Alberto Mejía Escobar
Expediente 811/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 2 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 811/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 02/09/2021
Partes del expediente
- Alberto Mejía Escobar
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción Toluca, Lic. Lorena Mondragón Cuellar; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 811/2021-VI. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado: El oficio: 213170002-857-2021 de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, emitido por la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Toluca, Estado de México, en la carpeta de investigación con número NUC:TOL/CCF/SPO/107/008489/21/01. Ahora bien, respecto de dicho acto, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, pues este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en concordancia al diverso 6°, párrafo primero, de la legislación en cita y 107, fracción I, de la Constitución Federal. Para corroborar el anterior aserto, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 6° de la Ley de Amparo, que en la parte conducente establece: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del precepto legal transcrito se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido y normas generales), que se sigue siempre a instancia de parte agraviada; es decir, el juicio constitucional puede promoverlo, únicamente, la parte a quien afecte el acto o la norma general reclamados. Por otra parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." La interpretación del precepto constitucional invocado permite establecer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, así como que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; por tanto, el requisito de procedencia del amparo consiste en que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y que ese interés se vea agraviado. En relación con lo anterior, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De la transcripción precedente se obtiene que para la procedencia del juicio amparo es requisito indispensable que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y ese interés se vea afectado. En el caso particular, sólo se analizará el interés jurídico, pues al presentar la demanda de amparo, la parte quejosa no alegó la titularidad de un interés legítimo para accionar la vía constitucional. En ese sentido, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general cuando demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, que el acto de autoridad afecta ese derecho; precisándose que tal afectación se materializa cuando se impone una obligación que antes no se tenía o si se elimina o restringe el derecho subjetivo de referencia. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. Sobre el particular, se cita por su aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, página 225, registro 170500, del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Contrario a lo anterior, es que la afectación a dicho interés jurídico debe comprobarse de manera fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción. Cobra aplicación la jurisprudencia 321, de la Segunda Sala del más alto Tribunal de la Nación, publicada en la página 216, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." De ahí la insuficiencia del gobernado al combatir actos reclamados respecto de los cuales manifiesta de manera dogmática su inconstitucionalidad, sin acreditar que aquéllos hayan causado una afectación en alguno de los derechos subjetivos de los cuales aduce ser titular, pues se encuentra obligado a demostrar, a través de los medios de convicción regulados en la legislación, que la lesión actual y directa que manifiesta resentir. En el caso, se reitera que la parte quejosa hace depender la afectación real y actual sufrida en su esfera jurídica, en lo siguiente: El oficio: 213170002-857-2021 de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, emitido por la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Toluca, Estado de México, en la carpeta de investigación con número NUC:TOL/CCF/SPO/107/008489/21/01. En ese tenor, el acto que se reclama no conlleva una afectación a derechos sustantivos de la parte quejosa, dado que esos actos son derivados de una facultad discrecional concedida al Ministerio Público como autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público, y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con el objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o no de un hecho que la ley señala como delito. No es obstáculo que en el oficio de mérito se hubiera apercibido a la parte promovente en el sentido que, de no remitirlo se haría efectivo en su contra el medio de apremio establecido por el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado aporte o no la información requerida, relativa a la obra pública derivada del contrato PJ-LP-04-2011 y convenio único PJ-LP-04-2011/CU. Aunado a que previo a emitir actos de molestia al quejoso, la representación social debe atender a la voluntad del legislador y primero hacer efectiva la multa, en caso de renuencia, auxiliarse de la fuerza pública, y si continúa el citado negándose a dar cumplimiento a lo ordenado, podrá determinar un arresto hasta por treinta y seis horas. Por lo que, el apercibimiento hecho en el oficio reclamado, no produce una afectación, actual, real y directa a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Ante este panorama, por el momento, no existe un acto tendente de manera inmediata que por ello lesione al quejoso sus derechos humanos y prerrogativas que para su protección establece la norma fundamental, ya que será hasta que exista renuncia de su parte para atender el requerimiento de la autoridad ministerial cuando se ordenará hacer efectivas las medidas de apremio momento en el cual, de forma real y efectiva se afectará su esfera jurídica, pues en la actualidad la información solicitada por la autoridad ministerial no es motivo para que su esfera jurídica se vea afectada, pues con tal requerimiento la responsable únicamente busca demostrar la verdad detrás de probables hechos delictuosos. Por lo cual, considerar que el oficio por el que se le solicita al quejoso remita información a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Toluca, Estado de México, transgrede derechos humanos, resulta improcedente, pues lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto. En ese tenor, el acto que se reclama no conlleva a una afectación a derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que sólo está encaminado a aportar información en una carpeta de investigación, situación que por sí no causa un daño o perjuicio en su esfera jurídica. Por ende, no basta la afirmación de la parte quejosa en el sentido de que el acto reclamado afecta sus derechos, sino que se debe demostrar la lesión que los actos emitidos por las responsables causan un detrimento en su esfera jurídica. Atento a lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo promovida por Alberto Mejía Escobar, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción Toluca, Lic. Lorena Mondragón Cuellar. Ahora, en virtud de que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se encontró registró de los usuarios "CARLOS_GABRIEL_VILLASANA, ALFONSO_COLIN, MIGUEL_ANGEL_COLIN y JorgeQuezadaAlvarez"; por lo tanto, se autoriza la consulta del expediente electrónico y con apoyo en el numeral 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones que deriven del presente asunto vía electrónica, en virtud de que así fue solicitado. Se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ** por contar con el registro electrónico de su cédula profesional; y en términos del artículo 24 de la referida ley, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las restantes personas que cita, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgado de Distrito mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.
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