Alberto López Cuevas
Expediente 997/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 28 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 997/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alberto López Cuevas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por recibido el oficio suscrito por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta localidad, mediante el cual informa que declaró firme el auto por el que declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, téngasele remitiendo el original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 997/2021, del índice de este Juzgado, promovido por ALBERTO LÓPEZ CUEVAS; acúsese recibo; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se advierte, el tres de febrero del año en curso, se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó y concedió a la parte quejosa la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva), con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) incidentes de suspensión donde se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas, por lo tanto: a) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). b) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar, el acuerdo de archivo y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta población, en relación al Incidente en revisión ********************, de su inventario, interpuesto por el quejoso ********************, contra de la interlocutoria de ocho de octubre de dos mil veintiuno, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de enero de dos mil veintidós. Del estado de autos se advierte, mediante proveídos de tres, seis y ocho de diciembre del año próximo pasado, se reservó proveer respecto a las promociones con números de registro 17188, 17280, 17330 y 17507, hasta en tanto se dictara sentencia en el presente asunto, lo que ya aconteció, en tal virtud se provee: Agréguese el escrito signado por Alfonso José Aquino Soledad, autorizado en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, de la parte quejosa; visto su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena expedirle copia simple de las constancias que requiere, las que serán enviadas por conducto del Actuario al correo electrónico que proporciona lic.ausa@hotmail.com, levantando la razón correspondiente.. Asimismo, glósese el oficio signado por el Administrador de Correos con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual proporciona información sobre la pieza postal MN6801 19653MX, requerida en auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Por otra parte, adjúntense los oficios con anexos remitidos por la Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, sin que haya lugar a dictar mayor pronunciamiento, en virtud del sentido de la determinación adoptada en sentencia terminada de engrosar el trece de enero actual. Finalmente, glósese el cuaderno de antecedentes en que se actúa, a los autos del expediente principal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 997/2021; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. ALBERTO LÓPEZ CUEVAS, por propio derecho, mediante escrito presentado el diez de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla, Oaxaca, consistentes en: la resolución de vinculación a proceso dictada en su contra, por el delito de lesiones por arma de fuego, dentro de la causa penal 623/2021, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, solicitó informe justificado a la responsable, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Representante Social de la Federación adscrita, posteriormente emplazó a la parte tercera interesada, y después de diversos diferimientos, la audiencia constitucional se llevó a cabo con el resultado que muestra el acta respectiva. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama del juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla, Oaxaca, lo siguiente: El auto de vinculación a proceso de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en su contra por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de lesiones calificadas con ventaja, dentro de la causa penal 623/2021. La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, decretada el uno de septiembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 623/2021, del índice de la responsable. TERCERO. La jueza de Control en materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las constancias remitidas al efecto, consistentes en dos discos digitales versátiles DVD, los cuales adquieren pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, y en términos de la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este órgano jurisdiccional advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." La citada causa de improcedencia opera contra actos consentidos de manera expresa por el promovente, o bien, por las manifestaciones de voluntad que impliquen tal consentimiento; entendiéndose ello como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En el caso, se tiene que el quejoso reclama del juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla, Oaxaca, el auto de vinculación a proceso de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en su contra dentro de la causa penal 623/2021, por hechos que la ley señala como el delito de lesiones calificadas con ventaja, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decreta en tal causa. Ahora, mediante oficio con terminación 2629/2021-J, de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, recibido en este órgano jurisdiccional el tres de diciembre del mismo año, la Jueza responsable comunicó que, en audiencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión condicional del proceso en favor del aquí quejoso ALBERTO LÓPEZ CUEVAS, en la causa penal 623/2021, por el plazo de seis meses, feneciendo el mismo el veintinueve de mayo de dos mil veintidós. Atento a ello, debe decirse que los actos reclamados por el aquí quejoso (auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva oficiosa) fueron consentidos expresamente, al haber accedido a dicha solución alterna del procedimiento. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del hecho considerado por la ley como delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 461, libro 43, Junio de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Sin que obste resolver en los términos apuntados, el hecho de haberse recibido el oficio por el cual se comunicó la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal de origen, con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional (veintidós de noviembre de dos mil veintiuno). En efecto, pues en primer lugar, debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia son una cuestión de orden público que deben ser analizadas de oficio por este órgano jurisdiccional, y en segundo lugar, porque el diverso numeral 63 fracción V, del ordenamiento en cita, establece que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga una causa de improcedencia, lo que en el caso aconteció. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1279, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Por lo tanto, al actualizarse la citada causa de improcedencia, conlleva a sobreseer en el presente juicio en términos de lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 997/2021, promovido por ALBERTO LÓPEZ CUEVAS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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