Alberto Flota Ku

Expediente 836/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
836/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Alberto Flota Ku

Actuaciones

  1. Principal

    II- Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo dictado el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente dice: Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Alberto Flota Ku, solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclaman de la asamblea general del Ejido Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con sede en la ciudad del mismo nombre. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 836/2022-II-D. Antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida, es necesario citar los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a los preceptos reproducidos, una vez presentada la demanda, el juzgador de amparo está obligado a estudiarla para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse, de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia. Por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquel que está plenamente demostrado, es decir, que se ha observado en forma patente y clara, ya sea de la lectura del escrito de demanda, de los ocursos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, para cumplir con estos extremos, debe tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de inejercitabilidad de la acción que se advierta se actualiza en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes durante la sustanciación del juicio. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento no puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que una causa de inejercitabilidad de la acción sea manifiesta e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se desprenda del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aporten. En sentido contrario, de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia o si se tiene duda de su efectividad, no debe ser desechada la demanda, dado que se privaría al quejoso de la prerrogativa a instar el juicio de amparo, contra un acto que pudiera causarle perjuicio en su esfera jurídica de derechos; por lo tanto, en ese supuesto debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente el tema planteado, sin perjuicio de sobreseer en el juicio si el estudio propio de la sentencia dictada en la audiencia constitucional así lo impone legalmente. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable a la asamblea general del Ejido Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con sede en la ciudad del mismo nombre, del que reclama lo siguiente: "V. ACTOS RECLAMADOS: a) De la autoridad responsable reclamo, la negativa del pago correspondiente como ejidatario reconocido con número de certificado 33480 del ejido Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, respecto al pago proporcional de la expropiación e indemnización de tierras del tramo cinco del proyecto prioritario del Gobierno de México "El tren maya", consistente en la cantidad de $787,000.00 setecientos ochenta y siete mil pesos 00/100 moneda nacional), que lo individual corresponde a cada ejidatario.". Así, este Juzgado de Distrito advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 1º, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". Como puede advertirse, de lo apuntado se infiere que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se puede advertir que el legislador secundario federal identificó a los sujetos en contra de cuyos actos es procedente el juicio de amparo; esto es, la autoridad y los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad. Así, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo que se sigue que, para identificar a un acto producido por particular, como equivalente al de autoridad, habrá que estarse a las cualidades propias de éste; es decir, debe crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En relación con esto, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "Aun cuando el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece establece que: '...para los efectos de esta ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general'; lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra a subordinación." Posteriormente, la misma Segunda Sala del Alto Tribunal, en la ejecutoria de treinta de abril de dos mil catorce, dictada en el amparo directo en revisión 736/2014, en lo que interesa expresó: "Que en tratándose de juicios promovidos bajo la vigencia de la nueva Ley de Amparo, existe un nuevo paradigma respecto del concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional. "... "Que en términos del artículo 5o. de la Ley de Amparo vigente, es autoridad responsable la que, independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "Que a través de la disposición citada, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "Que este tribunal y la doctrina constitucional han sostenido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: de subordinación, de supraordinación y la de coordinación. "Las relaciones de subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. "Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. "Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. "Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. "Que, con base en las notas distintivas de cada uno de los tipos de relaciones jurídicas que existen en el Estado, atendiendo al marco conceptual que dio origen al texto de la vigente Ley de Amparo, es que, como se indicó en el asunto citado, en cada caso concreto debe analizarse si los actos de que se trata, pueden reputarse como provenientes de autoridad.". De lo transcrito se advierte que para el Alto Tribunal del país, la identificación del sujeto "autoridad" y, por ende, del sujeto "particular" que realiza actos equivalentes a los de autoridad, en la Ley de Amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan en el seno del Estado, a saber: de subordinación, de supraordinación y de coordinación. Para ser más precisos, las relaciones de las que se habla son las siguientes: a) Subordinación, son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; b) Supra ordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; y, c) Coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. De suerte que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por otra parte, tratándose de particulares, los sujetos en contra de quienes es procedente el juicio de amparo son aquellos cuyos actos sean equivalentes a los de autoridad; esto es, siguiendo al Alto Tribunal del País, aquellos que desde una posición de supra a subordinación, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En ese orden, aterrizando lo anterior al caso que aquí se analiza, aunque la asamblea general del Ejido Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con sede en la ciudad del mismo nombre, hubiera adoptado acuerdos desfavorables para la parte quejosa como lo es la negativa del pago correspondiente como ejidatario reconocido con número de certificado 33480 del ejido Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, respecto al pago proporcional de la expropiación e indemnización de tierras del tramo cinco del proyecto prioritario del Gobierno de México "El tren maya", consistente en la cantidad de $787,000.00 setecientos ochenta y siete mil pesos 00/100 moneda nacional), derivado de la ".suspensión temporal y pérdida de su derecho a participar de dividendos y/o utilidades de uno a cinco años como máximo."; el Comisariado Ejidal es un órgano del Ejido, esto es, no es un órgano del Estado. Luego, como no es un ente estatal, válidamente se puede afirmar que no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, los artículos 32 y 33, de la Ley Agraria, establecen lo siguiente: "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.". De los enunciados transcritos se aprecia que el Comisariado Ejidal, en general, es el encargado de ejecutar los acuerdos que adopta la asamblea, la representación y gestión administrativa del ejido, así como procurar se respeten los derechos de los ejidatarios. En ese orden, de la Ley Agraria no se advierte que el Comisariado Ejidal cuente con facultades para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos. Pues como se ha visto, siguiendo al Alto Tribunal del país, ello es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad (imperio). Ilustra a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El hecho de que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, tengan facultades para desposeer a los ejidatarios de sus parcelas, no por esta circunstancia debe atribuírseles el carácter de autoridades responsables y por ende sus actos sean susceptibles de combatir a través del juicio de amparo, toda vez que la investidura otorgada a tales órganos por la anterior y actual legislación agraria, debe entenderse en el sentido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "de órgano de dirección y vigilancia del ejido", pues aun y cuando éste sea una persona moral creada por voluntad estatal y que las decisiones de sus autoridades internas presenten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, no participa de la naturaleza jurídica del Estado, de consiguiente, sus actos no son de autoridad para los efectos del amparo.". Asimismo, la jurisprudencia XXVII.3o.J/18 (10a.) a saber: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.". Aunado a lo anterior, las relaciones que se dan entre los órganos del ejido y los ejidatarios, como la parte quejosa, en relación con la negativa de de pago de la cantidad citada en relación con un bien agrario, como poder de hecho, en realidad son de coordinación, en tanto que las diferencias que tal situación suscite legalmente no deben resolverse entre ellos mismos, pues para ello se han instituido procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada codificación, el cual establece: "Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley.". De igual manera, el artículo 18, fracciones IV y VI de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios dispone lo siguiente: "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: (.) IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; V.- De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales; VI.- De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población;". De lo que se advierte que la parte quejosa puede promover juicio ante el Tribunal Agrario competente a fin de que paralice la ejecución de los actos aquí reclamados, de ahí que respecto de los actos que en este momento se analizan, resulta improcedente el presente sumario constitucional. En mérito de lo anterior, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 1º, fracción I, 5°, fracción II y 113, todos de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Alberto Flota Ku, contra actos de la asamblea general del Ejido Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con sede en la ciudad del mismo nombre. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizada en términos restringidos a la persona que menciona toda vez que no tiene registrada cédula en el Sistema Computarizado para el Registro de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: Se instruye desde este momento al Secretario encargado del trámite de este asunto -quien aparece como fedatario en esta actuación- para que puntualmente: 1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. 2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente físico. 3. Como fedatario, verifique la coincidencia de contenidos del expediente impreso y el electrónico, para lo cual, al dar cuenta deberá validar expresamente: Respecto de la documentación recibida por vía electrónica, toda se ha impreso y agregado al expediente físico, en su caso, con la evidencia criptográfica de la firma respectiva y sin necesidad de certificación o actuación judicial, y Cuando la documentación se reciba en formato impreso, esta se ha digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo. 4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por el personal administrativo de su mesa. En ese sentido, se ordena al oficial judicial: La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente físico. En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización. En todo momento, queda a cargo del Secretario -como fedatario- cerciorarse que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad y dar fe de ello al pie de cada determinación judicial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO

  3. Principal

    II-Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Alberto Flota Ku, solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclaman de la asamblea general del Ejido Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con sede en la ciudad del mismo nombre. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 836/2022-II-D. Antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida, es necesario citar los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a los preceptos reproducidos, una vez presentada la demanda, el juzgador de amparo está obligado a estudiarla para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse, de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia. Por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquel que está plenamente demostrado, es decir, que se ha observado en forma patente y clara, ya sea de la lectura del escrito de demanda, de los ocursos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, para cumplir con estos extremos, debe tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de inejercitabilidad de la acción que se advierta se actualiza en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes durante la sustanciación del juicio. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento no puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que una causa de inejercitabilidad de la acción sea manifiesta e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se desprenda del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aporten. En sentido contrario, de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia o si se tiene duda de su efectividad, no debe ser desechada la demanda, dado que se privaría al quejoso de la prerrogativa a instar el juicio de amparo, contra un acto que pudiera causarle perjuicio en su esfera jurídica de derechos; por lo tanto, en ese supuesto debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente el tema planteado, sin perjuicio de sobreseer en el juicio si el estudio propio de la sentencia dictada en la audiencia constitucional así lo impone legalmente. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable a la asamblea general del Ejido Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con sede en la ciudad del mismo nombre, del que reclama lo siguiente: "V. ACTOS RECLAMADOS: a) De la autoridad responsable reclamo, la negativa del pago correspondiente como ejidatario reconocido con número de certificado 33480 del ejido Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, respecto al pago proporcional de la expropiación e indemnización de tierras del tramo cinco del proyecto prioritario del Gobierno de México "El tren maya", consistente en la cantidad de $787,000.00 setecientos ochenta y siete mil pesos 00/100 moneda nacional), que lo individual corresponde a cada ejidatario.". Así, este Juzgado de Distrito advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 1º, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". Como puede advertirse, de lo apuntado se infiere que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se puede advertir que el legislador secundario federal identificó a los sujetos en contra de cuyos actos es procedente el juicio de amparo; esto es, la autoridad y los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad. Así, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo que se sigue que, para identificar a un acto producido por particular, como equivalente al de autoridad, habrá que estarse a las cualidades propias de éste; es decir, debe crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En relación con esto, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "Aun cuando el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece establece que: '...para los efectos de esta ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general'; lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra a subordinación." Posteriormente, la misma Segunda Sala del Alto Tribunal, en la ejecutoria de treinta de abril de dos mil catorce, dictada en el amparo directo en revisión 736/2014, en lo que interesa expresó: "Que en tratándose de juicios promovidos bajo la vigencia de la nueva Ley de Amparo, existe un nuevo paradigma respecto del concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional. "... "Que en términos del artículo 5o. de la Ley de Amparo vigente, es autoridad responsable la que, independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "Que a través de la disposición citada, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "Que este tribunal y la doctrina constitucional han sostenido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: de subordinación, de supraordinación y la de coordinación. "Las relaciones de subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. "Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. "Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. "Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. "Que, con base en las notas distintivas de cada uno de los tipos de relaciones jurídicas que existen en el Estado, atendiendo al marco conceptual que dio origen al texto de la vigente Ley de Amparo, es que, como se indicó en el asunto citado, en cada caso concreto debe analizarse si los actos de que se trata, pueden reputarse como provenientes de autoridad.". De lo transcrito se advierte que para el Alto Tribunal del país, la identificación del sujeto "autoridad" y, por ende, del sujeto "particular" que realiza actos equivalentes a los de autoridad, en la Ley de Amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan en el seno del Estado, a saber: de subordinación, de supraordinación y de coordinación. Para ser más precisos, las relaciones de las que se habla son las siguientes: a) Subordinación, son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; b) Supra ordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; y, c) Coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. De suerte que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por otra parte, tratándose de