Alberto Galicia Márquez

Expediente 816/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
816/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Alberto Galicia Márquez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de junio de dos mil veintitrés. Estado procesal de autos Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación de cinco de junio del año en curso, por la que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente En acatamiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de junio de dos mil veintitrés. Radicación y Registro Vista la demanda promovida por *********, por propio derecho; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 816/2023-I-A. Actos Reclamados En ese orden, del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables y acto reclamado: "III. La autoridad o autoridades responsables: Autoridad Ordenadora: A) C. Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Toluca, México. B) C. Titular de la Dirección General de Reinserción Social del Estado de México. Autoridad Ejecutora: A) Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito Almoloya de Juárez, México y B) Custodia Penitenciaria del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito Almoloya de Juárez, México." "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: Autoridad Ordenadora: A) C. Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Toluca, México: Se reclama el acto de librar una orden de traslado en mi contra. B) C. Titular de la Dirección General de Reinserción Social del Estado de México, Se reclama el acto de librar una orden de traslado en mi contra. Autoridad Ejecutora: A) Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito Almoloya de Juárez, México, Se reclama el acto de cumplimentar una orden de traslado en mi contra. B) Custodia Penitenciaria del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito Almoloya de Juárez, México, Se reclama el acto de cumplimentar una orden de traslado en mi contra." Desechamiento Cabe precisar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. En ese sentido, toda vez que en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, a continuación se analiza la que en el caso se actualiza, es decir, la derivada de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, el quejoso debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Con base en lo anterior, los elementos con los que se integra la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o agrarios, establecidos en la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea -efectivamente- una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o agrarios; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; c) Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. El requisito señalado en el inciso a) se encuentra satisfecho, dado que acorde a lo manifestado por el quejoso en su escrito inicial de demanda, el acto reclamado proviene del Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Toluca, México. Respecto al inciso b) también se encuentra satisfecho, dado que debió seguir las reglas establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, e interponer con sus requisitos y formalidades, el recurso de apelación. Sobre la base expuesta se obtiene que en contra de la resolución reclamada, procede el recurso de apelación, establecido en el numeral 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; por tanto, el aquí quejoso tenía la carga de agotar el recurso procedente previo a la promoción del juicio de amparo, con la finalidad de cumplir con el principio de definitividad que rige el mismo, toda vez que, la determinación reclamada puede ser impugnada a través del referido recurso. En relación con el inciso c), también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación del aludido recurso debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la determinación reclamada. Por otro lado, se encuentra solventado el requisito mencionado en el inciso d), toda vez que con la resolución que se dicte derivado de la substanciación del recurso aludido, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Cabe destacar, que aún en el supuesto de que la orden de traslado del quejoso se haya emitido sin intervención judicial previa, estos es, sin autorización del juez de ejecución, o incluso sin una resolución tangible, debió agotarse el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, página 903, correspondiente al mes de Mayo del año dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". En el caso, resulta necesario puntualizar que, un medio ordinario de defensa, es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto, en el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1513, registro 2023736, de rubro siguiente: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL." Así como la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506, registro 2023190, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." Finalmente la jurisprudencia 1a./J. 53/2021 (11a.), de la Undécima Época, que puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1137, registro 2023926, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL QUE LO CONTEMPLA, NO VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA." Por las razones expuestas, la parte quejosa, previo a acudir al amparo, debe agotar el recurso de apelación que prevé el citado numeral 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, tiene a su alcance un medio de defensa ordinario, de ahí que al no haberlo agotado, genera como consecuencia necesaria la actualización de la causa de improcedencia citada. Por tales motivos, este juzgado estima que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Alberto García Márquez, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Domicilio Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la ley de la materia, practíquense las notificaciones que este Juzgador considere necesarias, personalmente a la parte quejosa, en el centro de reclusión en el que se encuentra privado de su libertad, esto es, el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México. Autorizado En relación a la persona que designa como autorizada; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que ésta se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciada en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Consulta de Expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Habilitación de Días y Horas Inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de Copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Exhorto a las Partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

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