Alberto Marcelo Chamu
Expediente 1335/2016 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1335/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alberto Marcelo Chamu
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
VISTO; GLÓSESE EL CUADERNILLO INDICAD.
- Principal
VISTO LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA Y COMO NINGUNA DE LAS PARTES INTERPUSO RECURSO ALGUNO EN CONTRA DE LA SENTENCIA; EN CONSECUENCIA, SE DECLARA QUE ESTA CAUSA EJECUTORIA. ARCHÍVESE ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO. POR OTRA PARTE, DE CONFORMIDFAD CON EL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2009 INDICADO, SE HACE CONSTAR QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.
- Principal
SENTENCIA: PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE CIUDAD DE MÉXICO, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1335/2016-V, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por oficio recibido el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitió la demanda de amparo de ********************, donde solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS QUE SE LES RECLAMA EN LA DEMANDA DE AMPARO. La demanda de amparo se promovió contra los actos y autoridades que se señalan a continuación: III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio [.] Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, Área de Recursos Humanos, con domicilio [.] IV. ACTO RECLAMADO.- Violación al derecho de petición, consistente en no emitir, ni notificar personalmente respuesta alguna a mis escritos petitorios ambos de fechas 29 de junio del 2016, respectivamente. TERCERO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, expuso los conceptos de violación que estimó pertinente, señaló como derecho fundamental violado, el contenido del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó que no existe tercero interesado. CUARTO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El diecisiete de agosto de dos mil dieciséis (foja 17), el Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y la remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Por cuestión de turno correspondió conocer del asunto a este Juzgado, quien determinó el veintidós de agosto de dos mil dieciséis (foja 20), rechazar la competencia planteada. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis (foja 33), el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, insistió en declinar la competencia, por lo remitió el expediente a conflicto competencial. El veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis (foja 49), el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México, determinó que este juzgado es el competente para conocer del asunto. Por tanto, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó informes justificados a las autoridades responsables, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. El veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis (foja 111), la parte quejosa presentó escrito de ampliación de la demanda de amparo, donde señaló como actos reclamados y autoridades responsables a: III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Jefe del Área de Recursos Humanos de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio [.] IV. ACTO RECLAMADO.- de acuerdo a sus requerimientos y prevenciones señalo: Oficio sin número de fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis: VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, consistente en no dar respuesta a mis escritos petitorios ambos de mes de junio del 2016, de manera concreta completa y correcta respectivamente. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que tengo interés en señalar como acto reclamado; La notificación personal de treinta de agosto y dieciocho de octubre del 2016, respecto al oficio sin número de veintidós de julio del 2016, en atención a que no han dado respuesta a la solicitud descrita en el escrito inicial de demanda de amparo autoridad señalada en líneas anteriores. Entonces, por auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis (foja 115), este juzgado admitió el escrito de ampliación de la demanda, requirió los informes justificados, dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, quien no formuló pedimento, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hizo saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente juicio, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto, lo que conlleva a que se publique con las reservas fijadas en el Reglamento. SÉPTIMO. INFORMES JUSTIFICADOS. El Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Director General de Educación Tecnológica Industrial, ambos de la Secretaría de Educación Pública (foja 67 a 68 y 74 a 75), rindieron sus informes justificados, mismos que en los autos de siete de noviembre de dos mil dieciséis (foja 72) y nueve de noviembre de dos mil dieciséis (foja 86), se tuvieron por rendidos y se ordenó dar vista con éstos a las partes, lo que será materia de análisis en los considerandos correspondientes. OCTAVO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido el juicio en sus demás etapas procesales en -ocho de febrero de dos mil diecisiete -, se celebró la audiencia constitucional respectiva al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente por razón de territorio, vía y materia para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que la parte quejosa reclama la omisión de resolver su petición. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en el presente juicio de amparo, deducida del análisis integral de las constancias de autos y en especial del escrito inicial de demanda de amparo, escrito de ampliación, informes justificados y de las constancias aportadas por las partes. Sirve de apoyo a este razonamiento el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, misma que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Atento a lo anterior, del contenido integral de los autos se advierte que los actos reclamados de la parte quejosa consisten en: Al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, le reclama la omisión de resolver las peticiones de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, presentadas el seis y el siete de julio de dos mil dieciséis. Al Director General de Educación Tecnológica Industrial de la Secretaría de Educación Pública, le imputa la omisión de resolver las peticiones de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, presentadas el seis y el siete de julio de dos mil dieciséis. Al Jefe del Área de Recursos Humanos de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de la Secretaría de Educación Pública, le atribuye la emisión del oficio de veintidós de julio de dos mil dieciséis y la notificación de treinta de agosto y dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS. No es cierto el acto reclamado al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, consistente en la omisión de resolver la petición de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, presentada el seis de julio de dos mil dieciséis, porque así lo manifestó en su informe justificado (foja 67). Además, en la foja 13 de autos obra la petición del quejoso donde se advierte que se encuentra dirigida al Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, por tanto, no la presentó ante el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Tampoco son ciertos los actos reclamados al Director General de Educación Tecnológica Industrial de la Secretaría de Educación Pública, consistente en la omisión de resolver las peticiones de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, presentadas el seis y siete de julio de dos mil dieciséis, porque así lo manifestó en su informe justificado (foja 74). Lo anterior, porque de las peticiones que obran de la foja 10 a 15 de autos, se desprende que el escrito de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, presentado el siete de julio de ese año, se encuentra dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, mientras que el escrito de seis de julio de dos mil dieciséis, está destinado