Alberto González García
Expediente 51/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 51/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alberto González García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que remite el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, téngasele acusando recibo del comunicado, mediante el cual se le remitieron los autos originales del toca III-17/2018, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil diecinueve, en la cual se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito y, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero, del acuerdo general en consulta, háganse constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió. Asimismo, de conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en este juicio, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Toda vez que del sumario se aprecia que el magistrado responsable, envió en apoyo al informe justificado que rindió cuadernillo de queja III-17/2018, deducido del juicio ordinario civil 497/2018, que sobre nulidad de juicio promovió, con el cual se formó un tomo de prueba; consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrán como recibidos a su entera satisfacción. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alberto González García por las razones indicadas en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último punto considerativo de este fallo.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: LUCRECIA VARELA MERINO Y EDMUNDO FRANCISCO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. Visto el oficio de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Pátzcuaro, Michoacán, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, comunica que en dicho órgano jurisdiccional no se recibió el despacho 299/2018 (número de orden 1258); de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En otro aspecto, visto el oficio del Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial en Pátzcuaro, Michoacán, por el que devuelve parcialmente diligenciado el despacho 299/2018 (número de orden 1258), del índice de este órgano jurisdiccional; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y dar de baja la comunicación oficial en cita. Ahora, de las constancias que integran la comunicación oficial en comento se obtiene la imposibilidad que se tuvo para emplazar a los terceros interesados Patricia Montaño T., Diana Esmeralda Ríos, Rosa Ma. Montaño, Ma. Leticia Piña A, María del Rocío Leal Días Borrega, Lucrecia del Carmen Calderón G, Gerardo Guerra Velázquez, Fernando López, Eugenio Oseguera, Miguel Ángel López Z, José Luis Ortiz Bucio, Rosa Arreola Alcántar, José A. Villagómez C., Lilia Hernández D, Martha Ayala Tour, María García, Maríadel Carmen Garrido T, a quienes se ordenó llamar a juicio en las siguientes direcciones: Nombre del tercero interesado Domicilio donde puede ser emplazado Patricia Montaño T. Calle Almendros, número 18, fraccionamiento Los Nogales. Calle Privada de los Almendros, número 4, fraccionamiento Los Nogales (foja 523). Diana Esmeralda Ríos. Calle Almendros, número 18, fraccionamiento Los Nogales. Rosa Ma. Montaño. Calle Almendros, número 18, fraccionamiento Los Nogales. Ma. Leticia Piña A. Calle Almendros, número 18, fraccionamiento Los Nogales. María del Rocío Leal Días Borrega. Calle Almendros, número 18, fraccionamiento Los Nogales. Lucrecia del Carmen Calderón G. Calle Almendros, número 18, fraccionamiento Los Nogales. Calle Almendros, número 22, fraccionamiento Los Nogales (foja 523). Gerardo Guerra Velázquez. Calle Almendros, número 18, fraccionamiento Los Nogales. Mercado Tariacuri, número 12, colonia Zaragoza (foja 529). Navarrete, número 62, interior 2, colonia Centro (foja 529). Ibarra, número 135, colonia Centro (foja 529). Prolongación Ibarra, número 147, por la plaza de toros (foja 529). Fernando López. Calle Almendros, número 18, fraccionamiento Los Nogales. Eugenio Oseguera. Calle Almendros, número 18, fraccionamiento Los Nogales. Calle Privada de los Almendros, número 3, fraccionamiento Los Nogales (foja 519). Miguel Ángel López Z. Calle Almendros, número 18, fraccionamiento Los Nogales. José Luis Ortiz Bucio. Calle Almendros, número 18, fraccionamiento Los Nogales. Calle Paseo de los Almendros, número L-24, fraccionamiento Los Nogales (foja 523). Rosa Arreola Alcántar. Calle Almendros, número 18, fraccionamiento Los Nogales. Calle Tejerías, número 39, colonia Centro (foja 517). Calle Paseo de los Almendros, sin número, fraccionamiento Los Nogales. (foja 523). Lote número 14 de la manzana 4 del fraccionamiento Los Nogales (foja 526). Prolongación de los Almendros, sin número, fraccionamiento Los Nogales (foja 529). José A. Villagómez C. Calle Almendros, número 18, fraccionamiento Los Nogales. Lilia Hernández D. Calle Almendros, número 18, fraccionamiento Los Nogales. Martha Ayala Tour. Calle Almendros, número 18, fraccionamiento Los Nogales. María García. Calle Almendros, número 18, fraccionamiento Los Nogales. María del Carmen Garrido T. Calle Almendros, número 18, fraccionamiento Los Nogales. Domicilios a donde se ordenó emplazar a los referidos terceros con base en la investigación realizada por parte de este órgano