Alberto Esquer Gutierrez

Expediente 3635/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
3635/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
25/01/2018

Partes del expediente

  • Alberto Esquer Gutierrez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio que suscriben el Presidente Auxiliar y el Secretario de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual informan las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos y remiten copia certificada de la constancia que lo acreditan; por tanto, téngase a la autoridad responsable en vías de cumplimiento del fallo protector pronunciado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable, para que en el plazo de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia de la que se advierta el tratamiento dado al exhorto que ordenó girar en acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecisiete al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Cancún Quintana Roo, con la finalidad de emplazar a juicio a la parte demandada; en el entendido de que queda subsistente el apercibimiento efectuado en acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecisiete, para el caso de incumplimiento (foja 38).

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. En esas condiciones, atento a lo dispuesto en el numeral Décimo Primero, tercer párrafo, del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger las documentales que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Con el contenido del presente acuerdo, dése cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que en lo conducente se acordó: Visto el escrito de cuenta, aparentemente signado por el quejoso, mediante el cual pretende aclarar su demanda de amparo; agréguese a los autos sin que de momento haya lugar a tener por desahogada tal prevención, toda vez que la firma que aparece en el escrito de que se trata difiere con la que obra en la demanda de amparo. Consecuentemente, de momento no ha lugar a tener a la parte quejosa cumpliendo con el referido requerimiento. Por tanto, deberá comparecer al local que ocupa este Juzgado de Distrito dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que ante la presencia judicial, exprese si la firma que aparece en el escrito de cuenta la reconoce como suya y, en su caso, si ratifica su contenido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394214, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". En ese orden de ideas, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en caso de apreciarse una diferencia notoria entre la firma ratificada y la plasmada durante la diligencia de ratificación, este Juzgado de Distrito está facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. Asimismo, que conforme los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, este órgano jurisdiccional podrá hacer del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos, incluso el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. También, que una vez desahogada dicha experticia y en ella se probare la plasmada no corresponde con la efectuada en la diligencia de ratificación, este Órgano Jurisdiccional debe dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales correspondientes. Son aplicables a las anteriores consideraciones, las jurisprudencias de rubro y texto: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". (Época: Octava Época, Registro: 394214, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Materia(s): Común, Tesis: 258, Página: 174). "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada". (Contradicción de tesis 338/2016, Época: Décima Época, Registro: 2014436, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 2a./J. 59/2017 (10a.), Página: 1234). "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". (Contradicción de tesis 204/2016, Época: Décima Época, Registro: 2014917, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 13/2017 (10a.), Página: 5).

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