Alberto Jesús Herrera López
Expediente 130/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 130/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alberto Jesús Herrera López
Actuaciones
- Principal
MESA "2" Ciudad de México, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos; se advierte que el término de cinco días otorgados al quejoso --------------------------------------------------, a efecto de que desahogara la prevención realizada mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, ha transcurrido, sin que a la fecha el impetrante de amparo realizara manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, por ello, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de la materia, dicha solicitud de amparo se tiene POR NO PRESENTADA. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente al quejoso, así como su defensora de oficio. María Guadalupe
- Principal
MESA "10" Ciudad de México, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Intégrense a los autos copia del escrito de cuenta mediante el cual, la parte quejosa interpone recurso de queja en contra del auto de ocho de febrero de los actuales, dictado en los autos del juicio de amparo en que se actúa y formula agravios. En consecuencia, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito; dado que el presente controvertido constitucional no fue admitido a trámite no hay partes a las cuales correrles traslados. En atención a lo anterior, ríndase informe, en el sentido de que es CIERTO el acto reclamado, en razón a que mediante auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo génesis del presente sumario constitucional por los fundamentos y motivos ahí expresados. Para la substanciación del aludido recurso, remítase el escrito a través del cual la parte quejosa interpone recurso de queja, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en Turno. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, publicado el quince de enero de dos mil quince, se precisa que en el asunto que nos ocupa, con anterioridad no ha tenido conocimiento algún tribunal colegiado. Notifíquese.
- Principal
MESA "2" Ciudad de México, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra del proveído de fecha ocho de febrero de dos mil veintidós por el que se desechó la demanda de amparo dentro del presente juicio, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y toda vez que del estado procesal del presente juicio se evidencia que no existe más por cumplimentar, de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d), del numeral 21 del referido cuerpo normativo, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Se comunica al promovente que de conformidad con el artículo 9 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se procederá a la destrucción del mismo de acuerdo a lo establecido en el artículo 21, inciso d), pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que no existen documentos originales exhibidos por el promovente, a que se refiere el segundo párrafo del artículo 21 referido (de los mencionados en el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo de referencia). Por último, atendiendo al prudente arbitrio de la suscrita, se considera que este expediente no es de relevancia documental para ser resguardado, y no se ubica dentro de los requisitos contenidos en el artículo 15 del Acuerdo antes mencionado Notifíquese.
- Principal
MESA 2*** Ciudad de México, ocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el secretario adscrito a éste órgano jurisdiccional, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por ****, así como la notificación realizada al quejoso, contra los actos y las autoridades que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, con el número 130/2021-2 y fórmese el expediente electrónico e impreso. Ratificación de la demanda Vista la diligencia realizada el dos de los cursantes por el fedatario de la adscripción, de la que se advierte que el directo quejoso ***, manifestó que ratificaba la demanda (ampliación) promovida a su favor por ****; asimismo, ratificó el domicilio para oír y recibir notificaciones que se señaló en el escrito inicial de demanda, además aceptó tener por autorizada a la persona que promovió el amparo a su favor. De igual manera, precisó que actualmente no está siendo torturado, que únicamente fue golpeado por parte de los custodios cuando fue trasladado. Respecto al estado físico del quejoso, el actuario judicial adscrito dio fe de que a simple vista el quejoso se encuentra en buenas condiciones de salud. Consecuentemente, téngase por practicada en sus términos la diligencia ordenada y se tiene por solventada la ratificación de la presente demanda de amparo en favor del directo quejoso. Ahora, respecto de las manifestaciones que vierte el impetrante de amparo en torno a la acción constitucional que promueve, se determina lo siguiente: Consideración Previa Es importante precisar que, de una revisión preliminar de la demanda de amparo y a efecto de lograr una congruencia entre las pretensiones de la amparista, y lo que puede y no, ser materia de análisis en el presente asunto1, se advierte que la promovente *** reclama: 1. Orden de traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I de la Ciudad de México. 2. Tortura, malos tratos (físicos y psicológicos), crueles, inhumanos o degradantes, así como cualquier otro acto de los contemplados por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Negativa de autorizar a ****, ver y hablar con el aquí quejoso ****. ... Improcedencia del juicio de amparo Es necesario destacar que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo2 este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México está obligado a analizar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo y, de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, desechar de plano la demanda. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cabe precisar que la causa manifiesta, se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda o de las constancias que obren en autos. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. En ese sentido, analizado que ha sido el escrito inicial que nos ocupa, este órgano de control constitucional advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desecharla de plano de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. ... En el caso que nos ocupa, este órgano de control Constitucional considera que es improcedente el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado la negativa de no permitirle ver a su hijo, el hoy quejoso ***. Ello es así, toda vez que se estima que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XX, de la ley de la materia,... ... Al respecto, el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consiste en la obligación que tiene el gobernado de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa. De ahí que, dicho principio deba ser acatado previamente por el promovente, salvo las excepciones que el precepto invocado establece, es decir, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. ... Por ello, la negativa de no permitirle ver a su hijo, el hoy quejoso *** reclamada por la parte quejosa no puede ser sujeto al análisis inmediato en este procedimiento vía bi-instancial, sin antes haber agotado el multicitado procedimiento administrativo de peticiones, relativo a las solicitudes de las personas privadas de su libertad que consideren vulneradas sus condiciones de internamiento y, en caso de no obtener respuesta favorable, la propia Ley especial en comento, lo faculta para acudir ante el Juez de Ejecución en controversia judicial y tratándose de caso urgente, acudir de forma directa ante el Juez de Ejecución para la solución jurisdiccional de las peticiones que en su caso le formulen las personas privadas de su libertad. ... Por otra parte, respecto del acto reclamado del hoy quejoso, consistente en la orden de traslado en relación con el principio de definitividad aludido en supralíneas, de igual manera ....la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen el procedimiento a seguir sobre la figura de los traslados voluntarios e involuntarios ante el juez de control o ejecución. En el caso el quejoso reclama una orden de traslado (involuntario), el que en términos de la normativa aplicable, debía ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o ejecución, respecto del cual, en su caso dicha resolución podría ser impugnada a través del recurso de apelación. ... Esto es, existe un medio de impugnación o recurso ordinario a través del cual puede ser modificado o revocado, motivo por el cual se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Se dice lo anterior, toda vez que el quejoso tiene la obligación de agotar los medios de defensa que la Ley prevé en términos de los artículos 8 y 25 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; de ahí que para la procedencia de la vía constitucional bi-instancial, la citada omisión reclamada tendrían que ubicarse dentro de alguno de los supuestos que para tal efecto señala la ley. Además, en que tratándose de actos dictados en el procedimiento judicial, únicamente señala como excepciones al principio de definitividad, los actos que importen peligro de privación de la vida, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, o que se trate de terceros extraños a juicio; sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipótesis, pues se trata de cuestiones que emergen durante el procedimiento de ejecución, etapa para la cual el artículo 18 Constitucional es la base de la existencia de jueces de ejecución, cuya finalidad es respetar y garantizar la estancia de las personas privadas de su libertad. ... Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, así como el diverso precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. ... Notifíquese personalmente al quejoso
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