Alberto Hernández Hernández
Expediente 559/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alberto Hernández Hernández
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Consecuentemente, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de mayo de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda con evidencia criptográfica de Alberto Hernández Hernández, por derecho propio; fórmese el expediente relativo con el número 559/2023-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTOS RECLAMADOS Imposición de la institución bancaria BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, para impedir realizar operaciones en ventanilla bancaria por un monto menor de $25.000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y por ende, obligar al quejoso a utilizar el dispositivo denominado "practicaja", para efectuar su depósito. DESECHAMIENTO Al respecto, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, concatenada con los diversos ordinal 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, en razón de que la señalada como autoridad responsable, no tiene tal carácter para efectos del juicio constitucional. El estudio de la causa de improcedencia invocada hace necesario traer a contexto la jurisprudencia 2a./J. 164/20112 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", en la que definió que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso concreto, el requisito relativo a la existencia de una relación de supra a subordinación entre el gobernado y la autoridad no se colma, porque los actos combatidos están relacionados con la prestación de servicios financieros que efectúa como institución bancaria en el país, actuación que se ejerce en un plano de igualdad frente al impetrante a través de la prestación de servicios financieros al público en general, o bien, mediante contratos de adhesión de servicios bancarios (en cualquiera de sus denominaciones: "cuenta", "crédito", "depósito de cuenta en cheque", "ahorro", etc.), lo que implica que la actuación reprochada como autoridad, forma parte de esa relación comercial o que deriva del actuar unilateral que ejercita el personal del banco en su organización y forma para prestar dicho servicio bancario al cliente y/o usuario. Así, los actos combatidos, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como cuestiones de incumplimiento a contratos de servicios bancarios, celebrados con la citada institución bancaria (BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México) y el cliente que es la parte quejosa; o bien, por haberse ejercitado tal impedimento de manera unilateral como parte de la organización interna del banco; con lo que queda de manifiesto el vínculo contractual que existe entre ellos o que el actuar de la moral señalada como responsable pueda ser controvertido ante la potestad común, por estimar que la obligación del uso de la "practicaja" o ventanilla, no fue definido en el consenso de voluntades ni de manera clara bajo algún fundamento. De ahí que la controversia que plantea, en todo caso, se debe ventilar en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los Tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses de particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquellas los jueces y Tribunales del orden común. Pues el actuar que atribuye a la institución, no se realizó con sustento en las atribuciones otorgadas en una disposición legal o reglamentaria, sino con asidero en un contrato de servicios bancarios, o bien, desplegados sin tener justificado el impedimento ejercitado; de ahí que, al no haber una relación de supra a subordinación, la responsable, no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, pues en el caso, la institución bancaria responsable no está investida con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa, y por ello, no pueden hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva, ya que, en el caso, se trata de una decisión particular, y como se mencionó, los actos que se les reclaman pueden ser reclamados mediante otra vía jurisdiccional. Orienta lo anterior, la tesis aislada I.9o.C.18 K (10a.), registro 2017684, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Agosto de 2018, página 2863, Décima Época, que establece: "INSTITUCIONES BANCARIAS. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO QUE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. La determinación de una institución bancaria de dar por terminado unilateralmente el contrato de depósito de cuenta de cheques, no es un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, porque de conformidad con los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; asimismo, los particulares tienen el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; empero, la decisión de dar por terminada la relación derivada del contrato de apertura de una cuenta de cheques que no obstante fue unilateral, ello no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la cancelación y la determinación de poner a su disposición el dinero que hubiese en ésta, de acuerdo con su naturaleza, son acciones derivadas del contrato de depósito de dinero, celebrado de manera voluntaria por ambas partes y en un mismo plano, por lo que la institución bancaria está facultada para analizar cada caso concreto y determinar si presta o no los servicios financieros, y aun de resultar contrario a lo que contrataron, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo; de ahí que si al momento de dictarse el acuerdo de desechamiento de la demanda, existen constancias o elementos que evidencien las circunstancias apuntadas, ello es suficiente para actualizar la citada causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable, sin necesidad de esperar hasta el dictado de la sentencia." Así como la tesis aislada (II Región)1o.5 K (10a.), registro 2020006, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Junio de 2019, página 5188, Décima Época, de texto siguiente: "INSTITUCIONES BANCARIAS. NO REALIZAN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO INMOVILIZAN LAS CUENTAS RESPECTIVAS CON BASE EN EL CLÁUSULADO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS BANCARIOS CELEBRADOS ENTRE AQUÉLLAS Y SUS CLIENTES. