Alberto Martínez Hernández
Expediente 1453/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1453/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 04/01/2019
Partes del expediente
- Alberto Martínez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de once de septiembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del presente juicio de amparo y modificada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: ".emita la resolución interlocutoria en el incidente de liquidación de laudo planteado por el quejoso Alberto Martínez Hernández, dentro de los autos del expediente laboral 737/2003, de su índice". Asimismo, mediante oficio recibido el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por auto de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con tales documentos, mismo que se les notificó el veinticuatro del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Del examen de las documentales exhibidas por la Titular de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se le requirió remitió copias certificadas de la resolución relativa al incidente de liquidación de laudo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 737/2003 y acumulado 692/2004. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada de la resolución relativa al incidente de liquidación de laudo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 737/2003 y acumulado 692/2004. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, visto su contenido, como lo solicita se le concede el término de diez días contados a partir de que quede legalmente notificado del presente auto, para que este en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo; haciéndole saber que subsiste el apercibimiento decretado en el auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, mediante el cual acompaña el cuaderno original del juicio de amparo 1453/2018, así como el testimonio de la ejecutoria pronunciada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho en el toca de revisión 168/2018; el cual fue resuelto en los siguientes términos: "PRIMERO. Se modifica la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege, por vicios de fondo, a Alberto Martínez Hernández, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad del mismo, para los efectos precisados en el considerando penúltimo de esta ejecutoria". Por lo anterior, glósese a los autos, únicamente, las constancias originales del expedientillo que se formó con motivo de la interposición del citado recurso de revisión, ello a fin de evitar duplicidad de constancias; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y acúsese el recibo correspondiente a la superioridad. Por otro lado, en virtud de que la superioridad modificó la sentencia recurrida, y por consiguiente concedió el amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la JUNTA ESPECIAL TREINTA Y TRES DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE PUEBLA, para que dentro del plazo de tres días de cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en el considerando penúltimo la ejecutoria de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho [se remite copia autorizada de la ejecutoria de mérito]. Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 [ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
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