Alberto Gonzalez Villalobos
Expediente 590/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 590/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alberto Gonzalez Villalobos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, se realizó a las partes por medio de lista autorizada que se fijó en los estrados de este Juzgado Federal, el día diecinueve de abril siguiente; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo anexar a los cuadernos incidentales copia autorizada del presente proveído, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión relativo, es DESTRUÍBLE, en virtud de que negó la medida cautelar solicitada. En términos de lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente coincide en su totalidad con el expediente electrónico. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 2351/2021-I-B, promovido por Banco Monex, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, por conducto de su apoderado legal; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Banco Monex, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, por conducto de su apoderado legal, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Titular y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Juez y actuario del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Pronunciamiento respecto a la demanda de amparo. Previo cumplimiento dado al requerimiento efectuado en proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno, por auto de ocho de diciembre siguiente, por una parte, se desechó parcialmente por los actos reclamados al Juez y actuario del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad, de conformidad con lo analizado y expuesto en dicho acuerdo. Por otra parte, se admitió a trámite la demanda de amparo, respecto a los demás actos y autoridades; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se dio la intervención legal que le competía a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Así mismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se tiene que la parte quejosa reclama: Del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, se reclama la omisión de conceder el auxilio de la fuerza pública solicitado en oficio 1245/2021, presentado ante la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Yucatán el trece de julio del año en curso. Del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán se reclama la omisión de dar contestación a la solicitud de requerimiento del auxilio de la fuerza pública solicitado en el oficio número 1245/2021, presentado en trece de julio del año en curso. Del Titular y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán se reclama la omisión respecto a la ejecución del auxilio de la fuerza pública solicitado en el oficio número 1245/2021 de fecha uno de julio del dos mil veintiuno, presentado en fecha trece de julio del año en curso. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto que se reclama del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado, pues como manifestó que no se encuentran dentro de sus facultades y atribuciones conceder el auxilio de la fuerza pública, solicitada por el quejoso; negativa que no desvirtuó por el promovente con prueba en contrario. Pues si bien de las constancias que remitió en su carácter de representante del Gobernador del Estado de Yucatán, como apoyo a su informe justificado, se advierte el oficio 1245/2021, de uno de julio de dos mil veintiuno, de la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que atendió la solicitud de otorgar el auxilio de la fuerza pública para el desalojo del predio número quinientos sesenta y seis, de la calle Cuarenta y siete, del fraccionamiento Villas Zona Dorada, de esta ciudad, mediante acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno. Y para su efectividad, ordenó girar oficio al Gobernador Constitucional del Estado, número 1245/2021, con sello de recibido por la Consejería Jurídica del Estado de Yucatán, en el que solicitó el auxilio de la fuerza pública; lo cierto es, que el citado comunicado oficial está dirigido al Gobernador del Estado y no al Consejero Jurídico en lo personal. Lo anterior, sin que pase inadvertido que de conformidad con la fracción IX, del artículo 55 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, es al Gobernador de la entidad a quien le corresponde facilitar el auxilio que necesite el Poder Judicial para el ejercicio expedito de sus funciones; sin que se advierta que de los artículos 32 del Código de Administración Pública de Yucatán y 71 de su Reglamento, el Consejero, como representante, tenga facultades para otorgar la concesión cuya omisión se reclama. En tal virtud, ante la negativa expuesta, lo procedente es sobreseer en el presente juicio únicamente por dicha autoridad responsable y acto, por inexistencia; de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917818, mismo Apéndice, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, pues aunque lo negó en su informe justificado que rindió a través de su Consejero Jurídico, en él hace manifestaciones que evidencian su existencia. En efecto, en su informe adujo que se encuentra en trámite la solicitud de auxilio de la fuerza pública suscrita por la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio 1245/2021, de uno de julio de dos mil veintiuno, deducido del expediente 553/2014, adjuntando para tal efecto copia certificada de la misiva de que se trata. Misma que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por otra parte, el Director Jurídico, por sí y en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, igualmente