Alberto Ibarra Ortiz
Expediente 814/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Alberto Ibarra Ortiz
- Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
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Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós; consecuentemente y con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por ********************, ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente y en su oportunidad archívese como asunto totalmente concluido.
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Visto el estado que procesal guardan los autos, de los que se advierte que no obra constancia que acredite el emplazamiento a juicio de la parte tercero interesada, a saber, *** como se ordenó en proveído de en cinco de agosto en curso. En consecuencia, en aras de que no se siga postergando la secuela procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, instrúyase al Actuario Judicial adscrito proceda a realizar el emplazamiento a juicio a los terceros interesados **** Para dar margen a lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.
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..de conformidad con lo dispuesto con los artículos 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico y emplazo por lista fijada en el Edificio del Poder Judicial de la Federación, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte tercero interesada ***, el auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, que en lo conducente establece: Visto el estado que procesal guardan los autos, de los que se advierte que no obra constancia que acredite el emplazamiento a juicio de la parte tercero interesada, a saber, *** como se ordenó en proveído de en cinco de agosto en curso. En consecuencia, en aras de que no se siga postergando la secuela procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, instrúyase al Actuario Judicial adscrito proceda a realizar el emplazamiento a juicio a los terceros interesados **** Para dar margen a lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Así como el diverso auto admisorio de seis de junio de dos mil veintidós, que establece: Vista la demanda de amparo presentada por ************, en contra de actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 107, 108, 112, 113, 115 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. En tal virtud, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, con el número 814/2022-2... Con fundamento en el numeral 64 de la misma norma, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado u ocurra una causa de sobreseimiento, deberá comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional federal y de ser posible, deben acompañar las constancias que lo acrediten, y se le apercibe de que en caso de no informarlo, se hará acreedora a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización...
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S E N T E N C I A Visto para dictar sentencia, en el juicio de amparo 1371/2021-2; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial y posteriormente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad y turnada a este juzgado el dos de diciembre siguiente, Grupo Silva, Sociedad Anónima de Capital Variable por conducto de su apoderado general Alonso Vega Rosas, formuló demanda de amparo en la que solicitó la protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado que enseguida se precisa: "3.- Acto reclamado: resolución del 4 de noviembre del 2021 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, en el toca civil 803/201, que resolvió infundada excepción de incompetencia por materia. También reclamo su ejecución y consecuencias. El acto reclamado fue publicado el 8 de noviembre del 2021 y fue notificado personalmente el 9 de noviembre del 2021 a unos de los autorizados de mi cliente." SEGUNDO. Trámite. Por auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por admitida la demanda, se registró con el número 1371/2021-2, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se verificó al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en el Acuerdo General 03/2013, modificado por el diverso 43/2018, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, atento a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades que se encuentran dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y en cumplimiento al artículo 76 del cuerpo legal invocado, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente es aplicable al caso, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo Sexto Transitorio, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, sus ampliaciones, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que la parte quejosa reclama: La resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dentro del toca civil 803/2021 y su ejecución. TERCERO. Consideración preliminar. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de este, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de esta juzgadora se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2º.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76-Abril de 1994, Octava Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que es del contenido siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California y Juez Tercero de lo Civil, ambas con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes justificados. Certeza que se corrobora con las copias certificadas remitidas por las propias responsables relativas al toca civil 803/2021 y del juicio sumario civil 208/2021, constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Quinta Época, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia, porque constituyen cuestiones de orden público cuyo estudio debe abordarse de oficio y de manera preferente a la cuestión de fondo. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia II. 1º. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Una vez analizadas las constancias del presente asunto, esta Juzgadora no advierte causal de improcedencia alguna que se actualice, ni que existan causales de improcedencia hechas valer por las partes; por ende, lo procedente es analizar los conceptos de violación planteados. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se transcriben, en razón de que el artículo 74 de la Ley de Amparo no obliga a ello, únicamente prescribe que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, la apreciación de las pruebas que demuestren su existencia, los fundamentos legales en que se apoye su sentido y los resolutivos con que deban terminar. Sirve de apoyo a lo anterior lo sustentado en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de doce de mayo de dos mil diez, bajo el siguiente rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRASCRIPCIÓN" De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de fondo. En principio, debe resaltarse que en atención a la técnica jurídica que impera en el presente asunto, el estudio de los conceptos de violación se hará de manera conjunta al encontrarse relacionados entre sí. Al respecto, se cita la jurisprudencia (IV Región)2o. J/5 (10a.) Décima Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, localizable en la página 2018, Libro 29, del mes de Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2011406, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso". La parte quejosa en un segmento de su apartado de conceptos de violación alega que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no estudiar ni resolver completamente la excepción de incompetencia porque, aduce, que al plantearla pidió que se tuvieran por reiterados los párrafos 3, 4 y 5 de la contestación de la demanda y ninguno de ellos fue contestado por la responsable. Indica, que la responsable nada contestó sobre los argumentos de régimen de subcontratación, accidentes de trabajo y riego profesional, por lo que no administró justicia completamente como lo ordena el artículo 17 Constitucional; continúa argumentando que nada respondió sobre el alegato del régimen de subcontratación laboral contra el de responsabilidad extracontractual, por lo que la aplicación de los artículos 1788, 1791, 1793 y 1794 del Código Civil en el acto reclamado, nada tiene que ver con la controversia o Litis en la excepción de incompetencia por materia, porque no valoró ni respondió sobre la aplicación del artículo 123, Apartado A, Fracción XIV de la Constitución, así como de los artículos 472, 473 y 474 de la Ley Federal del Trabajo y el 15 A de la Ley del Seguro Social. Refiere que tampoco contestó ni valoró la responsable el argumento del Riesgo Profesional histórico en el Código Civil Federal que no regula el Código Civil para el Estado de Baja California. Es fundado el anterior argumento. Previo a examinar el motivo de disenso destacado, con la finalidad de dar mayor claridad al estudio del presente asunto, resulta conveniente señalar en lo que aquí interesa, los antecedentes que derivan de las constancias remitidas por las autoridades responsables, relativas al toca civil 803/2021 y juicio sumario civil 208/2021: En doce de abril de dos mil veintiuno, los ahora tercero interesados, Guadalupe Aceves Rodríguez y Taurino Guillermo González Chávez, ejercitaron acción indemnizatoria por responsabilidad civil objetiva en la vía sumaria civil contra la aquí quejosa, Grupo Silva, Sociedad Anónima de Capital Variable. El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda por el Juez Tercero de lo Civil, con sede en esta ciudad, quien la registró con el número 208/2021, ordenando el emplazamiento de la demandada y señalando fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y sentencia. Mediante escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, la moral demandada, ahora quejosa dio contestación a la demanda incoada en su contra, en la que hizo valer la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de la materia, libelo que fue acordado en proveído de veintiséis de mayo siguiente, en el que el Juez responsable determinó suspender el procedimiento natural y remitir los autos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, a fin de la sustanciación de la referida excepción. En quince de junio de dos mil veintiuno, le fue turnada a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, la excepción de incompetencia planteada por la ahora quejosa, la cual fue registrada con el número de toca civil 803/2021. El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, dictó la sentencia en la que declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la moral demandada, aquí quejosa, y determino competente para seguir conociendo del juico natural al Juez Tercero de lo Civil del Partido Judicial de esta ciudad. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente controvertido. En principio, cabe señalar que el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, establece lo siguiente: "Artículo. 81. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones, y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Del precepto transcrito se advierte que las sentencias dictadas en los juicios civiles deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones; así como con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, debiéndose condenar o absolver al demandado, decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Haciéndose el pronunciamiento respectivo. Ahora bien, cabe señalar que el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza el derecho fundamental de legalidad, por el que se establecen los requisitos a satisfacer para emitir cualquier acto de autoridad con el cual se pretenda afectar la esfera jurídica de los gobernados, entre los que destaca la fundamentación y motivación que debe revestir todo acto autoritario. El derecho de fundamentación y motivación, se traduce en la obligación que tiene todo órgano de autoridad de fundar y motivar cualquier acto de molestia que emita con el propósito de que el destinatario esté en aptitud de controvertirlo al conocer precisamente los argumentos que lo sustenten y los preceptos legales que en el mismo se aplicaron. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el concepto de fundamentación obliga a las autoridades a citar los preceptos legales en los que sustenten su actuar; en tanto que la motivación debe entenderse como la expresión detallada de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se toman en consideración para la emisión del acto. Además, estableció el Más Alto Tribunal, que debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas citadas para sostener el acto respectivo. Lo anterior se advierte de las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas, ciento setenta y cinco y ciento setenta y ocho, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al año de mil novecientos noventa y cinco, de rubros y textos siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca". De ahí que, el requisito de fundamentación y motivación exigido por el artículo 16 constitucional, como derecho fundamental, implica la obligación para las autoridades de cualquier categoría de citar, de manera expresa, los preceptos legales en los que se apoyen al emitir cualquier determinación que se traduzca en un acto de molestia en contra de un gobernado; así como exponer claramente el o los razonamientos conforme a los cuales llegó a la conclusión, de que el caso concreto, se ajusta a las prevenciones legales que le sirven de fundamento. En consecuencia, a fin de cumplir con el mencionado derecho fundamental de fundamentación y motivación las autoridades no deben emitir conclusiones sin exponer claramente las razones que las sostienen; pues, además, deben expresar los motivos por los cuales se ajustan a los preceptos legales citados en dicho acto, lo que, en la especie, la autoridad responsable no llevó a cabo. En el caso concreto, de las constancias del juicio de origen se aprecia que la parte demandada, ahora quejosa, al plantear la excepción de incompetencia por declinatoria argumentó entre otras cosas, que era aplicable la fracción XIV del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política Federal, en relación con el numeral 472 de la Ley Federal del Trabajo, dado que la indemnización reclamada derivaba de una muerte ocasionada por un accidente de trabajo. Asimismo, indicó que reiteraba los argumentos expresados en los párrafos identificados como 3, 4 y 5 de la contestación de demanda, en los cuales hizo referencia a los temas de régimen de subcontratación, accidente de trabajo y riesgo profesional. En dichos argumentos, a los que por economía procesal se remitió la parte quejosa, específicamente en el marcado con el número 5, la moral impetrante, alegó: Que atendiendo a un criterio de especialidad y posterioridad, cuando suceda un accidente de trabajo, como en el que dio origen al juicio natural, se debe responder con base en las normas específicas y reglamentarias del artículo 123, apartado A, fracción XIV, de la Constitución Política Federal, que es la Ley Federal del Trabajo. Que las acciones que intenten los herederos de un trabajador con motivo de su muerte por riesgo de trabajo, debe juzgarse por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, conforme a la Ley Federal de Trabajo, toda vez que el Código Civil para Baja California, derogó los artículos relativos al accidente de trabajo. De lo anterior, se aprecia que la parte aquí quejosa hizo valer diversos argumentos en relación, a la competencia de las Juntas locales, basados en que el código de procedimientos civiles de la entidad, ya se encontraban derogados los numerales que aludían a los accidentes de trabajo y que atendiendo al criterio de especialidad la normatividad aplicable debía ser la Ley Federal del Trabajo reglamentaria del artículo 123 de la Constitución Federal. Sin embargo, como acertadamente lo indica la parte quejosa, la Sala responsable no expuso razonamiento en relación a aquellas manifestaciones de la aquí parte quejosa. En efecto, los argumentos torales de la responsable fueron que la parte actora promovieron en lo personal, que la acción ejercida por estos se encuentra regulada en el Código Civil para el Estado de Baja California y su tramitación en el Código de Procedimientos civiles de la entidad, que los citados promoventes, ahora terceros interesados, no tenían una relación laboral con la demandada; y que con los medios de convicción ofertados no se acreditaba la excepción de incompetencia opuesta. Empero, no se realizó un análisis argumentativo para exponer porqué el artículo 123, apartado A, fracción XIV, de la Constitución Política Federal, así como los numerales de la Ley Federal del Trabajo eran inaplicables al caso concreto, tampoco se estudió lo tocante a la derogación de los artículos relativos al accidente de trabajo contemplados en el Código Civil para Baja California. En esa tesitura, es inconcuso que la Sala responsable no dio cumplimiento a lo ordenado por el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que todo acto de autoridad debe estar debidamente motivado. Por ello, de lo expuesto se evidencia que, como lo hace valer la quejosa, la autoridad responsable violó los principios de exhaustividad y congruencia, en relación a los derechos fundamentales de fundamentación y motivación, imperantes en toda resolución, toda vez que la responsable no expuso razones jurídicas suficientes que evidenciaran el porqué de su actuar, respecto de la totalidad de los argumentos vertidos por la demandada. Sobre el tema, es ilustrativa la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sexta época, volumen XI, Cuarta Parte, página 193, Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa, y el segundo la interna. Ahora bien, una incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna si se señalan concretamente las partes de la sentencia de primera instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmando que mientras en un considerando el Juez hizo suyas las apreciaciones y conclusiones a que llegó un perito para condenar al demandado a hacer determinadas reparaciones, en el punto resolutivo únicamente condenó a efectuar tales reparaciones, o en su defecto, a pagar una suma de dinero; pero no existe tal incongruencia si del peritaje se desprende que debe condenarse a hacer las reparaciones, pero que en el caso que no se cumpla deberá condenarse a pagar la cantidad a que se condenó." Al resultar fundado el concepto de violación analizado, esta juzgadora se encuentra impedida para realizar un pronunciamiento sobre lo alegado en los restantes conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues, en todo caso, cualquier determinación dependerá de que la responsable primero subsane el vicio formal que ha quedado evidenciado, ya que esta juzgadora, repítase, no se puede sustituir en las facultades de la responsable. Además, es de indicarse que la determinación que ahora se adopta en modo alguno prejuzga sobre la procedencia o improcedencia de la excepción de incompetencia que se examinó, pues esa es una cuestión que con plenitud de jurisdicción debe dilucidar la autoridad responsable, una vez atendida la violación formal que se advirtió en esta sentencia. Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias de la Segunda y Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Apéndices de 1995 y 2000, Tomo VI, Parte SCJN, páginas 113 y 85, respectivamente, que dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." No son de atenderse los alegatos que hizo valer la parte tercero interesada, en virtud de que no forman parte de la litis constitucional, salvo en el supuesto en que en ellos se haga valer alguna causal de improcedencia o sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual no ocurrió en el caso. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto se transcriben enseguida: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, "así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." En las relatadas condiciones, ante lo fundado del concepto de violación que se examinó, lo que procede, es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los efectos siguientes: OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. Es procedente conceder el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la Sala responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistentes las resoluciones de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. 2. Emita otra en la que analice la totalidad de las manifestaciones formulados por la parte quejosa en relación a la excepción de incompetencia planteada, en los términos advertidos en la presente sentencia. 3. Con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda. NOVENO. Transparencia. Se hace saber a las partes, en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: que para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como: datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, montos económicos que puedan poner en riesgo la seguridad de las partes y aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a alguna persona física o moral relacionada con el presente juicio. DÉCIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 174, 180, fracción III, 182, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a Grupo Silva, Sociedad Anónima de Capital Variable por conducto de su apoderado general Alonso Vega Rosas, contra los actos que reclamó de las autoridades que se precisan en el considerando cuarto, por las razones expuestas en el considerando séptimo del presente fallo. SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando noveno, de esta resolución. TERCERO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y se ordena al secretario supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. Para el cumplimiento a la presente resolución, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable, para ello se giran los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente.
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