Alberto Hernández Arteaga

Expediente 777/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
777/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
29/08/2018

Partes del expediente

  • Alberto Hernández Arteaga
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 674/2018, orden 674/2018 (foja 123), deducido del presente asunto; en ese sentido, téngase por notificado al quejoso del proveído de dieciséis de agosto pasado (fojas 120 y 121), en el que se ordenó el archivo del este asunto como total y definitivamente concluido. Acúsese recibo. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el oficio agregado en líneas que anteceden o la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintisiete de junio del año en curso (fojas 97 a 101), a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Alberto Hernández Arteaga, por propio derecho, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido, lo anterior, con excepción de la resolución en la que se concedió de plano y oficio la suspensión de los actos reclamados, pues ésta deberá conservarse en términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción III, del referido Acuerdo General. De igual modo, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En otro punto, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que en virtud de lo acordado en líneas que preceden, en esta data se deja sin efectos la suspensión de plano y oficio decretada mediante proveído de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 14 a 19), lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. Luego, dado que el quejoso se encuentra interno en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de El Oro, México, el cual se encuentra fuera de la residencia de este Órgano de Control Constitucional, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con copia simple de esta determinación, envíese exhorto al Juez Penal de Primera Instancia de El Oro, México, con el objeto de que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, notifique la presente determinación al quejoso Alberto Hernández Arteaga, en el aludido centro penitenciario. La autoridad exhortada deberá acusar recibo vía telegráfica y remitir las constancias respectivas en el plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, apercibida que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta que signa el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, a través del cual, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 503/2018, orden 503/2018 (foja 102), por el cual se ordenó notificar al quejoso Alberto Hernández Arteaga, el auto de veintisiete de junio pasado (fojas 97 a 101); en ese sentido, téngase por notificado al quejoso del aludido acuerdo. Asimismo, se tiene por cumplido el requerimiento formulado a la autoridad oficiante en el mencionado acuerdo y sin efectos el apercibimiento ahí contenido; acúsese recibo. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el oficio agregado en líneas que anteceden o la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por Jesús Moisés Ramírez Ramírez, autorizado en términos amplios conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo por la parte quejosa, mediante el cual pretende desahogar la prevención realizada en auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 14 a 19). Ahora bien, conforme a lo previsto en el citado artículo 12 de la Ley de la materia, el quejoso o el tercero interesado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil, administrativa, penal y laboral (tratándose del patrón), la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. En ese sentido, debe decirse que quien desahoga la prevención es Jesús Moisés Ramírez Ramírez, persona que no obstante de estar autorizada en autos en términos amplios conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo por la parte quejosa, carece de facultades para desahogar la citada prevención. Lo anterior se afirma, pues la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, toda vez que el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Luego, en el caso el requerimiento formulado en la prevención de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 14 a 19), consistió, entre otras cosas, en que el peticionario de amparo debía manifestar bajo protesta de decir verdad una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constan y constituyen los antecedentes del acto reclamado consistente en la orden de traslado del quejoso a diverso centro de reclusión, en específico, indicar el número de expediente de las causas o procesos con los cuales está vinculado; si dicha orden fue emitida por alguna autoridad Judicial, o bien, si únicamente por las autoridades administrativas que señala; si ha promovido el medio de impugnación ordinario que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, a saber, el recurso de apelación; la forma en que cada una de las autoridades que señala como responsables ha intervenido en la emisión y/o ejecución de los actos reclamados; e, indicar si en una temporalidad de seis meses a la fecha ha promovido diversos juicios de amparo contra el acto reclamado en la demanda de amparo. Lo anterior, pues es requisito indispensable de la demanda de amparo precisar los antecedentes del acto reclamado, en términos de lo establecido en el artículo 108 de la Ley de la materia; por ende, es evidente que se trata de hechos inherentes a la parte quejosa (propios), de ahí que el ocursante carezca de facultades para desahogar tal requerimiento. Es aplicable la jurisprudencia 50/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, del tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil cuatro, Décima Época, con número de registro 2007285, que establece: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En razón de lo expuesto, no ha lugar a tener por cumplido el requerimiento formulado en auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 14 a 19). En tales condiciones, al no encontrarse satisfecha la prevención formulada en el citado auto, hágase del conocimiento a la parte quejosa que deberá satisfacer lo anterior dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de esta determinación; toda vez que intentó desahogar tal requerimiento en el tercer día del plazo inicialmente concedido, y el citado auto de prevención se le notificó el siete de junio del año en curso (foja 77); en el entendido que de no cumplir con lo anterior en los términos indicados, se le hará efectivo el apercibimiento con el cual se le conminó en el acuerdo de prevención y se tendrá por no presentada la demanda. Es aplicable la jurisprudencia 39/2012, que aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, del tomo I, Libro VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil doce, Décima Época, con número de registro 2000702, que establece: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Luego, dado que el quejoso se encuentra interno en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de El Oro, México, el cual se encuentra fuera de la residencia de este Órgano de Control Constitucional, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con copia simple de esta determinación, envíese exhorto al Juez Penal de Primera Instancia de El Oro, México, con el objeto de que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, notifique la presente determinación al quejoso Alberto Hernández Arteaga, en el aludido centro penitenciario. La autoridad exhortada deberá acusar recibo vía telegráfica y remitir las constancias respectivas en el plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, apercibida que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

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