Alberto José Rendón Rincón
Expediente 99/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 99/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alberto José Rendón Rincón
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en el sentido que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto dictado el veintiocho de febrero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por lo que se establece como fecha probable el veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Veracruz, y anexo adjunto, a través del cual rinde informe justificado, en términos de lo que disponen el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, ténganse como pruebas de la citada autoridad las constancias que en copia certificada adjuntó al informe de mérito, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia. Ahora, visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo ********************/202********************-I, en que se actúa, se advierte que mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito con residencia en esta ciudad, el nueve de febrero del año en curso, ********************promovió el juicio de amparo en que sea actúa. Así, del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente sumario, procede establecer con claridad y precisión el acto reclamado, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ********************2, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación de los actos reclamados, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, es dable establecer que el acto reclamado en el escrito de demanda, se hace consistir en: De la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Veracruz: La omisión de acordar lo relativo a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en el procedimiento ordinario laboral número ********************/2018 con motivo de la demanda presentada por el quejoso ********************en contra de Pemex Refinación, hoy Pemex Transformación Industrial. En relación con ello, en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente asunto. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia 2a./J.10/200******************** de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 200********************, Materia común, Novena Época, visible en la página ********************86, registro 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 8********************, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 7******************** de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En efecto, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en la ciudad de Veracruz, anexas al informe justificado de mérito relacionadas con el acto reclamado, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Del numeral transcrito se evidencia la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/********************, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ********************8, Tomo IX, Junio de 1********************9, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 7********************, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se indica, por virtud de la sustitución procesal de actos, en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 7******************** de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y, por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En este contexto, se itera, en la especie el quejoso ********************reclama en esencia la omisión de la junta responsable de acordar lo relativo a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en el procedimiento ordinario laboral número ********************/2018, de su índice. Al respecto, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que en los autos del procedimiento ordinario laboral número ********************/2018, de su índice, el quince de febrero del año en curso, la responsable emitió el acuerdo de admisión de las pruebas ofrecidas por las partes actora y demandada, y señaló como fecha para su desahogo las diez horas del veintidós de marzo del año en curso, para la celebración de la audiencia donde el perito de las citadas partes comparezcan para aceptar y protestar el cargo conferido en relación con la prueba pericial médica ofrecida por la parte actora y señaló las once horas de la fecha indicada para celebración de la audiencia donde el perito de las citadas partes comparezcan para aceptar y protestar el cargo conferido en relación con la prueba pericial técnica en medio ambiente laboral ofrecida por la demanda, como se observa de las constancias relativas. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la multicitada ley de la materia. Por tanto, válidamente se puede concluir que en el caso particular cesaron los efectos de la omisión reclamada por la parte quejosa; por tanto, la afectación de que se dolía el impetrante de amparo desapareció, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1********************8, materia común, visible a página 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 7********************, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." No es obstáculo a lo anterior, que a la fecha no se haya efectuado el emplazamiento al presente juicio de la parte tercera interesada Pemex Refinación, hoy Pemex Transformación Industrial, en virtud de que se advierte en forma notoria que la presente resolución le beneficia en tanto se continúa con el procedimiento de origen, y con ello, se persigue el principio de justicia pronta, establecida en el artículo 17 constitucional. Se invoca por su contenido, la jurisprudencia 5********************1, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ********************49, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, del Apéndice de 1********************5 al Semanario Judicial de la Federación, registro ********************94487, que indica: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 6********************, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado, por haber cesado sus efectos, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe.Certificación: El Secretario certifica que la promoción, documento, auto y/o resolución que antecede, coinciden en su totalidad con el expediente electrónico e impreso, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo. Doy fe. En esta fecha, se libra el oficio correspondiente, al tenor de la minuta que se agrega. Conste. Boca del Río, Veracruz, a 28 de febrero de 202******************** "202********************, Año de Francisco Villa. El Revolucionario del Pueblo" Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz Juicio de Amparo ********************/202********************-I OF.161********************-I Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje Veracruz, Veracruz. En los autos del juicio de amparo ********************/202********************-I promovido por ********************Rincón, contra actos de usted, el día de hoy se dictó el siguiente acurdo: "Boca del Río, Veracruz, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Veracruz, y anexo adjunto, a través del cual rinde informe justificado, en términos de lo que disponen el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, ténganse como pruebas de la citada autoridad las constancias que en copia certificada adjuntó al informe de mérito, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia. Ahora, visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo ********************/202********************-I, en que se actúa, se advierte que mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito con residencia en esta ciudad, el nueve de febrero del año en curso, ********************promovió el juicio de amparo en que sea actúa. Así, del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente sumario, procede establecer con claridad y precisión el acto reclamado, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ********************2, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación de los actos reclamados, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, es dable establecer que el acto reclamado en el escrito de demanda, se hace consistir en: De la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Veracruz: La omisión de acordar lo relativo a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en el procedimiento ordinario laboral número ********************/2018 con motivo de la demanda presentada por el quejoso ********************en contra de Pemex Refinación, hoy Pemex Transformación Industrial. En relación con ello, en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente asunto. