Alberto Navarro Castillo

Expediente 590/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 22 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
590/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Alberto Navarro Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito firmado por Omar López Hernández, en su carácter de representante legal del directo quejoso Alberto Navarro Castillo; atento a su contenido, como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, hágase la devolución de las documentales que describe, previo su cotejo y certificación con las copias que exhiba para tal fin, y entréguense, previa identificación y copia que de la misma acompañe, asentándose razón de su recibo para quede constancia en autos. Una vez hecho lo anterior, devuélvase este expediente al archivo del juzgado, por tratarse de un asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de ocho de abril último, se precisó que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y numerales 7.1.1., apartado 1 y 7.3, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; pues no obstante que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa, al prudente arbitrio del suscrito no tiene relevancia documental; sin embargo, se omitió proveer sobre los cuadernos incidentales respectivos. En consecuencia, se ordena agregar el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, mismo que es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, 18 fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como en los supuestos previstos en el capítulo siete, apartado 7.1.1. número 2, apartado 7.5, número 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se concedió la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, aunado a que al prudente arbitrio del suscrito no tienen relevancia documental; lo anterior sin perjuicio de conservar las constancias relativas a las medidas suspensionales otorgadas y del presente acuerdo. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General referido, y capítulo ocho, apartado 8.1.1, número 2, inciso a), del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio, una vez que transcurran seis meses posteriores al dictado de este proveído. Asiéntense los anteriores datos en la carátula de los cuadernos del incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de abril de dos mil veintidós. De la certificación que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara si existía alguna inconformidad contra la determinación de veintidós de febrero último, en la que se declaró la imposibilidad material y jurídica para pronunciarse respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en los artículos 201 y 202 de la ley de la materia, se tiene por consentida dicha resolución. Ahora bien, tomando en consideración que no existe actuación alguna por cumplimentar, aunado a que, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del cuadernillo en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), concuerdan con las que obran en el expediente físico; por tanto, con apoyo en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y numerales 7.1.1., apartado 1 y 7.3, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; pues no obstante que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa, al prudente arbitrio del suscrito no tiene relevancia documental; lo anterior, sin perjuicio de que sean conservadas la demanda de amparo, auto admisorio, sentencia, resolución de la Alzada, autos referentes al cumplimiento, así como el presente acuerdo. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de febrero de dos mil veintidós. De la certificación que antecede, se obtiene que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que, si a sus intereses convenía, se pronunciara en torno a los actos realizados por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio, sin que haya hecho manifestación al respecto. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional está en aptitud de determinar si en el presente caso ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en el juicio en que se actúa. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al quejoso, en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, este órgano federal, concedió la protección constitucional a Alberto Navarro Castillo, contra los actos de la Tesorería del Municipio de Ciudad Juárez, con sede en esta localidad fronteriza. Inconforme con dicha resolución, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad, en donde quedó registrado como toca de recurso de revisión 44/2021, el cual, fue resuelto en sesión de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se confirmó la sentencia recurrida y se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al directo quejoso Alberto Navarro Castillo, para el efecto de que la autoridad responsable: ".a) Repusiera el procedimiento de origen, dejando insubsistente todo lo actuado hasta antes del acuerdo de trece de octubre de dos mil diez, dentro del procedimiento administrativo de ejecución DI/PAE/3972/2011, en contra del quejoso, por falta de pago del impuesto predial, respecto del inmueble de su propiedad, identificado con la clave catastral 01-336-041-0640000, ubicado en calle Hacienda el Remanso, número 3225, del fraccionamiento Hacienda de las Torres, Universidad Etapa V, fracción A, en esta localidad fronteriza, en que ordenó el emplazamiento por edictos, es decir, se dejaran sin efectos todas las consecuencias legales que de ello se derivaron, relacionadas con el remate y la adjudicación del bien inmueble embargado; b) Hecho lo anterior, previo a agotar las medidas de búsqueda del demandado, intentara llamarlo en el domicilio ubicado en calle Gabriela Mistral 3617, fraccionamiento Palmas Nogales, en esta ciudad, que en el juicio en que se actúa, señaló para oír y recibir notificaciones; de no lograrlo, entonces; c) Procediera agotar los medios necesarios para la búsqueda efectiva de la parte demandada y, d) Con base en el resultado obtenido, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que conforme a derecho corresponda.. ". Ahora bien, por auto de veintidós de septiembre dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los autos de la Alzada, y se requirió cumplimiento a la autoridad responsable vinculada a la ejecutoria del amparo. En mérito de lo anterior, por auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio TM/CJT/3144/2021, signado por la Tesorera Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, informando que, mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente todo lo actuado y sus consecuencias legales, incluido el embargo, dentro del procedimiento administrativo de ejecución DI/PAE/3972/2011, de su índice, anexando copias certificadas de su dicho. Asimismo, por autos de ocho de octubre y veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo extensivo la ejecutoria del amparo a la Oficina del Registro de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad, y al Director del Registro Público de la Propiedad y del Notariado en el Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa, respectivamente, a fin de que la primera llevara la cancelación de inscripción con el número 110 folio 110 libro 5496 de sección primera, identificado con la clave catastral 01-336-041-064-0000, y la segunda autoridad descrita, a su vez la escritura pública número 45,100 volumen 1444, la cual contiene la protocolización de la adjudicación, ambos correspondientes del bien inmueble ubicado en calle Hacienda el Remanso, número 3225, fraccionamiento Hacienda de las Torres Universidad, etapa V, fracción A, en esta localidad fronteriza. Por lo que, el catorce de octubre y diez de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvieron a la Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos y Director del Registro Público de la Propiedad y del Notariado para el Estado de Chihuahua, ambos con residencia en esta ciudad; al respecto, la primera autoridad citada hizo del conocimiento de este juzgado que el trece de octubre del año anterior, se llevó a cabo la cancelación de inscripción con el número 110 folio 110 libro 5496 de sección primera, identificado con la clave catastral 01-336-041-064-0000, asimismo la restante, dio a conocer que el tres de diciembre último, quedó asentada la cancelación al margen de la escritura número 45,100 volumen 1444, celebrada ante el Notario Público Número Seis del Distrito Judicial Bravos, lo cual se corrobora según las constancias anexas junto con los oficios de cuenta. Ahora bien, a lo que hace respecto al emplazamiento del directo quejoso dentro del procedimiento administrativo de ejecución DI/PAE/3972/2011, del índice de la Tesorería del Municipio de Juárez, Chihuahua, a fin de que la responsable estuviera en aptitud y con plenitud de jurisdicción para resolver lo que conforme a derecho correspondiera; después de varios requerimientos, por oficio TM/CJT/4025/2021, la autoridad antes mencionada manifestó que no es posible continuar con el procedimiento administrativo en ejecución en contra de Alberto Navarro Castillo, respecto al adeudo impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral 01-336-041-064-0000, toda vez que el veintiocho de diciembre último, se realizó el pago correspondiente, por dicho concepto, en consecuencia no existe cobro que realizarle, anexando copia certificada del certificado de ingresos identificado con el número 3A-15114-2021 por la cantidad de $3,880.00 (tres mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), correspondiente al periodo comprendido del primer bimestre de dos mil catorce al sexto bimestre del dos mil veintiuno. Ante tales circunstancias, resulta evidente que no obstante que la autoridad dio cumplimiento parcial a lo ordenado en autos, esto es, dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución instaurado en contra del amparista, así como las consecuencias legales de éste; empero, no le fue posible llevar a cabo el emplazamiento de aquél al procedimiento, pues el quejoso realizó el pago del impuesto predial, omisión que en su momento motivó el inicio del expediente que se reclamó por esta vía de inconstitucional, y por el cual se concedió la protección federal. De ahí, la imposibilidad legal que manifiesta la responsable para acatar en su totalidad el fallo protector, ya que no podría exigirse a ésta su cumplimiento, toda vez que ante tal pago, se extinguió la materia que dio motivo al procedimiento administrativo de ejecución DI/PAE/3972/2011, del índice de la Tesorería del Municipio de Juárez, Chihuahua, que se llevaba en contra de Alberto Navarro Castillo, lo que impide pronunciarse en lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la Jurisprudencia 2a./J.2/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 431, en su Novena Época, del tenor literal siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia". Por lo anterior, al haberse allegado por la autoridad el veintisiete de enero de dos mil veintidós, el oficio TM/CJT/4025/2021 de veinticinco de ese mes y año, en donde se manifiesta la imposibilidad de dar cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, ante el pago del impuesto predial realizado por Alberto Navarro Castillo, comunicación oficial y anexos con los que se dio vista a éste, mediante notificación realizada el veintisiete de enero de la presente anualidad, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que existe imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento total a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa, por los motivos expuestos con antelación. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes involucradas en el procedimiento de ejecución y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, infórmese a la parte quejosa y tercero interesada que en contra de esta determinación procede el recurso de inconformidad, por lo que en caso de estar en desacuerdo con lo resuelto cuenta con un plazo de quince días para interponerlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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