Alberto Israel Flores Luna

Expediente 69/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
69/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/02/2022

Partes del expediente

  • Alberto Israel Flores Luna

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.69/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de febrero de dos mil veintidós. Firme determinación. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, ha fenecido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Alberto Israel Flores Luna interpusiera recurso de queja contra la determinación de diecisiete de enero de dos mil veintidós, por la que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la determinación estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo. Considerando que en la determinación de diecisiete de enero de este año se desechó la demanda de amparo, y en esta fecha queda firme esa resolución, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 6. Instrucción al Secretarío. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, 1º para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, 2º que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    pral 69/2022 mesa6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de enero de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso *** , por propio derecho, contra actos del director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA" y de otras autoridades; recibida el catorce de enero en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 69/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, después del análisis de la promoción inicial, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley invocada, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. .. De conformidad con lo dispuesto en el precepto legal transcrito, el juicio de amparo será improcedente cuando se trate de actos emanados de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. Disponiéndose como excepción, que no existirá obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En relación con el principio de definitividad, se considera que la premisa fundamental en la que se sostiene el propósito de garantizar la eficacia del juicio de amparo, de acuerdo a su naturaleza y objetivo, radica en que la procedencia de la acción no es irrestricta, dado que las normas constitucionales y especiales que regulan el juicio de amparo conforman una estructura cuyo contenido está dotado de ciertos principios que al mismo tiempo definen su diferencia con los medios legales de defensa ordinarios. Por su parte, en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen los principios generales del juicio de amparo, entre los que destaca el de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto u abstención de una autoridad. Dicho principio se traduce en la obligación impuesta al demandante de la acción constitucional de agotar previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta su esfera jurídica. De ahí que el juicio de amparo, como procedimiento de control constitucional extraordinario, se funda en diversos principios que lo distinguen de los restantes medios de defensa comunes, los cuales se prevén en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional con el propósito de que, previo a la promoción del juicio, se agoten los medios de defensa ordinarios procedentes, para impedir que dicha promoción tenga el efecto pernicioso de obstaculizar la tramitación de aquellos procedimientos ordinarios hasta su culminación con el dictado de una resolución firme e incontrovertible, lo cual fortalece el ejercicio de las facultades que corresponden a las demás autoridades para resolver sobre las situaciones que se les presenten y genere certidumbre en el ordenamiento jurídico. Para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Ahora, la regla general que establece la definitividad en el juicio de amparo de ninguna manera es absoluta, de ahí que no opere en todos los casos ni en todas las materias, pues las excepciones que inciden en la aplicación y eficacia del principio están delimitadas a nivel de la Constitución Federal, la Ley de Amparo y la jurisprudencia. Además, la observancia a ese principio se hace exigible cuando contra el acto reclamado, la ley que lo rige establece un recurso por el que pueda ser modificado, revocado o nulificado; en esa medida, para que la interposición de un recurso sea condicionante de la procedencia del juicio de amparo, es preciso que cumpla requerimientos específicos relativos a que ese recurso o medio de defensa sea legal, es decir, que esté en ley; y, que a través de ese medio sea posible modificar o revocar el acto de autoridad, sin la exigencia de mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión por la Ley de Amparo. Los artículos 107, 108, fracción I, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, fracciones I, II y IV, 117, fracciones I y II, 131 y 132, fracciones I, IV, VI y VIII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal disponen: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; (.)." "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el juez de ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el juez de ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el juez de ejecución para plantear su petición. En este caso, el juez de ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el juez de ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; (.) IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y (.)." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el juez de control o de ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; (.)." "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; (.) IV. Medidas de seguridad; (.) VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; (.) VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y (.)