Alberto Jose Pat Perez

Expediente 918/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
918/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
19/08/2019

Partes del expediente

  • Alberto Jose Pat Perez

Actuaciones

  1. Principal

    III. Visto estos autos, se advierte el informe justificado rendido por la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, y anexo que acompañó, de cuyas constancias se aprecia que ya fue expedido el nuevo certificado parcelario con el número 1013050, a favor del beneficiado Alberto José Pat Pérez, ahora quejoso. Ahora bien, tomando en consideración de la revisión del escrito de demanda y los conceptos de violación, que la materia del asunto es en esencia, la denegación de justicia de que está siendo objeto la parte quejosa consistente en la falta de inscripción del contrato de enajenación de fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, cancelación a nombre de Casiano Balam Durán, del certificado parcelario individual marcado con el número 39469 del ejido de Sucilá, municipio de Sucilá, expedición y entrega del certificado parcelario de la parcela número 101 Z1 P1/5 del Ejido de Sucilá, municipio de Sucilá, siendo el caso que de las constancias que remitió la responsable a su informe justificado, se advierte que ya fue expedido el nuevo certificado parcelario con el número 1013050, a favor del beneficiado Alberto José Pat Pérez; en tal virtud, se impone considerar la pertinencia de decretar el sobreseimiento del presente juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, de acuerdo con las razones siguientes: Cabe acotar que diversas tesis integradas por órganos del Poder Judicial de la Federación sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes tales como: 1) El desistimiento; 2) La muerte del quejoso; 3) La cesación de los efectos del acto reclamado, y; 4) El cambio de situación jurídica. Teniéndose en cuenta que la actualización de alguna de las anteriores hipótesis debe ser tan evidente que ni aún en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, por lo que en consecuencia, el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno entre la sustentada en la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 81 fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De lo anterior, se desprende que cuando la causa de improcedencia que opere en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Además de acuerdo con el principio rector del juicio de amparo, que consagra la obligación del tribunal que conoce de este medio de control constitucional de examinar de oficio y en cualquier etapa del juicio las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, el cual se encuentra plasmado en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procederá a su estudio. En la especie el motivo de inconformidad materia del presente juicio, lo constituye la denegación de justicia por parte del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, consistente en la falta de inscripción del contrato de enajenación de fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, cancelación a nombre de Casiano Balam Durán, del certificado parcelario individual marcado con el número 39469 del ejido de Sucilá, municipio de Sucilá, expedición y entrega del certificado parcelario de la parcela número 101 Z1 P1/5 del Ejido de Sucilá, municipio de Sucilá; empero, de las constancias que remitió la responsable, se advierte que ya fue atendida su solicitud, puesto que ya fue expedido el nuevo certificado parcelario con el número 1013050, a favor del beneficiado Alberto José Pat Pérez, el cual se encuentra a su disposición en el Centro de Atención a usuarios de la responsable. En ese contexto y tomando en consideración que dicha documental tiene valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es evidente que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la ley de la materia, que a la letra establece, "que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", ya que la autoridad responsable informó que ya fue expedido el nuevo certificado parcelario con el número 1013050, a favor del beneficiado Alberto José Pat Pérez; volviendo las cosas a su estado normal como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Sirve de sustento a las consideraciones anteriores, la tesis jurisprudencial que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Así como la diversa jurisprudencia que aparece en el que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63 fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que en el particular opera de manera notoria, plena e indubitable, una cesación de efectos del acto reclamado originalmente, que no podría ser desvirtuada ni aún en la audiencia constitucional. Por lo anterior queda sin efecto la hora y fecha de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    III. Visto estos autos, se advierte el informe justificado rendido por la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, y anexo que acompañó, de cuyas constancias se aprecia que ya fue expedido el nuevo certificado parcelario con el número 1013050, a favor del beneficiado Alberto José Pat Pérez, ahora quejoso. Ahora bien, tomando en consideración de la revisión del escrito de demanda y los conceptos de violación, que la materia del asunto es en esencia, la denegación de justicia de que está siendo objeto la parte quejosa consistente en la falta de inscripción del contrato de enajenación de fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, cancelación a nombre de Casiano Balam Durán, del certificado parcelario individual marcado con el número 39469 del ejido de Sucilá, municipio de Sucilá, expedición y entrega del certificado parcelario de la parcela número 101 Z1 P1/5 del Ejido de Sucilá, municipio de Sucilá, siendo el caso que de las constancias que remitió la responsable a su informe justificado, se advierte que ya fue expedido el nuevo certificado parcelario con el número 1013050, a favor del beneficiado Alberto José Pat Pérez; en tal virtud, se impone considerar la pertinencia de decretar el sobreseimiento del presente juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, de acuerdo con las razones siguientes: Cabe acotar que diversas tesis integradas por órganos del Poder Judicial de la Federación sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes tales como: 1) El desistimiento; 2) La muerte del quejoso; 3) La cesación de los efectos del acto reclamado, y; 4) El cambio de situación jurídica. Teniéndose en cuenta que la actualización de alguna de las anteriores hipótesis debe ser tan evidente que ni aún en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, por lo que en consecuencia, el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno entre la sustentada en la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 81 fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De lo anterior, se desprende que cuando la causa de improcedencia que opere en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Además de acuerdo con el principio rector del juicio de amparo, que consagra la obligación del tribunal que conoce de este medio de control constitucional de examinar de oficio y en cualquier etapa del juicio las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, el cual se encuentra plasmado en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procederá a su estudio. En la especie el motivo de inconformidad materia del presente juicio, lo constituye la denegación de justicia por parte del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, consistente en la falta de inscripción del contrato de enajenación de fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, cancelación a nombre de Casiano Balam Durán, del certificado parcelario individual marcado con el número 39469 del ejido de Sucilá, municipio de Sucilá, expedición y entrega del certificado parcelario de la parcela número 101 Z1 P1/5 del Ejido de Sucilá, municipio de Sucilá; empero, de las constancias que remitió la responsable, se advierte que ya fue atendida su solicitud, puesto que ya fue expedido el nuevo certificado parcelario con el número 1013050, a favor del beneficiado Alberto José Pat Pérez, el cual se encuentra a su disposición en el Centro de Atención a usuarios de la responsable. En ese contexto y tomando en consideración que dicha documental tiene valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es evidente que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la ley de la materia, que a la letra establece, "que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", ya que la autoridad responsable informó que ya fue expedido el nuevo certificado parcelario con el número 1013050, a favor del beneficiado Alberto José Pat Pérez; volviendo las cosas a su estado normal como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Sirve de sustento a las consideraciones anteriores, la tesis jurisprudencial que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Así como la diversa jurisprudencia que aparece en el que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63 fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que en el particular opera de manera notoria, plena e indubitable, una cesación de efectos del acto reclamado originalmente, que no podría ser desvirtuada ni aún en la audiencia constitucional. Por lo anterior queda sin efecto la hora y fecha de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    III. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, de dicha responsable, el que menciona en su informe con justificación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3306/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. RPE

  4. Principal

    Agréguese a estos autos el telegrama suscrito por el Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, mediante el cual informa que por circular veintitrés signada por la Secretaria de Acuerdos Interina del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, de veintisiete de mayo del presente año, se aprobó la desaparición del Juzgado Tercero de Primera Instancia, ordenándosele la absorción de los procesos penales de dicho órgano para su continuación, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

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