Alberto Herrera Jiménez
Expediente 893/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 893/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alberto Herrera Jiménez
Actuaciones
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 893/2023; R E S U L T A N D O: PRIMERO. ********************, por su propio derecho, mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este tribunal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Coordinador de Actividades en Materia de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Oaxaca, que en considerando segundo se precisará; que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 6° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de mérito, se solicitó a la autoridad señalada como responsables su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La negativa de la responsable de dar contestación a su escrito presentado ante la responsable el cinco de julio de dos mil veintitrés. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El apoderado del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado, pues refirió que no se ha dado respuesta al escrito del quejoso, presentado ante el Coordinador de Vivienda en Oaxaca, el cinco de julio de dos mil veintitrés, debido a que la solicitud fue canalizada al departamento correspondiente en Oficinas Centrales de la Ciudad de México. CUARTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación, pues no existe disposición expresa en la Ley de Amparo que así lo establezca, lo que además es acorde con la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, foja 830, con número de registro digital 164618, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio. Como conceptos de violación, la parte quejosa sostiene que la autoridad responsable viola en su perjuicio el derecho humano reconocido en el artículo 6°, fracción III y 8° de la Carta Magna, en relación con la omisión de la autoridad responsable de acordar su petición presentada el cinco de julio de dos mil veintitrés. Es fundado el sintetizado concepto de violación. A fin de evidenciar tal aserto, en principio es necesario precisar lo establecido en los referidos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: . III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. ." "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De conformidad con esté último precepto transcrito, es obligación de los funcionarios y empleados públicos respetar el ejercicio del derecho de petición que por escrito y de manera pacífica y respetuosa les dirijan los gobernados. En dicho numeral se consagra el derecho de petición, y se integra por dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el mencionado imperativo. a) Dictar los acuerdos respecto de las solicitudes planteadas por los gobernados; y, b) Notificar en breve término, dichos proveídos al interesado, conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. En estas condiciones, su ejercicio por el particular lleva la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, que se caracteriza por los elementos que enseguida se enlistan: I. La petición debe formularse de manera escrita, pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada. II. La respuesta; la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término; debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. No existe obligación de resolver en determinado sentido; esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejerció el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8º constitucional, se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 42/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 126, del Tomo XIII, Abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 189914, que señala: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular.". Así como la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito visible en la página 1031, Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 229489, que establece: "PETICIÓN. REQUISITOS QUE SE DEBEN ACREDITAR CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES AL DERECHO DE. Cuando en un juicio de garantías se reclama la violación al artículo 8o. de nuestra Carta Magna, corresponde al quejoso demostrar la existencia de la petición y a la autoridad responsable, por una parte, el acuerdo que al respecto emitió, por la otra, que lo notificó al peticionario." Establecido lo anterior, el escrito del quejoso, de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, presentado ante la responsable el cinco de julio de dos mil veintitrés (fojas 05-09); se advierte que reúne los requisitos exigidos por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, está formulada por escrito, de manera clara, sin dudas ni reticencias, de forma pacífica y respetuosa, indica la autoridad a la que va dirigida, sin que al momento de resolverse la presente instancia se hubieran pronunciado en cuanto a su contenido, por el contrario, existe la manifestación expresa de la autoridad responsable en el sentido de que a la fecha no se ha pronunciado respecto a lo planteado por la parte quejosa; por tanto, se puede concluir, se viola en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental consagrado en el citado artículo 8º de la Constitución General. Efectivamente, ya que para cumplir con el citado precepto Constitucional cuando a una autoridad se dirige una petición en forma escrita, respetuosa y pacífica, ésta tiene la obligación de recibirla, a la que deberá recaer un acuerdo escrito mismo que deberá dar a conocer en breve término a la peticionaria. Por tanto, procede conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: El Coordinador de Actividades en Materia de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Oaxaca, dentro del término de tres días siguientes al en que cause ejecutoria esta sentencia, dé contestación a la petición de ********************, presentada el cinco de julio de dos mil veintitrés, de manera completa, congruente, fundada y motivada, debiendo notificarle tal respuesta a la quejosa, en el domicilio que haya señalado para tal efecto, conforme a la legislación que rige su actuación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, respecto del acto precisado en el considerando segundo de esta fallo, atribuido al Coordinador de Actividades en Materia de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Oaxaca; para los efectos citados en la parte