Alberto José Jiménez Barroeta

Expediente 295/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
295/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
07/12/2021

Partes del expediente

  • Alberto José Jiménez Barroeta
  • Titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a siete de diciembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibida la guía de rastreo 3079501498 del servicio de mensajería denominado "Estafeta", mediante la cual se devuelve el oficio 37162/2021 dirigido al Titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, relativa al auto de veinticinco de octubre del año en curso, con motivo de que, falta datos del domicilio y el precisado es incorrecto. Por tanto, agréguese el oficio al presente asunto y reexpídase el aludido comunicado, en la inteligencia de que debe de ser enviado al domicilio actual y correcto de dicha autoridad.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para las partes se inconformaran con el acuerdo de veintinueve de julio dos mil veintiuno, por el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, y así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. II. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. III. Orden de destrucción. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. IV. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Autoridad cumple. Agréguese a los autos para que obren como corresponda el oficio que remite el representante de la Jefa de Departamento de Protección 3 adscrita a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, visto el contenido, se advierte que cumple con el requerimiento del auto de dieciséis de julio del año en curso, y para tal efecto remite las constancias solicitadas. Pruebas. Por otra parte, se tienen como pruebas de su parte las copias certificadas que remite en apoyo a su informe justificado, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la ley de la materia. Se sobresee fuera de audiencia. Recibidas las constancias en el párrafo anterior, toda vez que de las constancias certificadas que se adjuntaron al mismo, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de resolver el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado dentro del término que al efecto señala la Ley sobre Refugiados Protección Complementaria y Asilo Político. Luego, de las constancias que acompañó la autoridad responsable al escrito de cuenta, se advierte que han cesado los efectos de tal acto reprochado en esta sede de control constitucional. En efecto, de la lectura de la documental se observa lo siguiente: a) Mediante resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, el Subdirector de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, reconoció la condición de refugiado al quejoso Alberto José Jiménez Barroeta, misma que fue notificada al quejoso en fecha trece de enero del año en curso. Ante tales circunstancias, es diáfano que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, la omisión de que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fue cubierta con dictado de la resolución por la cual se le reconoció el carácter de refugiado al quejoso, la cual ya se encuentra notificada. Tiene aplicación la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos para las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Zulema Sánchez Ibarra, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Resolución del tribunal Colegiado. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, remite testimonio con firmas electrónicas de la ejecutoria dictada por ese tribunal en sesión ordinaria virtual de ocho de julio de dos mil veintiuno en el amparo en revisión 22/2021 de su índice. Resolución por la cual el tribunal Colegiado de alzada determinó reponer el procedimiento del sumario de amparo que nos ocupa, para los efectos precisados en ésta. Bajo ese contexto, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. Data para la celebración de la audiencia constitucional. Bajo esa tesitura, hágase del conocimiento a las partes que se señalan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Precisión de la resolución de alzada. En otro orden de ideas, se precisa que en el toca de mérito se precisaron los siguientes efectos: "Conclusión. En las relatadas condiciones, lo que procede es, conforme a lo previsto en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 295/2020, del índice del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, para que ordene las providencias que estime pertinentes, con la finalidad de que indague y, en su caso, recabe copias certificadas de la resolución de catorce de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Subdirector de Protección de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por la que se reconoció la condición de refugiado a Alberto José Jiménez Barroeta, y de la constancia de notificación que se le hubiera practicado; hecho lo anterior, continúe con el trámite del juicio de amparo por sus etapas correspondientes". Se acata resolución. En consecuencia, en estricto acatamiento a la ejecutoria emitida por el referido tribunal Colegiado, se deja insubsistente la audiencia y sentencia de diez de marzo de dos mil veinte y se procede a emitir el acuerdo correspondiente en los siguientes términos. Se requieren constancias En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, requiérase a la Jefa de Departamento de Protección 3 adscrita a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación de este proveído informe si el catorce de diciembre de dos mil veinte, se reconoció la condición de refugiado a Alberto José Jiménez Barroeta, y si esta le fue notificada dicha resolución, y en caso afirmativo remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con el anterior dentro del plazo señalado o de ser omiso e informar la causa legal o material que se lo impida, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley en consulta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Zulema Sánchez Ibarra, que autoriza y da fe.

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