particulares, los sujetos en contra de quienes es procedente el juicio de amparo son aquellos cuyos actos sean equivalentes a los de autoridad; esto es, siguiendo al Alto Tribunal del País, aquellos que desde una posición de supra a subordinación, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En ese orden, aterrizando lo anterior al caso que aquí se analiza, aunque la asamblea general del Ejido Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con sede en la ciudad del mismo nombre, hubiera adoptado acuerdos desfavorables para la parte quejosa como lo es la negativa del pago correspondiente como ejidatario reconocido con número de certificado 33480 del ejido Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, respecto al pago proporcional de la expropiación e indemnización de tierras del tramo cinco del proyecto prioritario del Gobierno de México "El tren maya", consistente en la cantidad de $787,000.00 setecientos ochenta y siete mil pesos 00/100 moneda nacional), derivado de la ".suspensión temporal y pérdida de su derecho a participar de dividendos y/o utilidades de uno a cinco años como máximo."; el Comisariado Ejidal es un órgano del Ejido, esto es, no es un órgano del Estado. Luego, como no es un ente estatal, válidamente se puede afirmar que no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, los artículos 32 y 33, de la Ley Agraria, establecen lo siguiente: "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.". De los enunciados transcritos se aprecia que el Comisariado Ejidal, en general, es el encargado de ejecutar los acuerdos que adopta la asamblea, la representación y gestión administrativa del ejido, así como procurar se respeten los derechos de los ejidatarios. En ese orden, de la Ley Agraria no se advierte que el Comisariado Ejidal cuente con facultades para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos. Pues como se ha visto, siguiendo al Alto Tribunal del país, ello es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad (imperio). Ilustra a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El hecho de que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, tengan facultades para desposeer a los ejidatarios de sus parcelas, no por esta circunstancia debe atribuírseles el carácter de autoridades responsables y por ende sus actos sean susceptibles de combatir a través del juicio de amparo, toda vez que la investidura otorgada a tales órganos por la anterior y actual legislación agraria, debe entenderse en el sentido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "de órgano de dirección y vigilancia del ejido", pues aun y cuando éste sea una persona moral creada por voluntad estatal y que las decisiones de sus autoridades internas presenten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, no participa de la naturaleza jurídica del Estado, de consiguiente, sus actos no son de autoridad para los efectos del amparo.". Asimismo, la jurisprudencia XXVII.3o.J/18 (10a.) a saber: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.". Aunado a lo anterior, las relaciones que se dan entre los órganos del ejido y los ejidatarios, como la parte quejosa, en relación con la negativa de de pago de la cantidad citada en relación con un bien agrario, como poder de hecho, en realidad son de coordinación, en tanto que las diferencias que tal situación suscite legalmente no deben resolverse entre ellos mismos, pues para ello se han instituido procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada codificación, el cual establece: "Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley.". De igual manera, el artículo 18, fracciones IV y VI de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios dispone lo siguiente: "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: (.) IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; V.- De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales; VI.- De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población;". De lo que se advierte que la parte quejosa puede promover juicio ante el Tribunal Agrario competente a fin de que paralice la ejecución de los actos aquí reclamados, de ahí que respecto de los actos que en este momento se analizan, resulta improcedente el presente sumario constitucional. En mérito de lo anterior, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 1º, fracción I, 5°, fracción II y 113, todos de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Alberto Flota Ku, contra actos de la asamblea general del Ejido Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con sede en la ciudad del mismo nombre. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizada en términos restringidos a la persona que menciona toda vez que no tiene registrada cédula en el Sistema Computarizado para el Registro de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: Se instruye desde este momento al Secretario encargado del trámite de este asunto -quien aparece como fedatario en esta actuación- para que puntualmente: 1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. 2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente físico. 3. Como fedatario, verifique la coincidencia de contenidos del expediente impreso y el electrónico, para lo cual, al dar cuenta deberá validar expresamente: Respecto de la documentación recibida por vía electrónica, toda se ha impreso y agregado al expediente físico, en su caso, con la evidencia criptográfica de la firma respectiva y sin necesidad de certificación o actuación judicial, y Cuando la documentación se reciba en formato impreso, esta se ha digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo. 4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por el personal administrativo de su mesa. En ese sentido, se ordena al oficial judicial: La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente físico. En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización. En todo momento, queda a cargo del Secretario -como fedatario- cerciorarse que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad y dar fe de ello al pie de cada determinación judicial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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