Alberto Goivani Suárez Maya
Expediente 826/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 826/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alberto Goivani Suárez Maya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En tal, virtud y toda vez de que por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 , del Acuerdo en mención. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio J3-01-22-09-2022, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de las últimas actuaciones dentro del expediente 3C-271/2022 de su índice, de donde se advierte que las partes celebraron un convenio que puso fin al juicio y se ordenó el archivo por considerarse totalmente concluido de dicho juicio laboral. Atento a lo anterior, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta capital, y turnado ese mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, *****, por conducto de su apoderada, contra los actos reclamados del Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad y del Actuario adscrito a la misma, consistente en: "actos reclamados: de la ordenadora a).- La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial y en forma inminente el señalamiento de una fecha remota; b).- La omisión de turnar el expediente al actuario para que realice la notificación a la parte actora y emplazamiento a los terceros con interés; c).- la omisión de enviar en tiempo y forma el exhorto a su similar de Tlaquepaque Jalisco, d).- la omisión de requerir a la autoridad exhortada la remisión del exhorto diligenciado, actos deriva dos del expediente ordinario número 3C-271/2022.". Ahora bien, el quejoso en esencia reclama: 1.- Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad. a) La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial y en forma inminente el señalamiento de una fecha remota. b).- La omisión de turnar el expediente al actuario para que realice la notificación a la parte actora y emplazamiento a los terceros con interés. c).- La omisión de enviar en tiempo y forma el exhorto a su similar de Tlaquepaque, Jalisco. d).- La omisión de requerir a la autoridad exhortada la remisión del exhorto diligenciado, actos deriva dos del expediente ordinario número 3C-271/2022. 2.- Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad. Su ejecución. Sin embargo, en la especie, se advierte que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al remitir las últimas constancias en copia certificada del juicio laboral 3C-271/2022, a las cuales se concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al dispositivo 2° de este último ordenamiento legal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por ser de orden público y estudio preferente, se analizará de oficio la causal de improcedencia que en la especie se estima actualizada, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en autos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Ahora, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Posteriormente, de las propias constancias que remitió la junta responsable del juicio laboral de que se trata, se desprende que en la celebración de la audiencia de seis de septiembre del año en curso, específicamente en la etapa conciliatoria, las partes llegaron a un convenio en el que, en esencia, la actora desistió de la demanda laboral y la demandada, específicamente la moral Hispanic Teleservices de Guadalajara, S. A. de C. V., a quien el actor reconoció como su único patrón, se comprometió a pagar al trabajador ahora quejoso la suma de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), entregándose en el mismo acto. Con base en lo anterior, es posible concluir que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, cuya demanda fue presentada el diez de septiembre del año en curso. Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no genera ese estado de incertidumbre a los quejosos (en el caso, el apercibimiento del archivo del juicio laboral respecto de algunos codemandados, así como su archivo), pues al haberse elevado el convenio al que llegaron las partes a la categoría de laudo ejecutoriado, además de ordenar el archivo definitivo como total y definitivamente concluido, los actos positivos de referencia ya no dejan huella alguna en la esfera jurídica de aquéllos que amerite ser borrada mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, porque tal concesión tendría los mismos efectos que ahora prevalecen en el juicio laboral de donde derivan los actos conculcatorios de garantías. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63, del propio ordenamiento legal, procede SOBRESEER en el presente juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así, no se entrará al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, dado que los mismos van encaminados a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados, lo que este Juzgador se encuentra impedido para analizar, atento al sobreseimiento decretado en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 1028, del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decrete el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Por lo que, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, el sobreseimiento decretado fuera de audiencia se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a las autoridades señalada como ejecutoras, toda vez que no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia, por tanto, al haberse sobreseído respecto de los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, es indiscutible que no pueda examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Encuentra sustento lo anterior, la tesis publicada en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el pedimento número 337/2022, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos en los términos que indica, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de la audiencia Constitucional; asimismo, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, una vez que se dicte la sentencia dentro de este expediente, expídansele las copias certificadas que requiere en su pedimento de cuenta. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que de las copias certificadas del expediente número 3C-271/2022 de donde emana el acto reclamado, que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, se desprende que señaló como fecha para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el seis de septiembre del año en curso, por tanto, requiérase a dicha autoridad responsable para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, informe a este órgano federal si se llevó acabo la celebración de la aludida audiencia y de ser así, remita a este órgano federal la constancia con la que acredite tal circunstancia, asimismo el trámite que le ha dado al exhorto que se giró a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guadalajara; o bien, manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el lapso concedido se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En consecuencia, dicha audiencia Constitucional se difiere señalándose como nueva fecha para su celebración las nueve horas con diez minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio J3/05/22/08/2022, signado por la Presidenta y Actuaria, adscritas a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora bien, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza la prueba documental que anexa su oficio de cuenta, consistente en copias certificadas de las constancias emitidas en el expediente 3C-271/2022, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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