negó el acto de ejecución que se le reclamó; sin embargo, el mismo debe tenerse como cierto, atentas las funciones que tiene encomendadas, además de derivar de otro preexistente, como se advierte del informe justificado rendido por el representante del referido Gobernador del Estado. Cobra aplicación, la jurisprudencia 457, consultable en la página 394, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro en el "Ius Intranet" 917,991, que dice: "ACTOS INMINENTES, NEGATIVA DE LOS. NO SE NECESITA PRUEBA DIRECTA EN CONTRARIO. Para la determinación de la existencia de un acto que reviste el carácter de inminente, no se requiere la aportación de prueba directa, puesto que deriva simplemente de la apreciación del juzgador, basada en la preexistencia de otros actos." QUINTO. Inexistencia de causales de improcedencia y conceptos de violación. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Atendiendo a la causa de pedir, resultan fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérse la protección de la justicia federal que solicita. Así, de la lectura de la demanda se advierte que el peticionario del amparo, reclama del Gobernador, la omisión de otorgar el auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitado por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio 1245/2021, de fecha uno de julio de dos mil veintiuno, en el expediente natural 553/2014; lo que dice contraviene en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para llegar a tal conclusión es menester hacer unas breves acotaciones en torno al citado artículo 17 constitucional. El derecho fundamental contenido en el referido numeral, fue garantizado por el constituyente a fin de que cualquier persona pudiera acudir ante los tribunales y éstos le administraran justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. La reserva de ley, en virtud de la cual el precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esa reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas, etapas previas o dilaciones no previstas en el texto constitucional, lo que quiere decir que las autoridades judiciales deben tener a su alcance, los medios adecuados para cumplimentar eficaz y prontamente sus determinaciones. De tal suerte que, el derecho humano de seguridad jurídica establecido en dicho precepto en favor del gobernado en este caso, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades judiciales o tribunales (incluso las auxiliares en la administración de justicia) de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, teniendo, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los juicios ante ella ventilados dentro de los términos consignados en las leyes procesales respectivas. La obligación estatal que deriva de este derecho humano de seguridad jurídica es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales judiciales o tribunales tienen el deber de actuar en favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga, en forma expedita de conformidad con los plazos procesales. Partiendo de las anteriores premisas, del análisis y valoración a que se sujetaron las constancias de autos, se advierte la falta de cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, ya que el representante del Gobernador Constitucional de esta entidad manifestó que mediante oficio 1245/2021, de uno de julio de dos mil veintiuno, suscrito por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, ésta le solicitó el auxilio de la fuerza pública; el cual, a la fecha en que se recepcionó la demanda de amparo, esto es, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, e incluso a esta data, aún no había sido concedido. Lo anterior, resulta inconstitucional, pues el numeral antes mencionado establece como derecho fundamental, que la administración de justicia se imparta por los jueces y tribunales designados para tal efecto, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa y expedita. Por ello, el actuar del Gobernador del Estado como auxiliar del órgano jurisdiccional, resulta contrario a dichas obligaciones, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia, si se tiene presente además, que el dispositivo 47 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, determina que cuando no se señala término para la práctica de un acto o para el ejercicio de algún derecho, se entenderán concedidos tres días. En esta tesitura, si el aludido oficio fue emitido el uno de julio de dos mil veintiuno y recibido por la responsable el trece siguiente, según se advierte del sello de acuse de recibo que obra al calce de la copia certificada de la aludida misiva que la responsable remitió; es inconcuso que supeditar su otorgamiento hasta que las actividades del Poder Ejecutivo y sus dependencias lo permitan, implica un excesivo retardo en la administración de justicia, lo que se traduce en el incumplimiento material de un mandato de un órgano jurisdiccional, que se origina a raíz del ejercicio de un derecho promovido por un particular. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia XIV.2o. J/21, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 736, del Tomo X, septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "FUERZA PÚBLICA. LA OMISIÓN DE SU AUXILIO OPORTUNO PARA CUMPLIMENTAR LAS DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, IMPLICA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). Atento lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que establezcan las leyes; asimismo, el artículo 4o., fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, dispone que están obligados a prestar auxilio al Poder Judicial en la administración de justicia la Secretaría de Protección y Vialidad y la Policía Judicial del Estado, así como las demás corporaciones policíacas en la entidad; el artículo 5o. siguiente, señala que el Ejecutivo del Estado facilitará el ejercicio de las funciones que en su caso correspondan a dichas autoridades y el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, establece que cuando no se señala término para la práctica de un acto o para el ejercicio de algún derecho, se entenderán concedidos tres días. En este orden de ideas, resulta claro que cuando las autoridades administrativas actúan en auxilio de la función jurisdiccional, sus actos u omisiones están en aptitud de vulnerar los derechos subjetivos públicos del gobernado relacionados en el citado dispositivo constitucional, toda vez que aunque se trata de órganos formalmente administrativos, su intervención en esa hipótesis está inmersa en la función jurisdiccional. En consecuencia, cuando el secretario de Protección y Vialidad del Estado omite ejecutar de facto una orden del gobernador del Estado emitida en relación a una resolución de la autoridad judicial dentro del término a que se refiere el artículo 47 del código procesal mencionado, tal conducta se traduce en el incumplimiento material de un mandato del órgano jurisdiccional, que se origina merced al ejercicio de un derecho promovido por un particular y, por ende, su omisión es violatoria de la garantía constitucional consagrada en el invocado artículo 17 de la Carta Magna; sin que deba soslayarse que también incumple con lo establecido en la fracción I del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, que señala que para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su cargo, dichos servidores deberán cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de su servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión." En las relatadas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación planteados y toda vez que en la especie se advirtió que la conducta omisiva de la autoridad responsable resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que insta, para el efecto de que el Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato acuerde lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitado mediante oficio 1245/2021, por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y hecho lo anterior, lo haga del conocimiento del aquí quejoso. En el entendido de que la autoridad ordenadora responsable deberá comunicar sobre el acatamiento al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para el efecto de que, en su carácter de autoridad ejecutora, recibido que fuere el oficio respectivo de su superior jerárquico, deberá con la misma prontitud señalar fecha para que se proporcionen los elementos policíacos a su mando necesarios para poder llevar al cabo la diligencia de mérito, con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios. SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Banco Monex, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, contra el acto que reclama del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Banco Monex, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, en contra del acto que reclamó del Gobernador y del Secretario de Seguridad Pública del Estado, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el sexto considerando de esta resolución. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de abril de dos mil veintidós Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, dictado en este juicio de amparo, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la resolución señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó el acuerdo de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades responsables. Y en relación a dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que las responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la tesis XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en una de las hipótesis del indicado numeral, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el diverso ordinal 15 del citado Acuerdo General. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que hace al cuaderno de suspensión que deriva del presente juicio, toda vez que en el mismo se encuentra fijada la celebración de la audiencia incidental para las once horas con siete minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós, resérvese acordar lo correspondiente al destino de los cuadernos que lo integran, en tanto se pronuncia lo relativo a la interlocutoria correspondiente. Por último, dado el sentido de la presente determinación, dese cuenta con copia autorizada de este auto en el incidente de suspensión derivado de este asunto, para que se acuerde lo que en derecho proceda. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que la parte quejosa no hizo manifestación alguna con relación a la prevención efectuada en auto de quince de febrero de dos mil veintidós, a efecto de que dentro del término de quince días computados legalmente, manifestara si ampliaba su demanda de amparo respecto de la respuesta contenida en el oficio CJ/DC/OC/0200/2022, de fecha veintiséis de enero del año en curso, cumpliendo con los requisitos previstos ene l artículo 108 de la Ley de Amparo. Por tanto, haciendo efectivo el apercibimiento efectuado en el referido proveído de quince de febrero del año en curso, resuélvase el presente juicio únicamente respecto de los actos inicialmente señalados. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina. Doy fe.
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