Alberto Javier Hurtado Vargas

Expediente 152/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
152/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
27/03/2015

Partes del expediente

  • Alberto Javier Hurtado Vargas
  • Juez Primero Penal en el Distrito Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA III. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, para recurrir el auto de veintisiete de febrero de dos mil quince, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. ... Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Dado el volumen de los oficios se autoriza a la Secretaria a signarlos con firma facsimilar.

  2. Incidental

    MESA III Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009...se determina que el original de este incidente es susceptible de destrucción, ...Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. ...una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial. Tómese nota que en el presente incidente, no fue exhibido documento de valor alguno.

  3. Principal

    MESDA. III. Del estado procesal de autos; así como, del escrito inicial que dio origen al presente juicio, se conoce que el quejoso Alberto Javier Hurtado Vargas solicitó el amparo contra las autoridades y actos siguientes:La autoridad señalada como Director de la Policía Ministerial del Distrito Federal, no existe en esta ciudad con esa denominación, lo que se acredita con la razón actuarial que obra en autos (foja 91); por tanto, no puede existir el acto de ejecución a ella reclamado. Los Jueces Primero al Sexagésimo Noveno, todos Penales del Distrito Federal (fojas 80, 87, 49, 66, 71, 65, 67, 53, 56, 54, 84, 85, 64, 55, 39, 35, 73, 36, 34, 74, 43, 30, 72, 20, 21, 37, 24, 25, 58, 59, 60, 61, 81, 46, 45, 48, 44, 79, 50, 86, 52, 47, 88, 51, 68, 70, 69, 22, 28, 76, 38, 23, 31, 77, 27, 33, 29, 32, 89, 63, 26, 62, 57, 83, 82, 78, 42, 40, 41 y 90) y la Directora de Amparos, en ausencia del Procurador General de Justicia del Distrito Federal (foja 91), al rendir informe justificado negaron la existencia de los actos atribuidos por el impetrante, sin que aquél hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En esas condiciones, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo en que se actúa, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, y de la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: Así como por identidad jurídica sustancial, la diversa jurisprudencia número 10, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Novena Época, Marzo de 2003, Materia Común, página 386, de epígrafe y contenido: No es obstáculo para concluir de la manera anotada, la circunstancia de que esté transcurriendo la vista concedida a las partes por autos de veintitrés y veinticuatro de febrero del año en curso, habida cuenta que al haber negado las autoridades responsables en el presente juicio los actos que se les imputan, no cambiaría el sentido de la sentencia la manifestación que en su caso hiciera el impetrante y sí en cambio, retrasaría la impartición de la justicia pronta y expedita en contravención con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que promulga dichos principios. Ante tales circunstancias, continuar con el trámite del presente juicio biinstancial, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resulta ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia; aunado a que dicha forma de proceder, contravendría el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben evidenciar supuestos de mayor entidad como son que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual como ya quedó acreditado, en la especie acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal; por tanto, el sobreseimiento decretado, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17, Constitucional. Además, cabe precisar que la orden de aprehensión, es un instrumento público que emana de una causa penal, y la prueba idónea de su existencia sería el propio documento, mismo que no podría ser aportado por el quejoso, ante la negativa expresa de las autoridades responsables de su existencia, ni siquiera las copias de la misma serían conducentes para ello. Lo anterior es así, porque la función valorativa de las pruebas que se rindan, van encaminadas, en principio, a que el Juez tenga por acreditada la existencia de los actos que se reclaman en el amparo; y si las autoridades responsables niegan haber librado el mandamiento de molestia reclamado, la causa penal no podría estimarse conducente para desvirtuar las negativas, dado que ésta no constituye el acto reclamado, y al valorarla el Juzgador no estaría en condiciones de establecer siquiera una presunción de certeza de los actos reclamados, habida cuenta que no necesariamente la existencia de una causa penal conlleva el dictado de una orden de aprehensión; de ahí que las copias certificadas de mérito, en su caso, resultarían inconducentes para probar ese extremo. Bajo ese panorama, se reitera, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, respecto a la orden de aprehensión, así como, su ejecución. En consecuencia, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintisiete de marzo de dos mil quince (fojas 6 a 8). Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y del conocimiento a las partes, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    MESA. III. Vistos los oficios de cuenta mediante los cuales rinden informe justificado diversas autoridades, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlos al celebrar la audiencia constitucional. se tienen como delegados a las personas que indica la autoridad que así lo refiere en su informe y como domicilio el que proporciona en éste. Por otra parte, agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se desprende la imposibilidad de notificar a la autoridad señalada en consecuencia, ténganse como inexistente y suspéndase toda comunicación con la misma. En ese tenor, se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, realice los ajustes necesarios en ese sistema respecto de dicha autoridad.

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