Alberto Escañuela Peralta

Expediente 262/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
262/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
18/04/2016

Partes del expediente

  • Alberto Escañuela Peralta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de diecisiete de marzo del presente año, que sobreseyó el juicio en lo principal, transcurrió para la última de las partes en notificarse del cuatro al quince de abril del año que transcurre, con exclusión de los días inhábiles, sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es conservable de conformidad con lo dispuesto en el punto décimo primero del citado acuerdo general en razón de que se concedió la suspensión de plano. Se hace constar, que no obran documentos originales en el expediente principal; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica(IV)

  2. Principal

    Notifíquese personalmente... se notifica por lista a la parte quejosa ... Visto el estado procesal de autos se aprecia que: a) El veintitrés de enero de dos mil dieciséis se recibió la demanda de amparo promovida por Noemí Esparza Rangel, a favor de Alberto Escañuela Peralta, contra actos del Fiscal General del Estado de Aguascalientes y otras autoridades. Los actos reclamados se hicieron consistir en: - Incomunicación. - Detención. - Negativa de conceder beneficio de libertad caucional. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 262/2016-IV, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. También se concedió la suspensión de plano al directo quejoso, para que las responsables suspendieran de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, cometido en su contra, tales como penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tomento, privación de alimentos, agua y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales, así como actos de incomunicación. Asimismo, se solicitó informe sobre el cumplimiento de la suspensión de plano y se ordenó al Actuario que se constituyera en el lugar en que se encontraba detenido el directo quejoso, para que se le requiriera a fin de que manifestara si ratificaba o no la demanda de garantías presentada a su favor, apercibido que de no hacerlo, se tendría por no presentada la misma y se dejarían sin efecto las providencias decretadas. c) Consta que el Actuario Judicial se constituyó en las instalaciones de las responsables, en busca del directo quejoso con el objeto de notificarle el proveído de veintitrés de febrero de la anualidad que transcurre, quien ratificó la demanda presentada en su nombre. d) En proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, se ordenó proseguir el presente juicio. Las autoridades responsables Fiscal General del Estado, Comisario General de la Policía Ministerial de Estado, Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación del Delito, Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Atención Especializada de la Fiscalía General del Estado (denominación correcta de la anteriormente señalada como Agencia del Ministerio Público Número Siete adscrita a la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado); Agente del Ministerio Público Número Diez adscrita a la Dirección General de Investigación de Delitos, Agente del Ministerio Público Número Once adscrito a la Dirección General de Investigación de Delitos de la Fiscalía General del Estado, Secretario de Seguridad Pública del Estado, por conducto del Director General de Seguridad Pública y Vialidad; y, Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado, negaron el acto reclamado consistente en la incomunicación. Similar situación se surte respecto del acto reclamado consistente en la detención y negativa de conceder el beneficio de libertad caucional, respecto de las autoridades Fiscal General del Estado, Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación del Delito, Agente del Ministerio Público Número Diez adscrita a la Dirección General de Investigación de Delitos, Agente del Ministerio Público Número Once adscrito a la Dirección General de Investigación de Delitos de la Fiscalía General del Estado y Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado, ya que al rendir informe justificado lo negaron. Lo anterior, sin que obra medio de prueba alguno que desvirtúe lo manifestado por las autoridades responsables. Por su parte, en cuanto a la detención, se tiene cierto dicho acto, respecto a las autoridades responsables Comisario General de la Policía Ministerial de Estado, Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Atención Especializada de la Fiscalía General del Estado (denominación correcta de la anteriormente señalada como Agencia del Ministerio Público Número Siete adscrita a la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado) y Secretario de Seguridad Pública del Estado, por conducto del Director General de Seguridad Pública y Vialidad. Ello, porque así lo indicaron de su respectivo informe justificado, además de que se advierte que el veinticinco de febrero de la presente anualidad, el aquí quejoso Alberto Escañuela Peralta, fue puesto a disposición del Juez Cuarto Penal del Estado, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de cannabis sativa con fines de comercio en la variante de venta. Ahora, como lo refiere la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Atención Especializada de la Fiscalía General del Estado (denominación correcta de la anteriormente señalada como Agencia del Ministerio Público Número Siete adscrita a la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado); se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, del propio ordenamiento, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". Para que se actualice la causal de improcedencia de la acción constitucional, consistente en un cambio de situación jurídica, las violaciones constitucionales cometidas como consecuencia de la orden de detención reclamada deben depender de un estado jurídico posterior y distinto, virtud de la aparición de una situación novedosa. En el particular, el quejoso reclama la privación de su libertad personal o detención, así como la negativa de concederle el beneficio de libertad caucional. En tanto, del informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Atención Especializada de la Fiscalía General, se advierte que el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, el quejoso fue puesto a disposición del Juez Cuarto Penal del Estado, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de cannabis sativa con fines de comercio en la variante de venta; lo que se corrobora con el informe policial y puesta a disposición, así como el oficio relativo al e ejercicio de la acción penal, documentales que merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202, del Código Federa de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, se actualiza un cambio de la situación jurídica del quejoso, habida cuenta que las violaciones que pudiesen derivar de su detención y/o privación de la libertad, así como la negativa de concederle el beneficio de libertad caucional, por parte de las autoridades responsables, han quedado consumadas jurídicamente de forma irreparable, dejando de incidir en su esfera jurídica, virtud del cambio de situación jurídica derivado en la indagatoria de origen, habida cuenta que se ejerció acción penal en contra del quejoso y fue consignado ante la autoridad judicial; resultando un nuevo acto que importa un cambio en el estado jurídico derivado de su detención. De ahí que se surte la causal de improcedencia establecida en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al surtirse el motivo de improcedencia anteriormente indicado, se sobresee en el presente juicio acorde con el diverso 63, fracción V, de la ley reglamentaria en consulta. Orienta lo expuesto, el criterio emitido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la página 91, del tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "AMPARO IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN. Del texto de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo se aprecia que la causa de improcedencia a que alude se surte cuando dentro de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se producen los siguientes supuestos: a) que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b) que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c) que esta resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que éstas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de garantías de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, estos es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. Para que el tercero de estos supuestos se actualice, es preciso que entre las actuaciones procesales que generaron una y otra situaciones jurídicas, no exista un vínculo de subordinación, sino que sean autónomas entre sí, que una no derive ni sea consecuencia necesaria de la otra, pues de lo contrario, la segunda de ellas no podría subsistir si la primera adolece de vicios que pudieran determinar su ineficacia jurídica sólo así la nueva situación podría permanecer incólume aunque la primera se invalidara. Por esa razón se habla, en estos casos, de una consumación irreparable de las violaciones que pudieran derivar del acto reclamado, ya que al no apoyarse la nueva situación jurídica en él, el amparo no podría conducir a un resultado práctico, porque incluso en el supuesto de que llegara a concederse, no se modificaría la nueva situación jurídica". En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con veinte minutos del veintidós de marzo de dos mil dieciséis. Finalmente, en la situación en concreto resulta innecesario dar vista al agente del Ministerio Público de esta adscripción, en términos de la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, tomo I, página 561, de rubro: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA". Lo anterior, cuenta habida que de las constancias que obran en el presente expediente, específicamente la razón asentada por el actuario de esta adscripción el veintitrés de febrero de la presenta anualidad, se advierte que el directo quejoso presentó buen estado en cuanto a su integridad física, que las instalaciones en que fue localizado se apreciaron en buen estado, limpias e iluminadas, aunado a que no presentó evidencia física sobre tortura y, al ser cuestionado al respecto, manifestó no haber sido objeto de tortura. (IV)

  3. Principal

    Visto el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Atención Especializada de la Fiscalía General del Estado, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; y déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la documental que acompaña la autoridad responsable a su informe de Ley; la cual será tomada en consideración al momento de llevar a cabo la audiencia constitucional.(IV)

  4. Principal

    Vistos los oficios de cuenta, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, téngase al Delegado de la Procuraduría General de la República, en su ausencia el Fiscal de Procesos Penales y Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Atención Especializada de la Fiscalía General, ambos en el Estado, informando sobre la suspensión de plano dictada el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. -Prueba - Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la documental que acompaña la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Atención Especializada de la Fiscalía General a su informe de Ley; probanza que será tomada en consideración al momento de llevar a cabo la audiencia constitucional.

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