Alberto Justo Maca

Expediente 772/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
772/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Alberto Justo Maca

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. ANOTACIONES Y ARCHIVO Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, doce de agosto de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ---------------, contra actos del juez de lo Penal del Distrito Judicial e Huejotzingo, Puebla; fórmese el expediente y regístrese con el número 772/2021. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Precisado lo anterior, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en relación al acto reclamado al juez de lo penal responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en donde se establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Este precepto legal remite a los plazos establecidos en la ley para promover el amparo; por ende, debe leerse de forma armónica con lo que se establece en los artículos 17 y 18 del mismo cuerpo legal, que se transcriben a continuación: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Esto es, en términos del el artículo 17 de la Ley de Amparo el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo cuando se trate de: 1. Una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. 2. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. 3. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. 4. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En términos del diverso 18 transcrito, son tres momentos diferentes a partir de los cuales puede comenzar a transcurrir el plazo para la presentación de la demanda de amparo, pues se indica que será desde el día siguiente a aquél en que: a) Conforme a la ley del acto, haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b) El quejoso haya tenido conocimiento de los actos o de su ejecución. c) El quejoso se ostente sabedor de los referidos actos. Con esto, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, sea a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis antes identificadas, pues se advierte que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. En el presente caso, el proveído de catorce de julio de dos mil veintiuno, a través del cual el juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, dentro del proceso 82/2016, de su índice, señaló las diez horas del diecisiete de noviembre de este año, para el desahogo de la audiencia de vista, debe sujetarse al término genérico de quince días, pues si bien afecta de manera indirecta la libertad personal del quejoso, en tanto está privado de su libertad sujeto al procedimiento, también lo es que fue emitido dentro de un procedimiento, pues se dictó en una causa penal en la que el aquí quejoso tiene la calidad de procesado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. Por otra parte, la esencia del artículo 18 de la ley de la materia, se sustenta en la certeza del conocimiento del acto reclamado, así, conforme con el referido numeral, cuando se reclame vía amparo indirecto un acto dictado dentro de procedimiento penal, la demanda respectiva deberá presentarse dentro del plazo de quince días, el cual debe computase a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto conforme a la ley del que rija el propio procedimiento. Conforme a lo establecido en el artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que es el ordenamiento legal que regula el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado, las notificaciones surten efectos el mismo día en que se practican. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, dentro del proceso 82/2016, de su índice, en el acuerdo de catorce de julio pasado, señaló las diez horas del diecisiete de noviembre de este año, para el desahogo de la audiencia de vista; advirtiéndose que la acción constitucional intentada es extemporánea. En efecto, el acto aquí impugnado fue notificado legalmente al quejoso el quince de julio de dos mil veintiuno, tal y como lo manifestó el impetrante en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, lo cual constituye una confesión que hace prueba plena en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad en su artículo 2, pues constituye un hecho propio aseverado en el escrito de demanda. En consecuencia, y de acuerdo con lo estipulado en el cardinal 18 de la Ley de Amparo en vigor, el plazo para interponer la demanda de amparo a la parte quejosa transcurrió del dieciséis de julio pasado al cinco de agosto siguiente, descontando de dicho cómputo los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de julio, así como uno de agosto de este año, por ser inhábiles, en términos del numeral 19 de la Ley de la materia. Por tanto, si la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo fue presentada hasta el diez de agosto de dos mil veintisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, tal y como se advierte del sello estampado en la foja dos de este expediente, es evidente que la misma resulta extemporánea. En consecuencia, al haber sido presentado en forma extemporánea el escrito inicial de demanda de amparo, toda vez que se tiene certeza de que la parte quejosa fue notificada del proveído de catorce de julio pasado, emitida por el juez de lo penal responsable, desde el quince de julio siguiente, atento al cómputo antes realizado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo que establecen los artículos 17, 18, 22, y 61, fracciones XIV y XXIII, todos de la citada ley de la materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se le tienen los estrados de este juzgado para oír y recibir notificaciones personales, pues conforme lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el correo, es una forma mediante la cual podrán entablarse comunicaciones no procesales, previo cercioramiento que de su recepción realice el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional. Cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. Así mismo, se tienen por autorizados a Orquídea Jazmín Ávila González y Jesús Zárraga Durán, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, lo cual se constató por este juzgado. Y con las facultades restringidas a las demás personas, por así haberlo manifestado expresamente. EXHORTO A LAS PARTES Conforme a lo dispuesto en el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, SE INVITA A LAS PARTES para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, para lo cual, se hace de su conocimiento que para seguir el trámite del "juicio en línea", es necesario que mediante una promoción electrónica soliciten a este juzgado la autorización para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, para lo cual deberán aportar el "nombre de usuario" que se genera en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por ello, se invita a las partes para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada "Firel" del Poder Judicial de la Federación ante el Portal de Servicios en Línea del propio Poder Judicial de la Federación; para mayor información puede seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx/ Incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataforma "Android" o "iOS". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese.

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