Alberto González Hernández

Expediente 1146/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1146/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Alberto González Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido el auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 340 por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia Veracruz, Veracruz y anexos, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de treinta de enero del año en curso, remite copia certificada del acuerdo dictado el cinco de enero de dos mil veintitrés, así como las constancias de notificación realizada a las partes; en consecuencia, se tiene por cumplido dicho requerimiento, sin que haya lugar a dar vista a las partes con la constancia de mérito, por las razones que se exponen en este proveído. Al respecto, el suscrito advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. ) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierte o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior (.)". Al respecto, cabe señalar que tal causa de inejercitabilidad se actualiza cuando los efectos del acto reclamado son destruidos por la autoridad de manera inmediata, absoluta e incondicional, restableciendo la situación a como se encontraba antes de la promoción del juicio de derechos fundamentales, lo que da lugar a la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. En otras palabras, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto reclamado, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, registro digital 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Dicha causa de improcedencia se actualiza, en la especie, dado que del escrito de demanda con la que se formó el presente juicio de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste, esencialmente, en la falta de contestación a su promoción de doce de abril de dos mil veintidós, presentada ante la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia Veracruz, Veracruz. Luego, si del informe justificado rendido por la responsable, se aprecia que mediante acuerdo cinco de enero de dos mil veintitrés, dio contestación a lo solicitado esto es, acordó la promoción recibida el doce de abril de dos mil veintidós y se la notificó al aquí quejoso, se sigue que el acto reclamado cesó en sus efectos, debido a que de manera absoluta e incondicional, se destruyeron los efectos de la omisión reclamada, lo que propició que se restablecieran las cosas al estado en que se encontraban antes de la presentación de la demanda de protección constitucional, dando lugar a la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia. Por tanto, debe decretarse el sobreseimiento de este juicio, respecto de los actos reclamados, con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, Novena Época, registro digital 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que se decreta, sin necesidad de esperar a que se verifique la audiencia constitucional relativa, puesto que dicha determinación no depara perjuicio alguno al quejoso. Se dejan sin efecto las medidas decretadas en este expediente, así como la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a las responsables para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós se reservó proveer respecto de la imposibilidad de realizar el emplazamiento de la tercera interesada ********************; por tanto, no ha lugar a ordenar dicho emplazamiento en razón de lo antes mencionado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y personalmente al tercero interesado, por oficio a la autoridad responsable y por lista electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA LA RESOLUCION QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 340 por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia Veracruz, Veracruz y anexos, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de treinta de enero del año en curso, remite copia certificada del acuerdo dictado el cinco de enero de dos mil veintitrés, así como las constancias de notificación realizada a las partes; en consecuencia, se tiene por cumplido dicho requerimiento, sin que haya lugar a dar vista a las partes con la constancia de mérito, por las razones que se exponen en este proveído. Al respecto, el suscrito advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. ) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierte o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior (.)". Al respecto, cabe señalar que tal causa de inejercitabilidad se actualiza cuando los efectos del acto reclamado son destruidos por la autoridad de manera inmediata, absoluta e incondicional, restableciendo la situación a como se encontraba antes de la promoción del juicio de derechos fundamentales, lo que da lugar a la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. En otras palabras, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto reclamado, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, registro digital 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Dicha causa de improcedencia se actualiza, en la especie, dado que del escrito de demanda con la que se formó el presente juicio de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste, esencialmente, en la falta de contestación a su promoción de doce de abril de dos mil veintidós, presentada ante la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia Veracruz, Veracruz. Luego, si del informe justificado rendido por la responsable, se aprecia que mediante acuerdo cinco de enero de dos mil veintitrés, dio contestación a lo solicitado esto es, acordó la promoción recibida el doce de abril de dos mil veintidós y se la notificó al aquí quejoso, se sigue que el acto reclamado cesó en sus efectos, debido a que de manera absoluta e incondicional, se destruyeron los efectos de la omisión reclamada, lo que propició que se restablecieran las cosas al estado en que se encontraban antes de la presentación de la demanda de protección constitucional, dando lugar a la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia. Por tanto, debe decretarse el sobreseimiento de este juicio, respecto de los actos reclamados, con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, Novena Época, registro digital 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que se decreta, sin necesidad de esperar a que se verifique la audiencia constitucional relativa, puesto que dicha determinación no depara perjuicio alguno al quejoso. Se dejan sin efecto las medidas decretadas en este expediente, así como la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a las responsables para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós se reservó proveer respecto de la imposibilidad de realizar el emplazamiento de la tercera interesada ********************; por tanto, no ha lugar a ordenar dicho emplazamiento en razón de lo antes mencionado...

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 180 signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, en atención a su contenido, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la citada autoridad responsable rindiendo su informe justificado; y con el mismo dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. No obstante, dado que la autoridad responsable no acompañó constancia alguna al oficio de cuenta; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, para que en el término de tres días contado a partir de que quede notificada del presente proveído, remita copia certificada del acuerdo de cinco de enero de la presente anualidad, dictado en el expediente ******************** de su índice, y su notificación, que resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo; apercibida que de no hacerlo en el término para ello concedido, se le aplicará una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor diario, de acuerdo con el artículo 5º de la Ley para determinar el valor de la unidad de medida y su actualización, de conformidad con los preceptos 260 fracción I en relación con los diversos 237 y 238 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Resulta aplicable por su idea jurídica, la jurisprudencia P./J.17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo V, visible en la página 108 del Semanario Judicial de la Federación de rubro y contenido: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a la autoridad responsable.

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