Alberto Mellano Gutierrez
Expediente 362/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 362/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/06/2019
Partes del expediente
- Alberto Mellano Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
. Visto el estado de autos, y toda vez que quedó firme el proveído de treinta de mayo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido; por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, de conformidad con el considerando vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del citado Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al término de seis meses, conforme con el diverso vigésimo, fracción III, del acuerdo general de que se trata.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, declárese que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Constancias o actuaciones. Hágase la devolución del disco versátil digital, que la autoridad señalada como responsable anexó a su respectivo informe justificado. Acuse. Se solicita el acuse de recibo correspondiente. Documentos originales. No existen. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, en términos del numeral vigésimo primero del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del Acuerdo General 1/2009, pronunciado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Anotaciones y archivo. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo.
- Principal
EN ATENCION AL AUTO DE NUEVE DE MAYO DEL ACTUAL AÑO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO********* EL SIGUIENTE AUTO QUE REZA: Mexicali, Baja California, a treinta de mayo de dos mil diecinueve. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Jueza Oral Penal del Distrito Judicial Número Cuatro del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en San Luis Río Colorado, Sonora y anexos, para que surta los efectos legales a que haya lugar. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, téngase por presentadas las probanzas que adjuntó la autoridad oficiante. Disco versátil digital. Respecto del anexo que la autoridad responsable remite, consistente en un disco óptico, guárdese para su seguridad en el lugar destinado para ello en este Juzgado. Domicilio. No señaló. Delegados. No designó. Sin que en el presente contradictorio federal sea necesario dar vista a las partes con el informe y las probanzas que la autoridad oficiante adjuntó a su oficio, por las siguientes consideraciones: Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis de la demanda de amparo y las constancias que integran el presente contradictorio federal revelan que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; precepto legal que establece: Dicho precepto legal dispone literalmente lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. [...]" Así pues, la lectura de tal precepto legal obliga a considerar improcedente el juicio de amparo, cuando en un procedimiento judicial o en alguno administrativo seguido en forma de juicio, se actualiza un cambio de situación jurídica respecto de la parte quejosa, por virtud del cual deban estimarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento relativo. En relación con la causa de improcedencia de que se trata, cabe acotar que el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad se llama situación jurídica. Desde luego, la libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: i. La detención realizada por una autoridad no jurisdiccional. ii. La detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de la causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica. iii. La prisión preventiva que se comienza con la vinculación al proceso. iv. La sentencia de primera instancia y, en su caso, la de segunda instancia. v. La que abarca la fase de ejecución de la pena relativa. Sin duda, cada situación jurídica excluye a la que antecede, motivo por el cual cuando por actos posteriores cambia la situación jurídica del quejoso, deben estimarse consumadas irreparablemente las violaciones atacadas, pues no podría decidirse sin afectar a la nueva situación jurídica creada. Con lo anterior se tiene que el cambio de situación jurídica debe entenderse como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los que es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente y, aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos que, por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de manera que pueden subsistir con independencia de que los previos sean ilegales, por lo que estos actos con autonomía cambian la situación jurídica ya existente y, como consecuencia, acarrean la propia irreparabilidad jurídica, en su caso, de los vicios constitucionales que se hayan realizado en el procedimiento de que se trate. Por tanto, para que se surta la causa de improcedencia de que se trata, es necesario que se demuestre no sólo que se está en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento y que al promoverse la vía constitucional la parte impetrante se halla en un estado jurídico determinado, sino también que después de admitida la demanda sobrevino otro acto en el procedimiento, así como que entre el acto reclamado y el nuevo acto no existe una relación de causalidad tal, que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y que, al producirse el nuevo acto, se agotaron los efectos del acto inicialmente atacado, creándose frente a la parte quejosa una nueva situación jurídica que no derivó de este último. En el caso, los actos reclamados por el quejoso los hace consistir en: La orden de aprehensión y/o arresto girada en contra del aquí quejoso; y, Su ejecución Sin embargo, del informe justificado, agregado el día de fecha, la jueza responsable informó que en trece de mayo de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de formulación de imputación dentro de la causa penal 126/2019, instruida en contra de Alberto Mellado Gutiérrez, por su posible participación en el hecho que la Ley señala como delito de Abusos deshonestos reiterados. De igual forma, hizo del conocimiento que en la misma audiencia se vinculó a proceso al hoy quejoso por el delito Abusos deshonestos reiterados, previsto y sancionado por los artículos 213 párrafo segundo y cuarto, del Código Penal para el Estado de Sonora; e imponiéndole las medidas cautelares establecidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en sus fracciones I, II, V y VIII. En razón a lo anterior, en la especie, operó un cambio de situación jurídica respecto del solicitante del amparo, en virtud del cual deben considerarse consumadas las violaciones que, en su caso, se hubieren cometido en la investigación y en la orden aprehensión, arresto o presentación dictada en su contra. Lo anterior es así, pues, además de que las etapas procedimentales son de naturaleza jurídica diferente, y se rigen por normas procesales también distintas, debe tenerse en cuenta que son producto de actuaciones de naturaleza diversa, por lo cual, sin duda, los efectos de las normas aplicables en estas etapas procedimentales también son diferentes. Desde luego, no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente el derivado de las diferentes fases en las que se divide el procedimiento penal, lo cual obedece a la figura procesal llamada preclusión, la que regula la pérdida de un derecho adjetivo por el transcurso del tiempo, más la realización de una posterior actuación judicial, en virtud de que el cambio de situación jurídica se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Efectivamente, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que se hubieran ocasionado en los actos que por esta vía se reclamó, pero hay un impedimento jurídico para ello, en razón de que el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio de amparo, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio y, que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia de los actos que se reclamaron en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conceder el amparo invalidándose, como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida, ni resuelta conforme a derecho. Al respecto, es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 2, registro 2002240, página 1287, de rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". Además, sirve de apoyo a la anterior consideración, la la tesis de jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Marzo de 2009, página 2687, registro 167786, de rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE DICTÓ DICHO AUTO INDEPENDIENTEMENTE DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE LA LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso", sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, tal acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el indiciado, dado el cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En ese sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo." En las relatadas circunstancias, queda evidenciado el motivo de improcedencia en comento, previsto en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto procede sobreseer en el presente juicio constitucional, de conformidad con la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado a la autoridad señalada como ejecutora, toda vez que su acto no fue combatido por vicios propios. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia de la Novena Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, materia común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Junio de 1995, página 267, virtud que no se opone a la presente Ley de Amparo, por lo que continúa su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la ley de la materia, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del seis de junio de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente.
- Incidental
Mexicali, Baja California, a diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos el telegrama de cuenta únicamente para efectos de control; toda vez que, con fecha dieciséis de mayo del año en curso tuvo lugar la audiencia incidental respecto de la autoridad oficiante. Notifíquese.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali · 7,690 expedientes
- Alberto Eliseo Montenegro Orreaga1243/2022
- Alberto Lozada Lovio574/2023
- Alberto Lozada Lovio1949/2022
- Alberto Luis Espinoza Torres272/2023
- Alberto Manuel Martínez López523/2023
- Alberto Manuel Martínez López1826/2022
- Alberto Ocampo Torres537/2022
- Alberto Ochoa Navarro321/2020
- Alberto Perez Casillas468/2019
- Alberto Ramirez Nuñez774/2019
- Alberto Roque García168/2021
- Alberto Roque Garcia1031/2021