Alberto Molina Ortega

Expediente 475/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
475/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Delegado del Registro Agrario Nacional En el Estado de Mexico
  • Alberto Molina Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    De la certificación secretarial que antecede, se advierte que la persona quejosa no interpuso el recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se declara que el auto de veintiocho de abril del año en curso, por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Valoración documental. Por otra parte, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna. Destrucción del expediente... Notifíquese; y, por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 72/2023, con número de orden 72/2023-VI, por el que se le solicitó emplazar a la tercera interesada XXXXXXXX, al juicio de amparo en que se actúa. Hecho del cual este órgano jurisdiccional toma pleno conocimiento; en consecuencia, dese de baja el exhorto en comento y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Incidental

    Visto el oficio de cuenta, a través del cual el Jefe del Área de Registro B del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, rinde informe previo; en este sentido, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, toda vez que en audiencia incidental de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se resolvió lo conducente respecto de dicha autoridad.

  4. Principal

    agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Jefe de Área de Registro B del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, mediante el cual rinde informe justificado, y remite copia certificada de la consulta avanzada de parcelas, solares y uso común, respecto del Ejido de Dolores Dedeni, Jilotepec, Estado de México, parcela 00080; hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Pruebas. En ese orden, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la oficiante la documental pública que anexa; y, dada su naturaleza por admitida y desahogada. Estado de autos. Por otro lado del análisis a la demanda, se advierte que en esencia el acto reclamado consiste en: La inscripción de la enajenación de derechos de la parcela 80 Z-2 P1/1, perteneciente a XXXXX, realizada por el Registro Agrario Nacional Delegación Estado de México y como consecuencia de ello, la expedición del certificado parcelario y certificado de derechos de uso común a nombre de XXXXXXX. Ahora bien, al rendir informe justificado la autoridad responsable indicó que es cierto el acto reclamado e informó que de acuerdo a sus asientos registrales e informáticas, XXXX, adquirió la titularidad de la parcela 80 Z-2 P1/1 mediante cesión/enajenación, la cual fue inscrita el catorce de septiembre de dos mil veintidós. Precisado lo anterior, este Juzgado Federal advierte que en el caso se actualiza la cual de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se expondrán. La causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, dispone expresamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Del texto del artículo transcrito, se desprende que consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un juicio, recurso o medio ordinario de defensa, mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para conceder la suspensión. Es importante precisar que el texto del numeral destacado, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, en consecuencia, si la ley rectora del recurso exige iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, entonces el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto, es decir, previamente a promover el juicio de amparo, el afectado deberá agotar tales medios ordinarios de impugnación. Ello porque el referido principio de definitividad, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el afectado debe previamente a su promoción, acudir a la instancia ordinaria que pueda producir la modificación, revocación o nulificación del acto de autoridad que le produce afectación. Cabe destacar que dicho principio admite supuestos de excepción, relacionados con el examen de constitucionalidad de leyes y con violaciones directas a la Constitución Federal. En efecto, cuando se trata de violaciones directas a la Constitución Federal, el gobernado no se encuentra obligado a agotar el referido principio de definitividad, es decir, no tiene el deber de agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la ley secundaria, toda vez que lo contrario significaría anteponer una ley común a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este punto, es menester precisar que lo anterior, no significa que en todos los casos en que se alegue violación a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea procedente el juicio de amparo, sino que será necesario atender a cada caso en concreto, a efecto de examinar el planteamiento que se haga valer por parte del gobernado, pues de otra manera, quedaría a elección de dicho gobernado determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Carta Magna, lo que está reservado únicamente a los tribunales de control constitucional. Las excepciones a la regla general, tratándose de violaciones directas a la Constitución Federal, se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación, lo que encuentra su justificación porque esa carencia impediría al particular hacer valer el medio de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado, precisamente por desconocer el fundamento del acto de autoridad. Otra excepción opera cuando únicamente se alega violación directa a la Constitución, como sucede cuando se atribuye infracción a la garantía de audiencia. Fuera de las dos hipótesis destacadas, el particular se encuentra obligado a agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es decir, debe atender primeramente el medio ordinario de defensa previsto por la ley secundaria, por lo que, de no ser así, dicho juicio será improcedente. En otra perspectiva, si dentro de las violaciones alegadas se involucran aspectos de legalidad, necesariamente el gobernado deberá agotar el recurso ordinario, por una parte, porque no se trata de falta de fundamentación, como tampoco exclusivamente violación directa a la Constitución, sino que el afectado discute la actuación de la autoridad con base en determinados preceptos legales; por otra, tal medio de impugnación permite al interesado expresar sus defensas y aportar las pruebas que legalmente procedan para nulificar el acto de autoridad. En ese contexto, para la procedencia del juicio de amparo en los asuntos donde se reclame la expedición del certificado parcelario, que ampara la titularidad de una parcela previamente agotarse el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario, en términos del artículo 163 de la Ley Agraria, en relación con el diverso 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Ello, en virtud de que dicho juicio altera, modifica o extingue un derecho y trasciende directamente sobre el que el interesado aduce tener respecto de la parcela. Por tanto, como previamente se estableció dichos artículos señalan: "Artículo 163.- Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley. Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: (.) IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; (.)." De la lectura de los preceptos trascritos se advierte los tribunales unitarios conocerán por razón de territorio, entre otros, de juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; asimismo, que los juicios agrarios tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de las disposiciones en materia agraria, así como los que se promuevan pretendiendo la nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades de esa materia que alteren, modifiquen o extingan un derecho, fijando un trámite para su substanciación y resolución. Ahora bien, los artículos 22, fracciones I, III, inciso i) y X, 32, fracciones IV, V y XII, 33, 73 y 74 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, prevén que los Delegados y Registradores, como autoridades pertenecientes al Registro Agrario Nacional, están facultados para ejercer la función registral de los actos y documentos objeto de registro, calificar e inscribir la transmisión de derechos agrarios, cancelar y emitir nuevos certificados de derechos agrarios, en los siguientes términos: "Artículo 22. Las Delegaciones tendrán las siguientes atribuciones: I. Ejercer a través de los registradores la función registral, mediante la calificación, inscripción y la certificación de los asientos de los actos y documentos objeto de registro; [.] III. Calificar e inscribir: [.] i) La transmisión de derechos ejidales o comunales por sucesión, la enajenación de derechos parcelarios y la cesión de derechos sobre tierras de uso común; [.] X. Cancelar los certificados parcelarios y de derechos de uso común, cuando derivado de la modificación a una inscripción proceda la emisión de nuevos certificados". "Artículo 32. Son actos jurídicos que se pueden inscribir los que constituyan, transfieran, modifiquen o extingan derechos y obligaciones respecto de: [.] IV. La delimitación, destino y asignación de las tierras al interior de los Núcleos Agrarios; V. Los sujetos titulares de los derechos sobre las tierras a que se refiere la fracción anterior; [.] XII. Los demás actos jurídicos que tengan por objeto crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones relacionados con las fracciones anteriores". "Artículo 33. El Registrador es el servidor público a quien compete examinar y calificar los actos y documentos que deban inscribirse, así como realizar y autorizar anotaciones, asientos y cancelaciones. [.]". "Artículo 73. El Registro efectuará las anotaciones correspondientes de los asientos registrales, cuando así se prevea en la Ley y sus Reglamentos o por resolución judicial". "Artículo 74. La extinción y cancelación de las inscripciones que obran en el Registro, se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el capítulo relativo del Código Civil Federal de aplicación supletoria". De los preceptos transcritos se advierte, que el juicio agrario fue creado para sustanciar y resolver los conflictos en materia de derechos agrarios, así como para buscar la nulidad de resoluciones que crean, modifican, trasmitan o extingan un derecho, como lo sería la calificación de inscripción -tanto positiva como negativa-, pues lleva imbíbita la alteración por la trasmisión de derechos agrarios y la correlativa cancelación de las inscripciones de certificados de derechos agrarios anteriores a la enajenación y expedición de nuevos, en su caso; es claro que quien se vea afectado con tales actuaciones tiene a su alcance plantear la controversia ante el Tribunal Unitario Agrario, para que este determine lo conducente. Por tanto, se puede observar claramente que, respecto del acto que reclama el quejoso en el presente juicio de amparo, consistente en la inscripción de la enajenación de derechos de la parcela 80 Z-2 P1/1, a nombre de XXXXXX, de catorce de septiembre de dos mil veintidós, realizada por el Registro Agrario Nacional Delegación Estado de México y, como consecuencia la expedición del certificado parcelario y certificado de derechos de uso común a nombre de la referida tercera interesada, existe un medio de defensa ordinario, que puede revocar, modificar o nulificar, dicha determinación; por lo que, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el medio de impugnación previsto en la legislación en comento, en observancia al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Luego, si el accionante de la tutela federal reclama en la vía de amparo el aludido acto, sin que previamente agotara el medio ordinario de defensa que le permite revocarlos, modificarlos o nulificarlos, resulta inconcuso que se acredita la improcedencia del presente juicio de amparo, al quedar incumplido el principio de definitividad que lo rige. Ademas, en el presente asunto no se actualiza excepción al principio de definitividad en virtud que en el juicio agrario no se exigen mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, ya que la primera de las legislaciones en cita, para efectos de la suspensión, lo remite a los requisitos de esta última. En efecto, el artículo 166 de la Ley Agraria dispone que la suspensión en el juicio agrario se regulará aplicando, en lo conducente, lo dispuesto por el "Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte de la Ley de Amparo"; de esta manera, es dable señalar que el artículo 166 en comento no exige mayores requisitos que la legislación de amparo en vigor para suspender el acto impugnado, puesto que la suspensión será regulada aplicando las disposiciones legales de la Ley de Amparo vigente y al prever está actualmente en un solo apartado lo relativo a la suspensión concedida a los sujetos agrarios (individuales y colectivos), se entiende que los requisitos para otorgar tal medida son los mismos. En ese sentido, si la parte quejosa está en aptitud de obtener del tribunal agrario la suspensión del acto reclamado, con las mismas condiciones que le exige la Ley de Amparo, entonces, le es obligatorio acudir, primero, al juicio de nulidad antes de acudir al juicio de amparo. Aunado a lo anterior debe señalarse que el acto reclamado derivó de la supuesta cesión de derechos entre XXXXXXX; la cual, considera el quejoso que es ilegal dado que no se respetó su derecho del tanto. En este sentido debe señalarse que dicha circunstancia no puede ser analizada en esta instancia constitucional, pues el quejoso debe impugnar dicho contrato mediante el juicio de nulidad agrario, a fin de que se determine la legalidad o no de dicho contrato. Por lo anterior, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, que se deja sin efecto alguno la hora y día fijados para la audiencia constitucional señalada para las diez horas del diez de mayo de dos mil veintitrés, así como todas las medidas y determinaciones decretadas; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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