Alberto Escudero Hernandez
Expediente 302/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 302/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Alberto Escudero Hernandez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a cuatro de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio de cuenta, enviado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 302/2020, e informa que ese órgano jurisdiccional federal se avoca al conocimiento del presente juicio. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso j), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó declinar competencia; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a cinco de octubre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos que reclama de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en alcance a la registrada con el número de orden 4688; misma con la que, en la data también se da cuenta. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 302/2020. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Incompetencia. Este juzgado de distrito estima que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda promovida por Alberto Escudero Hernández; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; así como en el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y considera que su conocimiento corresponde al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, que se encuentre en turno; por las consideraciones que a continuación se expresan. El artículo 37 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Por su parte, el artículo 48 de la Ley de Amparo, menciona: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa a Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.- Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente.- Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior.- Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados remitirá los autos al órgano declarado competente.- Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Del análisis de este artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla, se encuentra prevista en el primer párrafo del señalado numeral de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la circunstancia para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. c) La tercera previsión normativa, que se contiene en el comentado numeral de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis constituye un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se hizo alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. De ahí que, como ha quedado debidamente puntualizado en párrafos precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en esta última el acto o resolución reclamado no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución; y lo que diferencia a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que deba ejecutarse el acto, sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda se refiere a la ejecución que pueda darse en dos distritos diferentes. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: "La sentencia interlocutoria del recurso de queja emitida por el PRESIDENTE DEL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., dentro del toca 209/2019 emitida el 20 veinte de agosto del 2020 dos mil veinte, notificado por conducto de mi abogado el 10 de septiembre del presente año; EJECUTORAS.- La notificación de la sentencia interlocutoria del recurso de queja emitida por el PRESIDENTE DEL H. SUPREMO TRIBUNAK DE JUSTICA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., dentro del toca 209/2019 emitida el 20 veinte de agosto del 2020 dos mil veinte, notificado por conducto de mi abogado el 10 de septiembre del presente año." (sic) De la transcripción que antecede, se advierte que el acto reclamado conlleva un principio de ejecución; en consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, con motivo del acto reclamado que enuncia, lo cual acontece en el lugar en la ciudad de San Luis Potosí, capital. Por lo anterior, se advierte que dicho acto no tiene ejecución en el lugar en donde ejerce jurisdicción este Órgano de Control Constitucional, de ahí que cuando un juez de Distrito estima que, por razón de territorio, carece de competencia para conocer de un asunto, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo a aquel que tenga competencia territorial en el lugar donde tiene ejecución el acto reclamado. Así las cosas se estima que los actos reclamados se tratan de ejecutar en la ciudad de San Luis Potosí, capital; territorio del que es competente es el Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, que se encuentre en turno. Por lo anterior; remítase la totalidad de las constancias que obran en el presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre; para que, los turnen al Juzgado de Distrito que corresponda; asimismo, solicítese atentamente al juzgado que recaiga su conocimiento, acuse el recibo correspondiente e informe si acepta o no la competencia declinada. Sirve de apoyo la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 46, número 78, correspondiente al mes de junio de 1994, octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 212109, que a la letra dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que de los reclamados tenga ejecución material". Formación del cuaderno de antecedentes. Por otra parte, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo; y, remítase el presente asunto a la Oficina Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en el Estado de San Luis Potosí, vía mensajería acelerada ¨estafeta¨. Suspensión de los actos reclamados. Ahora bien, conforme a los artículos 20 y 48 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en los que se determine carecer de competencia para conocer de una demanda de amparo indirecto, el Juez de Distrito se debe limitar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese orden de ideas, los actos reclamados no se ubican en los supuestos que contemplan los artículos 20 y 48 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto, no ha lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados en esta instancia de control constitucional. Domicilio. Por otra parte, tomando en consideración que el solicitante de amparo, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; se ordena notificar al mismo el presente proveído por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado, así como los subsecuentes en la misma vía; toda vez que el domicilio señalado se ubica en la ciudad de San Luis Potosí. Autorizados. En otro contexto, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Carlos Vargas Negrete, Enrique Guerra Martínez y María Felicitas García Martínez, toda vez que cuentan con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciados en derecho, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, fuente que constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el presente juicio, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: (I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Exhortación para utilizar el "juicio en línea". En otro aspecto, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de las personas y la propagación del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que en la medida de lo posible accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para efecto de continuar con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, tiene los mismo efectos jurídicos de la firma autógrafa, por lo que al efecto se anexa la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas respectivas. Notifíquese personalmente al promovente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 3,298 expedientes
- Alba Regina Castillo Guzmán386/2023
- Alberto Almazan Luna479/2017
- Alberto Blanco Castillo116/2019
- Alberto Daniel Torres Salinas54/2023
- Alberto Emanuel Becerra Rojas353/2023
- Alberto Esau Martinez Estrada373/2021
- Alberto Hernández González459/2018
- Alberto Hernández González410/2019
- Alberto Hernández Zárate484/2018
- Alberto Rodríguez Ibarra24/2019
- Albina Hernández Ambrocio537/2023
- Aldo Pozos Treviño160/2021