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia 2a./J.10/200******************** de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 200********************, Materia común, Novena Época, visible en la página ********************86, registro 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 8********************, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 7******************** de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En efecto, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en la ciudad de Veracruz, anexas al informe justificado de mérito relacionadas con el acto reclamado, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Del numeral transcrito se evidencia la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/********************, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ********************8, Tomo IX, Junio de 1********************9, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 7********************, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se indica, por virtud de la sustitución procesal de actos, en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 7******************** de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y, por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En este contexto, se itera, en la especie el quejoso ********************reclama en esencia la omisión de la junta responsable de acordar lo relativo a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en el procedimiento ordinario laboral número ********************/2018, de su índice. Al respecto, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que en los autos del procedimiento ordinario laboral número ********************/2018, de su índice, el quince de febrero del año en curso, la responsable emitió el acuerdo de admisión de las pruebas ofrecidas por las partes actora y demandada, y señaló como fecha para su desahogo las diez horas del veintidós de marzo del año en curso, para la celebración de la audiencia donde el perito de las citadas partes comparezcan para aceptar y protestar el cargo conferido en relación con la prueba pericial médica ofrecida por la parte actora y señaló las once horas de la fecha indicada para celebración de la audiencia donde el perito de las citadas partes comparezcan para aceptar y protestar el cargo conferido en relación con la prueba pericial técnica en medio ambiente laboral ofrecida por la demanda, como se observa de las constancias relativas. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la multicitada ley de la materia. Por tanto, válidamente se puede concluir que en el caso particular cesaron los efectos de la omisión reclamada por la parte quejosa; por tanto, la afectación de que se dolía el impetrante de amparo desapareció, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1********************8, materia común, visible a página 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 7********************, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." No es obstáculo a lo anterior, que a la fecha no se haya efectuado el emplazamiento al presente juicio de la parte tercera interesada Pemex Refinación, hoy Pemex Transformación Industrial, en virtud de que se advierte en forma notoria que la presente resolución le beneficia en tanto se continúa con el procedimiento de origen, y con ello, se persigue el principio de justicia pronta, establecida en el artículo 17 constitucional. Se invoca por su contenido, la jurisprudencia 5********************1, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ********************49, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, del Apéndice de 1********************5 al Semanario Judicial de la Federación, registro ********************94487, que indica: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 6********************, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado, por haber cesado sus efectos, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por ********************, por propio derecho, seis copias de la misma; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el juicio ********************/2023-I y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ADMISIÓN Con fundamento en lo que disponen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, III, VII, XII y XV, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda presentada por ********************, por propio derecho, contra las autoridades y actos detallados en el escrito de demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, ni advertirse de la lectura íntegra de su demanda dicha petición, además de que el suscrito no advierte que se actualice alguna de las hipótesis previstas por el artículo 127 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no versa sobre extradición o que de llegar a consumarse sea de imposible reparación. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. INFORME JUSTIFICADO: Pídase a la autoridad responsable su informe con justificación que deberá rendir dentro del término de quince días, con estricto apego a lo establecido en los artículos 117, párrafo segundo y 63, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: < Que rinda su informe justificado, respecto de la totalidad de los actos reclamados, en el término legal contado a partir de que reciba el oficio relativo a este acuerdo. < Acompañe copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclama, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. < Mencione el nombre correcto y completo de la parte quejosa, así como, el número del expediente, oficio y mesa correspondiente. En la inteligencia de que si la autoridad responsable no rinde su informe justificado, o lo hace sin remitir lo solicitado, se le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa individualizada equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, la cual hoy equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); misma que se actualizará al momento de realizarse la conducta sancionada. INFORMEN SI SE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA: Requiérase a la autoridad responsable para que cuando haya ocurrido causas notorias de sobreseimiento lo informe de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo; asimismo, informe si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, y de ser así indique el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto; con el apercibimiento de no hacerlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la cual hoy equivale a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), misma que se actualizará al momento de realizarse la conducta sancionada. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL: De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la ley en cita, dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado en materia de amparo, y con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso k), de la propia legislación, notifíquesele la admisión del presente asunto vía correo electrónico fernando.cesar@fgr.org.mx, corriéndole traslado con copia de la demanda de mérito. EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE TERCERO INTERESADA Ahora, en términos de la fracción III, inciso b), del artículo 5 de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado a********************hoy, ********************; en consecuencia, con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, comisiónese a cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado para que con copia del presente acuerdo, y escrito de demanda lo emplace en el domicilio ubicado en con domicilio ubicado en********************avenida********************sin número, colonia********************, por conducto de quien legalmente lo represente. AUTORIZADOS Y SOLICITUD DE JUICIO EN LÍNEA: Se tiene por autorizado en términos amplios de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y********************, ambos de apellidos ********************, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho mediante el registro de su cédula en el en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales Ahora, por cuanto a lo que pide el quejoso en el sentido de que se tramite el presente asunto como "juicio en línea", dígasele que por el momento no es procedente acordar de conformidad su petición, toda vez que, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo General 8/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, todas las partes o sus representantes deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado, por lo que en la especie no se encuentra en el supuesto del artículo citado, dado que se está radicando el presente asunto. AUTORIZACIÓN PARA ACCESAR AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO CON USUARIO Y SE REALICEN NOTIFICCIONES ELECTRÓNICAS De igual forma, de conformidad con los artículos 3, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se autoriza al quejoso el acceso, consulta y notificación del expediente electrónico vía internet, con número de usuario "********************", por lo que se instruye a la a la oficial Administrativa "A" adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitarlo para que pueda accesar, consultar y notificarse vía internet en el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, para que realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO De igual manera, se le tienen como medios de contacto el correo electrónico y número telefónico que indica en el ocurso de cuenta, los cuales se tomarán en consideración tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables. PRUEBAS: Téngase como prueba de la parte quejosa la documental que adjuntó al escrito de demanda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional respectiva, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. INEXISTENCIA AUTORIDADES RESPONSABLES: Infórmese a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano o los Actuarios Judiciales de la adscripción devuelven el oficio con transcripción de este proveído en razón de que no les fue posible entregarlo a la autoridad señalada como responsable destinataria por inexistencia de la misma, se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ella, y en su oportunidad se tendrá por inexistente, lo anterior con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda proporcionar la nueva denominación de la autoridad en el momento procesal oportuno, cuando así lo crea conveniente. AUTORIZACIÓN PARA LIBRAR OFICIOS Se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar oficios derivados de este asunto. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO: Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios que del mismo deriven; ya que en el propio auto se indica la urgencia y además para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Lo anterior, sin perjuicio de que los oficios dirigidos a la autoridad responsable como tal o en su carácter de terceros interesados se hagan por los medios a su alcance, como fax o correo electrónico, según su practicidad, levantando la constancia correspondiente en la que se asiente la hora y fecha de la recepción del oficio relativo y los anexos en el caso de que los tuviere; el órgano que los remite; el servidor público adscrito de la autoridad responsable que la o los recibe, además de su nombre y cargo. Lo ordenado, para obviar trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual, evitar el desgaste innecesario a quienes se les encomienda la tarea de notificar; todo ello en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, 24 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. No se opone dicha determinación con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que los oficios y anexos dirigidos a la responsable o a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, serán entregados en el domicilio de su oficina principal por el funcionario del juzgado, quien recabará la constancia de recibo correspondiente; toda vez que el dispositivo en comento no establece que dicho diligenciario deba constituirse físicamente en la oficina principal de la autoridad a notificar, sino que bastará que el empleado entregue a la autoridad y recabe el acuse de recibo, lo cual se cumple con la constancia actuarial que al respecto se ordena levantar en cada caso, bastando ello para que surta efectos la notificación, solicitud o requerimiento respectivo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que de no recibir el oficio o telegrama, la notificación se tendrá por hecha, previo conocimiento que de tal circunstancia haga el fedatario a la encargada de la oficina correspondiente; de igual forma, se apercibe al encargado de la oficina pública de comunicaciones, que si no envía el oficio librado en el presente juicio, de conformidad con el numeral 237, fracción I, 238 y 243 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, a partir de ahora únicamente le será notificada por oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a la autoridad responsable que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx puede(n) realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". AUTORIZACIÓN AL ACTUARIO PARA TESTAR Y CORREGIR DENOMINACIÓN DE AUTORIDADES Con el fin salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta a cualesquiera de los actuarios de la adscripción para que, en los oficios librados a las autoridades responsables locales, puedan testar y corregir las denominaciones de las autoridades a las que se encuentran dirigidos, esto es así, si al constituirse en el domicilio oficial sean informados que la denominación es incorrecta y sea proporcionada la correcta o, dada las funciones que realizan propias a su puesto, es de su conocimiento la denominación correcta de las autoridades a las que se dirigen las misivas. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese por correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, personalmente al tercero interesado, por oficio a las autoridades responsables y electrónicamente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes
- Alberto Duret Torres518/2017
- Alberto García Varilla1326/2021
- Alberto Gonzalez Hernandez1132/2014
- Alberto Gonzalez Morales597/2015
- Alberto Gutiérrez Ventura935/2015
- Alberto Hernández Ponce1144/2015
- Alberto López Rodríguez311/2022
- Alberto Machucho Barrios1031/2015
- Alberto Machucho Barrios831/2015
- Alberto Martínez Moran247/2017
- Alberto Mendez Mato135/2015
- Alberto Miranda Liñero219/2015