Alberto López Cuevas
Expediente 560/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 29 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 26/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alberto López Cuevas
- Rogelio Azael Avendaño Cruz
- Marco Antonio Ramirez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de trece de junio de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, así mismo con apoyo a la tesis 2ª/J.22/2021 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE." En sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Alberto López Cuevas, Marco Antonio Ramírez López y Rogelio Azael Avendaño Cruz, para los efectos siguientes: 1). Deje insubsistente la resolución de uno de julio de dos mil veintiuno, en la que dictó auto de vinculación a proceso en contra de Alberto López Cuevas, Marco Antonio Ramírez López y Rogelio Azael Avendaño Cruz por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley califica como los delitos de ultrajes a la autoridad, previsto y sancionado en el artículo 331, fracción I del Código Penal del Estado, contra la seguridad de la comunidad, previsto y sancionado en el artículo 374, fracciones III y V del código punitivo en comento; contra la salud en la modalidad de posesión simple de narcóticos, previsto y sancionados en los artículos 473, fracción VI, 477 y 479 de la Ley General de Salud, robo específico de vehículo en la modalidad de posesión de vehículo robado, previsto y sancionado en el numeral 209, fracción VI del código penal del estado. 2). Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente la situación jurídica de los aquí quejosos, por lo que hace a los delitos contra la seguridad de la comunidad, y Contra la salud, en la modalidad de posesión simple de narcóticos, sin incurrir en los vicios de forma señalados con anterioridad, pudiendo resolver en el mismo sentido al anterior o en uno diverso, pero fundando y motivando su decisión. 3). Dicte auto de no vinculación a proceso a favor de Rogelio Azael Avendaño Cruz por lo que hace al delito de robo específico de vehículo en la modalidad de posesión de vehículo robado, previsto y sancionado en el numeral 209, fracción VI del Código Penal del Estado de Veracruz, dado que no se formuló imputación ni solicitud de vinculación a proceso en su contra por lo que hace a dicho ilícito. 4). Finalmente al resolver nuevamente lo relativo al delito de Ultrajes a la Autoridad, previsto y sancionado en el artículo 331, fracción I del Código Penal vigente en el Estado, desincorpore de la esfera jurídica de los quejosos Alberto López Cuevas, Marco Antonio Ramírez López y Rogelio Azael Avendaño Cruz la aplicación del citado numeral por las razones expresadas y en consecuencia decrete el sobreseimiento a su favor, únicamente por lo que hace a dicho ilícito. Lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 327, fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que aun cuando dicho numeral no ha sido formalmente derogado, también es verdad que la legislatura del estado de Veracruz ya publicó la declaratoria de invalidez de citado dispositivo en acatamiento de la orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ya mencionada acción de inconstitucionalidad. Asimismo se precisa que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, después de su emisión oral, el Juzgado deberá realizar la versión escrita de la resolución de plazo constitucional que dicta para que conste en el proceso penal respectivo, sin que el alcance de esta última pueda exceder de la dictada en forma oral. Asimismo, en acuerdo de siete de junio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en auto de trece de junio siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, al analizar el contenido del oficio 834/2021 signado por el Juez de Control y enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal oral sala "B" en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia de un disco versátil en DVD con número de folio STI0562022 el cual contiene la audiencia de diez de junio de dos mil veintidós. Ahora bien, del análisis de la referida audiencia, se aprecia que el Juez responsable, ordenó dejar insubsistente la resolución de uno de julio de dos mil veintiuno, que decretó auto de vinculación a proceso en contra de Alberto López Cuevas, Marco Antonio Ramírez López y Rogelio Azael Avendaño Cruz por su probable responsabilidad en la comisión del hecho calificado por la ley como los delitos de ultrajes a la autoridad, contra la comunidad, contra la salud, en su modalidad de posesión simple de narcótico