Alberto Gómez Doroteo
Expediente 197/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 197/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alberto Gómez Doroteo
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, seis de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días, que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veinticuatro de mayo del año en curso (fojas 16 a 26), en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio y 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos del párrafo que antecede se advierte se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. MESA II-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso Alberto Gómez Doroteo, en atención a su contenido téngasele cumpliendo con lo ordenado en proveído de quince del actual. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO Y DE LA ACLARACIÓN DE LA MISMA. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, se analiza íntegramente la demanda y la aclaración de la misma, tal como lo establece la jurisprudencia 2ª/J 55/98, con registro 195745, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 227, Tomo VIII, agosto de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación del acto reclamado, la tesis número P. VI/2004, con registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.- El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Lo constituye lo siguiente: La omisión de integrar debidamente la carpeta de investigación y la abstinencia de girar instrucciones a las autoridades ejecutoras para que lleven a cabo el acto de investigación consistente en la inspección ocular, así como recaben diversos datos de pruebas, dentro de la carpeta de investigación 2355/MR/2017. Lo anterior se corrobora con la transcripción que se realiza de la narrativa de demanda de amparo de los antecedentes del acto reclamado, que bajo protesta de decir verdad, narró la parte quejosa, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por la tesis I.15o.A.28 K, con registro 171389, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, visible en la página 2613, correspondiente a la Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." "ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO: 1.- Que con fecha treinta y uno de julio del dos mil diecisiete, acudí ante el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, a presentar formal denuncia en contra de MACARIO ELEUTERIO JIMENEZ, líder de mi comunidad, DONACIANO HERNANDEZ FRANCISCO, Agente Municipal de Santa Cruz, Tierra Negra, entre otros, esto por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD y LOS QUE SE CONFIGUREN, formándose la carpeta de investigación 2355/MR/2017 del índice de la Fiscalía de Matías Romero, Oaxaca, debo mencionar que yo nunca he tenido problemas con esas personas, ni soy una persona que ande buscando problemas, también menciono que esas personas entraron a mi casa sin permiso alguno y me sacaron a la fuerza de mi domicilio, esto ocurrió el día cinco de julio del dos mil diecisiete y me llevaron a la fuerza detenido, hasta encerrarme en la cárcel que se encuentra en la misma población, de igual manera estuve privado de mi libertad durante tres días en esa cárcel, el día siete de julio del dos mil diecisiete, estando encerrado vi como unas señora del pueblo venia empujando a mi hermana y también a mi esposa que venía agarrando a mi menor hijo, y diciendo que nos largáramos del pueblo, que nos sacaran del mismo pueblo. 2.- Así las cosas, después de que esas personas nos sacaran del pueblo en donde yo y mi familia teníamos nuestro patrimonio, dejando todas las cosas que con esfuerzo logramos tener, debo mencionar que esas personas derribaron mi casa, destruyendo todo, por eso como lo mencione el día treinta y uno de julio del dos mil diecisiete, acudí ante el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Matías Romero, a presentar formal denuncia ante estas personas, pero de igual forma hasta el día de hoy dichas autoridades han hecho caso omiso a la denuncia tan es así que desde esa fecha mencionada el C. Agente del Ministerio Público de la fiscalía de Matías Romero, Oaxaca, no ha desempañado su trabajo como debería ser, esto es que no le ha dado continuidad a la carpeta de investigación, los Agentes Estatal de Investigación no han hecho su trabajo de inspección ocular, así como también el perito no ha hecho lo correspondiente, es por eso que me veo en la necesidad de promover dicho amparo, en contra de las autoridades ya mencionadas." FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El dispositivo transcrito, establece que el juez tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia con registro 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la página 890, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución; el primero de los preceptos dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]" La disposición legal transcrita, encierra uno de los principios fundamentales del juicio de amparo; esto es, el de definitividad, el cual establece que dicha instancia únicamente es procedente contra actos definitivos, es decir, actuaciones respecto de las cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicha instancia, se deberán agotar los recursos o medios de defensa que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto que se trate. Del anterior precepto se desprende la regla general que establece este principio, que consiste en que cuando un acto de autoridad viola derechos humanos o las garantías establecidas para su protección, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. Así, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de derechos humanos o garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, porque de no ser así, el juicio será improcedente. Luego, si la ley que rige la materia del acto reclamado prevé medios de impugnación capaces de anular o modificar el acto de autoridad impugnado, entonces, las partes antes de acudir a esta instancia constitucional se encuentran obligadas a agotar el principio de definitividad, pues como se afirmó, de no hacerlo el juicio de amparo resulta improcedente. En el caso, se actualiza tal supuesto porque contra el aludido acto reclamado, consistente esencialmente en la omisión del Ministerio Público de integrar debidamente la carpeta de investigación, así como de recabar diversos datos de prueba, a través de actos de investigación que no ha ordenado se lleven a cabo, era procedente agotar, previo a la promoción del juicio de amparo el medio de defensa o recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017, determinó que el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido pueda impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. Además, precisó dicha Sala, que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Al respecto, la referida Sala de nuestro Máximo Tribunal del País, puntualizó que no se soslayaba que el citado artículo 258 establece como plazo para la impugnación ante el Juez de Control, el de diez días posteriores a que sea notificada la determinación controvertida; sin embargo, consideró ante ello que debe entenderse que los actos omisivos, por su especial naturaleza, no se consuman en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que los haga concluir. Por tanto, adujo que por certeza jurídica, debe precisarse que las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, deben impugnarse por la víctima u ofendido dentro del plazo de diez días, contados a partir de que manifiesten tener conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal. Así, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, es que el Juez de Control quien revisa las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. En ese sentido, el quejoso Alberto Gómez Doroteo, en su demanda de amparo, en el apartado relativo a los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado (fojas 2-6), manifestó bajo protesta de decir verdad, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo previsto en el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tenor de lo dispuesto en su numeral 2, que en la carpeta de investigación 2355/MR/2017, del índice de la Fiscalía de Matías Romero, Oaxaca, denunció el delito de abuso de autoridad y los que se configuren; y ante tales omisiones en la integración de la aludida indagatoria, es que acudía en esta vía constitucional; de lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso que esas omisiones del Ministerio Público no las impugnó primeramente ante el Juez de Control, a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, resulta la certidumbre y plena convicción de la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, en virtud de que no hizo valer previamente el medio de defensa previsto en tal precepto, el cual resulta procedente contra las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación. Apoya la anterior determinación la jurisprudencia 1a./J.28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 943, del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017640, cuyo tenor literal es: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Así como la jurisprudencia 1a./J.28/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 945, del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017641, cuyo rubro y texto son: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.- Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En ese sentido, el acto reclamado a que se ha hecho alusión no tiene la característica de ser un acto definitivo, toda vez que el peticionario del amparo antes de acudir a la presente instancia constitucional debió agotar ante el Juez de Control el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tal virtud, resulta necesario agotar el mencionado recurso para la procedencia del juicio de amparo, por lo tanto, al haberse actualizado el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Alberto Gómez Doroteo. Sin que en el caso, se estime que el ahora quejoso se equipara a un tercero extraño, que desconozca el procedimiento del que deriva el acto reclamado, para estimar que no es posible desechar de plano la demanda de amparo, dado que como el propio impetrante lo manifiesta en los antecedentes de su libelo constitucional, es denunciante dentro de la carpeta de investigación 2355/MR/2017 de la que deriva el acto reclamado; de ahí que está en aptitud de agotar el aludido medio de defensa. También, no se soslaya que con la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implica la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el Juez de Amparo deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en la Ley de Amparo para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 487, del tomo I, Libro 3, correspondiente al mes de febrero de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2005717, cuyo tenor literal es: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.- Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese en términos de ley. II-A
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SALINA CRUZ, OAXACA, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ALBERTO GÓMEZ DOROTEO, quien promueve por propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Matías Romero, Oaxaca, Agencia Estatal de Investigación y Subdirector del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía de Matías Romero, Oaxaca, todos residentes en Matías Romero, Oaxaca. Fórmese expediente, anótese en el libro de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 197/2019, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). PREVENCION DE LA DEMANDA Ahora bien, a fin de que este órgano jurisdiccional provea lo procedente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 114, fracciones I, II, y 108, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, hábiles contados a partir del en que sea legalmente notificado de este proveído, por escrito, y con las copias necesarias que formarán parte integrante de su demanda y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Único. Precise correctamente el acto reclamado en esta instancia constitucional, toda vez que el mismo resulta ambiguo, dado que por una parte, refiere ".la certeza o el seguimiento del delito en este caso, si existe el delito o no...el no realizar la correspondiente inspección ocular en la comunidad de Tierra Negra.el no haber enviado al perito en Planimetría, para la diligencia correspondiente.", en tanto que de sus antecedentes precisa que el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, acudió ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, a presentar formal denuncia contra Macario Eleuterio Jiménez, Donaciano Hernández Francisco, entre otros, esto por el delito de abuso de autoridad y los que se configuren, formándose la carpeta de investigación 2355/MR/2017 del índice de la Fiscalía de Matías Romero, Oaxaca y hasta el día de hoy, las autoridades responsables han sido omisas en atender su denuncia. Irregularidad que resulta contraria, debido a que no se advierte concretamente cuál es el acto reclamado en esta instancia constitucional, por tanto, a efecto de estar en aptitud de establecer concretamente la litis constitucional y que las autoridades responsables estén en condiciones de rendir correctamente su informe justificado, deberá precisar con exactitud el acto reclamado. APERCIBIMIENTO En el entendido que de no desahogarse la prevención aquí formulada dentro del plazo legal concedido o, bien, no manifestar el impedimento legal que para ello tuviere, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En virtud de que el impetrante del amparo señala como domicilio los estrados, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la ley de la materia, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad, y únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones a Carlos Engels Leonardo Espinosa, Antonio Guzmán de la Zeta, Alicia Jacinto Hernández, José Enrique Villalobos Lambert y Adrián Esteban Rosas, toda vez que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no existe acreditada cédula que los autorice a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, tal como se desprende de la certificación secretarial que antecede. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa. MESA II-A
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