Alberto Lambaer Díaz
Expediente 593/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/06/2019
Partes del expediente
- Alberto Lambaer Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ATENDIÓ EL CITATORIO, SE LE NOTIFICA A TRAVÉS DE: Querétaro, Querétaro, a veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Octavo Familiar Querétaro, por medio del cual informa la posible actualización de una causa de improcedencia en el presente juicio de amparo, al respecto se acuerda. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se aprecia que en auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se agregó el informe justificado del Juez Octavo Familiar de Querétaro, por el que anexó copias certificadas del juicio sumario civil 363/2019 de su índice, así como del oficio que presentó el día de hoy por el que remite copia certificada de la audiencia conciliatoria que tuvo lugar el veintiséis de junio pasado entre los contendientes del juicio de origen, de todo lo cual se constata; en primer lugar, la confirmación de siete de mayo pasado, a las medidas urgentes decretadas el ocho de abril de este año y reclamadas al Juez Primero Familiar de Querétaro; en segundo término, que el decreto de pago de alimentos provisionales emitido en el auto de siete de mayo que se combate del Juez Octavo Familiar, se modificó por el propio juez a través de la diversa determinación de treinta y uno de mayo siguiente; y en tercer lugar, del resto de las medidas cautelares decretadas también en el auto siete de mayo pasado (custodia de los dos menores de edad a favor de su progenitora y medida de restricción al progenitor) ambos contendientes convinieron con respecto a lo que debía prevalecer en torno a esas medidas cautelares y otras como son las relativas a las convivencias, mediante audiencia conciliatoria de veintiséis de junio pasado, de manera que este juzgado advierte que, de manera manifiesta e indudable, se actualiza una causa de improcedencia, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, en los términos que a continuación se exponen. En efecto, el artículo 63 de la Ley de Amparo, se lee: El sobreseimiento en el juicio de a amparo procede cuando: (...) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. (...) De la debida interpretación del numeral en comento, es válido arribar a la conclusión de que es factible que en el trámite del juicio de amparo, antes de que se celebre la audiencia constitucional pueda resolverse sobre el sobreseimiento del juicio, por actualizarse de manera manifiesta e indudable una causa de sobreseimiento, que hace innecesario que se continúe en forma estéril con el trámite, pues aun cuando se siga el juicio hasta la audiencia, se llegaría a la misma conclusión. La esencia de dicho supuesto se sustenta en evitar en la medida de lo posible el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Criterio que se corrobora aún más, con lo dispuesto por el inciso d), fracción I del artículo 81 de la Ley de Amparo, en torno a que procede el recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento, lo que deja entrever la posibilidad del dictado de autos como el que nos ocupa. De conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de siete de febrero de dos mil tres). Precisado lo anterior, es conveniente destacar que es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo es un todo, por lo que debe efectuarse un análisis integral del escrito respectivo, a fin de lograr la interpretación completa de la voluntad del que solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por lo que se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis que estatuye: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integral de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." (Tesis número VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, del tomo XIX, Abril de 2004, Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época). Considerando el citado criterio, en el presente caso, los actos reclamados el quejoso, consisten en: 1. Del Juez Primero Familiar de Querétaro y del actuario de esta adscripción lo siguiente: a) La resolución de ocho de abril de dos mil diecinueve que varió las medidas urgentes decretadas [custodia y domicilio de depósito de los menores de edad a favor del progenitor al haber sustraídos a los menores del domicilio de depósito asignado para su depósito sin autorización del juez, y sin haberse aún materializado la medida urgente] y por ende, ordenó la restitución de los menores de edad Andre Alberto y Luken ambos de apellidos Lambaer Ramírez al domicilio de depósito ubicado Eulogio Marroquin número 674, los Candiles, Corregidora Querétaro, y se ordenó al actuario proceder a su ejecución. b) Luego de su ejecución, en la misma fecha ocho de abril de dos mil diecinueve, estando presentes ambos progenitores en el juzgado, atendiendo a la narrativa contrapuesta sobre la conflictiva que mantienen, el juez determinó la custodia provisional de los menores de edad, a favor de la progenitora a quien, además, le impuso medida de arraigo, y a ambos progenitores, decretó una medida de no molestar ni acercamiento. Lo antes dicho deducido en el cuaderno de medida urgente 350/2019 que solicitó Alberto Lambaer Díaz contra Andrea Ramírez González ante el Juez Primero Familiar de Querétaro. 