Alberto José Hammeken Pérez

Expediente 304/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 22 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
304/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • Alberto José Hammeken Pérez
  • Ines del Carmen Gonzalez Morales
  • INES DEL CARMEN GONZALEZ MORALES y Otros.
  • Alberto José Hammeken Pérez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 304/2021-IV El catorce de marzo de dos mil veintidós, Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA que: 1. El término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia de dieciocho de febrero del año en curso, le transcurrió del veintitrés de febrero al ocho de marzo de esta anualidad, toda vez que se le notificó personalmente el veintiuno de febrero del año en curso, surtió efectos el veintidós de febrero siguiente, sin contar los días veintiséis, veintisiete de febrero, cinco y seis de marzo del presente año, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho; lo anterior se confirmó después que el oficial de partes de este juzgado federal, hiciera una revisión minuciosa del libro de correspondencia que recibe este órgano jurisdiccional, sin encontrar promoción alguna de la referida parte procesal, en la que se promoviera dicho recurso; 2. No existe parte tercero interesada; 3. No se aperturó el incidente de suspensión relativo; y 4. No obra agregado documento original con firma autógrafa e insustituible. Doy fe. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López CUENTA. El catorce de marzo de dos mil veintidós, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de marzo de dos mil veintidós. Vistos; la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciocho de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que sea óbice a la anterior determinación, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades foráneas Congreso y Gobernadora, ambos del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, girados a fin de notificarles la sentencia emitida en el sumario en que se actúa, pues dada la conclusión alcanzada, es a la parte quejosa a quien puede afectar el sentido de la determinación tomada y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así la aludid autoridad responsable, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía jurídica la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO POR CONDUCTO DE SU DELEGADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA LEY CUYA CONSTITUCIONALIDAD DEFIENDE." Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo, como asunto totalmente concluido y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE ??????????????? en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, previa formulación del acta y relación correspondiente. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de febrero de dos mil veintidós. VISTO; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 304/2021, promovido por INÉS O IRMA DEL CARMEN GONZÁLEZ MORALES y ALBERTO JOSÉ HAMMEKEN PÉREZ, ambos por derecho propio, contra actos del Congreso del Estado de Guerrero, y de otras autoridades; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el diez de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, validado el siete de abril siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, en esta demarcación, y turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito, INÉS O IRMA DEL CARMEN GONZÁLEZ MORALES y ALBERTO JOSÉ HAMMEKEN PÉREZ, ambos por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "[.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES, Resultan ser las siguientes: 1).- El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 2).- El C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 3).- El C. Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. IV.- ACTOS RECLAMADOS. 1).- Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama: La expedición de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2021, específicamente su artículo 9, incisos a) y c), que establece la tasa de impuesto predial. 2.- Del C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama: La aprobación, sanción, promulgación, orden de publicación y ejecución de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2021, específicamente su artículo 9, incisos a) y c), que establece la tasa del impuesto predial. 3.- Del Director de Ingreso; del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, se reclama: La aplicación de los preceptos legales cuya inconstitucionalidad se reclama, a través de la recepción del pago y emisión del recibo correspondiente. [.]" GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 2 SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados y narración de antecedentes. La parte quejosa invocó como derecho transgredido el contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transcribió los antecedentes de los actos reclamados que estimó conducentes. TERCERO. Tramitación del juicio. En acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda bajo el número 304/2021; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; ordenó dar a la Fiscal Federal adscrita la intervención que legalmente le compete; señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos y, notificadas las partes del auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, sin que a la fecha en que se resuelve hayan planteado alguna causa de recusación que impida a la suscrita dictar sentencia en términos de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, en virtud de que se reclaman normas de carácter general emitidas por el Congreso local cuyo primer acto de aplicación tuvo verificativo dentro del GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 304/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 3 ??????? ?? límite territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio1. TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza de los actos reclamados, es necesario fijarlos claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis número P.VI/2004, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SUFIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."2; de ahí que, de conformidad con el análisis contextual señalado, se obtiene que la parte quejosa reclama: 1. Del Congreso y del Gobernador, ambos del Estado de Guerrero, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.- La expedición, aprobación, sanción, promulgación y la orden de publicación de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, específicamente el artículo 9, incisos a) y c). 2. De la Directora de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.