un perjuicio indirecto. Si bien la Ley de Amparo establece como parámetros de procedencia del juicio de amparo tanto el interés jurídico como el interés legítimo, ello no conlleva que haya dejado de ser aplicable la distinción entre normas generales autoaplicativas y heteroaplicativas, ya que esta distinción constituye un criterio formal y clasificador que resulta adaptable en función de diversas concepciones de agravio. Entonces, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia, es necesario determinar si, dado el carácter de normas autoaplicativas que la parte quejosa atribuye a las normas generales combatidas, es decir, el artículo segundo transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el tres de diciembre de dos mil veintiuno. Ahora, dicha porción normativa que en esta vía se reclama, establece lo siguiente: ". TRANSITORIOS . SEGUNDO. Se abroga la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho. ." Del precepto citado, se advierte que requiere un acto concreto de aplicación a fin de que irrogue agravio al particular; por ende, dicho dispositivo tiene una naturaleza heteroaplicativa, cuya aplicación no se encuentra acreditada por el quejoso, es decir, por su sola entrada en vigor no le causa perjuicio alguno. Lo anterior, en virtud de que la abrogación de la anterior Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla no causa por sí sola una afectación al particular, pues las figuras y supuestos normativos que contiene tal ordenamiento ahora se contendrán en el nuevo ordenamiento publicado el pasado tres de diciembre de dos mil veintiuno y en todo caso de restringirse, modificarse o cancelarse alguna figura, permiso, concesión o servicio previsto en el anterior ordenamiento, este sería el acto que causaría perjuicio de la parte promovente y no en sí la sola abrogación del ordenamiento. Por ello, en términos generales, la porción normativa reclamada se relaciona con situaciones específicas de los individuos a los que se encuentra dirigido previstos en la ley abrogada y ahora en la nueva ley publicada, para lo cual establece distintas condiciones a fin de que éstos las acaten en la medida de que se ubiquen dentro de los supuestos concretos; esto es, dicho precepto prevé únicamente la abrogación de un ordenamiento y no solo configura un sistema normativo, sino que dirige a los interesados al nuevo ordenamiento -Ley de Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el tres de diciembre de dos mil veintiuno-, el cual contiene condicionantes claras para su materialización, lo que implica que, por su sola entrada en vigor, no causan afectación alguna a quien los reclama; por el contrario, requieren que se cumplan las condiciones dispuestas, relativas al otorgamiento, cancelación o vigencia de las concesiones otorgadas y que se otorguen el cualquiera de sus modalidades. Ello se traduce en que, para que el supuesto jurídico de las normas combatidas incida sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, necesario es que se encuentre en el supuesto de otorgamiento, cancelación o modificación de los permisos o concesiones otorgadas por la Secretaría de Transporte del Estado de Puebla; lo anterior, como acto concreto de aplicación. En tal virtud, la norma referida requiere un acto concreto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, lo cual no se reclama en la presente instancia. En efecto, como se vio, la porción normativa reclamada tiene el carácter de heteroaplicativa cuando el gobernado no se encuentra en la situación prevista en la norma por su sola entrada en vigor, sino que, para que aquél se encuentre obligado a dar, hacer o dejar de hacer algo, es indispensable la existencia de un acto posterior de aplicación, ya sea que éste provenga de la actividad estatal, o que emane de la voluntad del propio particular o de un tercero que actúe en auxilio de una autoridad. De tal manera que, se reitera, tratándose de normas heteroaplicativas, si se promueve el juicio de amparo con motivo de su sola entrada en vigor, habrá de considerarse improcedente, en virtud de que aún no se produce ningún perjuicio o menoscabo a la esfera de derechos de la parte quejosa, de acuerdo al referido artículo 61, fracción XII, de la ley en la materia, que dispone que es improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del ordinal 5º, de la Ley de Amparo, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En esas condiciones, resulta inconcuso que la sola emisión de la norma reclamada no implica perjuicio alguno a la esfera jurídica del recurrente, por ende, el presente juicio de amparo resulta improcedente, en razón de que la acción constitucional debe condicionarse a la existencia previa del acto de aplicación de la ley, perjudicial a los intereses de la parte quejosa; lo que tiene su razón de ser en que la promoción de la demanda de amparo se basa en la búsqueda de protección contra leyes o actos que violen derechos