Alberto Méndez Vallejo y Otros.

Expediente 245/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
245/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Alberto Méndez Vallejo y Otros.
  • Alberto Méndez Vallejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de veintidós de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes y consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se concedió la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo decimoctavo, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución relativa a su otorgamiento y el presente proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Asimismo, como se advierte en la certificación, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como no originales; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución a la parte quejosa, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 245/2022-V, promovido por Alberto Méndez Vallejo, Martínez, Francisco Javier Méndez Ramírez, Cinthya Guadalupe Méndez Ramírez, Alberto Méndez Ramírez, Elmo Lucas López, Columba López Juárez, Leonardo Guevara Rodríguez, Carolina Méndez López, Delfina López Arroyo, Miguel Antonio Lemus, Felicitas Félix García, Andrés García Deaquino, Donato García Pérez, Jesús Rodríguez Morales, Teresa Ángeles López y Alejandro Guevara Rodríguez, y otros, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, la Secretaria certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por Alberto Méndez Vallejo y otros, auto admisorio de dos de marzo de dos mil veintidós e informes justificados rendidos por las autoridades responsables, no así por la autoridad responsable Director y/o Titular del Instituto del Deporte de Tlaxcala, con domicilio en Tetla de la Solidaridad. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se encuentra debidamente emplazado. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómense en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y téngase por emplazado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, respecto a la omisión de la autoridad responsable Director y/o Titular del Instituto del Deporte de Tlaxcala, con domicilio en Tetla de la Solidaridad, de rendir su informe justificado solicitado el dos de marzo del año en curso, no obstante estar debidamente notificada el cuatro de marzo siguiente, como se advierte del acuse de recibo respectivo y haber remitido las constancias descritas en párrafos que anteceden; en consecuencia, se actualiza la última hipótesis prevista en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que, el acto que se le atribuye a dicha autoridad, se presume cierto. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la parte quejosa ofreció la documental consistente en comprobantes de pago ante el Ayuntamiento y la Tesorería de Tlaxcala, el oficio MTLX/DG/016/2022, dirigido al vendedor ambulante y/o semifijo del primer cuadro del municipio de Tlaxcala, así como diversos comprobantes fiscales digitales de comercio semifijo. Asimismo, en proveído de once de marzo del año en curso, se reservó proveer lo conducente respecto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa consistentes en: 1.- Inspección judicial, que debería realizarse en las instalaciones que ocupa el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Apizaco, Tlaxcala; e, 2.- Inspección Judicial a fin de inspeccionar los lugares a que se refiere en el oficio MTLX/DG/016/2022 de veintisiete de febrero de dos mil veintidós. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza; asimismo, en lo referente a la prueba ofrecida por la parte quejosa consistente en las inspecciones citadas, que habría de llevarse a cabo en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, para analizar diversas constancias que integran el juicio de amparo 106/2022-II, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, se desechan las pruebas de inspección que ofrece la parte quejosa, puesto que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto reclamado, de ahí que, su admisión y desahogo se tornaría ocioso, ya que los extremos que pretende comprobar con dichas pruebas han quedado probados ante la aceptación del acto reclamado por la señalada como responsable, de ahí que se desechen dichas pruebas; con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho; a lo que la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 245/2022-V, promovido por Alberto Méndez Vallejo, Martínez, Francisco Javier Méndez Ramírez, Cinthya Guadalupe Méndez Ramírez, Alberto Méndez Ramírez, Elmo Lucas López, Columba López Juárez, Leonardo Guevara Rodríguez, Carolina Méndez López, Delfina López Arroyo, Miguel Antonio Lemus, Felicitas Félix García, Andrés García Deaquino, Donato García Pérez, Jesús Rodríguez Morales, Teresa Ángeles López y Alejandro Guevara Rodríguez, por propio derecho, contra actos de la Gobernadora Constitucional del Estado y otros; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el uno de marzo de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Alberto Méndez Vallejo, y otros, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLE: ORDENADORAS 1.- Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala 2.- Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala. 3.- Director y/o Titular del Instituto del Deporte de Tlaxcala. 4.- Presidente Constitucional del Ayuntamiento de la Ciudad de Tlaxcala. 5.- Director de Gobernación Municipal del Ayuntamiento de la Ciudad de Tlaxcala. 6.- Tesorero Municipal del Ayuntamiento de la Ciudad de Tlaxcala. 7.- Juez Municipal del Ayuntamiento de la Ciudad de Tlaxcala. EJECUTORAS 8.- Secretario de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de la Ciudad de Tlaxcala. 9.- Titular de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Tlaxcala. 10.- Director de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: La orden de para impedir el ingreso, como el colocar puestos ambulantes y semifijos en el primer cuadro de la ciudad y con ello el impedimento que continúen realizando su actividad comercial, ello contenido en el oficio MTLX/DG/016/2022, así como la notificación de dicho oficio. La orden de despojarlos y desposeerlos de su mercancía y multarlos, en caso de no cumplir con el contenido de dicho oficio. La negativa de recibir los pagos de los quejosos respecto de los permisos, licencias y/o autorizaciones para ejercer el comercio ambulante y semifijo. Orden de detener y privar de libertad. SEGUNDO. Admisión Trámite y Audiencia Constitucional. En proveído de dos de marzo de dos mil veintidós, se ordenó radicar el asunto, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza administrativa; y, porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los Actos Reclamados. El acto reclamado por la parte promovente consiste en: La orden de para impedir el ingreso, como el colocar puestos ambulantes y semifijos en el primer cuadro de la ciudad y con ello el impedimento que continúen realizando su actividad comercial, ello contenido en el oficio MTLX/DG/016/2022, así como la notificación de dicho oficio. La orden de despojarlos y desposeerlos de su mercancía y multarlos, en caso de no cumplir con el contenido de dicho oficio. La negativa de recibir los pagos de los quejosos respecto de los permisos, licencias y/o autorizaciones para ejercer el comercio ambulante y semifijo. Orden de detener y privar de libertad. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Gobernadora Constitucional y Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala (números 1 y 2) al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, por lo que se determina que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a la citada autoridad responsable, aunado a que la quejosa no aportó prueba que desvirtuara dicha negativa; máxime que de las constancias que obran en el sumario, no se advierte que la autoridad responsable en mención, haya emitido o intervenido en el acto reclamado. A lo anterior sirve de apoyo, por identidad jurídica substancial, la jurisprudencia VI.2o.J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, página 627, Materias(s): Común, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Así también es aplicable, por las razones que informa, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 903, Materias(s): Común de rubro siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." Por tanto, respecto de la mencionada autoridad responsable, al resultar inexistente el acto que se le atribuyó, lo procedente es sobreseer en el juicio, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción IV5, de la Ley de Amparo. Asimismo, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la negativa de recibir los pagos de los quejosos respecto de los permisos, licencias y/o autorizaciones para ejercer el comercio ambulante y semifijo y la orden de detener y privarlos de libertad, las autoridades responsables negaron la existencia de dichos actos de ahí que deba sobreseerse en el presente juicio por cuanto hace a dichos actos por inexistencia. En específico por cuanto hace al primer acto precisado con anterioridad, el tesorero municipal negó la existencia al manifestar que los ahora quejosos en ningún momento han acudido a realizar su pago, y expuso que al momento de acudir serían sujetos a revisión de que cumplan con los requisitos establecidos en los ordenamientos locales y hecho ello podrían realizar su pago. En esa línea por cuanto hace al segundo acto reclamado precisado con anterioridad y consistente en orden de detener y privarlos de libertad, las señaladas como responsables negaron de igual forma la existencia de dicho acto. Sin que las partes quejosas hubieran desvirtuado dichas negativas o que con las pruebas aportadas hubiera quedado desvirtuada las mismas, de ahí que por dichos actos reclamados también