- La aplicación de los preceptos reclamados, a través de la recepción del pago de impuesto predial en el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en términos del estado de cuenta número 417485, respecto del inmueble identificado con cuenta catastral 042- 010-036-1064, y que originó la emisión de la factura folio 2100226095. 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 2 Tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 4 CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, de análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO3." Así, tenemos que la Directora de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, negó la existencia de los actos atribuidos. Negativa que se acepta por las consideraciones que se explican a continuación. La aplicación de los preceptos legales reclamados deriva de la actuación de la parte quejosa frente al contenido normativo de aquéllos, con motivo del pago que efectuó por concepto de impuesto predial y no porque la autoridad señalada 3 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, de abril de 1994, página 68. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 304/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 5 ??????? ?? como ejecutora, en ejercicio de sus facultades, hubiera hecho efectivo el cumplimiento del mandato contenido en los numerales controvertidos, es decir, aunque pudiera ser cierto que la responsable recibió el pago del impuesto predial; lo cierto es que la aplicación de la norma se materializó con el entero de la contribución que de manera voluntaria y espontánea efectuó el contribuyente; de ahí que la parte quejosa se ubica en la hipótesis de autoliquidación. En relación con esa figura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS, en sesión de veintisiete de junio de dos mil siete, determinó lo siguiente o La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad, por lo que el que en un juicio de amparo el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, sólo acredita la autoaplicación de la ley y no da lugar a tener por acreditada la existencia de los actos de determinación y cobro atribuidos a la autoridad ejecutora. Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. De la ejecutoria aludida derivó la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 6 DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En aplicación del anterior criterio jurisprudencial, se arriba a la conclusión que no puede considerarse que la autoridad señalada como responsable haya aplicado en perjuicio de la parte quejosa las normas reclamadas. oLa parte peticionaria de amparo acudió a este juicio de garantías con motivo del pago que, voluntariamente y en forma espontánea, efectuó del impuesto predial en el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en términos del estado de cuenta número 417485, respecto del inmueble identificado con cuenta catastral 042-010-036-1064, y que originó la emisión de la factura folio 2100226095. La mecánica para la determinación de las contribuciones locales se encuentra regulada, entre otros, por los artículos 28, 29, 30, 34 y 72 del Código Fiscal Municipal número 152, de los que se desprende que el sistema contributivo municipal se rige por el principio autodeterminativo, ya que la determinación o liquidación de los tributos se efectúa - ordinariamente- por el propio contribuyente. La ley fiscal parte de un diverso principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias, de manera excepcional, la ley dispone que ese cálculo podrá ser realizado por la autoridad hacendaria. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 304/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 7 ??????? ?? La autoliquidación es una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto administrativo, sino una simple declaración tributaria en la que el propio sujeto pasivo practica también la liquidación tributaria consecuente. La autoliquidación es una declaración liquidación practicada y presentada por el propio sujeto pasivo. En la práctica, a esta forma de enterar el tributo a cargo del contribuyente también se le denomina autodeterminación, que es el procedimiento mediante el cual el propio contribuyente determina los impuestos a su cargo y efectúa el entero respectivo. La autodeterminación contributiva se basa en el principio de buena fe, de acuerdo con el cual el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria cumple, espontáneamente y en tiempo, con sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. Resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 11/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del texto siguiente: "OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. El citado precepto dispone que corresponde a los contribuyentes determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Consecuentemente, en el causante recae la obligación de determinar, en cantidad líquida, las contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley. La autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias. Ahora bien, la interpretación del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación pone de relieve que la referida autodeterminación no constituye un reflejo de algún principio constitucional, esto es, no se trata de un derecho a favor del contribuyente, sino de una modalidad relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuya atención supervisa la autoridad fiscal, como lo acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia tributaria." Como quedó precisado, la autoliquidación no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 8 de recaudar los tributos, sino al cumplimiento voluntario y espontáneo de una obligación establecida en la ley. Lo expuesto evidencia que el cumplimiento de los mandatos contenidos en los preceptos legales reclamados en el presente asunto no puede ser atribuido a las autoridades municipales. En consecuencia, al no ser atribuible el acto de ejecución reclamado a la Directora de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo anterior, procede sobreseer en el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia de actos reclamados. En contraposición a la conclusión alcanzada en el considerando que antecede, tenemos que el Congreso del Estado de Guerrero (por conducto de su Presidenta de la Mesa Directiva) al rendir informe justificado, aceptó los actos que se les atribuyen, en el ámbito de su respectiva competencia; en tanto que la Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, fue omisa en rendir el informe justificado requerido, de ahí que, atento a las circunstancias expuestas y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, es dable tener por ciertos los actos reclamados que les son reprochados; habida cuenta de que la ley no es objeto de prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. En ese sentido, tiene aplicación la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, Materia Común, página 206.) GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 304/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 9 ??????? ?? De igual forma, es aplicable la tesis pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba oficial de la Ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65, primera parte, página 15) SEXTO. Causal de improcedencia fundada. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada y establecidas las anteriores consideraciones, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 814 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que enseguida se transcribe: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." (Semanario Judicial de la Federación, editado en el Apéndice de 1995, Octava Época, Materia Común, Tomo VI, Parte TCC, página 553). Esta Juzgadora considera que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se pretenda impugnar actos consentidos tácitamente. Ahora bien, los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 10 no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo que señala el artículo 17 de la Ley de la Materia. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 304/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 11 ??????? ?? Al respecto, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda es de quince días, salvo: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone que los plazos a que se refiere el artículo 17 de la misma ley se computarán a partir del día siguiente a aquél en que: 1.- Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2.- Haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 12 Precisa además, que en caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. En el caso, la demanda de amparo no fue interpuesta dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior, ya que la parte quejosa reclama: La expedición, aprobación, sanción, promulgación y la orden de publicación de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, específicamente el artículo 9, incisos a) y c). Esto lo hace con motivo del primer acto de aplicación de la norma reclamada, a través de la recepción del pago de impuesto predial en el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en términos del estado de cuenta número 417485, respecto del inmueble identificado con cuenta catastral 042-010-036-1064, y que originó la emisión de la factura folio 2100226095 Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que existen dos momentos para impugnar este tipo de disposiciones; esto es: a) A partir de la emisión de la norma considerada inconstitucional, dentro de los treinta días siguientes, contados a partir de su entrada en vigor. b) Con motivo del primer acto de aplicación de la norma, dentro de los quince días siguientes a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme la ley del acto, la notificación al quejoso del citado acto de aplicación, a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 40/91, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 26 del Semanario Judicial GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 304/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 13 ??????? ?? de la Federación, Tomo VIII, Septiembre de 1991, cuyo rubro y texto son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TERMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 21, 22, fracción I, y 73, fracción XII, segundo párrafo, de la ley de la materia, el amparo contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera dentro de los treinta días contados desde que entra en vigor, la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tiene lugar el primer acto de aplicación de la propia ley, en perjuicio de la parte quejosa; más cuando la demanda de amparo se ha interpuesto extemporáneamente en relación con el plazo de treinta días siguientes a su vigencia, y por otro lado no comprueba la quejosa haberse colocado ella misma en la hipótesis que dicha ley prevé, ni tampoco que las autoridades responsables hayan aplicado en su contra el ordenamiento reclamado, debe concluirse que el amparo es improcedente, porque se dejó pasar la primera oportunidad para impugnar la ley, y aún no se presenta la segunda, por falta de actos de aplicación." En esas condiciones, en el caso, el primer acto de aplicación lo constituye el pago del impuesto predial del ejercicio fiscal de dos mil veintiuno; mismo que tuvo verificativo el trece de enero de dos mil veintiuno. En efecto, la parte quejosa en su demanda manifestó bajo protesta de decir verdad que el trece de enero de dos mil veintiuno realizó el referido pago, por lo tanto dicha manifestación es una confesión expresa, acerca de que tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado señalado en el escrito de ampliación de demanda y que constituyen prueba plena de ese hecho en términos de lo establecido por los artículos 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número P./J. 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cincuenta y siete del tomo III, Junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 200,094, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 14 DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." Ahora bien, tal afirmación se corrobora con el estado de cuenta número 417485, respecto del inmueble identificado con cuenta catastral 042-010-036-1064, que adjuntó al escrito inicial de demanda, y con la copia certificada del historial de pagos, recabado por este órgano jurisdiccional en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, a cargo de la Directora de Catastro e Impuesto Predial; constancias a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y que resultan suficientes para corroborar en la referida fecha se enteró el tributo referido. Resulta aplicable al presente caso la siguiente tesis cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA LAS. EL ACTO DE AUTO LIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN COLOCA AL PARTICULAR EN EL SUPUESTO DE LA LEY RECLAMADA Y LO VINCULA A ELLA, EMPEZANDO A PARTIR DE ESE MOMENTO, A CAUSARLE PERJUICIOS Y A CORRER EL TERMINO DE QUINCE DÍAS PARA IMPUGNARLA. El artículo vigésimo cuarto transitorio de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, prevé el pago de una sobretasa del 10 % respecto del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal correspondiente al año de mil novecientos ochenta y tres. Ahora bien, si el quejoso presentó su declaración relativa al pago de la sobretasa del 10 % y este documento fue recibido por la oficina federal de Hacienda correspondiente, debe estimarse que el artículo en cuestión empezó a causarle perjuicios al quejoso