humanos de los gobernados, y no de los que probablemente pudieran perjudicarlo en un futuro. Esto es, la porción normativa reclamada dirige a la vigencia de un nuevo ordenamiento que regula condiciones específicas de los individuos a los que se encuentran dirigidos, para lo cual establecen distintos requisitos a fin de que éstos los acaten en la medida de que se ubiquen dentro de los supuestos concretos. Esto es, la nueva disposición que entró en vigor no solo configuran un sistema normativo, sino que contiene condicionantes claras para su materialización, lo que implica que, por su sola entrada en vigor, no causan afectación alguna a quien lo reclama; sino que, para ello, es necesario que se den los supuestos previstos en la misma. Así, dado el carácter de sistema normativo que asiste al precepto reclamado, es claro que su entendimiento integral conduce de manera clara a estimar que existen condiciones particulares para que las disposiciones contenidas en el nuevo ordenamiento en vigencia puedan estimarse susceptibles de generar afectación a la esfera de derechos del quejoso, considerando su situación actual; ello, ya que, en primer término, deberá ubicarse en alguno de los supuestos previstos en la norma en vigor. En otras palabras, la norma combatida, aun cuando se impugne desde la perspectiva de autoaplicativa, requiere de un acto de aplicación para incidir sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, tal como se refirió, ya que sólo a partir de ese acontecimiento -cancelación, modificación u otorgamiento de una concesión de servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades- pueden generar un impacto a su esfera jurídica. Por ello, acorde a lo expuesto, se sigue que el artículo reclamado no causa perjuicio a la parte quejosa, en tanto que no crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho por el sólo hecho de su entrada en vigor; sino que ello acontecerá cuando se ubique en alguno de los supuestos especificados en el párrafo anterior. Lo anterior reitera que los preceptos controvertidos, como se dijo anteriormente, requieren de un acto diverso condicionante de su aplicación para actualizar un perjuicio; por ende, cabe concluir que la parte quejosa carece de interés jurídico para impugnarlos por este medio de control constitucional con motivo de su sola entrada en vigor, pues para ello, es necesario que se ubique en los supuestos particulares que prevén y que, a su vez, existan diversos actos que condicionen su aplicación. Consecuentemente, lo anterior constituye un motivo adicional para colegir que la norma general reclamada, desde la perspectiva autoaplicativa, aun no generan afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, ante la ausencia de un acto de aplicación. En las relatadas condiciones, como se demostró, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual, remite copia certificada de la ejecutoria de veinte de enero de dos mil veintidós, pronunciada en el recurso de queja *** de su índice; en ese mismo sentido, de la resolución de mérito se advierte que la Superioridad resolvió desechar el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de trece de julio de dos mil veintiuno. En tales condiciones, acúsese de recibo del oficio y testimonio y anexo recibidos, y se ordena hacer las anotaciones y captura de datos respectivos en el libro de gobierno de este juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se ordena reanudar el procedimiento, el cual se suspendió en proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno y se señalan las DIEZ HORAS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para el verificativo de la audiencia constitucional. En otro orden, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se reservó el desahogo de la prueba testimonial a cargo de los testigos *** hasta en tanto se reanudara el procedimiento en el presente juicio y dado que ello ya aconteció se acuerda. Luego, referente al desahogo de la mencionada probanza, en términos de lo establecido en el artículo 6, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se ordena generar códigos QR en favor de los testigos y de un acompañante que podrá ser el abogado asesor u otra persona, mismos que le serán entregados a la parte quejosa al notificarle personalmente el presente acuerdo, para que a su vez, se los haga llegar a sus testigos, los cuales se deberán generar por conducto de la Licenciada *** Coordinadora Técnica Administrativa adscrita a este Juzgado de Distrito. Se reitera, que los testigos intervendrán en la misma desde las instalaciones de este juzgado, a fin de cumplir con las formalidades que establece el artículo 177 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, el cual dispone que los testigos deben ser examinados de forma separada y sucesivamente, sin que unos puedan presenciar las declaraciones de los otros ni puedan comunicarse entre ellos ni con las partes ni terceros, además