Alberto Hernández Flores
Expediente 34/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 34/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Alberto Hernández Flores
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, uno de marzo de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
VISTO DE AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintisiete de enero del año en curso, se desechó la demanda de amparo interpuesta por ...en la que señaló como acto reclamado el auto de vinculación a proceso del dieciocho de agosto de dos mil veinte, dictado en su contra en la causa penal RIV-TZ-CP-14-2018, por el delito de abuso sexual calificado, así como la medida cautelar impuesta consistente en prisión preventiva oficiosa. Asimismo, del contenido de la Circular SECNO/8/2021, de treinta de enero del presente año, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en relación con lo previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020, en la cual se determinó tomar medidas especiales a adoptarse del uno al nueve de febrero de dos mil veintiuno, decretándose la suspensión de los procedimientos jurisdiccionales en ese periodo de tiempo, en el que se comprende la fecha en que se debió publicar por medio de lista el auto de veintisiete de enero del año en curso. REGULARIZA. En ese sentido, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, se regulariza el procedimiento en el presente sumario, y se ordena que el acuerdo de veintisiete de enero del año en curso, se notifique por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Juzgado Federal y de manera electrónica en el Portal del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Centro Integral de Justicia Penal Sala Base de Tancanhuitz, San Luis Potosí y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16 y 19 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 34/2021-II. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia al actualizarse en la especie, la causa que se previene en el artículo 61, fracción XlV, en relación con el 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. En efecto, el referido precepto legal, entre otras cosas, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales como aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. También, de conformidad con lo dispuesto en los citados numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte que el término para promover el juicio de amparo es de quince días, contado desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama el auto de vinculación a proceso del dieciocho de agosto de dos mil veinte, dictado en su contra en la causa penal RIV-TZ-CP-14-2018, por el delito de abuso sexual calificado, así como la medida cautelar impuesta consistente en prisión preventiva oficiosa. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el dieciocho de agosto de dos mil veinte, en continuación de audiencia oral y pública se dictó por parte de la autoridad responsable el auto de vinculación a proceso en su contra. De lo anterior, se pone de manifiesto que el ahora quejoso ..., tuvo conocimiento del acto que reclama, desde el dieciocho de agosto de dos mil veinte, por lo que si la demanda de que se trata fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, según aparece del sello de recibo, es inconcuso que su presentación fue extemporánea, al haberse llevado a cabo fuera del término de quince días que se establece en el invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, pues el plazo de quince días a que se refiere el citado numeral transcurrió de manera excesiva. De ahí que, deba considerarse que desde esa fecha inició el cómputo del plazo para ocurrir a la vía de amparo, pues no son los efectos ni ejecución del acto reclamado los que determinan el inicio del término para la presentación de la demanda, sino la fecha en que conoció el procedimiento, acto o sentencia que afecta su interés y le ocasiona un perjuicio o agravio actual y directo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J 12/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. En mérito de lo expuesto, los actos que reclama el quejoso Alberto Hernández Flores en su demanda de amparo, se trata de actos consentidos tácitamente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XIV del ordinal 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 17 y 18 del propio ordenamiento, pues dada la inconformidad del promovente en contra de la actuación de la autoridad que señala como responsable debió instar el juicio constitucional dentro del término que para tal efecto establece la Ley Reglamentaria respectiva y al no hacerlo así, tácitamente los consintió. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, lo que impone desechar la demanda de que se trata, con apoyo además en el artículo 113 de la propia ley de la materia en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las otras personas indicadas, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades responsables tienen expedito su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 4,820 expedientes
- Alberto Agustín Palomares Díaz588/2015
- Alberto Balderas Palomo307/2017
- Alberto Chávez Vargas345/2021
- Alberto Enriquez Aquino314/2022
- Alberto Estrada Chávez215/2020
- Alberto Hernández Escobar510/2015
- Alberto Hernández González367/2019
- Alberto Hernandez Vega66/2013
- Alberto Ibarra Balderas64/2015
- Alberto Israel Mateos Ramírez298/2018
- Alberto Leonel Torres Plasencia75/2017
- Alberto López Herrera67/2016