Alberto Hernández Hernández

Expediente 593/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
593/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/06/2023

Partes del expediente

  • Alberto Hernández Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    IX... C. A... Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, por medio del cual acusa recibo del diverso por el que se le remitió el expediente 593/2023-IX, e informa que se avocó al conocimiento del asunto. Atento a lo anterior, vista la certificación de cuenta se advierte que en este cuaderno no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, por tanto, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. ... el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral de referencia.

  2. Principal

    IX... Vista la demanda de amparo promovida por Alberto ..., por derecho propio; contra actos del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 593/2023-IX. Ahora bien, en virtud de que la competencia es una cuestión de previo pronunciamiento, pues de lo contrario las actuaciones que se desarrollaran en un juicio podrían ser anuladas al proveerse por una autoridad que legalmente no estaba facultada para conocer y resolver el asunto sometido, se procede a su análisis. Así, del estudio integral del escrito que se provee, se advierte que la parte quejosa reclama: Las omisiones de no enlazar adecuadamente, así como la de no integrar en su totalidad, los registros del expediente electrónico de la impugnación 97/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl... En tales condiciones, este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, estima que carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 37, de la Ley de Amparo,... Ahora, el precepto señalado en primer término, determina los parámetros para fijar la competencia en materia de amparo basadas propiamente en la posibilidad de ejecución material del acto reclamado, de tal suerte que si éste es susceptible de ser ejecutado será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción haya de efectuarse tal ejecución; y para el caso de que el acto reclamado no requiera de ella materialmente, lo será aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, el ordinal transcrito establece tres hipótesis para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Dicho precepto alude a la "ejecución material", como criterio para asignar competencia por territorio a las y los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos Distritos diferentes. Asimismo, es de suma importancia tener en cuenta que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando se reclamen varios actos de los cuales unos tengan ejecución material y otros no, para fincar la competencia deberá tenerse en cuenta el acto reclamado que tenga ejecución, a fin de considerar competente a la o el Juez de Distrito del lugar en que vaya a ejecutarse. Ahora bien, como se precisó en el inicio de la presente determinación judicial, el acto reclamado por la parte quejosa atribuido al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo constituye: Las omisiones de no enlazar adecuadamente, así como la de no integrar en su totalidad, los registros del expediente electrónico de la impugnación ... del índice del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl. Por tanto, para establecer el órgano jurisdiccional legalmente competente para conocer del presente asunto, opera la primera regla identificada anteriormente, esto es, la señalada en el inciso a), que precisa la competencia de la o el Juez de Distrito con motivo de la ejecución de los actos reclamados. Para ello, se debe atender a la literalidad de los supuestos establecidos en los dos primeros párrafos del artículo 37, de la Ley de Amparo, debido a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 389/2013, determinó que el texto del citado precepto legal, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse conforme a su letra, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico o algún otro para desentrañar su sentido y alcance, esto es, para conocer la verdadera intención de quien lo creó. Lo anterior, explicó el Máximo Tribunal de la República, tiene justificación también en que al aplicarse textualmente el precepto analizado, se evita en gran medida la existencia de conflictos competenciales, lográndose de ese modo una operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de acceso expedito a la administración de justicia y de audiencia, los cuales implican la posibilidad de que las y los justiciables puedan acudir a la tutela jurisdiccional con el mínimo de obstáculos para ser oídos en su defensa, cumpliendo siempre los requisitos constitucionales y legales de procedencia; así como la prontitud en la emisión de la determinación jurisdiccional a través de la cual se soluciona el pleito sometido a la jurisdicción de las y los Jueces; en el entendido de que al realizarse esa interpretación de la norma legislativa, no pueden dejarse de considerar aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159, de la Ley de Amparo. En suma, concluyó la Primera Sala, de conformidad con los derechos fundamentales de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, reconocidos en los artículos 14, párrafo segundo, y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al diverso 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el texto del artículo 37, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse de manera estricta a su texto, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico para desentrañar su sentido y alcance, pues en las condiciones anotadas, la intención de quien legisla quedó plasmada con toda claridad en el contenido de la norma. De lo que se sigue que, atendiendo a la literalidad de la norma, en la hipótesis de impugnaciones de actos con ejecución material, será competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Consecuentemente, si el acto reclamado a las autoridades responsables, constituye de manera destacada la omisión de relacionar la totalidad de las constancias relativas a la impugnación ..., el cual se encuentra registrado en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de Nezahualcóyotl. Por tanto, el incumplimiento reclamado en la demanda de amparo corresponde conocer al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, pues es quien ejerce jurisdicción dentro de la circunscripción territorial en la que se resiente el perjuicio de la omisión de que se duele la parte quejosa. Lo anterior, porque como se adelantó, opera la regla establecida en el artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia, que consigna que si el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto tiene ejecución material, la competencia se surte en favor de la Jueza o Juez que reside en la jurisdicción donde se materializan los efectos, esto es, donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado ya el acto reclamado. En la especie, las omisiones de no enlazar adecuadamente y de no integrar los registros del expediente electrónico, que atribuye el solicitante del amparo a la autoridad señalada como responsable, constituye una omisión con efectos positivos, al ser capaz de producir en el mundo fáctico o real, una consecuencia material que pudiera conllevar una vulneración de los derechos fundamentales contenido en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues implica que mientras no se enlace e integre en la totalidad el expediente electrónico, y pueda ser consultado por las partes que lo soliciten, no se podrá tener acceso a las constancias que lo integran en el expediente físico, lo que pone de manifiesto que los efectos positivos de ese acto omisivo se materializarán en el lugar donde deban efectuarse o realizarse las acciones relacionadas con impugnación, esto es, Ciudad Nezahualcóyotl, de ahí que se actualice la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el referente para establecer la competencia de una Jueza o Juez de Distrito, será el de la jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, esto es, aquel en cuya jurisdicción habrán de llevarse a cabo las acciones necesarias para el enlace e integración del expediente electrónico relativas a la impugnación. Consecuentemente, la omisión reclamada tiene efectos positivos; es decir, consecuencias materiales en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, pues ahí se actualizara el principio de ejecución, y será en dicha Entidad Federativa en la que se resienta su ejecución de conformidad con el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo. Lo anterior, como se obtiene de los artículos primero, fracción III, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, previa copia certificada que se deje en autos para formar cuaderno de antecedentes, remítase el original del presente juicio .... y una copia de demanda, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno. Solicitando atentamente al órgano jurisdiccional que corresponda conocer de la competencia de mérito acuse de recibo e informe la determinación que recaiga al competencia planteada. DOMICILIO Con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, las notificaciones de carácter personal se le practicarán vía electrónica en el correo con usuario ....el cual se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en el entendido que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene señalando el número telefónico y correo electrónico que indica, únicamente para entablar comunicaciones no procesales... TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o efirma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales

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