deba sobreseerse en el presente asunto por ser inexistentes los mismo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Presidente Constitucional del Ayuntamiento de Tlaxcala al rendir su informe justificado manifestó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con el oficio MTLX/DG/016/2022, que en original anexara a su demanda la parte quejosa el cual cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La diversa autoridad responsable Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama, sin embargo al revestirle el carácter de autoridad ejecutora, y al haber aceptado la ordenador a la existencia del acto que se le reclama, se tiene por cierto el acto a ella reclamado y queda desvirtuada su negativa. Por su parte, el Titular de la Comisión Estatal de Seguridad de Tlaxcala, omitió rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificados, como se advierte del acuse de recibo de notificación; en consecuencia, se actualiza la última hipótesis prevista en el artículo 142 de la Ley de Amparo, por lo que, el acto que se les atribuye a dichas autoridades, se presume cierto. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Esta Juzgadora Federal, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo la cual establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, de ahí que deba sobreseerse en el presente juicio. Se explica: la figura del interés jurídico consiste en el derecho que asiste a los particulares para reclamar cualquier acto de autoridad perpetrado en su contra y que repudien violatorio de derechos humanos. Es decir, en defensa a un derecho subjetivo que protege alguna norma legal y que se ve afectado por determinado acto de autoridad jurisdiccional, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses. Esto es, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que, el sujeto que posee esta titularidad, puede ocurrir al juicio de amparo a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio, pero no otra persona. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 1ª./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación visible en la página 225, del Tomo XXVII, Enero de 2008, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De ahí que todo aquel que acude ante el órgano jurisdiccional de control constitucional aduciendo trasgresión de derechos fundamentales por parte de una autoridad tiene la carga de la demostración plena de su interés jurídico, que no es otra cosa que el acreditamiento de la titularidad de los derechos sustantivos que dice se transgredieron y la afectación que resiente en ellos con el acto de autoridad que se reclama. Dicho interés que es necesario para acudir al juicio constitucional entraña la existencia de dos elementos, a saber: a) Un derecho subjetivo y, b) Una afectación al mismo por un acto de autoridad. Así, se considera que en el caso, la parte quejosa debe acreditar su interés jurídico, al acudir en defensa de un local comercial que dice poseer. Por lo cual, a efecto de dilucidar si quien pide amparo es titular del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica, que es afectado por el acto reclamado y, por tanto, tiene interés jurídico para impugnarlo, es necesario analizar las pruebas aportadas en el sumario. En ese sentido, la parte quejosa acude al presente juicio reclamando la orden para impedir el ingreso, como el colocar puestos ambulantes y semifijos en el primer cuadro de la ciudad y con ello el impedimento que continúen realizando su actividad comercial, ello contenido en el oficio MTLX/DG/016/2022, así como la notificación de dicho oficio, la orden de despojarlos y desposeerlos de su mercancía y multarlos, en caso de no cumplir con el contenido de dicho oficio. Y a fin de acreditar el derecho sobre el bien que protege, así como su interés para instar el juicio, allegó como pruebas de su parte las siguientes documentales: Copias simples de los pagos de derechos, expedidos por la Tesorería Municipal de Tlaxcala y/o Municipio de Tlaxcala, a nombre de Alberto Méndez Vallejo, del año dos mil seis; Rocío Ramírez Martínez, del año dos mil veintiuno; Francisco Javier Méndez Ramírez, del año dos mil veintiuno; Cinthya Guadalupe Méndez Ramírez, año dos mil veintiuno; Alberto Méndez Ramírez, año dos mil veintiuno; Elmo Lucas López, de dos mil veintiuno; Columba López Juárez de dos mil veintiuno; Leonardo Guevara Rodríguez, de dos mil veintiuno; Carolina Méndez López en el dos mil catorce y dos mil veintiuno; Delfina López Arroyo, año dos mil seis y dos mil veintiuno; Miguel Antonio Lemus, año dos mil catorce y dos mil veintiuno; Felicitas Félix García, año dos mil veintiuno; Andrés García Deaquino año dos mil once y dos mil veintiuno; Donato García Pérez año dos mil once y dos mil veintiuno; Jesús Rodríguez Morales año dos mil nueve y dos mil veintiuno; Teresa Ángeles López año dos mil catorce y dos mil veintiuno; Alejandro Guevara