2. Del Juez Octavo Familiar de Querétaro: c) La resolución de siete de mayo de dos mil diecinueve, por la que en atención a la demanda sumaria civil que sobre alimentos y otras prestaciones planteó Andrea Ramírez González contra el quejoso, se confirmaron las medidas cautelares que el Juez Primero Familiar de esta ciudad, decretó en auto de ocho de abril pasado, cuyas medidas son las siguientes: I. Decreto de la custodia provisional de las menores de edad Andre Alberto y Luken ambos de apellidos Lambaer Ramírez a favor de la progenitora. II. Domicilio de depósito para la actora y los menores de edad, en el ubicado en Eulogio Marroquin número 674, los Candiles, Corregidora, Querétaro. Además de las anteriores, a petición de la actora determinó: III. Separación de personas IV. Pensión alimenticia provisional a favor de los dos menores de edad por la cantidad de $3,080.40 (tres mil ochenta pesos 40/100 M.N. mensuales), así como garantía de los alimentos por la suma de 18, 978.00 (dieciocho mil novecientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) V. Medida de restricción al progenitor. Lo antes dicho deducido en el juicio sumario civil 363/2019 que promovió Andrea Ramírez González contra el quejoso ante el Juez Octavo Familiar de Querétaro. En ese sentido, con respecto a las medidas urgentes que dictó el ocho de abril pasado por el Juez Primero Familiar de Querétaro y en torno a su confirmación de siete de mayo pasado y a las agregadas medidas cautelares que decretó el Juez Octavo Familiar de Querétaro en auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo será improcedente contra aquellos actos cuyos efectos ya hubieren cesado. Respecto de esta causa de improcedencia, que coincide en sus términos con la prevista en la fracción XVI del artículo 73, de la Ley de Amparo abrogada, se ha sostenido que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación). En este orden de ideas, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Mientras que el segundo supuesto, se actualiza cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Razón por la que se considera que se actualiza la cesación de efectos por sustitución procesal, respecto de aquellos actos en contra de los cuales se ejercieron los medios o recursos ordinarios de defensa que la ley del acto prevé, ya que lo resuelto en éstos sustituye al auto o resolución impugnada, al incidir en su vigencia y ejecutividad, pues la misma tendrá ejecutividad y firmeza una vez que se decida el medio de impugnación interpuesto. En el caso, se considera que se actualizó la causa de improcedencia en estudio, en su vertiente de sustitución procesal, como se explica enseguida. Del Juez Primero Familiar. Sobre el decreto como las diligencias llevadas a cabo el ocho de abril de dos mil diecinueve que variaron las medidas cautelares urgentes y realizaron su ejecución, y de las que se duele el quejoso en su demanda de amparo, entre otras, la custodia las menores de edad Andre Alberto y Luken ambos de apellidos Lambaer Ramírez a favor de la progenitora y ordenó restituir a los menores de edad al domicilio de depósito ubicado en Eulogio Marroquin número 674, los Candiles, Corregidora Querétaro, en el cuaderno 350/2019 deducido ante el Juez Primero Familiar de Querétaro, fue sustituido procesalmente por la diversa resolución de siete de mayo de dos mil diecinueve, que fueron confirmadas el siete de mayo pasado, dentro del juicio sumario civil 363/2019 que sobre custodia y alimentos promovió Andrea Ramírez González contra el quejoso ante el Juez Octavo Familiar de Querétaro. Por tanto, conforme a las actuaciones judiciales del cuaderno de medidas urgentes 350/2019 y del juicio sumario civil 363/2019, las que son documentales públicas con valor probatorio pleno, en conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es que se demuestra plenamente que las medidas urgentes combatidas de ocho de abril de dos mil diecinueve, quedaron sustituidas por la determinación de siete de mayo de dos mil diecinueve donde se confirmaron tales medidas cautelares por el Juez Octavo Familiar de Querétaro que conoce del juicio sumario civil que las confirmó y agregó otras, como lo son: separación de personas, pago de alimentos y medida de restricción al progenitor. Del Juez Octavo Familiar. Tocante a las medidas cautelares confirmadas y decretadas el siete de mayo de dos mil diecinueve, éstas a su vez fueron sustituidas procesalmente por las resoluciones siguientes. Lo referente al pago de alimentos provisionales fijados en auto de siete de mayo pasado, por la diversa emitida el treinta y uno de mayo del año en curso, donde el juez sostuvo que al contar con mayores pruebas para advertir la capacidad económica del progenitor, determinó que el pago de alimentos provisionales que debían ser cubiertos a favor de los menores de edad debía incrementarse al pago de $6.325.00 (seis mil trescientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) Y tocante al resto de las medidas cautelares (custodia y medida de restricción) por la diversa resolución de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, que aprobó el convenio de las partes en torno a las medidas que han de prevalecer en el juicio, en cuanto a la custodia de los menores de edad a favor de la progenitora, el domicilio de su depósito, un régimen de convivencias entre el progenitor y los dos menores de edad, y donde se dejó sin efectos la medida de restricción decretada al progenitor. Por tanto, conforme a las actuaciones judiciales del