a partir del momento en que se vinculó a la ley colocándose en su supuesto; es decir, cuando formuló su autoliquidación y las autoridades fiscales le recibieron la declaración correspondiente, por ende también empezó a correr el término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la ley de la materia para promover el juicio de amparo en contra del precepto reclamado y su aplicación." (Época: Séptima Época, Registro: 234048, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Segunda Parte, Página: 27) GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 304/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 15 ??????? ?? En ese contexto, resulto oportuno señalar que mediante Circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, y SECNO/12/2021, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la suspensión de plazos y términos procesales durante el periodo que en su totalidad transcurrió del uno de febrero al uno de marzo de dos mil veintiuno; y, en la diversa Circular SECNO/13/2021 de veintisiete de febrero del año en curso, la aludida Comisión hizo del conocimiento púbico que en relación con este circuito judicial se determinó que a partir del cuatro de marzo de dos mil veintiuno se reanudan los términos y plazos procesales. De ahí que, el plazo de quince días para la presentación del amparo quedó comprendido a partir del catorce de enero al ocho de marzo de dos mil veintiuno, sin considerar en dicho cómputo los días sábados y domingos al ser inhábiles en términos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, y el periodo de referencia del uno de febrero al tres de marzo de dos mil veintiuno, en que acaeció la suspensión de plazos y términos procesales. Lo anterior se ilustra en el siguiente calendario: ENERO - MARZO 2021 ENERO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 13 15 16 17 FECHA DEL ENTERO 14 INICIO DE CÓMPUTO 1 2 x x 18 19 20 21 22 23 24 3 4 5 6 7 x x 25 26 27 28 29 30 31 8 9 10 11 12 x x FEBRERO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 x x x X x x x 8 9 10 11 12 13 14 x x x x x x x 15 16 17 18 20 21 22 x x x x x x x 23 24 25 26 27 28 29 x x x X x x x GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 16 MARZO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 x x x REANUDACION DE PLAZOS DIA 13 14 x x 8 9 10 FENECE PLAZO 15 PRESTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO Resulta aplicable la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimient o de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Lo anterior en razón de que en el presente asunto, la parte impetrante se ubica en la segunda de las hipótesis que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, en la hipótesis de conocimiento de los actos reclamados. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 304/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 17 ??????? ?? En ese orden de ideas, si la parte quejosa tuvo conocimiento de dicho acto el trece de enero de dos mil veintiuno, fecha en que se realizó el pago correspondiente, es inconcuso que el término de quince días para promover la demanda contra el acto por el que promueve su demanda ya había transcurrido. En mérito de lo expuesto, la parte quejosa consintió de manera tácita dichos actos, toda vez que no promovió su demanda dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que los actos reclamados encuadren dentro de las excepciones que prevé el mismo numeral. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, página 235, de rubro: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS." Con base en lo anterior, al resultar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del diverso numeral 63, de la propia ley. Con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por la parte quejosa, tendentes a demostrar la violación de los derechos humanos, esta aseveración encuentra apoyo en la siguiente jurisprudencia, cuyo rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." (Octava Época, Registro: 214593, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 70, Octubre de 1993, Tesis: II.3o. J/58, Página: 57) GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 18 Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 74, 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. En términos de lo expuesto en los considerandos cuarto y último de esta sentencia, se sobresee en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta hoy dieciocho de febrero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución, quien actúa asistido por Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe

  3. Principal

    Principal 304/2021 CUENTA. El dos de diciembre de dos mil veintiuno, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. El Secretario Gustavo Vega Ascencio Acapulco de Juárez, Guerrero; dos de diciembre de dos mil veintiuno. Visto; acorde al estado procesal de los autos, con el objeto de evitar reposiciones innecesarias en el procedimiento y tomando en consideración que aún no transcurre el término de tres días otorgado en auto de uno de diciembre del año actual, para que las partes en términos de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, aleguen o puedan plantear alguna causa de recusación que impida a la suscrita seguir conociendo del presente asunto y, en su momento, el dictado de la sentencia correspondiente; por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese por lista a todas las partes, incluida la responsable, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." 1 . Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Principal 304/2021 CUENTA. El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; con apoyo en lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Amparo, que establece que las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera de los impedimentos que se enumeran en el artículo 51 del indicado ordenamiento, con el objeto de evitar reposiciones innecesarias al procedimiento, hágase del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria de veinte de octubre del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la primera adscripción de la suscrita como titular de este órgano jurisdiccional a partir del dieciséis de noviembre en curso, en sustitución del Juez Juan Manuel Acevedo Mejía; lo anterior, para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, en su caso, aleguen motivo alguno existente que obstaculice seguir conociendo del presente asunto, o bien, impida el dictado de la sentencia correspondiente. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, Novena Época, visible en la página 312, con número de registro 164217, del rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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