Alberto Francisco Gutiérrez Oropeza

Expediente 606/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
606/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
15/11/2018

Partes del expediente

  • Alberto Francisco Gutiérrez Oropeza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto escrito de quejoso, expídansele a su costa copias certificadas.

  2. Principal

    Queda firme auto de 10 de septiembre de 2018, en el cual se tuvo por desechada demanda de amparo. Archívese el presente asunto como totalmente concluído. Es susceptible de destrucción.

  3. Principal

    Vista la razón actuarial de seis de los presentes, mediante la cual la Actuaria adscrita hace constar que no fue posible notificar al quejoso ****, el auto dictado en cinco de septiembre en curso (fojas 93 a 100), por las razones expuestas en la misma; por tal motivo, proceda el fedatario público a notificar por lista el citado acuerdo, conforme lo establecen los artículos 26, fracción I y 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal. AUTO DE 05/SEPTIEMBRE/2018: "...Vista la demanda de amparo presentada por Alberto Francisco Gutiérrez Oropeza, en contra de actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora. En tal virtud, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 606/2018. -Desechamiento- Ahora bien, del análisis de la demanda de mérito, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Ahora bien, la quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, que hace consistir en: ".De la Autoridad señalada en primer término en su carácter de ORDENADORA, que no fue notificado de la sentencia de fecha 9 de Marzo de dos mil Dieciocho en expediente ----/---- por divorcio y no puede hacer apelación la decisión de sentencia porque no receibe (sic) la copia de la sentencia. Los tiempo (sic) para apelación pasaron y mi derecho apelación fue violado por juzgado por cause (sic) ejecutoria fue lista 19 de Abril 2018." En la especie, respecto a los actos reclamados de oficio el suscrito Juzgador, hace notar que se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del numeral 61 de la Ley de Amparo, precepto que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la fracción anterior; (.)." De lo dispuesto por el invocado numeral, se desprende que son dos los requisitos exigidos para que opere la causa de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, a saber: a) Que la ley o acto que se reclamen haya sido materia en un diverso juicio de amparo con ejecutoria; y, b) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables aun cuando las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, a efecto de determinar la actualización de la causa de improcedencia, se invoca como hecho notorio, por tener conocimiento del mismo, en razón de la actividad jurisdiccional que se desarrolla, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; parte de las actuaciones del juicio de amparo número 360/2018-5 del índice de este Juzgado. Cobra aplicación la jurisprudencia VI.1o.P. J25, consultable en la página 1199, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se lee: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Así, al tener a la vista los autos originales del expediente 360/2018-5, se advierte que éste fue promovido por el mismo quejoso Alberto Francisco Gutiérrez Oropeza, y el acto reclamado en el presente juicio, anteriormente fue materia de ese juicio de amparo indirecto en el que se dictó sentencia el treinta de julio de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó dicho juicio. Sentencia que causó ejecutoria el dieciséis de agosto del año en curso; en ese tenor basta ver la demanda de amparo y sentencia dictada, para obtener que en ese juicio el quejoso señaló como acto reclamado la falta de notificación de la sentencia de ocho de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, en autos del juicio de divorcio necesario ----/---- de su índice. En consecuencia, debe decirse que el acto reclamado en el presente juicio 606/2018-5, fue materia del diverso juicio de amparo indirecto 360/2018-5, del índice de este juzgado, en donde se dictó sentencia sobreseyendo contra dicho acto, misma que el dieciséis de agosto del año en curso, causó ejecutoria, juicio que se promovió por la misma parte quejosa, contra el mismo acto reclamado y autoridad responsable; por tanto, es claro que opera la causal de improcedencia invocada, ya que el acto reclamado en ésta vía ya fue materia en un diverso juicio de amparo con ejecutoria y ambos juicios constitucionales están promovidos por el mismo quejoso, contra la misma autoridad responsable. De ahí, que el acto reclamado en esta instancia ya no puede dar lugar a un nuevo estudio en el presente juicio de control constitucional pues podría originar la existencia de sentencias contradictorias en perjuicio de la sana impartición de justicia; aunado a que dicho estudio es imposible realizarse por el principio de seguridad jurídica que ya impera sobre los actos reclamados, dada la figura de cosa juzgada decretada en la referida litis constitucional, por tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable la página 256, Tomo XIV, Septiembre de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución." En este mismo sentido, es aplicable la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 225, Tomo XII, julio de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Asimismo, se invoca en la especie la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable la página 1054, tomo VII, enero de 1998, Novena Época, del tenor literal siguiente: "AMPARO, JUICIO DE. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMOVIÓ POR EL MISMO QUEJOSO. Si el Tribunal Colegiado resolvió un juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por haber sido el acto reclamado materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, procediendo, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." En virtud de su relevancia y mejor apreciación de lo que se resuelve en este proveído, se ordena agregar con anticipación al presente acuerdo, copia certificada de las actuaciones a las que se hace referencia en los párrafos anteriores. Con independencia de ello, este juzgador también advierte que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la ley de la materia, en virtud de que la demanda de garantías que dio origen al sumario en que se actúa no se instó dentro de los quince días siguiente al que la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados, de contenido literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación relacionada de los indicados preceptos se obtiene que el término para interponer una demanda de amparo indirecto por regla general, será de quince días y que este empezará a contar a partir de tres momentos distintos: a) Al día siguiente en el que surta efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley aplicable a este; b) Al día siguiente en el que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos reclamados; y c) Al día siguiente en que el quejoso se ostente sabedor de los actos reclamados o de su ejecución. Pues de otro modo, el juicio de amparo debe considerarse improcedente y sobreseerse, por reputarse que el acto reclamado fue consentido de manera tácita por la parte quejosa. Resulta aplicable, por no ser incompatible con los postulados de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 1ª./J. 39/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro: 172,550, visible en la página 286, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Exceptuándose los casos en los que se reclamen leyes de naturaleza autoaplicativa o procedimiento de extradición (treinta días), cuando se reclame la sentencia definitiva penal que imponga pena de prisión (ocho años), privación de propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios (siete años), contra actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, destierro, expulsión, proscripción, desaparición forzada de personas, o alguno de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional, tales como pena de muerte, mutilación, infamia, marca, tormento de cualquier especie, la multa excesiva y otras penas inusitadas y trascendentales (en cualquier tiempo). En el caso particular, del contenido de la demanda de amparo se advierte: Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que el catorce de mayo del año en curso, fue informado de la sentencia emitida por el Juez Familiar de Primera Instancia de San Luis Río Colorado, Sonora, dentro del expediente de divorcio ----/----, por el Tribunal Superior de Yuma, Arizona, quien le corrió traslado con copia de la misma. Con la anterior información, el quejoso estaba preparado para instar la acción constitucional, y atendiendo al artículo 18 de la Ley de Amparo transcrito, podía hacerlo desde el siguiente al en que tuvo conocimiento de la emisión de la sentencia en el juicio de origen. Por tanto, el promovente del amparo tuvo para presentar la demanda, desde el día siguiente al que se le informó del dictado de la sentencia en el juicio de divorcio ----/----, es decir, a partir del quince de mayo y hasta el cuatro de junio de dos mil dieciocho; sin contar por inhábiles el diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de mayo y dos y tres de junio de dos mil dieciocho. De lo que se deduce que si el quejoso presentó la demanda el tres de septiembre de dos mil dieciocho, es claro que la demanda se presentó fuera de término que, se insiste, venció el cuatro de junio del mismo año. Así las cosas, nos encontramos en el supuesto previsto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues al no presentarse la acción constitucional a tiempo, el quejoso consintió de manera tácita lo impugnado. Apoya lo expuesto, por no contravenir los postulados de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1992, página 364, de rubro y texto: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Así también es aplicable la tesis publicada en página 3212 del tomo LXVIII de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidentes que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte". Luego, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del término genérico de quince días siguiente que regula el precepto 17 de la Ley de Amparo, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto afectatorio de sus garantías, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos, y así debe decretarlo el juzgador. Cierto, la acción de amparo por regla general, debe ejercitarse en el plazo de quince días, contados a partir del en que surta efectos, según lo disponga la ley que regule el acto reclamado, la notificación de este último, a partir del en que el gobernado se ostente sabedor de él, o bien, a partir del en que hubiese tenido conocimiento de tal acto. La razón de limitar de manera temporal el ejercicio de dicha acción, es dar seguridad jurídica al gobernado, permitiendo que los actos de autoridad cobren firmeza, no es factible dejar al libre albedrío del gobernado impugnar en el momento que lo desee los actos de autoridad que considere lesivos de su interés jurídico, pues ello redundaría en la inseguridad del orden jurídico, en tanto que si tales actos adquieren eficacia de cosa juzgada, quienes, en su caso, se vean beneficiados de ellos, tendrán la certeza que crea su inmutabilidad. En consecuencia, dado que de manera notoria e indudable, se ha actualizado las causales de improcedencia previstas en las fracciones XI y XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que se impone desechar la presente demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el precepto 113 de la legislación en consulta..."

  4. Principal

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