Alberto Gerardo Ibarra Ontiveros
Expediente 525/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 525/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Alberto Gerardo Ibarra Ontiveros
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta de la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de diecisiete de mayo de este año, del que se desprende que se admitió el recurso de queja interpuesto, el cual ha quedado registrado bajo el incidente en revisión en materia administrativa 230/2023 de su índice; de lo que se toma debido conocimiento.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por Alberto Gerardo Ibarra Ontiveros, parte quejosa en el presente asunto; en atención a su contenido se provee: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa, interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintiuno de abril del año en curso, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente. Remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, el escrito de expresión de agravios y copia del mismo, así como los autos originales del juicio en que se actúa; para los efectos legales a que se contraen los artículos antes citados.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***, asistente Distrital de la 05 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; personalidad que se le reconoce con la constancia de registro de nómina del Instituto Nacional Electoral expedida por la Subdirectora de dicho Instituto, así como con el recibo de pago de honorarios a nombre del quejoso correspondiente al periodo de uno al quince de abril de dos mil veintitrés, fórmese el expediente de amparo respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 525/2023-II. Expediente físico y electrónico Atento a lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que el expediente físico del juicio de amparo en que se actúa, se integrará únicamente con el escrito inicial de demanda, los documentos que se reciban físicamente y las constancias de notificación que se realicen. En la inteligencia de que el expediente electrónico se integrará con la totalidad de las constancias que se reciban de forma física y/o electrónica, además de las actuaciones que se lleven a cabo en el presente juicio, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese y personalmente al promovente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Desechamiento. Análisis de la demanda de amparo Este Juzgado procede a analizar la demanda de amparo de que se trata, pues tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisión de los actos reclamados. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la aprobación, promulgación, y publicación del decreto por el cual se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. Causa de improcedencia. Una vez establecido lo anterior, esta autoridad estima que la demanda de amparo es improcedente, al actualizarse de una manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen: Marco normativo. Dichos dispositivos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (.) II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales; b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas; d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano; e) Se deroga. f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro; g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales; e i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones; La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos." De la interpretación del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo, se da en los demás casos que resulte de alguna disposición de la misma ley o de la Constitución Federal, como sucede en el caso la improcedencia deriva que, para combatir leyes de carácter electoral debe hacerse mediante la acción de inconstitucionalidad establecida en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo procedimiento es regulado por la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del referido artículo. Además, en el referido precepto 105, se establece: La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. Caso Concreto. En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la aprobación, promulgación, y publicación del decreto por el cual se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. Sin embargo, como se dijo la presente demanda de amparo es improcedente, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que en razón de que el sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencial 2ª./J. 61/2011, que establece: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." Así como, la Tesis P. XVI/2008, visible en la página 17, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 17, con registro 170270. Por último, la Tesis P. LX/2008, visible en la página 5, Novena Época, Pleno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, con registro 168997. Máxime, que como se mencionó, el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos dispone: "La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo." Sentado lo anterior, resulta oportuno destacar que el párrafo cuarto del artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señalaba que el Instituto Nacional Electoral contará con personal adscrito a una rama administrativa para el óptimo desempeño de sus funciones institucionales. De la demanda se advierte que Alberto Gerardo Ibarra Ontiveros es asistente Distrital de la 05 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado. De lo anterior se obtiene que el quejoso desempeña actividades de manera indisoluble con la materia electoral, aunado a que las normas reclamadas son de ese orden, por lo que son ajenas a la competencia de los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, porque los temas que fueron objeto de reforma y adición son: 1. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los temas tratados fueron: los cargos de elección popular en las entidades federativas, de la participación de la ciudadanía en las elecciones y consultas, de la integración de los poderes legislativo y ejecutivo de la unión y de las entidades federativas, así como de los Ayuntamientos y Alcaldías, disposiciones generales para la elección de cargos de elección popular, de los cargos de elección popular en las entidades federativas, de los cargos de elección popular en las entidades federativas, entre otros. 2. Ley General de Partidos Políticos; los temas tratados fueron: de la distribución de competencias en materia de partidos políticos de la constitución y registro de los partidos políticos, de los derechos y obligaciones de los partidos políticos, entre otros. 3. Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral; los temas tratados fueron: de los medios de impugnación, de los plazos y de los términos, de los requisitos del medio de impugnación, del recuento de votos y de las nulidades, de la nulidad de las elecciones federales, de la nulidad de la votación recibida en casilla, entre otros. Así, de la reforma señalada como acto reclamado enlazado con el puesto de la quejosa pone de manifiesto que dichos actos son materia político-electoral. De ahí que la causa de improcedencia invocada surge del contenido material de la norma reclamada, la cual es del orden electoral; por tanto, es inconcuso que toda impugnación a través del juicio de amparo vinculado con derechos político electorales establecidos en la Constitución Federal, como en el caso acontece, provoca de manera evidente la improcedencia de esta vía. Para controvertir los actos reclamados existe el órgano especializado, siendo éste el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, autoridad facultada para decidir sobre la constitucionalidad y legalidad en la materia electoral, tal como lo prevé el artículo 99, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el diverso precepto 125 septies de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, adicionado en el decreto que constituye el acto reclamado. Decisión. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Alberto Gerardo Ibarra Ontiveros, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control respectivo. Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Téngase señalando como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; asimismo, se tiene a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María del Carmen Padilla Sánchez quien tiene cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que entró en vigor por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio del dos mil cinco. Exhortación al resto de las partes -juicio en línea-. Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del citado Acuerdo General, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Uso de aparatos electrónicos Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Habilitación de días y horas inhábiles Ahora bien, dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el numeral 17 Constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo.
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