al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, por lo que no se trata de la misma autoridad. Motivo por el cual, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, ante la inexistencia de actos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Es cierto el acto reclamado al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, consistente en la omisión de resolver la petición de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, presentada el siete de julio de dos mil dieciséis. Lo anterior, aunque negó el acto reclamado (foja 67), argumentado que la Subdirectora de Procesos Administrativos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública dio respuesta por oficio ********************, de ocho de julio de dos mil dieciséis, el cual fue notificado al quejoso en el domicilio señalado para tal efecto mediante servicio postal mexicano, pues a la fecha de presentación de la demanda, no había emitido alguna respuesta, de ahí la existencia del acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 12, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10 del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. También son ciertos los actos reclamados al Jefe del Área de Recursos Humanos de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de la Secretaría de Educación Pública, consistentes en la emisión del oficio de veintidós de julio de dos mil dieciséis y su notificación, pues fue omiso en rendir su informe justificado, a pesar de estar emplazado (foja 118). QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DE OFICIO. Este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con la omisión de resolver la petición de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, presentada el siete de julio de dos mil dieciséis, atribuida al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública. Habida cuenta, que la Subdirectora de Procesos Administrativos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública dio respuesta por oficio ********************, de ocho de julio de dos mil dieciséis, por lo que cesaron los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta importante tener en consideración la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Del artículo transcrito se conoce que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, a saber, cuando se destruyen todos sus efectos de forma total e incondicional, que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y no se hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Es aplicable, por no contraponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 205/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, página 605, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Ahora, el acto reclamado consiste en la omisión de resolver la petición de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, presentada el siete de julio de dos mil dieciséis, atribuida al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública. Petición que fue contestada por conducto de la Subdirectora de Procesos Administrativos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, por oficio ********************, de ocho de julio de dos mil dieciséis. Por tanto, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. En consecuencia, se sobresee en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No es óbice que la petición fue contestada por diversa autoridad a la que fue dirigida, dado que la autoridad que emitió respuesta pertenece a la misma dependencia y se encuentra subordinada a la misma. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 6/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Junio de 2000, página 50, que dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CARTA MAGNA. Si la protección federal se otorgó por violación a la garantía de petición consagrada en el artículo 8o. constitucional, para que las autoridades responsables dieran contestación congruente por escrito y en breve término a la solicitud formulada por el quejoso, tal exigencia se cumple cuando una de las autoridades responsables, director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, subordinada a otra autoridad responsable, oficial mayor de la misma dependencia, da contestación a la solicitud por instrucciones de éste, aunque esta última autoridad no haya dado contestación, en tanto que se trata de autoridades de una misma dependencia y fundamentalmente lo que pretende la garantía constitucional invocada es la exigencia de dar contestación a la petición, toda vez que el precepto constitucional únicamente establece que el derecho de petición se cumpla en los términos antes especificados, por lo que la autoridad, independientemente de su cargo o jerarquía, tiene la obligación de contestar al peticionario y no dejarlo sin acuerdo alguno." Sin que este juzgador se encuentra en posibilidad de analizar el oficio ********************, de ocho de julio de dos mil dieciséis, pues la parte quejosa no amplió la demanda de amparo, a pesar del requerimiento efectuado en auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis (foja 72). Como las partes no plantearon la actualización de alguna causa de improcedencia, ni este juzgador advierte la hipótesis de otra, se procede al estudio de fondo del asunto. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. En este considerando se examinará la constitucionalidad de la emisión del oficio de veintidós de julio de dos mil dieciséis y su notificación, atribuidos al Jefe del Área de Recursos Humanos de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de la Secretaría de Educación Pública. En el único concepto de violación del escrito de ampliación de la demanda, el quejoso manifiesta que le causa agravio personal y directo el comportamiento de la responsable, por no haberle notificado alguna respuesta de sus escritos de petición, violando el derecho de petición contenido en el artículo 8º constitucional. Manifiesta el quejoso que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, obligación que la responsable no ha respetado. Agrega el quejoso que la responsable se ha negado a emitir una respuesta y notificársela, para que en caso de estar en desacuerdo pueda defenderse conforme a derecho en la vía correspondiente, entorpeciendo sus derechos y garantías constitucionales. Dice el quejoso, que solicita el amparo, para que la autoridad responsable emita un acuerdo debidamente fundado y motivado, y se lo notifique. Son inoperantes los conceptos de violación, pues se dirigen a combatir la falta de respuesta a la petición del quejoso, en lugar de controvertir la emisión del oficio de veintidós de julio de dos mil dieciséis y su notificación, atribuidos al Jefe del Área de Recursos Humanos de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de la Secretaría de Educación Pública. Resulta aplicable, la jurisprudencia 4, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Informe 1975, Parte II, Séptima Época, Materia Común, página 23, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Cuando los conceptos de violación no atacan consideraciones esenciales que rigen el sentido del fallo rebatido, resultan inoperantes porque aún en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo." Agotado el estudio de los conceptos de violación y ante su ineficacia jurídica, lo procedente es que la Justicia de la Unión, no ampare, ni proteja al quejoso. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 73 a 76, 77, fracción II, 216 y 217 de la Ley de amparo se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio, en conformidad con los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa, en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en el último considerando, por lo ahí expuesto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, M. en D. JORGE CRISTÓBAL ARREDONDO GALLEGOS, quien actúa con la Secretaria Tania Gómez Ibarra, hoy veintidós de febrero de dos mil diecisiete, día en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
VISTO; COMO SE ENCUENTRA CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, FÓRMESE CUADERNILLO.
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