." De la lectura de los preceptos legales reproducidos se advierte que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en relación con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de su internamiento; y que cuando se trate de peticiones urgentes, se podrá acudir de manera directa ante el juez de Ejecución para plantearla, quien oficiosamente suspenderá de inmediato el hecho o acto de que se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva la problemática. También se contempla que si se trata de omisiones, el juez de ejecución será la autoridad legitimada para conocer de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, para lo cual determinará las acciones a realizar por parte de la autoridad penitenciaria. Destacándose que en aquellos casos donde los jueces de ejecución reciban promociones que, por su naturaleza, no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, imponiéndose al director la obligación de resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Además, en el supuesto de que la petición fuera resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución; mientras que si la petición no hubiera sido resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el juez de Ejecución a demandar esa omisión, hipótesis en la que el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. Así también, que las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas por la ley, tendrán acción judicial ante el juez de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver, entre otras cuestiones, las controversias sobre las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa. Aunado a ello, en la legislación federal que se viene aludiendo se prevé la procedencia del recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en la propia ley; medio de impugnación que tendrá por objeto que el juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda; además, se contempla el recurso de apelación, que se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugne y tendrá por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución objetada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. De lo anterior se sigue que el trámite hasta aquí señalado constituye la existencia de todo un sistema de impugnación de los actos, hechos u omisiones que se generen durante el tiempo de internamiento; esto porque tal procedimiento que inicia con una petición, constituye un verdadero medio de impugnación; pues cumple con la condición de constituir un instrumento previsto o contemplado dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, cuyo objetivo es modificar, revocar o nulificar el acto, hecho u omisión relacionado con las condiciones de internamiento; por tanto, genera la obligación para el promovente, de agotarlo previamente al juicio de amparo, a menos que opere alguna excepción al principio de definitividad. Así, es factible establecer que si en la Ley Nacional de Ejecución Penal se contempla la posibilidad de que las personas privadas de la libertad o aquellas legitimadas puedan plantear peticiones ante el juez de Ejecución, cuando se trate de actos, hechos u omisiones de carácter urgente, verbigracia, un aspecto relacionado con la salud del interno que amerite atención inmediata, caso en el cual la autoridad de ejecución procederá a suspender oficiosamente y de inmediato el hecho o acto origen de esa petición o bien, en su caso, si se trata de omisiones, determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Lo anterior pone de manifiesto que será obligación de la persona sujeta a internamiento agotar dicho procedimiento; porque, además, con la interposición de tal medio de impugnación se prevé la suspensión del acto combatido, sin prever mayores requisitos que los que establece la Ley de Amparo para la suspensión de los actos reclamados; al contemplarse que tal medida cautelar opera de oficio y de inmediato; lo que evidencia que en estos supuestos de asuntos de urgencia, tampoco opera dicha excepción al principio de definitividad. En tanto que si se trata de un planteamiento que no tenga esa calidad de urgente y, en general, todas aquellas cuestiones que a pesar de no atenderse de inmediato, su subsistencia no deja sin materia la petición de que se trate, la legislación en estudio prevé que serán canalizadas a través del director del centro para su atención y tramitación, quien tendrá la obligación de resolver lo conducente dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición, para lo cual deberá notificar lo correspondiente al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución, teniendo la posibilidad, en caso de que no se resuelva a sus intereses, de formular controversia ante el juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Inclusive, si la petición no fuera resuelta dentro del término legal, el gestionante estará en aptitud de acudir ante el juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, quien adoptará la decisión que corresponda en un plazo no mayor a setenta y dos horas. Ahora bien, en el caso, el quejoso se inconformó contra lo siguiente (actos reclamados): [Imagen escaneada]. Por tanto, por los fundamentos y razones expuestas previamente, resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, pues de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la falta de atención médica. Y si bien el quejoso aduce que acudió ante las autoridades penitenciarias a formular diversas peticiones, sin que, dice, le hayan dado respuesta; ante esa omisión, está en aptitud de formular controversia ante el juez de Ejecución, en virtud que, como se dijo, si la petición no fuera resuelta dentro del término legal, el gestionante estará en aptitud de acudir ante esa autoridad judicial y demandar esa negligencia, quien adoptará la decisión que corresponda en un plazo no mayor a setenta y dos horas. Ello es así, porque la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que si se trata de omisiones, el juez de Ejecución será la autoridad legitimada para conocer de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, para lo cual determinará las acciones a realizar por parte de la autoridad penitenciaria. Incluso, dicho ordenamiento contempla expresamente en su artículo 115, que los internos pueden acudir directamente ante el juez de Ejecución para plantear su petición y, en ese caso, dicho juez, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva, en definitiva, o si se trata de omisiones, determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria; por lo que es evidente que en este caso no opera excepción al principio de definitividad. Así, como quedó establecido en párrafos anteriores, para que la interposición de un recurso sea condicionante de la procedencia del juicio de amparo, es preciso que se cumplan requerimientos específicos, como son: a) Que ese recurso o medio de defensa sea legal, es decir que esté en ley, b) Que a través de ese medio sea posible modificar o revocar el acto de autoridad; y, c) Que no se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva por la Ley de Amparo. De ahí que si, en el caso, el procedimiento a que se viene haciendo alusión se encuentra contenido en la Ley Nacional de Ejecución Penal y constituye un instrumento legal en sentido formal y material de aplicación en todo el territorio nacional, con