y en contra del último de los mencionados además por el delito de robo específico en la modalidad de posesión de vehículo robado; esto dentro de los autos del proceso penal 533/2021 del Juzgado responsable (minuto 6:15). Posteriormente, procedió a resolver con libertad de jurisdicción la situación jurídica de los aquí quejosos, respecto al ilícito cometido contra la seguridad de la comunidad, al analizar los hechos narrados por la fiscalía, así como la formulación de imputación que en su momento se realizó en términos del artículo 374 fracciones III y V del Código Penal Vigente del Estado de Veracruz (minuto 7:29 a 9:02). En ese sentido, destacó que no se acreditó la existencia del ilícito contra la seguridad de la comunidad, toda vez que la fiscalía fue omisa en especificar en relación a las identificaciones encontradas en el supuesto en el que incurrieron los sujetos activos, esto es, si las poseían, portaban o resguardaban, asimismo, no constituyó un dato de prueba concreto respecto a tener certeza si dichas credenciales eran falsas o alteradas; por tanto, no se actualizó el supuesto establecido en el artículo 374 fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales (minuto 14:39 a 15:43). Bajo esa misma tesitura se pronunció en relación con las cartulinas con leyendas, destacando que no se estableció la conducta concreta realizada por los aquí quejosos, esto es, no estableció, la posesión, portación, o resguardo de un escrito o mensaje relativo con algún grupo o actividad delictiva, así como el supuesto en el que encuadro a cada uno de los activos en términos del artículo 374 fracción VI del Código Penal Vigente del Estado de Veracruz, declarando en que los datos de pruebas aportados resultaron insuficientes para acreditar el ilícito que la ley señala como delito contra la seguridad de la comunidad; por tanto, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales decretó auto de no vinculación a proceso (16:13 a 17:51). Por otra parte, se pronunció respecto al delito contra la salud en lo específico en la modalidad de posesión simple de narcóticos, previsto y sancionados en los artículos 473, fracción VI, 477 y 479 de la Ley General de Salud; determinando que los imputados desconocían el contenido de la tabla que refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, además que del contenido descrito por la Fiscalía no especifico que sustancia se ubica en la referida tabla, esto a efecto de actualizar la hipótesis de los arábigos 477 y 479 de la citada Ley, asimismo, la Fiscalía no estableció precisamente la cantidad en peso neto y peso bruto identificada como "cristal" y "cannabis sativa", lo cual genero incertidumbre respecto del peso que se encontró en poder de los aquí quejosos, por tanto, dicho dato de prueba, resultó insuficiente para vincular a proceso, decretando en su lugar auto de no vinculación a proceso por el delito de contra la salud en lo específico en la modalidad de posesión simple de narcóticos (17:55 a 24:52). Igualmente, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Rogelio Azael Avendaño Cruz, por lo que hace al delito de robo específico de vehículo en la modalidad de posesión de vehículo robado, previsto y sancionado en el numeral 209, fracción VI del Código Penal del Estado de Veracruz, toda vez que la Fiscalía no formulo vinculación por lo que hace a dicho imputado, por lo que ante la inexistencia de dicha solicitud, se encontró impedido en decretar vinculación a proceso respeto a dicho ilícito (25:08 a 25:49). En ese orden de ideas, respeto al delito de ultrajes de la autoridad, en fecha tres de mayo de dos mil veintidós, decretó sobreseimiento parcial del proceso penal, únicamente por dicho ilícito, tomando en cuenta la declaratoria de invalides del artículo 331 del Código Penal Vigente del Estado de Veracruz, lo cual procedió respecto a los quejosos en fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en términos del numeral 327 fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a dicho ilícito; por tanto, declaró cumplida la ejecutoria de amparo, procediendo en ese mismo acto a decretar el sobreseimiento respecto al ilícito del artículo 331 del Código Penal Vigente del Estado de Veracruz, notificando el contenido de lo resuelto, declarando cerrada la referida audiencia ( minuto 25:29 a 28:15). Precisado lo anterior, la ejecutoria de amparo se cumplió con la actuación del Juez responsable en la audiencia de diez de junio de dos mil veintidós, en la cual se aprecia que se pronunció respecto a los puntos citados en los efectos de la