Alberto García Alonso
Expediente 141/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alberto García Alonso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mesa IV. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintiocho de febrero del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio (fojas 34 a 38), sin que lo hubiese hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86, de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; además, a juicio de este órgano jurisdiccional no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.
- Incidental
MESA IV. Visto el estado de autos, tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, segundo párrafo del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa; además, a juicio de este órgano jurisdiccional no tiene relevancia documental para su conservación. Tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción II y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA IV. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"Visto el estado de autos; así como el escrito inicial que dio origen al juicio, se conoce que el quejoso Alberto García Alonso, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos siguientes: LA ORDEN DE APREHENSIÓN 2. SU EJECUCIÓN. Ahora, del estudio integral de autos, se advierte que los actos reclamados son inexistentes. A efecto de corroborar el aserto que precede, cabe destacar, que las autoridades señaladas por el quejoso como: "JEFE GENERAL DE LA POLICÍA JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO." "DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO" No existen con esa denominación, según se advierte de la razón actuarial de veinticuatro de los actuales que obra en la foja 17. Asimismo, en razón actuarial de veintisiete de febrero, se hace constar que mediante Acuerdo ***, se extinguieron los Juzgados Penales Tercero, Cuarto, Octavo, Décimo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Vigésimo, Vigésimo Noveno, Quincuagésimo Segundo, Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Octavo de esta ciudad. Por ende, es evidente que no pueden existir los actos reclamados a las potestades señaladas en los párrafos precedentes. Por otra parte, los restantes entes señalados como responsables por el quejoso, al rendir informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, sin que aquél hubiese aportado prueba idónea para desvirtuar tales negativas. No es obstáculo para concluir de la manera anotada, la circunstancia de que se encuentre transcurriendo la vista dada a la parte quejosa con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, habida cuenta que al haber negado en el juicio los actos atribuidos, no cambiaría el sentido de la sentencia la manifestación que en su caso hiciera la impetrante y sí en cambio, retrasaría la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que promulga dichos principios. ... Ante tales circunstancias, continuar con el trámite del presente juicio biinstancial, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resulta ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia; aunado a que dicha forma de proceder, contravendría el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben evidenciar supuestos de mayor entidad como son que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual como ya quedó acreditado, en la especie acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal; por tanto, el sobreseimiento decretado, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17, Constitucional. Además, cabe precisar que la orden de aprehensión, así como su ejecución, es un instrumento públicos que emana de una causa penal y la prueba idónea de su existencia serían los propios documentos, mismos que no podrían ser aportados por la parte quejosa, ante la negativa expresa de las autoridades responsables de su existencia, ni siquiera las copias de la misma serían conducentes para ello. Lo anterior es así, porque la función valorativa de las pruebas que se rindan, van encaminadas, en principio, a que el Juez tenga por acreditada la existencia de los actos que se reclaman en el amparo; y si las autoridades responsables niegan haber librado el mandamiento de molestia reclamado, la causa penal no podría estimarse conducente para desvirtuar las negativas, dado que ésta no constituye el acto reclamado, y al valorarla el Juzgador no estaría en condiciones de establecer siquiera una presunción de certeza de los actos reclamados, habida cuenta que no necesariamente la existencia de una causa penal conlleva el dictado de la orden de aprehensión; de ahí que las copias certificadas de mérito, en su caso, resultarían inconducentes para probar ese extremo. ... En la inteligencia que la negativa de la existencia de los actos reclamados queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades a quienes se les imputa la violación constitucional. ... En esas condiciones, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo en que se actúa, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, y de la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: ... En consecuencia, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada en el juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y del conocimiento a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. "
- Principal
MESA IV. Agréguense las razones actuariales de veinticuatro de los actuales, mediante la cual se hace constar que las autoridades señaladas en la demanda de amparo como "JEFE GENERAL DE LA POLICÍA JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO", son inexistentes; asimismo, la razón de veintisiete de febrero, en la que se hace constar que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 12-40/2016, los Juzgados Penales Tercero, Cuarto, Octavo, Décimo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Vigésimo, Vigésimo Noveno, Quincuagésimo Segundo, Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Octavo, se extinguieron. En consecuencia, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. En vista de lo anterior, se ordena instruir a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que realice los ajustes respectivos en la base de datos a su cargo. Por otro lado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense los informes justificados rendidos por las autoridades que se detallan en sus propias comunicaciones, con su contenido, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlos al celebrar la audiencia constitucional. Respecto a las peticiones de los entes responsables, en el sentido de que se sobresea el juicio, sus manifestaciones se tomarán en cuenta al emitir el fallo respectivo. De conformidad con el normativo 28, fracción I, de la ley invocada, se tienen como domicilios para recibir notificaciones de la autoridad remitente Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el que precisan, toda vez que es el mismo de su residencia oficial, y acorde a lo preceptuado en el numeral 9, de la ley de la materia, como delegados a las personas que mencionan.
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