Alberto Muñoz Vázquez

Expediente 1063/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1063/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
29/08/2017

Partes del expediente

  • Roberto Muñoz Santos
  • Alberto Muñoz Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo, se declara que Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Este expediente es destruible.

  2. Principal

    Glósese a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, Capital, toda vez que el oficio que refiere se encuentra entre las constancias que la superioridad remitió al declarase incompetente para conocer del presente asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y A LOS TERCEROS INTERESADOS, EDGAR OMAR HERNÁNDEZ ESPINOZA Y MÓNICA DEL CARMÉN BRIONES MACÍAS. Por recibido el oficio 5071/2017, firmado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, y los siguientes anexos: 1. Expediente original del juicio de amparo directo 109/2017; 2. Cuadernillo que contiene las constancias de emplazamiento de la parte tercero interesada; 3. Un legajo con copia certificada de las actuaciones de la causa penal 164/2017, del índice del Juzgado Primero Penal de esta ciudad; y, 4. Tres copias de la demanda de amparo. Acúsese recibo a la autoridad federal remitente. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número de orden 1063/2017-III. Del oficio de cuenta se aprecia que en la resolución dictada el tres de agosto de dos mil diecisiete, el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, declaró la incompetencia del tribunal para conocer de la demanda de amparo promovida por Roberto Muñoz Santos, Alberto Muñoz Vázquez y José Alberto Muñoz Rodríguez, y ordenó enviarla, así como el resto de las constancias recibidas, al Juez de Distrito en el Estado en turno, con sede en esta ciudad. Se avoca al conocimiento del juicio de amparo que se formó con motivo de la demanda referida en el acápite que antecede. Del análisis integral de la demanda de amparo se obtiene que los quejosos señalan como actos reclamados: 1. Del Juez Primero Penal de esta ciudad: a) El auto de radicación de la causa penal 164/2017, fechado el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete (aunque la parte amparista menciona que es de fecha treinta del mes y año citados); y b) La orden de aprehensión girada el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 164/2017; 2. Del Jefe de Grupo Especializado en Mandamientos Judiciales de la Agencia de Investigación Criminal, con sede en esta ciudad: a) El cumplimiento de la orden de aprehensión girada por el Juez Primero Penal de esta ciudad, dentro de la causa penal 164/2017. 3. De Agente del Ministerio Público Uno de la Unidad de Tramitación Común, residente en esta ciudad: a) La omisión de desahogar las pruebas que ofrecieron dentro de la averiguación previa 8314/2016, a saber: testimonial a cargo de Alejandra Irazaba Irazaba y Daniel Cabrera Ruíz; ratificación de declaración de Roberto Muñoz Santos; así como la omisión de darles vista con la pericial caligráfica, grafoscópica y documentoscópica, desahogada en la indagatoria mencionada; y b) La determinación de ejercicio de la acción penal, dentro de la averiguación previa 8314/2016; De la anterior disposición legal se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Desechamiento en relación con el acto que se reclama del Juez Primero Penal de esta ciudad, consistente en el auto de radicación de la causa penal 164/2017, fechado el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. En el presente caso se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. De ellas se extrae que para determinar la procedencia del juicio de derechos fundamentales en la vía indirecta tratándose de actos emanados de un juicio, debe analizarse si sus efectos son de imposible reparación, pues si es así, el juicio de amparo biinstancial resultará procedente, pero en caso contrario, dicha vía constitucional será improcedente, debiendo reservarse el estudio de la violación impugnada para el momento en que se reclame, vía amparo directo, la resolución definitiva que ponga fin al juicio. En la segunda de las normas reproducidas se define que los actos cuyos efectos son de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Así, los actos emanados de un juicio cuyos efectos son irreparables, para efectos de la procedencia del procedimiento constitucional en la vía indirecta, son aquellos que afectan de modo cierto e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en oposición a aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, pues en estos casos, la afectación no dejaría huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, en caso de obtener sentencia favorable. Las normas en estudio están íntimamente relacionadas con el principio de definitividad de los actos que rige el