ejecutoria de amparo, esto es, ordenó dejar insubsistente la resolución de uno de julio de dos mil veintiuno, y con libertad de jurisdicción resolvió la situación jurídica de los aquí quejosos respecto a los ilícitos contra la seguridad de la comunidad, y Contra la salud, en la modalidad de posesión simple de narcóticos. Igualmente, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Rogelio Azael Avendaño Cruz por lo que hace al delito de robo específico de vehículo en la modalidad de posesión de vehículo robado, previsto y sancionado en el numeral 209, fracción VI del Código Penal del Estado de Veracruz, dado que no se formuló imputación ni solicitud de vinculación a proceso en su contra por lo que hace a dicho ilícito. Finalmente decretó el sobreseimiento respecto al delito de Ultrajes a la Autoridad, previsto y sancionado en el artículo 331, fracción I del Código Penal vigente en el Estado; tomando en cuenta la declaratoria de invalides del referido artículo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva), mediante resolución interlocutoria de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, agréguese el oficio signado por el Encargado del Módulo del Servicio Postal Mexicano con sede en este Edificio sede del Poder Judicial de la Federación; en atención a su contenido se le tiene informando que la pieza postal solicitada 37405 fue entregada en la oficialía de partes de este juzgado el veintiuno del mes y año en curso, lo cual se corrobora con el acuse de recibo que obra en autos.En tales condiciones, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en auto de catorce de julio de dos mil veintidós. Lo que se notifica por este medio a la parte quejosa, así por estar ordenado en autos.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 560/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de trece de junio de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, así mismo con apoyo a la tesis 2ª/J.22/2021 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE." En sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Alberto López Cuevas, Marco Antonio Ramírez López y Rogelio Azael Avendaño Cruz, para los efectos siguientes: 1). Deje insubsistente la resolución de uno de julio de dos mil veintiuno, en la que dictó auto de vinculación a proceso en contra de Alberto López Cuevas, Marco Antonio Ramírez López y Rogelio Azael Avendaño Cruz por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley califica como los delitos de ultrajes a la autoridad, previsto y sancionado en el artículo 331, fracción I del Código Penal del Estado, contra la seguridad de la comunidad, previsto y sancionado en el artículo 374, fracciones III y V del código punitivo en comento; contra la salud en la modalidad de posesión simple de narcóticos, previsto y sancionados en los artículos 473, fracción VI, 477 y 479 de la Ley General de Salud, robo específico de vehículo en la modalidad de posesión de vehículo robado, previsto y sancionado en el numeral 209, fracción VI del código penal del estado. 2). Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente la situación jurídica de los aquí quejosos, por lo que hace a los delitos contra la seguridad de la comunidad, y Contra la salud, en la modalidad de posesión simple de narcóticos, sin incurrir en los vicios de forma señalados con anterioridad, pudiendo resolver en el mismo sentido al anterior o en uno diverso, pero fundando y motivando su decisión. 3). Dicte auto de no vinculación a proceso a favor de Rogelio Azael Avendaño Cruz por lo que hace al delito de robo específico de vehículo en la modalidad de posesión de vehículo robado, previsto y sancionado en el numeral 209, fracción VI del Código Penal del Estado de Veracruz, dado que no se formuló imputación ni solicitud de vinculación a proceso en su contra por lo que hace a dicho ilícito. 4). Finalmente al resolver nuevamente lo relativo al delito de Ultrajes a la Autoridad, previsto y sancionado en el artículo 331, fracción I del Código Penal vigente en el Estado, desincorpore de la esfera jurídica de los quejosos Alberto López Cuevas, Marco Antonio Ramírez López y Rogelio Azael Avendaño Cruz la aplicación del citado numeral por las razones expresadas y en consecuencia decrete el sobreseimiento a su favor, únicamente por lo que hace a dicho ilícito. Lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 327, fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que aun cuando dicho numeral no ha sido formalmente derogado, también es verdad que la legislatura del estado de Veracruz ya publicó la