Alberto Hernández Medina

Expediente 892/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
892/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/10/2019

Partes del expediente

  • Alberto Hernández Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Auto que tuvo por no presentada la demanda HA CAUSADO ESTADO. Archívense las actuaciones como asunto concluido.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que se le otorgó al promovente de amparo mediante acuerdo de dos de octubre del año en curso, para que cumpliera con la prevención ordenada en el mismo, sin que lo hubiere hecho. Consecuentemente, llevando adelante el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda con que se formó este expediente, promovida por Juan Alberto Hernández Medina. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Juan Alberto Hernández Medina en su carácter de apoderado legal de Nancy de la O Pérez, contra actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 892/2019/IV-B. Al respecto, se acuerda: Ahora bien, este órgano federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 112 y 114, fracción III, de dicho ordenamiento, que en lo referente establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [.] III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente." Como se advierte del último de los dispositivos mencionados, es obligación del promovente acompañar el documento idóneo con el cual acredite la personalidad con que se ostenta; lo anterior, con la finalidad de reunir el requisito que establece el numeral 114, fracción III, de la ley de la materia. Esto es así, porque realizar una interpretación distinta de lo dispuesto en los referidos numerales podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del órgano jurisdiccional del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto. En ese contexto, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, exhiba un escrito de aclaración al que deberá acompañar copias para correr traslado a las partes, quien deberá cumplir lo siguiente: ÚNICO. Exhiba las constancias pertinentes para acreditar el carácter que se ostenta, esto es, el carácter de apoderado legal de Nancy de la O Pérez. Lo anterior, puesto que si bien es cierto que exhibió copias simples de acuerdos emitidos aparentemente dentro del juicio laboral 346/2005-II, del índice del tribunal responsable, no menos cierto es que tales documentales carecen por sí mismas de valor probatorio pleno, por ser copias simples, que sólo podrían generar presunción de la existencia de los documentos con el que pretende acreditar el carácter que dice tener; empero, éstas no están concatenadas con algún otro elemento probatorio idóneo distinto, para justificar el hecho que se pretende demostrar. De igual manera, los acuses de recibo que exhibió no generan certidumbre de que efectivamente el solicitante de amparo sea apoderado legal de la directa quejosa Nancy de la O Pérez, toda vez que de sus contenidos no demuestra que realmente tenga reconocida esa personalidad ante la autoridad responsable. En ese sentido, como se adelantó, deberá exhibir las constancias pertinentes para acreditar el carácter que dice tener. En apoyo de lo anterior, es de invocar la jurisprudencia 2a./J. 32/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 127, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 192109, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Lo anterior, resulta trascendental para estar en condiciones de proveer conforme a derecho la demanda que se intenta. APERCIBIMIENTO En ese tenor, en caso de no cumplir cabalmente con lo requerido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee, esto es, los estrados de este órgano jurisdiccional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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