de verificar la identidad de los mismos. Por lo que en el órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 25, párrafos cuarto y quinto, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se practicará la actuación correspondiente garantizando la sana distancia entre los participantes presenciales (testigos, acompañante y personal judicial) y haciendo uso de los equipos de cómputo, audio y video disponibles. Por ende, como medidas de seguridad y para garantizar las formalidades procesales aludidas, cada testigo al momento de declarar, se encontrará solo en un cubículo donde se encuentra una cámara, micrófono y computadora, para efecto de garantizar una sana distancia y su no comunicación con terceros; el acompañante podrá ver la diligencia en diverso equipo de cómputo en el órgano jurisdiccional; la secretaria judicial dará fe de su desarrollo en otro equipo; las partes podrán presenciar e intervenir en la audiencia a distancia, y esta juzgadora la presidirá de manera remota. Prevéngase al oferente para que, bajo su más estricta responsabilidad, presente a los testigos con quince minutos de anticipación, y conforme al horario establecido en el código QR, pues de no ingresar al edificio sede en la hora ahí apuntada, el personal de seguridad no permitirá su ingreso al edificio sede, ya que conforme a la normatividad, el acudir puntalmente a las citas constituye una medida de prevención de contagio del virus COVID-19 durante la pandemia, y al no presentar a los testigos a la diligencia, la prueba se declarara desierta.
- Principal
Agréguese los autos el oficio y anexo de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, remite copia certificada del acuerdo de veintiuno de enero de la presente anualidad, del que se advierte señaló el quince de febrero de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia en la que se escuchará a los presuntos beneficiarios del extinto *****, en razón de que en dicha audiencia, la parte actora manifestó bajo protesta de decir verdad que no le fue entregado el oficio para diligenciar, por lo que solicitó nuevamente girar oficio al Registro Civil de las Personas de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, a fin de que remitiera copia certificada del acta de matrimonio y de divorcio, respectivamente, de los CC. *** y *****, ello en virtud de ser necesario para emitir la resolución de beneficiarios respecto de los derechos laborales del extinto trabajador *****; del contenido del oficio y anexo, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que dentro del término de seis días a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada del acuse del oficio que giró en acuerdo de veintiuno de enero de la presente anualidad, al Registro Civil de las Personas de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala. Con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá en términos de los artículos 192, segundo párrafo, y 258 de la Ley de Amparo. Es decir, se apercibe a cada uno de los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, que a la fecha de notificación del presente ocupen el cargo, que de no cumplir con la sentencia protectora, sin causa justificada, una vez fenecido el término otorgado, se le impondrá una multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización vigente en esta fecha, de conformidad con lo establecido en los numerales 238 y 258, del propio ordenamiento legal, y el artículo tercero transitorio del Decreto por el que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Multa que se cuantificará atendiendo a la gravedad de la conducta incurrida, además de que se solicitará al Presidente de la Junta los datos necesarios para su imposición, como lo son: nombre, Registro Federal de Contribuyentes, etc. Asimismo, se les hace del conocimiento a los integrantes de dicha Junta, que en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, los titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo, además de que también son responsables en los términos indicados las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad, si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no dar cumplimiento a la sentencia protectora, este expediente se remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto, como lo establece la última parte del artículo 193 de la Ley de Amparo. Además, las medidas que adopte deberán estar destinadas a cumplir efectivamente con el fallo protector, evitando incurrir en procedimientos ilegales, evasivas, actos intrascendentes o secundarios que impidan que se restituya a la parte quejosa en el goce de sus derechos constitucionales, en términos del párrafo segundo del citado precepto legal. Ahora bien, ya que en el caso la Junta responsable no tiene superior jerárquico no ha lugar a formular el requerimiento señalado en el párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo.
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