Rodríguez, año dos mil dieciséis, dos mil dieciocho y dos mil veintiuno, A las cuales se les otorga valor probatorio indiciario, en términos de los artículos 197 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo; en razón que los recibos no cuentan con mayores elementos para catalogarlos como públicos. Sin embargo los mismos son insuficientes para demostrar el derecho que le asiste a la quejosa para ocupar el espacio comercial que dice poseer y, por ende, acudir a su defensa en este biistancial. En virtud que los comprobantes de cooperación destacados, únicamente avalan la aportación económica que se efectuaron, con relación a la venta de comercio semi fijo en el centro de la ciudad de Tlaxcala; sin que de ellos se demuestre que es la poseedora del comercio que defiende. Como tampoco demuestra su interés el oficio MTLX/DG/016/2022, aunque de el se deriva la prohibición del comercio semifijo y ambulante con estancia permanente en las la zona centro o primer cuadro de la ciudad, a saber La Plaza de Toros, Plaza Xicohténcatl y Plaza de la Constitución. Debido a que de dicho oficio no se deriva el permiso y/o derecho que tiene la quejosa sobre el espacio comercial del que demanda protección, ni que, por tanto, las responsables emitieran orden de retiro, desinstalación, desalojo, despojo o desposesión del presunto espacio comercial que ocupan, o bien, que esa indicación se dirija a ellos (actos destacados en este asunto); por tanto, no es idónea para demostrar el fin que se pretende. Lo cual, se robustece con el hecho que la responsable Presidente Constitucional del Ayuntamiento de Tlaxcala, indicó que los ahora quejosos no cuentan con permiso vigente, que le dé derecho a ejercer el comercio ambulante y semifijo. De ahí, que si las documentales referidas y las constancias que obran en autos, son insuficientes para acreditar el derecho con el que la quejosa se ostenta en este biistancial, no es posible tener por acreditado su interés jurídico, para promoverlo. Por lo que, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo procedente es SOBRESEER EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Dicho sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución, lo anterior, puesto que no se combaten dichos actos vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto que reclamó a la autoridad ordenadora. Entonces, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito, y al sobreseer el presente juicio de amparo; este Juzgado Federal se encuentra impedido para emprender el estudio de los conceptos de violación argumentados por la peticionaria de amparo, tendentes a combatir las cuestiones de fondo, de conformidad con la jurisprudencia sin número, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, volumen 24, tercera parte, Séptima Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y contenido son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de la presente sentencia, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73 y 74 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E LV E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alberto Méndez Vallejo, Martínez, Francisco Javier Méndez Ramírez, Cinthya Guadalupe Méndez Ramírez, Alberto Méndez Ramírez, Elmo Lucas López, Columba López Juárez, Leonardo Guevara Rodríguez, Carolina Méndez López, Delfina López Arroyo, Miguel Antonio Lemus, Felicitas Félix García, Andrés García Deaquino, Donato García Pérez, Jesús Rodríguez Morales, Teresa Ángeles López y Alejandro Guevara Rodríguez, por propio derecho, contra los actos de las autoridades responsables indicadas en el resultando primero, por las consideraciones precisadas en el considerando cuarto y quinto del presente fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante el Licenciado Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a ocho de abril de dos mil veintidós. Agréguense los oficios signados por el Director de Gobernación del Municipio de Tlaxcala y por el Presidente Municipal de Tlaxcala, por medio de los cuales, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintiocho de marzo del año en curso, informan que la orden dada en el oficio MTLX/DG/016/2022, a la fecha subsiste, situación de la que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurre el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se imponga del contenido de los informes justificados rendidos por el Presidente Municipal del Municipio de Tlaxcala; Tesorera del Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala; Juez Municipal del Municipio de Tlaxcala; Director de Gobernación del Municipio de Tlaxcala y Director de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del Municipio de Tlaxcala; toda vez que los mismos se tuvieron por rendido en proveído de treinta de marzo del año en curso. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

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