Alberto Garza Galván
Expediente 268/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 268/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/03/2023
Partes del expediente
- Alberto Garza Galván
Actuaciones
- Principal
El veintidós de marzo de dos mil veintitrés, el suscrito licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, certifico y hago constar: que en cumplimiento a los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, tanto el expediente electrónico generado con la FIREL relativo al juicio de amparo 268/2023-II, como el impreso coinciden en su totalidad. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Conste. El secretario. Licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que********************no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el siete de marzo de la presente anualidad, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de garantías promovida por la licenciada ********************, en su carácter de asesora jurídica del actor ahora quejoso ********************, dentro del expediente 1179/2021 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas en esta Ciudad; regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado Federal bajo el número 268/2023-II. Juicio en línea Tomando en cuenta que al promoverse el presente asunto se realizó de forma física, se exhorta a la partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo que se recibe, de la que se advierte que como autoridades responsables y acto reclamado, se señaló lo siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE. "Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros." ACTO RECLAMADO.- "Del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar se reclama la omisión de enviar exhorto a la ciudad de San Luis Potosí, para así en auxilio de las labores del juzgado se sirva a diligenciar y practicar la notificación y emplazamiento a la demandada, ya que solo se concreta a realizar el escrito de exhorto, mas no materializó los actos debidos positivos para su diligencia. El acuerdo de fecha nueve de febrero del 2023, en donde dicta que no ha lugar a la petición y desecha de plano sin responder ninguno de las peticiones, que fueron las siguientes." Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que ********************, es parte actora dentro del expediente número 1179/2021, relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio incausado, mismo que se radicó ante la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. La profesionista de cuenta, demanda el amparo en la vía indirecta en su carácter de asesora jurídica de ********************, por lo que hace a las omisiones por parte de la autoridad responsable de enviar exhorto a la ciudad de San Luis Potosí, para practicar la notificación y emplazamiento a la demandada, y de proveer respecto a las peticiones realizadas dentro del aludido expediente. En tales condiciones, este órgano de control constitucional, después de haber analizado el escrito inicial de demanda, considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, concatenado a la vez con el diverso 5, fracción I, de la Ley de la Materia vigente y el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política. En esos términos, se advierte que dicha causal de improcedencia se refiere a la falta de legitimación de la promovente del juicio de amparo para accionar dicha vía a nombre de quien figura como quejoso ********************. Tales dispositivos, en su orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De dichas disposiciones legales se desprende uno de los principios fundamentales del juicio de amparo denominado "de instancia de parte agraviada" consistente en que por regla general el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudica la Ley, el Tratado Internacional, el Reglamento, o cualquier otro acto que se reclame. Sin embargo, se establecen como excepciones a la regla, por virtud de las cuales se puede promover ese juicio por otra persona a nombre del quejoso, cuando se trate de menores de edad y personas morales privadas, quienes pueden pedir amparo a través de sus representantes, las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas; o bien el juicio de amparo, se puede instar por cualquier persona si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo, tal y como se establece el artículo 15 de la Ley de Amparo vigente. Asimismo, que la citada legislación solo en su diverso numeral 14 exceptúa del principio de instancia de parte al defensor del quejoso en el juicio de origen, y se reitera no se encuentra en alguno de los supuestos del dispositivo 15 de la ley de la materia. Además, en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no saben firmar, mediante la huella digital o la firma de otra persona a su ruego, pues de otra manera no habría forma de saber si es realmente la voluntad de la persona a cuyo nombre se encabeza el escrito, la de hacer valer las pretensiones que en él se deducen; en el caso que nos ocupa no se actualiza ninguna de dichas hipótesis. Aunado a ello, a continuación se transcribe el primer párrafo del artículo 68 bis del Código de Procedimientos para el Estado de Tamaulipas, en el cual se encuentran las facultades que puede ejercer un litigante ampliamente al ser autorizado en términos de dicho numeral: "ARTÍCULO 68 BIS.- Las partes podrán autorizar para oír y recibir notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedaran facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia o hacer promociones para evitar la consumación del termino de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas designadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado, debiendo proporcionar los datos correspondientes al registro de su título profesional ante el Tribunal Superior de Justicia, en el entendido que el autorizado que no cumpla, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiese designado, y únicamente tendrá las que se indican en el antepenúltimo párrafo de este artículo. [.]." Sin embargo, esa acreditación únicamente se ciñó al litigio civil correspondiente, ya que el alcance de las facultades en "defensa de los derechos del autorizante", como lo señala el artículo en mención, no puede entenderse a cualquier acto, sino que se circunscribe a la litis de origen al no advertirse de su contenido normativo que lo haga alcanzable al juicio de amparo, y por ello excluye la posibilidad que el autorizado promueva la vía constitucional. Ello debido a que la acción es un derecho subjetivo procesal para promover la litis ante el órgano jurisdiccional correspondiente, cuyo ejercicio corresponde al titular del derecho controvertido, en su caso, al representante legal o mandatario; lo que ocurre con el acto que da origen a la presentación de esta demanda, que es cuando se plantea la pretensión litigiosa, por lo que los diversos actos vinculados con el juicio natural, puede el actor realizarlos a través de su representante legal. Por tanto, trasladada tal premisa al juicio constitucional, el ejercicio de la acción de amparo debe provenir directamente de quien tenga el carácter de quejoso por sí (o por conducto de quien tenga su representación legal) ya que aquél es el único legitimado para estimar que estos actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué manera son lesivos de sus derechos humanos acorde al principio de parte agraviada, regulado por los artículo 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo en vigor. Consecuentemente, los autorizados designados en términos amplios del juicio civil de origen de que se trata, no pueden instar la acción de amparo, pues tal autorización los legitima únicamente para atender procesalmente la litis de origen, al no ser los titulares del derecho tutelado cuya salvaguarda se solicita mediante el juicio de amparo. En otras palabras, si bien el numeral 68 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, faculta a las partes para que autoricen a una o más personas con capacidad legal, que deberán ser profesionales en derecho para que interpongan los recursos que estimen procedentes, ofrezcan pruebas e intervengan en ellas, diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir que se dicte sentencia o hacer promociones para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin poder sustituir o delegarlas a un tercero; sin embargo, esas facultades amplias, como se dijo, se reducen a emplearlas en el juicio natural, pues el legislador no previó que el autorizado sea un representante legal, y por lo mismo su encomienda no constituye un mandato. Como apoyo a lo anterior se cita la tesis XIX.1o.A.C.30 C (10a.), materia común y civil, visible en la página 1808, del Libro 70, Septiembre de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2020619, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA CIVIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5o., fracción I y 6o., todos de la Ley de Amparo, se concluye que tratándose de actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo resulta improcedente cuando la demanda sea promovida por quien no resulte ser el titular del derecho subjetivo que se alega afectado de manera real y actual, por el acto reclamado; cuando no sea promovida por el representante legal o apoderado del quejoso; o bien, cuando el quejoso no la promueva por conducto de su representante legal o apoderado. Es decir, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que obliga a que la demanda sea promovida por quien se ve directamente afectado por el acto reclamado, por lo que es necesario que ésta sea firmada por el quejoso, su representante legal o apoderado, ya que sólo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado es quien está legitimada para demandar la protección de la Justicia Federal, lo que puede hacer por sí o por su representante legal o apoderado. En ese sentido, la demanda de amparo debe formularse por el quejoso, su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas, porque dicha autorización con la que cuenta, no le confiere la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, dado que el alcance de sus facultades se circunscribe en el marco de la defensa de los derechos que el autorizante llevó al juicio de origen, es decir, las "facultades amplias" que tiene son únicamente para intervenir en el juicio en el que se le autorizó, pero no para representar a la autorizante fuera de ese procedimiento." Asimismo, por analogía la jurisprudencia XVII.J/1 (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 1411, del Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. NO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Conforme al artículo citado, las partes en el juicio civil pueden autorizar a los profesionales en derecho y otorgarles facultades para promover, ofrecer y desahogar pruebas, interponer los recursos que procedan, alegar en las audiencias y realizar en el proceso todas aquellas diligencias necesarias tendentes a la defensa de los derechos del autorizante. Sin embargo, la anterior disposición no faculta al autorizado para promover el juicio de amparo, pues ello sólo corresponde al titular del derecho de acción, esto es, a quien tenga el carácter de quejoso, por sí o por conducto de quien tenga su representación legal, al ser el único legitimado para estimar qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué manera son lesivos de sus derechos humanos, atento al principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013. En consecuencia, la demanda de amparo únicamente puede formularse por el quejoso o por su representante legal, sin que pueda sustituirse por un autorizado en los términos amplios del invocado artículo 60, párrafo primero, pues dicha autorización únicamente le otorga facultades para realizar los actos procesales que se estimen conducentes dentro de la litis civil, esto es, en el juicio de origen, ya que el legislador no previó que el autorizado fuera un representante legal y, por lo mismo, su encomienda no constituye un mandato." No es óbice a lo anterior, que en la jurisprudencia aplicada se haya analizado el artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Chihuahua, en razón de que dicho numeral es de idéntica redacción al 68 bis del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas. Se cita como apoyo la tesis 2a. XXXI/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 560 del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2007, que dice: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD. La circunstancia de que en un criterio jurisprudencial de este Alto Tribunal se haya abordado el estudio de un precepto diverso al analizado en el caso concreto, no implica que la tesis sea inaplicable, pues el precedente judicial tiene diversos grados en su aplicación, pudiendo ser rígida o flexible, además de otros grados intermedios. Así, un criterio puede ser exactamente aplicable al caso por interpretar la misma disposición que la examinada en el caso concreto, o bien, puede suceder que no se analice idéntica norma, pero el tema abordado sea el mismo o haya identidad de circunstancias entre ambos temas, incluso puede ocurrir que la tesis sea aplicable por analogía, es decir, que se trate de un asunto distinto pero que existan ciertos puntos en común que deban tratarse en forma semejante." De igual manera, la jurisprudencia VI.2o.C.J/307 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, página 1798, del Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2009, Novena Época, que dice: "JURISPRUDENCIA. PARA QUE LA EMITIDA CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA SEA APLICABLE EN OTRA, DEBEN EXISTIR EN AMBOS ESTADOS DISPOSICIONES LEGALES CON SIMILAR CONTENIDO. Si bien los Tribunales Colegiados de Circuito, en la resolución de los asuntos de su competencia, están facultados para emitir criterios interpretativos de la legislación de las entidades federativas, y al hacerlo colman los posibles vacíos legislativos que pudieran advertirse, esta atribución no puede llegar al extremo de integrar una aparente laguna normativa a partir de la existencia de una tesis aislada o jurisprudencia referida a una legislación de un Estado de la Federación, distinto al en que se suscita el conflicto, si en la legislación aplicable no existe una disposición con contenido análogo al ya interpretado por un diverso tribunal, pues sostener lo contrario implicaría extender el contenido de aquél a cuestiones inherentes a la ley expedida por otra soberanía legislativa, sin considerar el ámbito territorial de aplicación de la norma vigente en cada demarcación federal, provocando así el desconocimiento de la soberanía de cada Estado miembro de la Federación." En esas condiciones, la licenciada ********************, carece de legitimación para promover la demanda de amparo indirecto a nombre de ********************, pues no tiene la referencia específica de ser representante legal o apoderado de aquél, ya que únicamente comparece con el carácter de asesor jurídico del mismo, por lo que se entiende que fue autorizado en términos del artículo 68 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, dentro del expediente número 1179/2021, relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio incausado, facultad que otorga el numeral en comento. Así, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por la licenciada ********************, a favor de ********************, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado en esta ciudad. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia I.1o.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que en su rubro y texto dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexan a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Aquí, es de destacarse, que del análisis realizado al escrito de la demanda de cuenta no se advierte que se reclamen actos de los referidos por el dispositivo 15 de la Ley de Amparo, por lo que no procede prevenir o aclarar tal demanda; pues no se trata de requisitos de forma por subsanar, sino de la falta de legitimación de quien pretende instar juicio biinstancial. Por otro lado, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda, así como proporcionando el correo electrónico para los efectos que refiere. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Con el fundamento apuntado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por la licenciada ********************, a favor de ********************, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado en esta ciudad. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
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