Alberto Feregrino Sánchez

Expediente 168/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
168/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Alberto Feregrino Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado de autos remítanse a la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las documentales que anexó al desahogo del requerimiento formulado en autos. Notifíquese, y por oficio a la Sala en cita. MESA III &

  2. Principal

    Vista la certificación y cuenta que anteceden, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días para recurrir el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós, sin que se hubiese hecho, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO EN CITA EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así´ como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido y remítase en la remesa de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. El presente expediente es susceptible de ser destruido. Por lo que una vez que transcurran tres años contados a partir de la legal notificación de este proveído, se procederá´ de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo. De las actuaciones enviadas por la autoridad responsable, las cuales obran por separado, devuélvanse las mismas; sin que sea necesario acusar de recibo, dado que el sello de recepción actuara como tal. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. MESA III

  3. Principal

    Agréguese la comparecencia de ratificación de firma de ***; en consecuencia, se provee la demanda de amparo y ocurso aclaratorio, en relación con las demás actuaciones que obran, en los siguientes términos: El promovente antes mencionado promovió demanda de amparo en contra de la Cuarta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien reclama: [*]. Ahora bien, del oficio de la Cuarta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del que se desprende que en el toca 586/2020, derivado del recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, en el cual se le hizo efectivo un arresto al solicitante del amparo, emitido en el juicio 1870/2016, radicado en el Juzgado Trigésimo Primero Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no se ha dictado la resolución correspondiente. En dicho toca se declaró que era improcedente el incidente de impugnación de falsedad de firma que hizo vale el quejoso, respecto del escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, por ***; lo cual constituye el acto reclamado en el presente asunto. Por lo cual se procede acordar en los siguientes términos: Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la normatividad de la materia, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del escrito de demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo que cuando se actualiza un obstáculo para el referido estudio, si el mismo es manifiesto y notorio al presentarse la demanda, ésta ni siquiera es admitida, impidiéndose así el nacimiento del proceso constitucional respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que impone el desechamiento de plano de la demanda relativa, cuando la causa de improcedencia es manifiesta e indudable; lo que sucede en la especie. Respecto a lo reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción III, del normativo 172, de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley" Dicha aseveración obedece a que el acto reclamado es la resolución de la sala en el cual declaró improcedente el incidente de falsedad de firma hecho valer por el quejoso; sin embargo la determinación en cita, se verificaron dentro del toca en el cual no se ha emitido la resolución que lo concluya; por ende la posible violación, pueden repararse a través de dicha sentencia la cual puede ser favorable al solicitante de amparo, y en caso contrario la violación procesal reclamada en el presente asunto, puede ser impugnada conjuntamente con la resolución que emita la sala en el toca de donde deriva el acto reclamado. Teniendo en cuenta que el juicio, para efectos del amparo, inicia con la presentación de la demanda y termina con la resolución ejecutoriada; de manera que todos los actos procesales verificados en el periodo comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse como "actos dentro del juicio"; similar actuación acontece en los tocas, los cuales inician o se integran con el recurso correspondiente y concluye con la sentencia que lo resuelve. Por ende se concluye que la determinación combatida, es un acto que puede repararse a través de la sentencia que llegue a pronunciarse en el toca de apelación y por lo mismo, no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate; porque ello podrá reclamarse en el amparo indirecto que se promueva contra la resolución en mención. Los razonamientos expuestos con antelación y el fundamento jurisprudencial aplicado ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del presente controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta que no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 172, fracción V, de la Ley de Amparo, debe DESECHARSE DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se analiza, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita. La decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis publicadas en las páginas 530 y 525, respectivamente, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO". "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL". Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° de la Ley Suprema, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que normativamente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Notifíquese por lista al promovente. mesa III

  4. Principal

    Agréguese el ocurso firmado aparentemente por la parte quejosa; en atención a su contenido, previo a acordar lo conducente, REQUIÉRASE al solicitante de amparo, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, acuda al local de este órgano de control, con identificación oficial vigente, a ratificar el contenido y firma del escrito recibido en la oficialía de partes el cual quedo registrado con el número de promoción 5539, ya que sin tener conocimientos especiales en las materias de grafoscopía y documentoscopía, es evidente que la firma que lo calza difiere de la que obra en la demanda. Por lo que a efecto de estar en aptitud de llevar a cabo tal comparecencia, se le indica que deberá presentarse en el *****, y marcar al número telefónico ****, extensión ****, y el servidor público adscrito a este juzgado que le conteste le permita el acceso al local de órgano jurisdiccional, a fin de que se proceda a dar cumplimiento a lo antes indicado. Notifíquese por lista de conformidad con lo ordenado en acuerdo de diecisiete de marzo del año en curso.

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