ALBERTO IGNACIO LÓPEZ RUIZ y Otros.

Expediente 759/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
759/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • ALBERTO IGNACIO LÓPEZ RUIZ y Otros.
  • Alberto Ignacio López Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído.

  2. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el catorce de diciembre de dos mil veinte, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que las autoridades responsables Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca y otras autoridades, realizaran lo siguiente: I. Dejar sin efecto la orden de descuento en la pensión por jubilación del quejoso, por concepto de fondo de pensiones, emitida en el acuerdo Cuarto del dictamen de diecinueve de marzo de dos mil veinte, en relación a su solicitud de pensión por jubilación, así como efectuar la devolución correspondiente de los descuentos que se le hubieren realizado; II. A fin de hacer prevalecer el derecho fundamental y la norma constitucional, cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia citada, en términos de los artículos 1° y 133 Constitucionales, abstenerse de aplicar los preceptos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, en casos futuros en relación con el quejoso; lo cual equivale a no efectuar en lo sucesivo el descuento en ellos previsto a razón del 9% de la percepción mensual de pensión. Con motivo de ello, la autoridad responsable mediante oficio "........... signado por el Director General y Apoderado Legal del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, remitió copia certificada del diverso "........... , de ocho de febrero de dos mil veintiuno, por el cual el Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de los Fondos de Pensiones en cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo informó que el aquí quejoso "............. , quedó desincorporado de la obligación de entregar cuota alguna para el Fondo de Pensiones; asimismo indicó que en las nóminas de los meses de enero y febrero del año en curso, no se realizó descuento alguno por dicho concepto, motivo por el cual no hay cantidad alguna que reintegrar. Además a fin de corroborar su dicho, dicha autoridad exhibió copia certificada del historial de nóminas de los meses de enero y febrero de dos mil veintiuno. Ahora, del examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que dejaron sin efecto la normatividad relativa al descuento en la pensión por jubilación del quejoso, por concepto de fondo de pensiones. Además, que en los meses de enero y febrero del año que transcurre, no llevó a cabo descuento alguno, de lo que se deduce, realizó las gestiones conducentes a fin de abstenerse de aplicar los preceptos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio de Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca; lo cual equivale a no efectuar en lo sucesivo el descuento en ellos previsto en razón del 9% de la percepción mensual de pensión. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    MESA IV San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 759/2020, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los artículos 6, 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor el veintiséis de marzo siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, deberá realizarse su depuración en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo invocado, posteriormente, transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    MESA IV San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General y Apoderado Legal del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca y anexo que acompaña, por el cual informa el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexo, córrasele traslado y dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese personalmente.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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