juicio de amparo, en el sentido de que este proceso constitucional es un medio de defensa extraordinario, que por su naturaleza sólo procede contra actos, acuerdos y resoluciones de las autoridades que produzcan plenos y definitivos efectos, porque la razón de ser de los medios de defensa extraordinarios es que constituyan la última posibilidad que tiene el interesado para defenderse de los actos de las autoridades y, por esto, el acto que se pretenda impugnar a través de estos medios de impugnación no debe estar sujeto a acontecimientos futuros, ni a otro tipo de condiciones para tener plena validez, ni debe existir la posibilidad de que sean revocados o modificados, ya sea a través de un medio ordinario de defensa, oficiosamente por la autoridad que los emitió o una diversa, o como consecuencia de un posterior acto que necesariamente deba ocurrir. De esta forma, tomando en consideración que los procedimientos judiciales se componen de etapas sucesivas dirigidas a preparar la resolución por la que el órgano jurisdiccional resuelve la controversia planteada y que dentro de estas etapas se emiten acuerdos o resoluciones o se ejecutan actos de diversa índole; para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario distinguir los actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, de los actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, porque en contra de éstos no procede el juicio de derechos fundamentales ante los Juzgados de Distrito, ya que sus efectos no son de imposible reparación, dado que su eficacia se da hasta que se resuelva el asunto y, por ello, su estudio se reserva para cuando son reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En esta línea de pensamiento, resulta que los derechos sustantivos protegidos por la Constitución o por los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva, son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. De esta manera, el arresto, el arraigo, el embargo o la imposición de multas son figuras jurídicas que pueden causar un agravio irreparable a los gobernados, pues limitarían los derechos sustantivos de libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, etcétera, mismos cuyo goce tenía el gobernado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse aunque se dictara una sentencia favorable al gobernado afectado, pues no obstante que se le dejara en libertad, se cancelara el embargo o se le devolvieran los bienes, sería imposible restituirle esos derechos por el tiempo que de ellos se le privó. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo. Así, la negativa de admitir una prueba, la declaratoria de confeso, la declaración consistente en qué posiciones de la prueba confesional son legales, la admisión de testigos no idóneos para declarar sobre los hechos materia de la litis, etcétera, son ejemplos de actos que violan derechos procesales o adjetivos. En estos casos, si se dictara una sentencia favorable al afectado, todas esas violaciones procesales quedarían reparadas, porque a pesar de haberse realizado, el afectado vería satisfecha su pretensión. En la especie, se reclama el auto dictado el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, por el Juez Primero Penal de esta ciudad, dentro de la causa penal 64/2017, a través del cual se radicó. La radicación de una causa penal no es un acto dentro de juicio que tenga una ejecución de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata ningún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y, en caso de que hubiera alguna violación, ésta sería inocua ante la parte demandante de amparo si, en caso de que se hubiera consignado sin detenido por estar el indiciado gozando de la libertad provisional bajo caución, después de rendida su declaración, se dicta a su favor un auto de libertad por falta de elementos para procesar, o si, en el supuesto de haberse consignado sin detenido y que el indiciado no esté gozando del beneficio antes aludido, se dicta una resolución en la que se niega la orden de aprehensión solicitada, de forma que sus efectos son meramente intraprocesales. Así, no se puede concluir que el acto reclamado que ahora se analiza tenga efectos que sean imposibles de reparar y, por ende, no procede el amparo indirecto en su contra, pues los efectos que producen son solo procesales. Desechamiento en relación con los actos que se reclaman del Juez Primero Penal y del Jefe de Grupo Especializado en Mandamientos Judiciales de la Agencia de Investigación Criminal, consistentes en la orden de aprehensión girada el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 164/2017, así como su ejecución. Por otra parte, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia por lo que hace a los actos reclamados que se preciaron en líneas anteriores. De conformidad con tal disposición el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de un diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones propuestas sean distintas. En la especie, los quejosos Roberto Muñoz Santos, Alberto Muñoz Vázquez y José Alberto Muñoz Rodríguez, reclaman del Juez Primero Penal de esta ciudad, la orden de aprehensión girada en su contra el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 164/2017, y su ejecución. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo 747/2017-II, del índice de este juzgado federal, se aprecia que en la demanda de amparo recibida el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, los quejosos Roberto Muñoz Santos, Alberto Muñoz Vázquez y José Alberto Muñoz Rodríguez, solicitaron el amparo en contra de los actos reclamados que hicieron consistir en la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución; actos que atribuyeron a las siguientes autoridades responsables: Jueces Primero y Tercero Penales, y Jefe de Grupo Especializado en Mandamientos Judiciales de la Agencia de Investigación Criminal, todos con sede en esta ciudad. Del juicio de amparo 747/2017-II también se advierte que el dos de junio de dos mil diecisiete, este juzgado admitió a trámite la referida demanda de amparo y que el juicio aún se encuentra en trámite, pues el once de agosto del año en curso se celebró la audiencia constitucional y aún no se dicta sentencia. Además, se obtiene que en su informe justificado, el Juez Primero Penal de esta ciudad confesó la existencia del acto que se le atribuyó, pues dijo que dentro del proceso penal 164/2017, el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete giró el mandamiento de captura tildado de inconstitucional. Las constancias aludidas cuentan con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por así establecerlo el numeral 2° de ésta, pues se trata de documentos públicos; y se toman en consideración para el dictado del presente auto, por constituir un hecho notorio para quien esto resuelve. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que tanto el juicio de amparo en que se actúa, como el diverso 747/2017-II, del índice de este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, se promovieron por los mismos quejosos y por los mismos actos reclamados, consistentes, sustancialmente, en la orden de aprehensión girada en su contra el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 164/2017 y su ejecución; y además, que el 747/2017-II no está resuelto en definitiva, en la medida en que no existe sentencia ejecutoria. Desechamiento en relación con los actos que se reclaman del Agente del Ministerio Público Uno de la Unidad de Tramitación Común, consistentes en la omisión de desahogar las pruebas que ofrecieron dentro de la averiguación previa 8314/2016, a saber: testimonial a cargo de Alejandra Irazaba Irazaba y Daniel Cabrera Ruíz; ratificación de declaración de Roberto Muñoz Santos; así como la omisión de dar vista a los accionantes con la pericial caligráfica, grafoscópica y documentoscópica, desahogada en la indagatoria mencionada. En otro orden de ideas, en relación con los actos reclamados de mérito se actualiza de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61, de la Ley de Amparo. De la disposición trascrita se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos dentro de un procedimiento -judicial o administrativo- seguido en forma de juicio, cuando por cambio de situación jurídica en él, las violaciones reclamadas se consumen de modo irreparable, por no poder decidirse sobre éstas sin afectar la nueva situación jurídica. Para que en un asunto cobre vigencia el motivo de improcedencia en trato es precisó que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad al acto reclamado se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud de dicho acto; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio constitucional; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclama y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De manera que al concurrir los supuestos enunciados en un caso, se actualiza la causal de improcedencia destacada, pues no es jurídicamente correcto permitir la destrucción de actos posteriores al acto reclamado que escapan a la litis planteada en el juicio, en la medida en que ello constituiría una extralimitación de la sentencia, al invalidar actos cuya legalidad o constitucionalidad no se han controvertido, de modo que las violaciones reclamadas en vía de amparo son irreparables, por no poder resolverse en ésta sin afectar la nueva situación que, como se dijo, no forma parte de la litis constitucional. Se sostiene lo anterior, pues en el procedimiento se dan una serie de actos ligados por un nexo de causalidad (consecuencia uno de otro) y aunque generalmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando existen actos que gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que puedan subsistir con independencia de la ilegalidad de los anteriores, por tanto, los autónomos cambian la situación jurídica existente al momento de la emisión del reclamado, lo que produce la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales alegadas. Pues bien, en el presente caso se reclama del Agente del Ministerio Público Uno de la Unidad de Tramitación Común de esta ciudad: la omisión de desahogar las pruebas que ofrecieron dentro de la averiguación previa 8314/2016, a saber: testimonial a cargo de Alejandra Irazaba Irazaba y Daniel Cabrera Ruíz; ratificación de declaración de Roberto Muñoz Santos; así como la omisión de dar vista a los inconformes con la pericial caligráfica, grafoscópica y documentoscópica, desahogada en la indagatoria en alusión. Sin embargo, de las copias certificadas de las actuaciones que integran el proceso penal 164/2017, del índice del Juzgado Primero Penal de esta ciudad, mismas que merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por así establecerlo el numeral 2° de ésta, pues se trata de documentos públicos; se aprecia que el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete se radicó la causa con el número 164/2017 y se resolvió sobre la orden de aprehensión solicitada por el representante social. Lo anterior evidencia que en el presente caso operó un cambio de situación jurídica, pues las violaciones que se pudieron haber cometido durante la etapa de averiguación previa quedaron irreparablemente consumadas, ya que no es posible analizar la constitucionalidad de actuaciones acaecidas durante la indagatoria, sin afectar la nueva situación jurídica que deriva de la consignación de la misma ante la autoridad jurisdiccional, toda vez que a partir de ese momento, la situación jurídica quedó sometida a la potestad del juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. Desechamiento en relación con el acto que se reclama del Agente del Ministerio Público Uno de la Unidad de Tramitación Común, consistente en la determinación de ejercicio de la acción penal, dentro de la averiguación previa 8314/2016. Finalmente, por cuanto al acto reclamado que se indicó al inicio de este párrafo, se actualiza de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Del análisis de los preceptos trascritos resulta que es presupuesto indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado lesione los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En la especie, los impetrantes señalan como acto reclamado la determinación de ejercicio de la acción penal, dentro de la averiguación previa 8314/2016. Ahora bien, no obstante que el Agente del Ministerio Público actúa como autoridad al integrar una averiguación previa, el desahogo de las diligencias para tal fin, incluyendo la determinación de ejercicio de la acción penal mediante la consignación, no causan daño o perjuicio a gobernado alguno, pues son una cuestión de orden público, ya que el representante social referido cuenta con la obligación que le impone el artículo 21 de la Constitución, de llevar al cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la correspondiente averiguación previa; y sólo serán susceptibles de afectar la esfera jurídica del gobernado aquellas actuaciones relativas a la integración de una averiguación previa, en que se ordene la privación o molestia de su libertad personal, posesiones o derechos. En esta tesitura, tenemos que la resolución en la que se determina el ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa 8314/2016, señalada como acto reclamado, ningún perjuicio le causan a los promoventes del amparo, pues para ello, como requisito sine qua non, debe existir un acto que implique la privación o molestia en su libertad personal, posesiones o derechos. En mérito de lo expuesto hasta ahora, toda vez que de la lectura del libelo inicial y de las constancias recibidas, se advierte de forma patente y absolutamente clara la actualización de las causales de improcedencia analizadas en relación con cada uno de los actos reclamados, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Roberto Muñoz Santos, Alberto Muñoz Vázquez y José Alberto Muñoz Rodríguez. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Schubert número 507, en la colonia León Moderno de esta ciudad. Se tienen como autorizados en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Rolando Rodríguez González y Damián Job López Alcántara. Se tiene como representante común de los quejosos a Roberto Muñoz Santos. Con las copias certificadas del expediente natural de origen, mismo que el Juez Primero Penal de esta ciudad anexó a su informe justificado, se ordena formar un tomo de prueba. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto).

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