cuaderno de medidas urgentes 350/2019 y del juicio sumario civil 363/2019, y la copia certificada exhibida por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, que al ser documentales públicas con valor probatorio pleno, en conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es que se demuestra plenamente que lo combatido en esta instancia constitucional en torno a las medidas urgentes, modificadas el ocho de abril de dos mil diecinueve, por el Juez Primero Familiar, se sustituyeron a su vez por las que fueron confirmadas por el Juez Octavo Familiar en las medidas cautelares de siete de mayo de dos mil diecinueve, y a su vez, éstas últimas, quedaron sustituidas procesalmente por las diversas resoluciones emitidas el treinta y uno de mayo y veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia 1a./J.77/2012 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 841, noviembre de 2012, tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva. Asimismo, por las razones que la informan la tesis relevante I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, materia común, Página: 1491, Registro: 165870 del contenido siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia señalada por el artículo 63, fracción IV y en el artículo 61 fracciones XXI, LO PROCEDENTE ES SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, pues de nada sirve seguir tramitando el juicio toda vez que las causales de improcedencia mencionadas, resultan notorias, manifiestas e indudables, y las mismas no pueden desvirtuarse con ningún elemento de prueba. No impide arribar a lo aquí considerado, el hecho de que se hayan señalado las DIEZ HORAS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, toda vez que como ya se mencionó en la especie se actualiza las causales de improcedencia invocadas, por ello no hay necesidad de esperar a la audiencia constitucional; en consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora antes indicada. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del contenido siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; estos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
- Incidental
AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR....MEDIANTE EL CUAL RINDE SU INFORME EN RELACIÓN AL INCIDENTE DE VIOALCIÓN A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA...AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA SIGNADA POR...SE TIENE INFORMANDO LO ANTERIOR ...
- Incidental
Agréguese a los autos para que obre como corresponda la comparecencia que antecede de la que se aprecia que el día de hoy compareció ante este juzgado el quejoso y ratificó el contenido y firma del escrito que presentó en la Oficialía de Partes de este Juzgado el catorce de junio de dos mil diecinueve, registrado con el número 10111, en consecuencia atento a su contenido, se tiene por interpuesto el incidente de violación a la suspensión por incumplimiento (defecto) a la suspensión definitiva concedida al quejoso de mérito, por auto de dieciocho de abril del año en curso, en términos de los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo; contra actos de las autoridades responsables. En consecuencia, con copia del escrito que se provee, requiérase a dichas autoridades, su informe respectivo, el cual deberán rendir dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído; en la inteligencia de que a la falta o deficiencia del informe, se le presumirá cierta la conducta que se les atribuye, de conformidad con el artículo 208 fracción II, de la invocada Ley. Córrase traslado con copia del escrito de interposición del incidente de incumplimiento a las partes para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con el artículo 208, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene por ofrecida la instrumental de actuaciones que propone, así como las documentales que anexo a su escrito, sin perjuicio de que se tome en consideración al momento de resolver el incidente que nos ocupa. Con igual fundamento, se admite la prueba de informes a cargo del Director del Centro de Convivencias Familiares (CECOFAM) del Centro de Justicia del Estado de Querétaro, para lo cual se le corre traslado con copia de los puntos al tenor de los cuales habrá de desahogar dicho medio de convicción debiendo remitir las constancias que estime necesarias en apoyo a la misma, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa por la cantidad de cincuenta días de salario mínimo general vigente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 237, en relación con el ordinal 259, ambos de la Ley de Amparo. En el entendido de que las autoridades responsables, dentro del término de veinticuatro horas debe informar el cumplimiento dado a la citada medida; asimismo, deberá informar si a la fecha ha tomado alguna determinación en relación a que efectivamente se lleven a cabo las convivencias decretadas entre Alberto Lambaer Díaz y los menores de iniciales A.A.L.R y L.L.R, dentro de los autos del expediente 363/2019, apercibida que de no hacerlo se le impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente, de conformidad con los diversos 238 y 260, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales.
- Incidental
PRIMERO.- SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA POR....SEGUNDO.- SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA POR EL QUEJOSO....
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