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo y lo delineado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2015 (10a.), los particulares pueden figurar como autoridades responsables, en la hipótesis de que realicen actos semejantes a los de las entidades públicas, susceptibles de combatirse en el enjuiciamiento de derechos fundamentales, siempre y cuando el acto que se les reclame tenga como génesis, entre otros requisitos, una norma de carácter general que les confiera facultades para comportarse de manera similar a un ente estatal. Ahora bien, cuando los bloqueos de las cuentas bancarias de los quejosos por parte de las nombradas instituciones no se realicen con sustento en las atribuciones otorgadas en una disposición legal o reglamentaria, sino con asidero en un contrato de servicios bancarios, celebrado entre aquéllos y las referidas entidades crediticias, éstas no pueden tener la calidad de particulares equiparables a autoridades, para efectos del mencionado juicio constitucional, al tener su origen ese contexto en disposiciones de orden privado acordadas entre la propia impetrante y dichas instituciones en un plano de coordinación, lo que es indicativo de una relación que difiere sustancialmente de la que se entabla entre una autoridad y un gobernado; ello, pese a que el actuar aludido pueda calificarse como unilateral, o bien, traiga como consecuencia un cambio de entorno para el solicitante de la protección de la Justicia de la Unión, en la medida en que es indispensable que el acto desplegado por los particulares, señalados como autoridades responsables, esté fundado en un ordenamiento que les dote de atribuciones que, en principio, corresponden al Estado." Por lo tanto, tales controversias suscitadas por los derechos y obligaciones generadas con motivo y en el marco de servicios bancarios o como acciones unilaterales organizacionales, no son susceptibles de control constitucional, sino que, dependiendo el tipo de acción, deben ventilarse y decidirse en la vía mercantil, o en reclamo ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero (CONDUSEF), pues los actos reclamados que la quejosa señala, es evidente que derivan de algún conceso de voluntades pactado entre la parte quejosa y la institución bancaria. Lo anterior, se robustece con el hecho que el impetrante señaló bajo protesta de decir verdad que ".necesitaba ingresar de manera urgente un deposito en efectivo por un monto de $9,460.00 pesos a la cuenta de débito que tengo con esa institución bancaria.", y que ".Además de que me urgía que se me reflejara el monto en mi cuenta."; lo que presupone la existencia de un convenio celebrado entre el quejoso y la institución bancaria señalada como responsable (del que deriva el acto reclamado); por lo que no es dable que pretenda combatir la obligación de usar una "practicaja", pues ello no constituye un acto de autoridad, pues como se dijo, en todo caso será en diversa vía en donde podrá cuestionarlo ya sea como incumplimiento a alguna parte de su clausulado, o bien, con el fin de que se aclare el motivo de la "imposición" de tal obligación. Es así, dado que tales cuestionamientos relativos a la restricción que atribuye, de no encontrarse previsto contractualmente, y estimar que la institución bancaria actuó de manera unilateral para imponer que para depósitos menores a la cantidad que refiere, tiene expedito el derecho para acudir ante la potestad común para controvertir el accionar de la institución bancaria en su organización y funcionamiento interno con respecto al servicio que presta a sus clientes; por lo que este órgano de control de la regularidad constitucional, se encuentra impedido para analizar en esta vía tal proceder de la institución bancaria. Sin que pase inadvertido que en el juicio de amparo no se exhibió el contrato celebrado entre las partes; sin embargo, la existencia o inexistencia material de un documento, no es un elemento fundamental para demostrar la existencia de una relación contractual entre partes y, por ende, para afirmar que se está en un plano de coordinación; toda vez que para la existencia de un contrato se requiere 1. de consentimiento y 2. del objeto que pueda ser materia del contrato; además que debe tenerse en cuenta que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley -por ejemplo el matrimonio-. Por lo tanto, si en el caso concreto existió un consentimiento tácito, porque ninguna de las partes rehusó proveer o rechazar el servicio bancario, existe un objeto lícito consistente en proporcionarlo a un cliente del banco y por parte de éste, a recibir tal servicio; pues las referidas manifestaciones que realizó el impetrante bajo protesta de decir verdad, constituyen una confesión expresa, conforme al criterio emitido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro siguiente: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Por lo anterior, tal circunstancia es determinante para corroborar que se está en presencia de una causal de improcedencia notoria y manifiesta; de modo que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión de la promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 Constitucional. Orienta a ello en lo conducente la jurisprudencia PC.XVI.A. J/4 K, sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, octubre de 2014, página 1338, Décima Época, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CUANDO EL AMPARO SE PROMUEVE CONTRA LA DETERMINACIÓN Y COBRO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTENIDOS EN EL AVISO RECIBO ATRIBUIDOS A AQUÉLLA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA [APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.)]. En consecuencia, el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causa prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por así solicitarlo de manera expresa, en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario ********************; en la inteligencia que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. En el entendido que la elección de esta modalidad electrónica, debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario; en términos de la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), registro 2026122, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, página 2405, Undécima Época, Materias(s): Común, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Con relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona, se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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