Alberto Fabian Toriz Diaz

Expediente 4660/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
4660/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Alberto Fabian Toriz Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    EN SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE SEIS DEL MES Y AÑO EN CURSO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, EL ACUERDO DE VEINTISIETE, QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por el que ordena la remisión de una promoción a la que adjunta los autos del juicio de amparo 301/2015 y al efecto se provee: Glósese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al que se acompaña copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el expediente auxiliar 54/2018 de su índice. Acúsese de recibo y tómese conocimiento que el tribunal en comento resolvió lo siguiente: ". TERCERO. Reposición del procedimiento. Resulta innecesario examinar la sentencia recurrida y los agravios expresados en su contra; porque con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, este tribunal colegiado advierte una violación a las reglas fundamentales que norman el juicio de amparo, que ameritan su reposición. En efecto, el artículo 72 de la ley de la materia regula el procedimiento para el dictado de sentencias en los juicios de amparo. La metodología para su emisión consiste en la celebración de una audiencia en la que se hará relación de las constancias que se hayan recabado se oirán los alegatos y, enseguida, se dictará la resolución que corresponda." Por consiguiente, atendiendo a lo resuelto por el Máximo Tribunal del País en las jurisprudencias citadas en esta ejecutoria, con fundamento en el artículo 93, fracción iv, de la ley de la materia, se deja insubsistente la sentencia recurrida y se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para estos efectos: Con sujeción a los lineamientos establecidos en la contradicción de criterios 29/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transcrita en esta ejecutoria, y con libertad de jurisdicción, emita la sentencia que corresponda de acuerdo con la controversia sometida a su jurisdicción. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo 301/2015 y sus acumulados, del índice del Juzgado segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, promovido por **********, contra actos de la Cámara de Diputados y otras autoridades. ." Realícense las anotaciones respectivas, estese a lo resuelto por dicho tribunal y hágase del conocimiento a las demás partes. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal en que se actúa. Asimismo, como está ordenado y en estricto cumplimiento a la ejecutoria en cita, se deja insubsistente la sentencia de tres de noviembre de dos mil dieciséis y se ordena reponer el procedimiento para el efecto de que, con sujeción a los lineamientos establecidos en la contradicción de criterios 29/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transcrita en esta ejecutoria, se emita la sentencia que corresponda de acuerdo con la controversia sometida a la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. AUTO DE TURNO PARA EL DICTADO DE SENTENCIA Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por el órgano colegiado, una vez que se cuente con las constancias de notificación del presente proveído, PREVIO acuerdo túrnese este asunto, para que se dicte la sentencia que conforme a derecho proceda conforme a la litis planteada en el juicio de amparo indirecto que se revisa, acatando los requisitos de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo y la firme de manera física o electrónica. Se ordena notificar a las partes la ejecutoria dictada en el cuaderno auxiliar 54/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, derivado del amparo en revisión 358/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible transite de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de escrito electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación el línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL, que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal "www,firel.pjf.gob.mx" para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). Notifíquese; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y personalmente a la parte quejosa". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, quince de julio de dos mil veintidós. AMPLIACIÓN DEMANDA Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, con copia de la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, dictada en el amparo en revisión 1872/2019 y del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la República, se requiere a las autoridades responsables para que rindan su informe previo, el cual deberán exhibir por duplicado dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído. En dicho informe, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. De igual manera, tendrán obligación de proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. Únicamente en el caso de asuntos urgentes podrán rendir su informe a través de alguna oficina pública de comunicaciones. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que acompañen a sus informes previos cualquier documento que estime necesario para que este juzgador se pronuncie sobre la suspensión provisional; lo anterior, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo. En caso de que la autoridad responsable sea omisa en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión provisional; lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo. Asimismo, en caso de ser omisa se le impondrá una multa de cien a mil días fijada conforme al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo previsto en el artículo 260, fracción I, del ordenamiento citado. Finalmente, se hace de su conocimiento que, en términos del artículo 262, fracción I de la Ley de Amparo, en caso de expresar hechos falsos o negar la verdad al rendir su informe, podrá imponérseles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial, y excepcionalmente, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, la testimonial en caso de que se reclamen actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. Ahora bien, debe precisarse, que el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar a partir de que conceda la medida cautelar; sin embargo, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 4/2019, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, cuyo rubro dice: " SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." Precisado lo anterior, cabe señalar que este Juzgador se pronunciará únicamente respecto de la suspensión solicitada por la parte quejosa, esto es, que las responsables se abstengan de aplicar las modificaciones al Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza el Centro Nacional de Control de Energía. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 111/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 98, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." Autoridades responsables: Dirección General de Programación y Presupuesto "B", área dependiente de la Subsecretaría de Egresos. Directora de Salud, educación, Laboral, Fiscal y Financiero, adscrita a la Coordinación General de Mejora Regulatoria Institucional de la CONAMER. Y como actos reclamados los que se precisan: Lineamientos Generales para la Coordinación e Implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de enero de dos mil diecinueve. Oficio 312.A.-00260, de veinte de febrero de dos mil diecinueve, por el que se emite la autorización presupuestaria correspondiente a las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Dictamen Regulatorio contenido en el oficio CONAMER/19/0741, de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve. Así, debe precisarse, que el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar a partir de que conceda la medida cautelar; sin embargo, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 4/2019, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." En ese orden de ideas, a efecto de verificar si se otorga o no la medida cautelar respecto de los actos reclamados consistentes en la emisión de los Lineamientos Generales para la Coordinación e implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo publicados en el Diario Oficial de La Federación, el once de enero de dos mil diecinueve, el oficio 312.A.-00260, de veinte de febrero de dos mil diecinueve, por el que se emite la autorización presupuestaria correspondiente a las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y el Dictamen Regulatorio contenido en el oficio CONAMER/19/0741, de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, es importante señalar que la medida cautelar es una providencia cautelar de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio. Su contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve la controversia constitucional. Así, el objeto primordial de esa providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle; así, por virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso, mientras se decide si es violatorio de la Constitución Federal. Entonces, la suspensión en el juicio de amparo tiene por objeto evitar la ejecución de ciertos actos y, lógicamente, puede evitarse lo que aún no sucede, de ahí que sólo pueda obrar hacia el futuro y nunca sobre el pasado. Esta es la distinción fundamental entre la concesión de la suspensión, que previene daños impidiendo la realización de los actos que los causarían, y la concesión del amparo, que repara los daños ya sufridos invalidando los actos que los originaron y restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados. En esa tesitura, debe puntualizarse que a través de diversas ejecutorias de amparo se ha establecido que la técnica que se debe emplear para resolver sobre la medida cautelar, consiste en examinar lo siguiente: Si son o no ciertos los actos reclamados respecto de las autoridades a las que se les imputan, posteriormente. Si conforme a la naturaleza de esos actos sus efectos son susceptibles o no de ser paralizados. Si se satisfacen o no las exigencias previstas en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Determinar si procede exigir alguna garantía como requisito de efectividad del otorgamiento de la medida cautelar. La importancia de determinar cuál es la naturaleza de los actos reclamados radica en que sólo una vez precisada, se está en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse. Así, por la naturaleza de sus efectos, los actos reclamados se pueden clasificar en: positivos y negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían a la interlocutoria de suspensión efectos restitutorios, propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque también se le darían efectos restitutorios; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En tal orden de ideas, se considera que el acto reclamado adquiere el carácter de consumado cuando ya produjo todos sus efectos o consecuencias inmediatas, por lo cual, en su contra, no procede la medida cautelar, ya que no existe materia sobre qué decretarla, pues se extinguió al llevarse a cabo su realización. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/75, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1980, página 660, cuyo rubro dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darse efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Sobre tales premisas, es evidente que el acto reclamado consistente en los Lineamientos Generales para la Coordinación e Implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de enero de dos mil diecinueve, el oficio 312.A.-00260, de veinte de febrero de dos mil diecinueve, por el que se emite la autorización presupuestaria correspondiente a las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y el Dictamen Regulatorio contenido en el oficio CONAMER/19/0741, de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, ya expidieron, por lo que, adquiere el carácter de acto consumado, al haber producido todos sus efectos y consecuencias en forma inmediata. En ese orden de ideas, respecto del acto por el que se provee resulta improcedente conceder la suspensión provisional, ya que la intervención de las autoridades administrativas señaladas como responsables, en el proceso que dio origen a la emisión de los Lineamientos Generales para la Coordinación e implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo publicados en el Diario Oficial de La Federación, el once de enero de dos mil diecinueve, el oficio 312.A.-00260, de veinte de febrero de dos mil diecinueve, por el que se emite la autorización presupuestaria correspondiente a las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y el Dictamen Regulatorio contenido en el oficio CONAMER/19/0741, de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve quedaron consumados desde la fecha en que éstos se expidieron, por lo cual, debe negarse la medida cautelar, ante la imposibilidad de retrotraer las cosas en el tiempo. Tienen aplicación el siguiente criterio cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Establecido lo anterior, con apoyo en los numerales 128, fracciones I y II y 144, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; debido a que no acreditó su interés suspensional. Notifíquese; y en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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