declaratoria de invalidez de citado dispositivo en acatamiento de la orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ya mencionada acción de inconstitucionalidad. Asimismo se precisa que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, después de su emisión oral, el Juzgado deberá realizar la versión escrita de la resolución de plazo constitucional que dicta para que conste en el proceso penal respectivo, sin que el alcance de esta última pueda exceder de la dictada en forma oral. Asimismo, en acuerdo de siete de junio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en auto de trece de junio siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, al analizar el contenido del oficio 834/2021 signado por el Juez de Control y enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal oral sala "B" en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia de un disco versátil en DVD con número de folio STI0562022 el cual contiene la audiencia de diez de junio de dos mil veintidós. Ahora bien, del análisis de la referida audiencia, se aprecia que el Juez responsable, ordenó dejar insubsistente la resolución de uno de julio de dos mil veintiuno, que decretó auto de vinculación a proceso en contra de Alberto López Cuevas, Marco Antonio Ramírez López y Rogelio Azael Avendaño Cruz por su probable responsabilidad en la comisión del hecho calificado por la ley como los delitos de ultrajes a la autoridad, contra la comunidad, contra la salud, en su modalidad de posesión simple de narcótico y en contra del último de los mencionados además por el delito de robo específico en la modalidad de posesión de vehículo robado; esto dentro de los autos del proceso penal 533/2021 del Juzgado responsable (minuto 6:15). Posteriormente, procedió a resolver con libertad de jurisdicción la situación jurídica de los aquí quejosos, respecto al ilícito cometido contra la seguridad de la comunidad, al analizar los hechos narrados por la fiscalía, así como la formulación de imputación que en su momento se realizó en términos del artículo 374 fracciones III y V del Código Penal Vigente del Estado de Veracruz (minuto 7:29 a 9:02). En ese sentido, destacó que no se acreditó la existencia del ilícito contra la seguridad de la comunidad, toda vez que la fiscalía fue omisa en especificar en relación a las identificaciones encontradas en el supuesto en el que incurrieron los sujetos activos, esto es, si las poseían, portaban o resguardaban, asimismo, no constituyó un dato de prueba concreto respecto a tener certeza si dichas credenciales eran falsas o alteradas; por tanto, no se actualizó el supuesto establecido en el artículo 374 fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales (minuto 14:39 a 15:43). Bajo esa misma tesitura se pronunció en relación con las cartulinas con leyendas, destacando que no se estableció la conducta concreta realizada por los aquí quejosos, esto es, no estableció, la posesión, portación, o resguardo de un escrito o mensaje relativo con algún grupo o actividad delictiva, así como el supuesto en el que encuadro a cada uno de los activos en términos del artículo 374 fracción VI del Código Penal Vigente del Estado de Veracruz, declarando en que los datos de pruebas aportados resultaron insuficientes para acreditar el ilícito que la ley señala como delito contra la seguridad de la comunidad; por tanto, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales decretó auto de no vinculación a proceso (16:13 a 17:51). Por otra parte, se pronunció respecto al delito contra la salud en lo específico en la modalidad de posesión simple de narcóticos, previsto y sancionados en los artículos 473, fracción VI, 477 y 479 de la Ley General de Salud; determinando que los imputados desconocían el contenido de la tabla que refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, además que del contenido descrito por la Fiscalía no especifico que sustancia se ubica en la referida tabla, esto a efecto de actualizar la hipótesis de los arábigos 477 y 479 de la citada Ley, asimismo, la Fiscalía no estableció precisamente la cantidad en peso neto y peso bruto identificada como "cristal" y "cannabis sativa", lo cual genero incertidumbre respecto del peso que se encontró en poder de los aquí quejosos, por tanto, dicho dato de prueba, resultó insuficiente para vincular a proceso, decretando en su lugar auto de no vinculación a proceso por el delito de contra la salud en lo específico en la modalidad de posesión simple de narcóticos (17:55 a 24:52). Igualmente, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Rogelio