final del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. De autos se advierte, que en proveído de tres de octubre del año en curso, se dio vista con el informe justificado rendido por la representación del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días concedido a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan de su contenido; por lo tanto, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y se fijan para su verificativo las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la representación del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual rinde informe justificado; por tanto, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Se autoriza consulta y notificaciones vía electrónica (determinaciones relevantes). Toda vez que dicha autoridad responsable proporciona el usuario "********************" - que se localizó como válido conforme a la certificación de cuenta-; por consiguiente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 13 y 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo. Así también, se autorizan las notificaciones por vía electrónica, con el nombre de usuario que proporciona, por así solicitarlo expresamente; en el entendido que únicamente se notificarán por esa vía -electrónica- aquellas determinaciones o resoluciones de importancia o relevancia -con carácter de personales-; haciendo saber a dicha responsable que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo máximo de dos días a partir de que éste órgano de control constitucional hubiere enviado la determinación respectiva, se autoriza al Actuario para que levante la razón correspondiente y tenga por hecha la notificación. Sin que las notificaciones electrónicas, puedan sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenen fijar en una lista que se publica en el local de este órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso. Devolución copia certificada Sin que sea procedente la devolución de la copia certificada que solicita, dado que el oficio de cuenta fue recibido vía electrónica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por********************; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente, y regístrese con el número 893/2023. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por********************, contra actos del Coordinador de Actividades en Materia de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Oaxaca. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Requerimiento de informes En consecuencia, pídase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo las cuales deberán remitirse digitalizadas y físicamente, aunado a que se exhorta a que sean remitidas mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se precisa a las autoridades responsables que si optan por rendir su informe justificado mediante el correo oficial de este órgano jurisdiccional ********************, solo será recepcionado el que envíen las autoridades foráneas con residencia oficial fuera de la Ciudad de Oaxaca, las que además deberán rendirlo con las providencias necesarias para que sean considerados como oportunos, puesto que no únicamente es que sea enviado por dicho medio, ya que conlleva su recepción, acuse, impresión y remisión a cada secretaría. Ello, dado que el único medio oficial de recepción para estimar oportuno un documento, es a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, o directamente ante la Oficialía de Partes de este juzgado federal. Asimismo, cualquiera de las partes, deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acredite dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Autorizados. Se tiene a la parte quejosa, señalando como autorizados en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a las personas que indica, siempre y cuando tengan su cédula registrada en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Notificaciones electrónicas. Toda vez que la parte quejosa, proporciona el nombre de usuario "********************"; por consiguiente, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 1, 3, 9, 13 y 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo. Así también, se autorizan las notificaciones a la parte quejosa por vía electrónica, con el nombre de usuario que proporciona, por así solicitarlo expresamente; en el entendido que únicamente se notificarán por esa vía - electrónica- aquellas determinaciones o resoluciones de importancia o relevancia -con carácter de personales-; haciendo saber a la parte promovente que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo máximo de dos días a partir de que éste órgano de control constitucional hubiere enviado la determinación respectiva, se autoriza al Actuario para que levante la razón correspondiente y tenga por hecha la notificación. Sin que las notificaciones electrónicas, puedan sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenen fijar en una lista que se publica en el local de este órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, con registro digital 2026122, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." En atención a lo anterior, no ha lugar a tenerle señalando como diverso domicilio el que indica en el ocurso de cuenta, debido a que ya se autorizó realizar las notificaciones relevantes, vía electrónica. Datos de contacto. Téngase a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico que indica, únicamente para contacto con el presente Órgano Jurisdiccional en casos necesarios, no así para recibir notificaciones, toda vez que dicha vía no se encuentra contemplada por la Ley de Amparo. Pruebas. Ahora bien, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la documental que acompaña a su escrito de demanda, misma que se tiene por desahogada en este acto en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional correspondiente. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Solicitud de copias. Hágase del conocimiento de las partes que podrán comparecer y solicitar copias de las constancias que obren en el presente asunto -sujetándose al proceso de fotocopiado- en la Secretaría de este Juzgado, y sin ulterior acuerdo, serán expedidas a su costa, previa identificación, así como razón que de su entrega y recepción que se deje en autos. Integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica FIREL. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE.
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