Alberto Enriquez Villareal

Expediente 3401/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3401/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
03/01/2019

Partes del expediente

  • Alberto Enriquez Villareal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, dentro del término establecido por el artículo 98 de la citada ley, en contra del auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, emitido en el presente juicio de amparo, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. II. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. III. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes.

  2. Principal

    Razón actuarial. Vista la constancia de cuenta levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, de quince de noviembre del año en curso, mediante la cual hace constar que no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de once de diciembre de dos mil dieciocho, en la cual se ordenó notificar a la parte quejosa, por las razones que expone en la constancia de mérito. En razón de lo anterior, túrnense nuevamente los presentes autos al Actuario que corresponda, a fin de que realice la aludida notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto la parte quejosa señale diverso domicilio para tal efecto.

  3. Principal

    Superior conmina. Visto el contenido del oficio de cuenta, signado por la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, actuando en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual informa, en su carácter de superior jerárquico del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, que requirió a este último, para que diera inmediato cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio SAJ/398-11/2018. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 193 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante, informando en su carácter de superior jerárquico, que dio la orden para cumplir con la sentencia de amparo, dictada en el presente juicio.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el tres de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: "[.]a) Respecto de la fracción VII del citado numeral 44, fracciones IX y XVIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho: Para el efecto de que se aplique la tarifa de menor cuantía contemplada por la fracción VII del citado numeral 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, relativa a los giros sujetos a regulación y control especial, relacionados con la venta y consumo de bebidas alcohólicas, incluyendo las de alto y bajo contenido alcohólico conforme a la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco, esto es, en términos de dicha ley, aplicable lo previsto en el artículo 44, fracción IX. Dicho numeral dispone: "VII. Bares y departamentos de bebidas alcohólicas, anexos a salones de eventos, clubes sociales, deportivos, recreativos, clubes privados, peñas artísticas y demás establecimientos similares: $17,199.00." Ahora bien, toda vez que el razonamiento anteriormente expuesto, que llevó a este juzgador a otorgar la protección constitucional impetrada, está específicamente referido al artículo 44, fracción IX, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, que establece el pago de derechos por la expedición de una licencia, el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la parte quejosa del pago del derecho correspondiente a tal servicio en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada inconstitucional, si se toma en cuenta que la existencia de categorías no es inconstitucional, pero el cobro de diversa cantidades, dentro de una misma categoría, con base en el giro sí es inconstitucional; en consecuencia, el efecto de la sentencia de amparo se traduce en que no le sea aplicada tal tarifa, por lo que deberá devolverse al agraviado exclusivamente la cantidad que resulte de la diferencia de aplicar la tarifa mínima fijada para licencias de giros de los establecimientos de su género, prevista en la fracción VII, del numeral 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, al ser la cantidad mínima a pagar de conformidad con el artículo y fracción en comento. Cabe precisar, que la copia certificada del recibo de pago L-310966 (foja 44), presentada por la parte quejosa, misma que se concede valor pleno, en términos de lo establecido por los artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa pagó en el concepto de "refrendo licencia" la cantidad de $36,874.95 (treinta y seis mil ochocientos setenta y cuatro pesos 95/100 moneda nacional), por el giro de "BAR ANEXO A RESTAURANTE, VIDEO BAR"; por tanto, la cantidad a devolver es únicamente la resultante de descontar a ésta, la diversa de $17,199.00 (diecisiete mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 moneda nacional). Asociado a lo precedente, debe señalarse que una vez realizado el cálculo respectivo, la devolución del excedente deberá entregarse a la contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, deberá versar sólo en lo que exceda a la tarifa mínima prevista para los establecimientos de su género; para que, de esa manera, se restituya al impetrante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales que se consideraron transgredidos en su perjuicio. Asimismo, es menester indicar que la devolución de la cantidad que se ordena devolver a la parte quejosa en esta sentencia, no comprenden el pago de intereses que se hayan generado. Ello, es así, porque la sentencia de amparo, que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues estos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. b) En relación a los artículos 6, fracción II, y 44, fracción IX, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, se otorga la protección constitucional, para el efecto de desincorporarlos de la esfera jurídica de la parte quejosa, esto es, la obligación del pago prevista en esos preceptos. Lo que implica que la autoridad responsable devuelva a la parte quejosa, la cantidad de $5,448.65 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 65/100 moneda nacional), que pagó con motivo de lo dispuesto en los preceptos reclamados. c) Respecto del artículo 64, fracción X, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, la protección constitucional no tiene por efecto exentar a la parte quejosa del pago del derecho que efectivamente corresponda al giro por el que obtuvo el refrendo de la licencia, sino de contribuir en la misma proporción que otros sujetos que se encuentran en su mismo supuesto entonces, deberá devolverse al agraviado exclusivamente la cantidad que resulte de la diferencia de aplicar la tarifa fijada para licencias de giros de los establecimientos de su género, prevista en el inciso k), del citado artículo, que corresponde a la tarifa de menor cuantía prevista por el citado numeral, relativa a un giro que presta servicios similares al del quejoso, es decir, a la pulquería, por la suma de $1,746.00 pesos (mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional). Cabe precisar, que la copia certificada del recibo de pago número 3902892AA, presentada por la parte quejosa, misma que se concede valor pleno, en términos de lo establecido por los artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa pagó la cantidad de (veintiún mil ochocientos noventa pesos 00/100 monea nacional), por el giro de "refrendo bar en restaurante y giros similares"; por lo tanto, la cantidad a devolver es únicamente el excedente de ese pago respecto del importe previsto en el artículo 64, fracción X, inciso k) de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, es decir, a aquel monto debe de descontarse la cantidad de $1,746.00 pesos (mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional) y la diferencia que resulte, es la que se deberá regresar a favor del solicitante de amparo. Asociado a lo precedente, debe señalarse que una vez realizado el cálculo respectivo, la devolución del excedente deberá entregarse a la contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, deberá versar sólo en lo que exceda a la tarifa mínima prevista para los establecimientos de su género; para que, de esa manera, se restituya al impetrante del amparo en el pleno goce de las garantías que se consideraron transgredidas en su perjuicio. En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, se les concede valor probatorio presuntivo; tras de lo cual, se pone de manifiesto que dicha autoridad responsable, emitió el cheque respectivo a favor de la parte quejosa, mismo que hizo de su conocimiento; sin embargo, por lo que respecta a la autoridad responsable Tesorero Municipal de Zapopan, Jalisco, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo no ha quedado cumplida, en su totalidad. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la respectiva notificación, realice el pago a favor del quejoso, como se precisó en los efectos anteriormente transcritos de la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se impondrá a su titular una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. Finalmente, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, quien resulta ser el superior jerárquico de la responsable, para que le ordene a éste, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable.

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