Alberto Jorge Cervantes Amezcua

Expediente 297/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
297/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
01/07/2019

Partes del expediente

  • Alberto Jorge Cervantes Amezcua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a primero de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, del que se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito devolvió el juicio de amparo 297/2019, asimismo, remitió testimonio de la resolución dictada en el toca R.P. 119/2019; al respecto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo e infórmese a las partes que el órgano revisor confirmó la sentencia recurrida. En cuanto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en el presente juicio -previo desglose de las constancias originales -, procédase a su destrucción. Ahora, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, ya que no es necesaria la retención de los anexos enviados por la autoridad judicial responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que será suficiente el sello de la autoridad de referencia, el cual hará las veces de acuse.

  2. Principal

    Ciudad de México, a catorce de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por el que se acusa recibo del oficio 6780, asimismo, se advierte que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en autos, que quedó registrado con el orden R.P. 119/2019.

  3. Principal

    Ciudad de México, a treinta de abril de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso interpone recurso de revisión contra la determinación de veinticuatro de abril del año en curso, dictada en el presente juicio; con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia de dicho ocurso y agréguese una al expediente, asimismo, en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se encuentre integrado el expediente, remítase este último al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, así como el original del escrito relativo, para la sustanciación del medio de impugnación de referencia. No obstante que no se exhiben copias suficientes del ocurso de cuenta, de conformidad con el numeral 88, párrafo cuarto, de la ley de la materia, obténganse las necesarias para correr traslado a las partes, pues el acto reclamado afecta la libertad personal del quejoso. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Octavo de Distrito similar, por el que se remitieron las constancias que adjuntó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Ahora, dado el excesivo volumen de las constancias mencionadas, fórmense por separado trece anexos, respetando su sello, rúbricas y folio, sin que sea procedente dar vista a las partes, en razón de lo que se expondrá a continuación. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la Juez Décimo Octavo Penal de esta ciudad, la documental que adjuntó a su informe de ley, que se tiene por desahogada en razón de su naturaleza jurídica, que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Ahora, visto el contenido de dicha documental, se advierte, de manera manifiesta e indudable, la actualización de una causal de improcedencia, por lo que es procedente sobreseer en el juicio fuera de audiencia. En efecto, en autos quedó demostrado plenamente el supuesto que prevé la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, ya que el acto reclamado cesó en sus efectos. Dicho dispositivo establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del(la) peticionario(a) de amparo, de modo que ya no puede producir efecto alguno. Ahora, conviene precisar que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro; y 2. Porque la responsable determinó revocarlo, anulando todos los efectos que producía. En el primer caso, se cancelan jurídicamente los efectos de la determinación controvertida, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía el acto originalmente reclamado, siempre y cuando estas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad; esto es, cuando la afectación al gobernado derive invariablemente de la nueva resolución, de modo que aquéllas no puedan entenderse sin este y, por tanto, los efectos en concreto pierdan toda vinculación con los referidos actos. Ese primer supuesto es característico de los actos jurisdiccionales, por la dinámica en la que se emiten, pues los procedimientos judiciales se conforman por una serie de actos concatenados de tal manera que la existencia de uno constituye la base de otro subsecuente con el que se encuentra íntimamente vinculado y, así, cada acto que se sustenta en otro precedente, lo sustituye de inmediato en los efectos que produce, siendo esta nota distintiva la que hace inaplicable a esa clase de actos la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". El criterio recién citado, que sustenta y define el segundo supuesto precisado previamente, derivó de asuntos en los cuales se analizaron exclusivamente actos administrativos que por regla general, no se emiten a partir de procedimientos con las formalidades que exige el actuar de una autoridad judicial, sino que generalmente constituyen determinaciones unilaterales del imperio estatal, que no exigen un acto posterior que sustituya o modifique el estatus generado por el acto reclamado, porque no son más que expresiones de las diversas atribuciones del Poder Ejecutivo cuya finalidad es regular el comportamiento de los gobernados o exigir el cumplimiento de determinadas obligaciones, a diferencia de la función jurisdiccional que tiene como finalidad otorgar seguridad jurídica a las partes que acuden a litigar ante los tribunales. En esa medida, la revocación unilateral del acto por parte de la autoridad administrativa debe ser tal, como establece el criterio mencionado, que no admita duda sobre la persistencia de los efectos del acto, esto es, que en ese caso no basta una anulación formal del acto jurídico pues para que la causal de improcedencia en estudio se verifique en ese supuesto, será necesario que la conducta hecha por parte de la responsable anule las consecuencias jurídicas y materiales del acto reclamado, esto es, que el desistimiento de la pretensión respecto del gobernado debe ser incondicional y efectivo. En virtud de lo anterior, este órgano de control constitucional concluye que en el caso se actualiza el primero de los supuestos para que opere la cesación de efectos de la determinación controvertida, esto es, la sustitución procesal del acto reclamado por otro diverso y, por ese motivo, no es posible realizar el estudio de las posibles violaciones que se hubieran cometido en el referido acto, sin afectar el nuevo contexto generado por el posterior, primordialmente porque la afectación a la esfera jurídica del quejoso ya no se determina por el acuerdo reclamado, sino por uno nuevo, que en el caso es el que se emitió el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en que la autoridad responsable resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinticinco de marzo anterior, determinación que fue notificada al amparista al día siguiente en que se emitió, según consta en la constancia agregada en el tomo identificado con el número II a foja 161, sin que en el caso hubiera instado la acción constitucional contra esta última decisión. Dicho de otra forma, esta última determinación emitida por la juez responsable sustituyó procesalmente al acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, cesando las consecuencias que producía, porque tal acto ya no agravia al quejoso, puesto que es ahora el diverso de veintisiete de marzo pasado es el que podría ocasionarle un perjuicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1579, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, cuya literalidad expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". En ese contexto, como se dijo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, de conformidad con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". No se soslaya que no se dio vista al quejoso con la resolución de veintisiete de marzo del año en curso emitida por la autoridad judicial responsable, para que ampliara la demanda; sin embargo, a criterio de este órgano de control constitucional, esa situación no lo dejó en estado de indefensión, ya que del contenido de esa determinación se aprecia que dicha autoridad judicial notificó al amparista al día siguiente en que se emitió. Con base en lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el trece de mayo de dos mil diecinueve, a las once horas. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,848 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano