Alberto García Guerrero
Expediente 391/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 23 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 391/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 11/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Alberto García Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el auto de primero de octubre de dos mil diecinueve, por tanto y toda vez que este ha quedado firme, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, que no existen documentos en original o copia certificada exhibidos por las partes, que deban ser devueltos al interesado y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente. Por tanto, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es depurable.
- Incidental
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta que suscribe el quejoso Alberto García Guerrero, mediante el cual, solicita la devolución de los billetes de depósito N 812410 y 812414, expedidos por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, valiosos por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100, moneda nacional), cada uno, que en su oportunidad exhibió para garantizar la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, concedidas en el presente incidente; y toda vez que a la fecha ha causado ejecutoria la sentencia dictada en el expediente principal del que deriva el presente incidente, devuélvanse al citado quejoso los billetes de depósito en comento, con la debida orden de pago a nombre del propio quejoso Alberto García Guerrero, previa identificación de su persona con documento oficial, vigente y con fotografía y constancia que por su recibo se asiente en autos.
- Principal
Visto; atento al estado procesal que guardan los autos, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto se advierte que por sentencia de doce de agosto de dos mil diecinueve, se otorgó a la parte quejosa Alberto García Guerrero, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, realizara lo siguiente: "- Deje insubsistente la orden de aprehensión de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en contra del aquí quejoso, en la causa penal 18/2018, que se reclama; y - En su lugar, dicte otra determinación con plenitud de jurisdicción sobre la cual no se prejuzga, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso. -Precisando que, solo en el caso de que resuelva de nueva cuenta librar mandato de captura en contra del indiciado Alberto Garcia Guerrero, aquí quejoso, deberá excluir su declaración por escrito presentada el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete ante el agente del Ministerio Público número tres del Distrito Judicial de Jerez de Garcia Salinas, Zacatecas, la cual fue ratificada ante esa representación social mediante comparecencia ministerial en igual fecha, por haberse generado de manera ilícita." En acato a lo anterior, una vez que causó ejecutoria la sentencia mencionada, mediante oficio 2440 de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable en comento remitió copia certificada de: La resolución de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, que resuelve de nueva cuenta sobre la orden de aprehensión en contra de Alberto García Guerrero (fojas 82 a 115). Determinación que se ajustó a los lineamientos del fallo protector del amparo, pues en la página tres (3) de la misma, la responsable dejó sin efecto la orden de aprehensión de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 83); y, a página cuarenta y tres (43) de la nueva determinación, se abordó la declaración por escrito presentada por el imputado, ahora quejoso, ante la autoridad ministerial, la cual se indicó que carece de valor probatorio, por ser ratificada sin la asistencia de un defensor, tal como se lee al reverso de la página cincuenta (50) de la mencionada resolución (fojas 103 y 106, vuelta). Documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su disposición de su artículo 2º, en virtud de que se trata de una constancia expedida por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, al confrontar lo anterior con los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por la responsable, se advierte que dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; toda vez atendió a todos los lineamientos descritos por este órgano jurisdiccional, en el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Ahora bien, no pasan inadvertidos los argumentos del autorizado de la parte quejosa, al considerar que la ejecutoria de amparo encuentra defectos en cuanto a su cumplimiento, pues esencialmente indicó que la nueva determinación cuenta con los mismos vicios formales que la anterior, pues los diversos elementos probatorios que se relacionan con la prueba obtenida de forma ilícita, deben considerarse también ilícitos, y por ende, carentes de valor probatorio. Además del diverso argumento en el sentido de que la autoridad responsable al emitir su nueva determinación, incluyó una nueva prueba, que lo es la declaración de su coimputada, y que dicha prueba es ilícita de la misma forma que la declaración del aquí quejoso. Son inoperantes los motivos de inconformidad que se hacen valer contra el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así porque en la sentencia de doce de agosto de dos mil diecinueve, se constriñó a la responsable para que dejara insubsistente la orden de aprehensión reclamada y emitirá otra, donde únicamente debía excluirse del causal probatorio la declaración a cargo de Alberto García Guerrero, otorgando libertad de jurisdicción a la responsable, para emitir la nueva determinación en el sentido que considere; de ahí que es facultad de ésta valorar libremente todas las pruebas que obren en la causa penal respectiva. En ese sentido, ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver sobre el cumplimiento dado las ejecutorias de amparo donde únicamente se conmina a determinado actuar a las autoridades responsables y se les concede plenitud de jurisdicción para que al hacerlo, resuelvan lo que estimen pertinente, los jueces de distrito no deben pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones sobre las que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que se pretende acatar el fallo protector. Por ello, si en el caso concreto únicamente se dijo que la responsable debía excluir la declaración del aquí quejoso, al momento de resolver sobre la orden de aprehensión que le fue solicitada y se le concedió libertad de jurisdicción, es claro que este juzgador no está en aptitud de analizar la legalidad de ese nuevo acto, pues únicamente debe analizar si se atendió a lo estrictamente señalado en la ejecutoria de amparo; por tanto, los argumentos tendentes a combatir la legalidad de la nueva determinación deben declararse inoperantes pues, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la nueva decisión emitida por la autoridad. Se invoca por analogía la jurisprudencia 1a./J. 89/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. La materia de estudio de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un juez de Distrito o de un tribunal colegiado de Circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad." (Énfasis añadido) Asimismo se invoca por las razones que la sustentan, la tesis aislada 2a. XXIX/2010, de la Segunda Sala de nuestro Tribunal Supremo, que dice: "INCONFORMIDAD POR DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS ENCAMINADOS A ALEGAR VICIOS DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA, EN DONDE SE RESERVÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. Conforme al artículo 108 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad por denuncia de repetición del acto reclamado consiste en examinar la legalidad de la resolución del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito que declara infundada dicha repetición, analizando si la autoridad responsable, en un nuevo acto, reiteró los vicios de inconstitucionalidad advertidos en la ejecutoria protectora, con el objeto de garantizar el respeto a las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada. En consecuencia, los planteamientos tendentes a controvertir la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia amparadora, en donde se reservó libertad de jurisdicción a la responsable, deben declararse inoperantes, al constituir temas ajenos a la inconformidad y susceptibles de control a través de otros medios legales.
- Principal
SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto; atento al estado procesal que guardan los autos, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto se advierte que por sentencia de doce de agosto de dos mil diecinueve, se otorgó a la parte quejosa Alberto García Guerrero, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, realizara lo siguiente: "- Deje insubsistente la orden de aprehensión de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en contra del aquí quejoso, en la causa penal 18/2018, que se reclama; y - En su lugar, dicte otra determinación con plenitud de jurisdicción sobre la cual no se prejuzga, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso. -Precisando que, solo en el caso de que resuelva de nueva cuenta librar mandato de captura en contra del indiciado Alberto Garcia Guerrero, aquí quejoso, deberá excluir su declaración por escrito presentada el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete ante el agente del Ministerio Público número tres del Distrito Judicial de Jerez de Garcia Salinas, Zacatecas, la cual fue ratificada ante esa representación social mediante comparecencia ministerial en igual fecha, por haberse generado de manera ilícita." En acato a lo anterior, una vez que causó ejecutoria la sentencia mencionada, mediante oficio 2440 de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable en comento remitió copia certificada de: La resolución de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, que resuelve de nueva cuenta sobre la orden de aprehensión en contra de Alberto García Guerrero (fojas 82 a 115). Determinación que se ajustó a los lineamientos del fallo protector del amparo, pues en la página tres (3) de la misma, la responsable dejó sin efecto la orden de aprehensión de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 83); y, a página cuarenta y tres (43) de la nueva determinación, se abordó la declaración por escrito presentada por el imputado, ahora quejoso, ante la autoridad ministerial, la cual se indicó que carece de valor probatorio, por ser ratificada sin la asistencia de un defensor, tal como se lee al reverso de la página cincuenta (50) de la mencionada resolución (fojas 103 y 106, vuelta). Documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su disposición de su artículo 2º, en virtud de que se trata de una constancia expedida por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, al confrontar lo anterior con los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por la responsable, se advierte que dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; toda vez atendió a todos los lineamientos descritos por este órgano jurisdiccional, en el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Ahora bien, no pasan inadvertidos los argumentos del autorizado de la parte quejosa, al considerar que la ejecutoria de amparo encuentra defectos en cuanto a su cumplimiento, pues esencialmente indicó que la nueva determinación cuenta con los mismos vicios formales que la anterior, pues los diversos elementos probatorios que se relacionan con la prueba obtenida de forma ilícita, deben considerarse también ilícitos, y por ende, carentes de valor probatorio. Además del diverso argumento en el sentido de que la autoridad responsable al emitir su nueva determinación, incluyó una nueva prueba, que lo es la declaración de su coimputada, y que dicha prueba es ilícita de la misma forma que la declaración del aquí quejoso. Son inoperantes los motivos de inconformidad que se hacen valer contra el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así porque en la sentencia de doce de agosto de dos mil diecinueve, se constriñó a la responsable para que dejara insubsistente la orden de aprehensión reclamada y emitirá otra, donde únicamente debía excluirse del causal probatorio la declaración a cargo de Alberto García Guerrero, otorgando libertad de jurisdicción a la responsable, para emitir la nueva determinación en el sentido que considere; de ahí que es facultad de ésta valorar libremente todas las pruebas que obren en la causa penal respectiva. En ese sentido, ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver sobre el cumplimiento dado las ejecutorias de amparo donde únicamente se conmina a determinado actuar a las autoridades responsables y se les concede plenitud de jurisdicción para que al hacerlo, resuelvan lo que estimen pertinente, los jueces de distrito no deben pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones sobre las que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que se pretende acatar el fallo protector. Por ello, si en el caso concreto únicamente se dijo que la responsable debía excluir la declaración del aquí quejoso, al momento de resolver sobre la orden de aprehensión que le fue solicitada y se le concedió libertad de jurisdicción, es claro que este juzgador no está en aptitud de analizar la legalidad de ese nuevo acto, pues únicamente debe analizar si se atendió a lo estrictamente señalado en la ejecutoria de amparo; por tanto, los argumentos tendentes a combatir la legalidad de la nueva determinación deben declararse inoperantes pues, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la nueva decisión emitida por la autoridad. Se invoca por analogía la jurisprudencia 1a./J. 89/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. La materia de estudio de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un juez de Distrito o de un tribunal colegiado de Circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad." (Énfasis añadido) Asimismo se invoca por las razones que la sustentan, la tesis aislada 2a. XXIX/2010, de la Segunda Sala de nuestro Tribunal Supremo, que dice: "INCONFORMIDAD POR DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS ENCAMINADOS A ALEGAR VICIOS DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA, EN DONDE SE RESERVÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. Conforme al artículo 108 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad por denuncia de repetición del acto reclamado consiste en examinar la legalidad de la resolución del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito que declara infundada dicha repetición, analizando si la autoridad responsable, en un nuevo acto, reiteró los vicios de inconstitucionalidad advertidos en la ejecutoria protectora, con el objeto de garantizar el respeto a las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada. En consecuencia, los planteamientos tendentes a controvertir la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia amparadora, en donde se reservó libertad de jurisdicción a la responsable, deben declararse inoperantes, al constituir temas ajenos a la inconformidad y susceptibles de control a través de otros medios legales.
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