Alberto Leyva Nuñez
Expediente 496/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alberto Leyva Nuñez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Vista la cuenta y certificación secretarial que anteceden, así como el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a) en contra del auto dictado con fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que promovió; dentro del término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo que establecen los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, Segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintiséis de abril del dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos de los cuales se desprende que el quejoso, ratificó la demanda de amparo promovida por Felipe Laureano Viveros Castillo; en consecuencia, se tiene por promovido este juicio de amparo por parte del directo agraviado Alberto Leyva Nuñez, para todos los efectos legales consiguientes. Ahora, se procede al estudio de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual refiere que se deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente en el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los escritos con los que se subsanó la prevención planteada; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo por analogía y en virtud de que no contraviene las disposiciones de la Ley de Amparo, en cuanto al criterio, la jurisprudencia con número de registro 180663, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, Materia(s): Común, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por lo que, tomando en considerando que la parte quejosa señala como acto reclamado, esencialmente la negativa por parte de las autoridades responsables de permitirle que su menor sobrina lo visite, como así se expuso bajo protesta de decir verdad en el escrito inicial de demanda. En el caso, la demanda de que se trata resulta improcedente, en atención a las siguientes consideraciones. En efecto, los artículos 22 y 77 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, disponen: "Artículo 22.- Son atribuciones del Consejo: I. Proponer medidas de carácter general para la adecuada administración, organización y operación del Centro Federal; II. Actuar como órgano de orientación, evaluación y seguimiento del tratamiento del interno; III. Emitir opinión fundada y motivada sobre los asuntos que le sean planteados por sus miembros, el Coordinador General o cualquier otra instancia; IV. Emitir opinión para la concesión de medidas preliberacionales, la remisión parcial de la pena, y libertad preparatoria, así como de traslados, considerando los estudios clínico-criminológicos o de personalidad practicados a los internos; V. Emitir opinión sobre la autorización o suspensión de visitas; VI. Resolver sobre la autorización de estímulos para el interno; VII. Evaluar y resolver sobre la imposición de correcciones disciplinarias al interno; VIII. Determinar la clasificación de cada interno en el dormitorio, módulo, nivel, sección, estancia y cama, de conformidad con el estudio clínico-criminológico o de personalidad que haya realizado el Área Técnica del Centro Federal; IX. Determinar el cambio y permanencia del interno en el área de tratamientos especiales, tomando en cuenta la valoración del estudio clínico-criminológico o de personalidad practicado, su conducta y evolución intrainstitucional, y X. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables.". "Artículo 77.- Todo interno podrá formular quejas y solicitudes individuales a través del representante de la Coordinación General integrante del Consejo, quien deberá recabarlas, transmitirlas y darles seguimiento ante el Coordinador General.". De los preceptos legales transcritos, se advierte que el Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social, tiene diversas atribuciones, de carácter general y administrativo, además, prevén que todo interno podrá formular quejas y solicitudes individuales a través del representante de la Coordinación General integrante del Consejo, quien deberá recabarlas, transmitirlas y darles seguimiento ante el Coordinador General. En el caso, si la quejosa reclama esencialmente que las autoridades responsables la negativa de permitir el acceso de su menor sobrina para que lo visite en el lugar donde se encuentra recluido; antes de acudir al juicio de amparo, debió hacer dicha solicitud a través del representante de la Coordinación General integrante del Consejo Técnico Interdisciplinario, pues acorde a lo establecido en el precitado artículo 77 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, es esa autoridad quien tiene la obligación de resolver su solicitud. Por tanto, al no haber acreditado que previo al juicio de amparo haya hecho tal solicitud ante la autoridad correspondiente, a lo que se encontraba obligado, es incuestionable que la demanda de amparo resulta improcedente. En mérito de lo anterior, la demanda incoada en esta instancia constitucional, por igualdad jurídica, resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Tiene aplicación al caso, por igualdad jurídica, la tesis I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. De igual forma, la tesis de jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 297 y 300 del Tomo VI Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, que literalmente dicen: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". No es óbice que la negativa haya sido emitida por el Director Visitador de los Derechos Humanos y la Directora Técnica dependiente de la Dirección General de Reinserción Social "Morelos"; ya que como se anticipó, está en aptitud de formular una queja ante el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social. En consecuencia, el juicio constitucional indirecto que se intenta promover en el caso, resulta notoriamente improcedente; motivo por el cual, es clara la concurrencia de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, SE DESECHA LA DEMANDA de que se trata por motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma, Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Marcela Merari Silva Múgica, quien autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del seis de abril del dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, seis de abril de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito signado por Felipe Laureano Viveros Castillo, a través del cual realiza diversas manifestaciones en relación a la prevención realizada al quejoso, sin que haya lugar a tener por cumplida, toda vez que el que suscribe no tiene reconocida personalidad para promover en este juicio de amparo. Ahora, como se expuso en proveído de veintisiete de marzo del año en curso, el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, o de quien legalmente lo represente, lo cual el promovente no acredita, pues firma a nombre y ruego, figura que no se encuentra contemplada en la Ley de Amparo, ni en la jurisprudencia; por lo que, con fundamento en los artículos 108, fracción I, 114 fracciones I, II y III de la Ley de Amparo, se previene nuevamente al directo quejoso Alberto Leyva Nuñez, en el lugar donde se encuentra recluido (Centro de Reinserción Social "Morelos"), para que en el acto de la notificación si ratifica o no la demanda de amparo que promovió Felipe Laureano Viveros Castillo, a fin de proveer lo relativo respecto de su admisión o desechamiento. Por otro lado, con fundamento en el artículo 128 fracción I de la Ley de Amparo, se previene al directo quejoso para que en el mismo acto de la notificación o dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, precise si solicita la suspensión del procedimiento y para qué efectos, en razón de que conforme a la norma invocada el incidente de suspensión en el caso particular, se abre a solicitud del directo agraviado, y de una lectura integral que se realizó a la demanda de amparo, no se advierte el capítulo respectivo; sin embargo, en el tercer punto petitorio solicita se requiera informe previo a las autoridades responsables. En la inteligencia que de no cumplir íntegramente con lo anterior, dentro del plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, acorde a lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente. Ahora, toda vez que se advierte de autos que tanto el directo agraviado, como la persona que fue propuesta en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, carecen de conocimientos jurídicos para promover en el juicio de amparo, a fin de no violentar los derechos fundamentales del quejoso, quien está en desventaja social, por encontrarse privado de su libertad, con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se requiere a Víctor Manuel Cruz López, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este acuerdo, acuda a este Juzgado de Distrito, a fin de ponerse de acuerdo con el Actuario que corresponda, para que lo acompañe a realizar la notificación al quejoso en la fecha y hora que le sea indicada, toda vez que se advierte es de la confianza del solicitante de amparo, apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y en relación con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 238, primera parte, de la Ley de Amparo. Notifíquese este acuerdo tanto a Víctor Manuel Cruz López, en el domicilio autorizado para oír y recibir notificaciones, así como al directo quejoso en el lugar donde se encuentra recluido, por esta única ocasión. Cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Visto lo manifestado por el directo quejoso al realizarle la notificación realizada día veintiocho de marzo del año en curso, ser reserva proveer lo relativo hasta en tanto se realice la notificación personal al promovente de amparo, ordenada mediante acuerdo de veintisiete de marzo del año en curso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
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