jurisdiccional. Por lo que únicamente fue posible entender la diligencia con Lucrecia del Carmen Calderón, quien manifestó que no había suscrito la petición de la que derivó el acto reclamado. Por tanto, se deja de reconocerle el carácter de tercera interesada en este asunto. Por tanto, de las constancias que obran en el sumario se aprecia que se agotaron los medios legales con los que cuenta este juzgador para localizar el paradero de los mencionados terceros con interés; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, procédase a emplazarlos por medio de edictos, los que deberán publicarse por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, en un periódico de mayor circulación a nivel nacional y en uno de mayor circulación local, para que en el plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente al que se efectúe la última publicación, comparezcan a deducir sus derechos, quedando en la secretaría de este juzgado copia de la demanda de amparo. De igual manera, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición acredite haber realizado el trámite para su publicación, esto es, dentro de dicho plazo deberá (I) recogerlos, (II) entregarlos para su publicación y, (III) acreditar antes este órgano que efectuó las gestiones tendentes para publicarlos. Apercibido que de no hacerlo o manifestar el impedimento que tenga para ello, en términos de los numerales 61, fracción XXIII y 63, fracción V, en relación con los diversos preceptos 27, fracción III, inciso b), y 5 fracción III, del ordenamiento invocado, se procederá al sobreseimiento en el juicio. Sirve de apoyo, la tesis P./J. 27/2015, del Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 27, tomo I, Septiembre 2015, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo". Resulta imperativo resaltar que el imponer a la parte promovente del juicio constitucional la carga de pagar lo conducente para que se emplace y notifique a los terceros interesados por edictos y se impongan así de la demanda de amparo radicada ante este Juzgado de Distrito, tiene su teleología o fin primordial en la razón de que como a la parte gestionante del amparo corresponde la carga tanto de impulsar el procedimiento como de participar en su desarrollo a efecto de que se integre debidamente la litis respectiva, contravenga lo dispuesto por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto estatuye que la impartición de justicia debe ser gratuita, ya que son los tribunales encargados de esa misión, están impedidos para cobrar retribución a las partes por su actividad. Apoya lo expuesto, la tesis II.2º.C.101 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, cuyo rubro literalmente reza: "EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERO PERJUDICADA POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO. NO CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CUANTO MANDA QUE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ES GRATUITA." Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia III.1o.C. J/14, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que a la letra dice: "TERCERO PERJUDICADO. FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL." Por último, si la parte quejosa manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos y solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encontrará sujeta a prueba; esto es, deberá manifestar su imposibilidad, además de demostrar con indicios suficientes la falta de capacidad económica para solventar los gastos de la publicación de los edictos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis l.3o.C.973 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro siguiente: "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA. Si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, ordenada por la Sala responsable luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirman que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el impetrante de garantías realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública o bien que en caso de defender un bien, éste sea resultado de una adquisición a título gratuito. Se afirma lo anterior, en virtud de que tratándose de juicios que involucren prestaciones en dinero, tal como acontece en los ordinarios civiles de pago de pesos o que involucren la defensa de algún bien inmueble y los ordinarios y ejecutivos mercantiles, en los que por su propia naturaleza se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues no sería creíble alegar la falta de ésta, cuando de los derechos litigiosos se desprende la existencia de algún bien que justifique el actuar en el proceso de la parte que se trate. Cabe precisar que lo anterior no cobra aplicación en tratándose de asuntos familiares en los que necesariamente tendrían que ponderarse las particularidades del caso, ya que por su propia naturaleza en la mayoría de los casos no se encuentran vinculadas cuestiones pecuniarias, sino de otra índole y, por ello, es que resulta necesario particularizar cada caso en concreto para determinar la idoneidad del pago de edictos, en juicios de esta naturaleza". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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