ello se satisface el primero de los requisitos acotados. Además, el procedimiento cuya tramitación ahí se contiene y del que se estableció el mecanismo, fases y plazos que lo componen, tiene como finalidad, precisamente, revocar, nulificar o modificar todos aquellos hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, atribuibles a las autoridades penitenciarias, lo que implica que esos hechos, actos u omisiones puedan modificarse o revocarse a consecuencia del accionar de la propia autoridad penitenciaria o por determinación del juez de Ejecución a quien se dota, como ya se dijo, de facultades legales para resolver, entre otras cuestiones, aquéllas relacionadas con las condiciones de internamiento y demás aspectos vinculados con ellas; además de estar prevista la posibilidad de recurrir las determinaciones que se adopten contra los intereses de la persona privada de la libertad; lo cual convierte tal trámite en un verdadero medio de defensa, con lo que se cumple la segunda de los condicionantes señaladas. Asimismo, se consideró la viabilidad de la suspensión respecto a una cuestión de esa naturaleza, sin exigir mayores requisitos que los contemplados en la Ley de Amparo, pues en términos del artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece que basta con la sola petición del interno ante el juez de Ejecución, para que éste, de oficio, suspenda de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva o si se trata de omisiones, determine las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria, lo cual implica que se satisface plenamente la exigencia señalada como tercer requisito. Además, no se está en el caso de que se surtan las diversas excepciones al principio de definitividad previstos en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 invocado, porque no se está en el supuesto de que se aleguen sólo violaciones directas a la Constitución Federal; ni que el acto carezca de fundamentación. Es así, porque las condiciones de internamiento están reguladas en el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y, por tanto, el incumplimiento a tales deberes por parte de la autoridad carcelaria produce una violación a tal norma secundaria, de manera directa, y a la Constitución Federal en forma indirecta; y por otro lado, al ser el acto reclamado una omisión y no así una negativa, no está sujeto a la condicionante constitucional de estar fundado, precisamente, atendiendo a su naturaleza omisiva. Incluso, la circunstancia de que el acto reclamado llegara a afectar algún derecho sustantivo del quejoso (derecho a la salud) y éste pudiera considerarse como de imposible reparación, no autoriza inobservar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ello, en virtud de que la irreparabilidad del acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto; pues mientras el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad reclamado y en su especial trascendencia en la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la regla de definitividad consiste en la exigencia de agotar previamente al juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. De ahí que, aun tratándose de actos que sean de imposible reparación, antes de acudirse al juicio de amparo, es necesario agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley, salvo las excepciones previstas al respecto en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia 1a./J.79/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Lo expuesto permite considerar que si en la Ley Nacional de Ejecución Penal se encuentra establecido un procedimiento para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y las normas que deben observarse durante el internamiento, tendentes a garantizar a las personas privadas de su libertad el goce de los derechos fundamentales que éstos tienen reconocidos; en tanto que el quejoso se ubican en el supuesto que prevé el artículo 116 de esa ley, en el que se contempla expresamente que deben sujetarse a ese procedimiento, a través del cual pueden lograr que el juez de Ejecución determine las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria; es inconcuso que ello los obliga a seguir tal trámite, donde podrán hacer valer lo aducido en su demanda de amparo, respecto de las omisiones que imputan a las autoridades responsables y, en su momento, una vez que lo hayan agotado, dispondrán de la acción constitucional contra la resolución que se dicte en el procedimiento en cuestión. Conforme a lo expuesto, válidamente puede concluirse que el quejoso no puede promover directamente el juicio de amparo, sin antes agotar la tramitación del procedimiento administrativo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues éste constituye un mecanismo de defensa que, de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal de los actos reclamados, lo que provoca la improcedencia de esta instancia constitucional. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento, además, en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Criterio que encuentra apoyo, en lo que interesa, en la ejecutoria emitida en sesión de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 961/2018. 4. No se decreta la suspensión de oficio y de plano. Dado el sentido de esta determinación (desechamiento), no se decreta la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados. 5. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, conforme con lo dispuesto por la fracción I del numeral 27 de la Ley de Amparo, el lugar en el que se encuentra recluido, esto es, el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 7. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 8. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. 10. Se comisiona al actuario. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número trece "Cps-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, no obstante que ese centro penitenciario se encuentra aproximadamente a cien kilómetros de distancia, se autoriza al (la) actuario (a) en turno, a fin de que, con anuencia del Consejo de la Judicatura Federal, con las medidas de seguridad debidas y previo procedimiento de autorización que realice dicho (a) fedatario (a) público (a) (envío de oficio y de lista de internos para tener acceso al mismo), se traslade y haga presente en ese lugar, en el día de la semana que específicamente se programe para tal fin y le notifique personalmente este proveído a Alberto Israel Flores Luna. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria que autoriza y da fe.

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