Azael Avendaño Cruz, por lo que hace al delito de robo específico de vehículo en la modalidad de posesión de vehículo robado, previsto y sancionado en el numeral 209, fracción VI del Código Penal del Estado de Veracruz, toda vez que la Fiscalía no formulo vinculación por lo que hace a dicho imputado, por lo que ante la inexistencia de dicha solicitud, se encontró impedido en decretar vinculación a proceso respeto a dicho ilícito (25:08 a 25:49). En ese orden de ideas, respeto al delito de ultrajes de la autoridad, en fecha tres de mayo de dos mil veintidós, decretó sobreseimiento parcial del proceso penal, únicamente por dicho ilícito, tomando en cuenta la declaratoria de invalides del artículo 331 del Código Penal Vigente del Estado de Veracruz, lo cual procedió respecto a los quejosos en fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en términos del numeral 327 fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a dicho ilícito; por tanto, declaró cumplida la ejecutoria de amparo, procediendo en ese mismo acto a decretar el sobreseimiento respecto al ilícito del artículo 331 del Código Penal Vigente del Estado de Veracruz, notificando el contenido de lo resuelto, declarando cerrada la referida audiencia ( minuto 25:29 a 28:15). Precisado lo anterior, la ejecutoria de amparo se cumplió con la actuación del Juez responsable en la audiencia de diez de junio de dos mil veintidós, en la cual se aprecia que se pronunció respecto a los puntos citados en los efectos de la ejecutoria de amparo, esto es, ordenó dejar insubsistente la resolución de uno de julio de dos mil veintiuno, y con libertad de jurisdicción resolvió la situación jurídica de los aquí quejosos respecto a los ilícitos contra la seguridad de la comunidad, y Contra la salud, en la modalidad de posesión simple de narcóticos. Igualmente, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Rogelio Azael Avendaño Cruz por lo que hace al delito de robo específico de vehículo en la modalidad de posesión de vehículo robado, previsto y sancionado en el numeral 209, fracción VI del Código Penal del Estado de Veracruz, dado que no se formuló imputación ni solicitud de vinculación a proceso en su contra por lo que hace a dicho ilícito. Finalmente decretó el sobreseimiento respecto al delito de Ultrajes a la Autoridad, previsto y sancionado en el artículo 331, fracción I del Código Penal vigente en el Estado; tomando en cuenta la declaratoria de invalides del referido artículo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva), mediante resolución interlocutoria de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, agréguese el oficio signado por el Encargado del Módulo del Servicio Postal Mexicano con sede en este Edificio sede del Poder Judicial de la Federación; en atención a su contenido se le tiene informando que la pieza postal solicitada 37405 fue entregada en la oficialía de partes de este juzgado el veintiuno del mes y año en curso, lo cual se corrobora con el acuse de recibo que obra en autos. En tales condiciones, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en auto de catorce de julio de dos mil veintidós." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Encargado del Módulo del Servicio Postal Mexicano con sede en este Edificio sede del Poder Judicial de la Federación, en atención a su contenido se le tiene informando las gestiones realizadas a efecto de remitir la pieza postal 37405 solicitada en auto de catorce de julio de dos mil veintidós. Por otra parte, respecto a los requerimientos al servicio postal mexicano, en los términos y plazos que alude en su oficio de cuenta, dígase que no ha lugar a acordar favorable su solicitud, lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como no constituir un obstáculo a la pronta y expedita impartición de justicia, hágasele del conocimiento al Jefe de Administración Postal de Correos de México que deberá estarse a lo acordado en auto de catorce de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se le solicitó la localización del acuse de recibo de la pieza postal registrada con número 37405 depositada en dicha dependencia el veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el telegrama de cuenta remitido por el Director General de la Fuerza Civil con sede en Xalapa, Veracruz, en su calidad de tercero interesado; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 20439 con el cual se ordenó notificar el auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós. Notifíquese en términos de ley.
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