Alberto Mejia Degollado

Expediente 665/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
665/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
13/06/2019

Partes del expediente

  • Alberto Mejia Degollado

Actuaciones

  1. Principal

    III) Toluca, Estado de México; trece de junio de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto adquirió firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    III Toluca, Estado de México; treinta de mayo de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibida demanda de amparo promovida Alberto Mejía Degollado, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 665/2019-III. Precisión del acto reclamado. Del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución interlocutoria de siete de mayo de dos mil diecinueve que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por Alberto Mejía Degollado, contra los acuerdos de diez y doce de abril del año en curso dictados en el juicio ejecutivo mercantil 469/2018 del índice del Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México. Tal precisión se realiza en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Desechamiento. Expuesto lo anterior, de conformidad con el artículo 62 de la vigente Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, además de que de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, procederá desecharse de plano la demanda de amparo. Al caso es aplicable la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación, mayo 1991, Tomo VII Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En tales condiciones, este juzgado federal estima procedente desechar de plano la demanda por su manifiesta e indudable improcedencia, pues en el caso se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, en razón de las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (.) A su vez, el numeral 107, fracción IV, del ordenamiento legal en cita, dispone: "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)." En principio, es de puntualizar que la fracción XXIII del artículo 61 de la legislación en cita establece la posibilidad de actualización de alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal que éste apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, las cuales pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica, de la Jurisprudencia o algún otro ordenamiento legal. Esto es, implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, pues existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, como la derivada de los criterios jurisprudenciales. Por otra parte, la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia, establece como presupuesto de procedencia en la vía indirecta, que al impugnarse actos dictados en ejecución de una sentencia, éstos deben tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, de manera que no cualquier auto o resolución pronunciados en esta etapa sea reclamable en juicio constitucional. Así, el juicio biinstancial procede únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, es decir, aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente de origen. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 32/2001 consultable en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En esa tesitura, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal y pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, la intención del legislador es impedir que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante promoción de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. De tal manera, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan, al impugnar la última resolución dictada, pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se hubieren cometido en la sentencia en que se desapruebe o apruebe, lo que aún no acontece. Luego, el acto reclamado en el presente asunto forma parte del cumplimiento del procedimiento de ejecución decretado en el expediente de origen, por lo que permite concluir que no es el último acto dictado en el procedimiento respectivo, de acuerdo con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que por última resolución se entiende la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente de origen, y con las formalidades esenciales del procedimiento. En efecto, el acto tildado de inconstitucional no le reviste la característica de ser la última actuación dentro de ese procedimiento (ejecución), pues se encuentra dentro de la fase de ejecución de sentencia, y no tiende directamente a obtener su cumplimiento, sino que únicamente tiende a prepararlo; por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones que le hayan dejado sin defensa durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Es así, pues a pesar de que se trata de una resolución incidental que resuelve sobre si es procedente o no el recurso de revocación, ésta no puede ser considerada independiente o autónoma a todos los actos procesales que engloba el procedimiento de ejecución, ya que no es definitivo ni el último, e incluso puede darse el caso de que obtenga una resultado favorable en la última determinación de esa etapa, y en caso contrario podrá hacer valer tal acto como una violación procesal susceptible de ser atacada por el medio legal a su alcance, pero se itera, será hasta que sea dictada la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Corolario a lo expuesto, la razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio contenida en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; por ello, también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución, y como ya se dijo, no se trata de un incidente que se tramite de forma independiente a la etapa de ejecución de sentencia, pues los actos que reclama el quejoso están vinculados al cumplimiento de la misma, y podría reclamar como una violación procesal al dictarse la determinación que en su caso, tenga por cumplida dicha resolución. Aunado, la procedencia o improcedencia del amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Lo anterior expuesto se sustenta en la jurisprudencia por contradicción 28/2010, consultable en la página 60 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s) Civil, Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Y por analogía, la diversa jurisprudencia IX.1o.J.11, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, Agosto de 1993, visible en la página 85, que al tenor literal establece: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, cuando se trate de actos dictados en período de ejecución de sentencia, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que la resolución reclamada se la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, sin que pueda tener ese carácter el auto mediante el cual se requiere al demandado para que cumpla voluntariamente con la condena y se le apercibe que con que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución forzosa del fallo condenatorio." Además de lo expuesto, debe decirse que la promovente tiene el carácter de demandado en el juicio natural, y pudiera considerarse que se está en el caso en el que la parte demandada con la admisión de la demanda de amparo pudiera impedir directamente el cumplimiento a lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva en la sentencia dictada en el juicio natural. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Alberto Mejía Degollado, contra actos del Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México. Domicilio para oír y recibir notificaciones. En términos de los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado en el escrito de demanda. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Alejandro Vásquez Libién, Jorge Alejandro Vásquez Caicedo y Clara Abigail Reyes Evangelista, por contar cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las personas restantes en términos restringidos, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a la parte quejosa para que exprese su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibido que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorga su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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